Categoría: El Mundo

Los congresistas estadounidenses Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez tacharon este lunes de «inventos» los señalamientos que los involucran en la supuesta trama del excanciller colombiano Álvaro Leyva para sacar del poder al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Ambos legisladores federales del partido Republicano, que representan al sur de Florida, negaron formar parte del presunto complot que armó Leyva, quien se reunió con Díaz-Balart y buscó encontrarse con Giménez, para buscar apoyo de la Administración de Donald Trump para derrocar a Petro, según el diario español El País.

«Me causan risa la cantidad de falsedades e inventos sobre mis frecuentes reuniones con miembros de la sociedad civil de Colombia», indicó Díaz-Balart en X.

El legislador aseguró que él «siempre» se ha reunido con «personas y grupos de distintos partidos y con diferentes opiniones, incluyendo múltiples encuentros con funcionarios del actual gobierno de Colombia, como el presidente Petro».

Giménez también negó la información, pero reiteró sus críticas a Petro, a quien acusó de haber «convertido a Colombia en el hazme reír del mundo y todos los días lo comprueba más».

«Con mucho respeto, no necesito que nadie me convenza que Gustavo Petro es un drogadicto corrupto, patético, incompetente y peón del dictador Nicolás Maduro», escribió el congresista, nacido en Cuba.

La polémica crece tras el artículo del domingo de El País, que reportó que Leyva, un político conservador de 82 años que fue el primer canciller de Petro y lo ha acusado de ser adicto a las drogas, buscó apoyo en círculos republicanos de Estados Unidos para sacarlo del poder.

Leyva se reunió, según el artículo, hace dos meses en Estados Unidos con el congresista Díaz-Balart, en un intento por acercarse al secretario de Estado, Marco Rubio, y ejercer «presión internacional» contra Petro para poner en su lugar a la vicepresidentam Francia Márquez.

«Me tengo que reír por tantos inventos, tonterías e hipocresía. Me recuerda al dicho ‘cada loco con su tema’», comentó ahora dicho legislador.

El presidente Petro consideró este lunes que hay que investigar los hechos denunciados, pero que lo que plantea la información «no es más que una conspiración (de Leyva) con el narcotráfico y con la extrema derecha aparentemente colombiana y norteamericana para derrocar el presidente del cambio en Colombia».

El mandatario ya había acusado en mayo a Díaz-Balart de liderar reuniones en las que se estaba «coordinando el plan» para sacarlo del poder tras una carta pública del excanciller Leyva en la que en ese entonces pidió a Petro «revisar su permanencia en el cargo» por sus supuestos problemas de drogadicción.

El magnate Elon Musk advirtió este lunes a los legisladores republicanos que «perderán sus primarias el año que viene» si apoyan el megaproyecto de ley presupuestario y de recortes fiscales del presidente Donald Trump, que el mandatario quiere ratificar esta semana.

Musk renunció a finales de mayo como responsable de eficiencia en la Casa Blanca en medio de desavenencias con Trump por ese proyecto de ley, que el ejecutivo de Tesla y SpaceX considera que aumentará la deuda pública estadounidense, algo que hoy volvió a argumentar a través de su cuenta de X.

«A cada miembro del Congreso que hizo campaña sobre reducir el gasto gubernamental e inmediatamente votó por el mayor incremento de la deuda de la historia, debería caérsele la cara de vergüenza. Y perderán sus primarias el año que viene aunque sea lo último que haga en esta Tierra», escribió.

Musk, que parece haber zanjado su disputa personal sobre este tema con Trump, dejó claro que sigue en desacuerdo sobre el proyecto de ley, e incluso mencionó por nombre a dos legisladores de la Cámara de Representantes que pueden ser clave para que el documento salga adelante.

«¿Cómo pueden ustedes llamarse el Caucus de la Libertad si votan por un proyecto de ley de ESCLAVITUD DE DEUDA con el mayor incremento del techo de la deuda de la historia?», publicó el empresario, en un mensaje dirigido a los representantes Andy Harris, de Maryland, y Chip Roy, de Texas.

El Senado está inmerso en el proceso de enmiendas a la iniciativa, que contiene elementos clave de la agenda de Trump, como recortes de impuestos y gasto público, y mayores fondos para defensa y control migratorio; pero no está claro que los 53 senadores republicanos vayan a apoyarla.

Este domingo, uno de los legisladores reacios al proyecto, el senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, renunció a buscar la reelección tras oponerse de forma pública y despertar las críticas de Trump.

Una vez superado el trámite en el Senado, la norma debe regresar de nuevo a la Cámara de Representantes, donde también es incierto si los congresistas republicanos, que ostentan también una mayoría exigua en este hemiciclo, aprobarán todas las modificaciones antes del 4 de julio.

Una jueza de Nueva York ordenó este lunes al Estado argentino entregar su 51 % de las acciones de la petrolera YPF para cumplir con un fallo adverso en un millonario litigio, una decisión que el Gobierno de Javier Milei apelará.

La jueza superior de Distrito de los Estados Unidos Loretta Preska determinó que en dos semanas Argentina debe transferir sus acciones de YPF a una cuenta de custodia global en un banco neoyorquino.

La magistrada tomó esta determinación en el marco de un juicio en Nueva York contra la decisión en 2012 del Estado argentino de expropiar a la española Repsol su 51 % de las acciones en YPF sin hacer una oferta pública de adquisición de títulos a otros accionistas minoritarios de la mayor petrolera de Argentina.

«Sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales», aseveró Milei a través de la red social X.

Tras conocerse la orden de la jueza Preska, las acciones de YPF cayeron un 5,42 % en la Bolsa de Buenos Aires y las de su controlada Metrogas, un 5,6 %.

Fuentes de la petrolera argentina consultadas por EFE se excusaron de hacer comentarios sobre la decisión de Preska, quien en 2023 había condenado al Estado argentino a pagar 16.100 millones de dólares a las firmas Burford Capital y Eton Park.

El caso se inició en 2015 cuando la inglesa Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron la demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.

Esas dos sociedades antiguamente habían pertenecido al grupo argentino Petersen -de la familia Eskenazi-, que tenía una participación accionarial del 25 % en YPF al momento de la nacionalización y que no tomó parte del juicio en Nueva York.

Burford Capital y Eton Park reclamaron en el juicio millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.

Argentina argumentó durante el juicio que la ley de nacionalización de YPF aprobada por el Parlamento en 2012 por impulso del entonces Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) le impedía al Estado adquirir acciones adicionales.

Para ejecutar la condena de 2023, Preska ordenó este lunes a Argentina a transferir sus acciones de YPF a una cuenta de custodia global en el Bank of New York Mellon (BNYM) en un plazo de 14 días.

Además, instruyó al BNYM que transfiera luego las acciones a los demandantes «o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones se depositen en la cuenta», de acuerdo a la decisión de la jueza, a la que tuvo acceso EFE.

YPF, fundada en 1922 y cuyas acciones también se cotizan en la Bolsa de Nueva York, tiene un rol estratégico en el sector energético de Argentina.

La empresa produce el 40 % de petróleo y el 30 % del gas del país, tiene tres refinerías (50 % de la capacidad de refino de Argentina), una amplia red de gasolineras, participación en oleoductos, la distribución de gas y la generación de energías renovables.

La petrolera lidera el desarrollo de la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta y está inmersa en multimillonarios proyectos en sociedad con otras compañías para exportar por vía marítima petróleo y gas licuado.

Según el último balance trimestral de YPF, la compañía tiene activos por 29.714 millones de dólares y un patrimonio neto por 11.908 millones.

La jueza federal de Estados Unidos, Barbara Holmes, resolvió este lunes que Kilmar Ábrego García, un ciudadano salvadoreño acusado de tráfico de personas, permanecerá bajo custodia federal al menos hasta mediados de julio, mientras se define su situación migratoria y penal.

Ábrego García fue deportado erróneamente a El Salvador en marzo pasado, pese a que contaba con un estatus legal otorgado en 2019 para protegerlo de una posible persecución de pandillas. Posteriormente, fue regresado a Estados Unidos para enfrentar dos cargos de tráfico humano presentados por un gran jurado federal en mayo. El salvadoreño se declaró inocente.

Su caso se convirtió en un punto de tensión dentro de la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien mantiene como eje central de su agenda la deportación masiva de inmigrantes en situación irregular.

El Departamento de Justicia solicitó inicialmente mantenerlo detenido hasta el juicio, pero la magistrada Holmes rechazó esa petición y ordenó su liberación bajo supervisión. Sin embargo, la defensa de Ábrego García pidió retrasar la salida de su cliente, advirtiendo que podría ser detenido de inmediato por el Departamento de Seguridad Nacional y deportado antes de enfrentar el juicio, lo que afectaría el proceso penal en su contra.

En una audiencia reciente, abogados de la defensa y del gobierno reconocieron que Ábrego García sería posiblemente trasladado a un tercer país —distinto de El Salvador— si era puesto bajo custodia de migración antes de su juicio. Los fiscales federales no se opusieron a la solicitud de retraso.

«La breve demora evitará que el gobierno remueva al señor Ábrego y dará tiempo para aclarar su situación», argumentaron sus abogados en un escrito entregado a la jueza.

La jueza Holmes programó una nueva audiencia para el próximo 16 de julio, en la que un juez de distrito revisará la solicitud del gobierno para revocar la orden de liberación emitida previamente. Mientras tanto, Ábrego García permanecerá bajo la custodia de los US Marshals, separado de otros internos, con acceso adecuado a reuniones privadas con sus abogados.

La Casa Blanca indicó este lunes que Washington sigue en contacto con Teherán, pese a lo dicho hoy mismo por el presidente Donald Trump, quien afirmó que no estaba hablando con representantes de Irán, tras el bombardeo estadounidense a instalaciones nucleares iraníes ejecutado hace más de una semana.

«Como ya les dije desde este podio la semana pasada; la administración, y en particular nuestro enviado especial (para Oriente Medio), Steve Witkoff, han estado en comunicación, tanto directa como indirectamente, con los iraníes», explicó hoy en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

«Esa comunicación continúa, pero el propio presidente no ha hablado directamente con Irán, algo que destacó en su comunicado en Truth (Social)», añadió Leavitt en referencia al mensaje en línea escrito poco antes por el mandatario.

«No le estoy ofreciendo a Irán NADA, a diferencia de Obama, quien les pagó miles de millones de dólares bajo el estúpido ‘Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA por sus siglas en inglés) encaminado hacia un arma nuclear’ (¡Que ahora ya habría caducado!), ni siquiera estoy hablando con ellos desde que DESTRUIMOS totalmente sus instalaciones nucleares», escribió hoy Trump.

Firmado en 2015 entre Irán, EE.UU., China, Francia, Rusia, Reino Unido y la Unión Europea (UE), el JCPOA fue pactado para controlar los desarrollos nucleares iraníes a favor del levantamiento de sanciones hacia Teherán.

El propio Trump en su primer mandato (2017-2021) retiró a su país del pacto porque consideraba que no minaba lo suficiente las capacidades atómicas de la nación islámica o que favorecía la financiación de grupos regionales afines a Irán.

Por otra parte, Leavitt no quiso contestar hoy al ser preguntada sobre si las conversaciones entre Washington y Teherán tienen posibilidad de centrarse en aspectos más allá del programa nuclear; como por ejemplo, los mencionados grupos afines -como los Hutíes o Hizbulá-, el programa de misiles balísticos iraní o la posibilidad de retomar las relaciones comerciales bilaterales.

Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador decidió por unanimidad condenar este lunes a 13 años de cárcel al exvicepresidente correísta Jorge Glas por peculado (malversación de fondos públicos) durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016, el caso que le llevó a solicitar asilo a la Embajada de México en Quito y a ser detenido en una toma a la sede diplomática cuando le fue concedido.

Junto a Glas, que estuvo en la sala de audiencias de manera presencial, también fue condenado a los mismos años de prisión Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción de Manabí, creado con el objetivo de llevar adelante las obras de mayor urgencia, quienes además deberán pagar una multa de 60 salarios básicos unificados ($28,200) y una indemnización de $250 millones.

El tribunal, compuesto por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Javier De la Cadena, determinó que Glas y Bernal utilizaron sus cargos como presidente y secretario del Comité para «abusar de dineros públicos» que debían ser utilizados «para la atención a las víctimas del terremoto».

Los magistrados dieron por probada la tesis de la Fiscalía, que durante el juicio del caso denominado como Reconstrucción, aseguró que Glas, quien presidió el Comité, y Bernal priorizaron proyectos de obras que no eran urgentes y que no se atendieron los requerimientos urgentes de los afectados por el terremoto, lo que generó un perjuicio al Estado de más de $225 millones.

La financiación de estas obras, algunas de ellas inconclusas o catalogadas como innecesarias, salió de fondos de la Ley de Solidaridad, que fue creada para paliar los daños del sismo.

«Este dinero de los ecuatorianos se destinó a 11 proyectos no prioritarios que habrían beneficiado a intereses particulares en la asignación y firma de contratos, y en los valores cancelados por contratos complementarios y de fiscalización», señaló el Ministerio Público.

Glas niega haber administrado dinero

Glas aseguró días atrás que él no administró «ni un solo dólar» durante el proceso de reconstrucción, pero la jueza Caicedo dijo en la lectura de la decisión que, si bien el exvicepresidente correísta no suscribió contratos, pudieron evidenciar «su impulso para procesar y aprobar la priorización de obras bajo el contexto de una emergencia, pero que no atendían a la emergencia, sino más bien a una arbitrariedad».

En ese mismo sentido, la defensa de Bernal había asegurado que el exsecretario del Comité tampoco adjudicó contratos, pero la magistrada señaló que impulsaba el desembolso de dinero para que las instituciones hagan esos contratos y que el presupuesto de algunos de esos proyectos priorizados «finalmente llegaba a las arcas de la familia de Bernal Alvarado porque los contratos iban direccionados hacia ellos».

Los jueces también ordenaron la pérdida de los derechos de participación por 25 años de ambos y que la Fiscalía inicie investigaciones a beneficiarios de contratos priorizados por el Comité, especialmente a las obras relacionadas con la familia de Bernal.

«Este no es el juzgamiento de un delito político ni es una decisión política, aquí se trata de fondos que no se usaron en favor de las víctimas del terremoto, quienes hasta la presente fecha sufren el dolor de la pérdida, por lo que es necesario reparar los daños causados por las actuaciones realizadas por Jorge Glas y Carlos Bernal», añadió Caicedo.

Nueva condena para Glas

Glas, uno de los hombres fuertes del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), ya cumple en la cárcel una pena ocho años a raíz de dos condenas por corrupción impuestas en 2017, por asociación ilícita en el caso Odebrecht, y en 2020 por cohecho en el caso Sobornos, en la Correa fue también condenado a ocho años e inhabilitado políticamente.

A finales de 2022 fue excarcelado gracias a una polémica e irregular resolución judicial y permaneció en libertad durante algo más de un año, hasta que a finales de 2023 llegó a la Embajada de México en Quito, donde pidió asilo, al advertir que la Fiscalía buscaba procesarlo por este mismo caso.

Meses después, el 5 de abril de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó asaltar la sede diplomática para detener a Glas, una vez que el Gobierno mexicano le había concedido un asilo al considerarlo un «perseguido político» y desde ese día está recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad del país.

El ingreso a la embajada derivó en la ruptura de las relaciones entre ambos países y a un litigio en la Corte Internacional de Justicia, donde México acusa a Ecuador de haber roto la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y Ecuador culpa al país norteamericano de haber contravenido los tratados que regulan el asilo diplomático.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) anunció este lunes que perderá el acceso a datos satelitales esenciales para el pronóstico de huracanes el próximo 31 julio, fecha en que el Departamento de Defensa dejará de compartir las imágenes con esa agencia estadounidense.

Inicialmente, la NOAA iba a perder el acceso a los datos a partir de hoy lunes, pero logró ampliar el plazo dado que la NASA, que también se iba a ver afectada por la medida, solicitó una prórroga hasta el 31 de julio.

Según un comunicado de la NOAA, a última hora del viernes 27 de junio, el Mando de Meteorología y Oceanografía Naval recibió una solicitud de Karen St. Germain, directora de la División de Ciencias de la Tierra, de la NASA, «para posponer la retirada y continuar procesando y distribuyendo datos del Programa de Satélites Meteorológicos de Defensa hasta el 31 de julio».

La decisión original de cortar el acceso a los datos satelitales a partir de hoy se tomó con el objetivo de «mitigar un riesgo significativo de ciberseguridad», según la nota.

El acceso de la NOAA a los datos proporcionados por el Programa de Satélites Meteorológicos de Defensa era crucial para pronosticar la formación de huracanes, dado que permitían mediar variables que no estaban al alcance de los satélites convencionales.

La medida, además, tiene lugar en plena época de huracanes, que los expertos esperan que sea más intensa de lo normal en el Océano Atlántico.

Según la Universidad del Estado de Colorado (CSU, en inglés), la probabilidad de que un huracán mayor, de categoría 3 o más, impacte a Estados Unidos en la actual temporada ciclónica del Atlántico asciende al 51 %.

Esto coincide con la aprobación en la Cámara Baja del Congreso del polémico «gran y hermoso proyecto de ley» del presidente de EE.UU., Donald Trump, que incluye un recorte de casi el 30 % del presupuesto anual a la NOAA y de 646 millones de dólares a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA).

El Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos ha presentado una demanda contra la ciudad de Los Ángeles, su alcaldesa, Karen Bass, y los miembros del gobierno municipal para pedir la anulación de las leyes «santuario» que protegen a los inmigrantes y que suponen una «discriminación» para las fuerzas de seguridad y agencias federales.

La denuncia ha sido presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Central de California. Alega que el país «afronta una crisis de inmigración ilegal» y que el presidente Donald Trump fue elegido con el compromiso de combatir este fenómeno. Sin embargo, estos intentos «están siendo obstaculizados por las Ciudades Santuario, como la de Los Ángeles, que se niega a cooperar o compartir información con las autoridades federales de inmigración, incluso cuando se le requiere», se ha lamentado la Administración federal en su denuncia.

El texto recuerda que en el último mes los agentes de agencias federales de inmigración han detenido a más de 1,600 inmigrantes en redadas que provocaron protestas. La falta de cooperación con las autoridades federales desde el 6 de junio ha provocado una situación de «disturbios, saqueos y vandalismo».

«La situación era tan difícil que el Gobierno Federal desplegó a la Guardia Nacional de California y a los Marines de Estados Unidos para atajar el caos (…). La confrontación directa con las autoridades migratorias federales ha sido el resultado inevitable de la ley de Ciudad Santuario», argumenta.

La fiscal general, Pam Bondi, ha señalado las leyes de protección de los inmigrantes como la de Los Ángeles, como «causa de origen de la violencia, el caos y los ataques contra las fuerzas de seguridad de las que los estadounidenses hemos sido testigos en Los Ángeles».

«Las jurisdicciones como Los Ángeles que desprecian la ley federal y dan prioridad a los extranjeros ilegales por encima de los ciudadanos estadounidenses están perjudicando a las fuerzas de seguridad a todos los niveles», ha añadido.

La alcaldesa angelina, Karen Bass, no ha respondido por el momento a estas acusaciones, aunque varios cargos públicos de la ciudad han barajado demandar a la Administración Trump con el argumento de que las agencias federales de inmigración violan los derechos constitucionales de la población.

Bass ha denunciado las consecuencias de las redadas de las agencias de inmigración por el «clima de miedo» generado en parques, iglesias o centros comerciales en una ciudad que «era pacífica hasta que aparecieron los agentes federales» en los centros comerciales, aparcamientos y otros lugares.

«Quiero decirle que pare las redadas. Quiero decirle que esta es una ciudad de inmigrantes. Quiero decirle que si quiere destruir la economía de la ciudad de Los Ángeles, entonces ataque a la población inmigrante«, declaró Bass recientemente.

Sus continuos ataques verbales y políticas contra los medios hacen del presidente argentino, Javier Milei, «un enemigo de la prensa», asegura el director general de la organización Reporteros Sin Fronteras, el francés Thibaut Bruttin.

En una entrevista a EFE este lunes, el director general de la organización explica que Milei está haciendo «mucho daño» a la prensa con su discurso, pero también a través de una perspectiva de que el gobierno es suyo, que le llevó a desmantelar la agencia estatal de noticias argentina.

Bruttin acusa al presidente argentino de crear las condiciones para el odio hacia los medios de comunicación por parte del público y lo define como «un maestro en el uso de mensajes sensacionalistas», al igual que su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Según el ‘Indice Mundial de Libertad de Prensa 2025’, publicado por RSF en mayo, Argentina descendió 21 posiciones hasta el puesto 87 en la clasificación mundial sobre libertad de prensa, el mayor retroceso de un país americano.

Retos pendientes en toda la región

En toda América, 22 de los 28 países de la región registran descensos en índice de RSF sobre libertad de prensa en su indicador de este año.

El director general de la organización cree que en muchos países latinoamericanos el apoyo a la prensa libre «se está volviendo muy limitado».

Describe un exilio interno y externo de la prensa en muchos países centroamericanos, a la vez que alaba la «valentía» de los periodistas que intentan seguir haciendo su trabajo en Venezuela y «otros ambientes muy difíciles».

En este sentido, destaca el ejemplo de José Rubén Zamora Marroquín, un periodista guatemalteco encarcelado desde hace más de mil días sin cargos probados en su contra.

«Pero hay otros muchos Zamoras a lo largo de Latinoamérica a los que debemos defender», añade, a la vez que subraya la necesidad de dar a conocer a estas voces, para así estar de parte de «los héroes de la prensa libre».

Para ello, pide encontrar gobiernos dispuestos a ponerse del lado de los periodistas, ya que la lucha por la prensa libre no depende únicamente de los profesionales de la información, sino que debe incluir también a «legisladores competentes y dispuestos» y al público en general.

Bruttin tiene «grandes esperanzas» en Brasil, que acogerá el mes de noviembre la próxima Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, donde espera que se produzcan llamados para proteger a los periodistas que investigan asuntos relacionados con el medio ambiente.

La tormenta tropical Flossie, formada en el océano Pacífico, sigue intensificándose y se prevé que evolucione a huracán categoría 1 en el transcurso del día, por lo que mantendrá lluvias torrenciales en la costa de Guerrero e intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca, informó este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su más reciente aviso, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó de que, hasta las 09:15 hora local el fenómeno se localizaba a 255 kilómetros (km) al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 420 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Flossie presentaba también vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora (km/h), rachas de 110 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h.

«Se pronostica que se intensifique a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, en el transcurso de este lunes», advirtió el organismo.

La tormenta tropical ocasionará lluvias puntuales a torrenciales, de 150 a 250 milímetros en la costa de Guerrero, e intensas, de 75 a 150 milímetros en el oeste y sur de Jalisco, Colima, en la costa y sur de Michoacán y en el norte y suroeste de Oaxaca.

Además de vientos sostenidos de 60 a 80 km/h, con rachas de 90 a 100 km/h y oleaje de 5 a 6 metros de altura en costas de Guerrero, Michoacán y Colima.

También tendrá vientos sostenidos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 2,5 a 3,5 metros de altura en costas de Oaxaca, condiciones que se extenderán en el transcurso de la tarde a Jalisco.

Ante ello, se mantiene la zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco, así como zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta el este de Punta San Telmo, y desde el norte de Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco, precisó el SMN.

El organismo advirtió que las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que exhortó a la población a atender sus avisos y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Las autoridades meteorológicas prevén hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano; de los cuales entre cuatro y seis podrían ser de categoría 3, 4 e incluso 5.