Categoría: El Mundo

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC) ha anunciado la detención de varios altos cargos de empresas y funcionarios públicos relacionados con la incautación de un buque con diez millones de litros de diésel ocurrida a finales del mes de marzo que supuestamente pertenecía a una organización criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos en el país.

Tras realizar las pesquisas necesarias, un operativo formado por la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y SSPC ha detenido a múltiples personas implicadas en la trama ilegal, sin que hayan trascendido todavía sus identidades.

«Cabe destacar que estas acciones fueron realizadas en concordancia con los principios que caracterizan a la presente administración federal en el combate a la corrupción y a la impunidad», ha indicado la Secretaría en un comunicado.

Los detenidos –entre los que si han subrayado que se encuentran empresarios y trabajadores públicos– han sido puestos a disposición de las autoridades y este domingo tendrá lugar una rueda de prensa en la que se darán más detalles sobre la operación.

El ministro de Seguridad de México, Omar García Harfuch, ha afirmado que la investigación «sigue en curso» y que esperan «detener a todos los involucrados en este delito».

En el barco –registrado por las autoridades policiales mientras se encontraba detenido en el puerto Tampico– había, además de la carga de combustible, 192 contenedores con mercancías, 29 camiones con remolques, tres camionetas tipo pick-up, ordenadores y armamento. Dentro fueron halladas dos armas cortas con cargadores abastecidos, 84 cartuchos de diferentes calibres y documentación diversa.

Paralelamente, las autoridades realizaron registros en fincas entre Camino Antiguo a Medrano y en el Libramiento en el Ejido Ricardo Flores Magón, ambos en la ciudad de Altamira. Allí fueron localizados 18 cartuchos de arma corta y documentación diversa.

Cientos de residentes de Washington, la capital de Estados Unidos, salieron a las calles este sábado para protestar por el acoso y la detención de migrantes en la ciudad por parte de la Guardia Nacional y otras agencias federales desplegadas en la urbe por orden del presidente Donald Trump.

La protesta, convocada por varias organizaciones en defensa de los derechos humanos, fue motivada por la presencia de tropas federales en la ciudad que -a dirección del Gobierno republicano- han «acosado, vigilado y detenido a residentes de clase trabajadora, migrantes y personas sin hogar», según indicó la convocatoria.

«Miles han sido detenidos o acosados simplemente por vivir sus vidas diarias», recalcó el escrito.

Hace tres semanas, el presidente Trump tomó el control de la Policía Metropolitana, desplegó cientos de agentes federales y activó unos ochocientos efectivos de la Guardia Nacional, al citar una cláusula de la Ley de Autonomía que rige el autogobierno de Washington desde 1973.

El mandatario republicano insiste en que su «campaña para desterrar los delitos» se debe a la «ola de crímenes» que, asegura, afecta a la ciudad, donde se han realizado más de seiscientos arrestos, entre ellos detenciones de indocumentados, según la Casa Blanca.

Las autoridades locales, que han demandado a la Administración Trump, dicen en cambio que los crímenes violentos han disminuido un 26 % en el primer semestre de 2025 frente al mismo periodo del año anterior.

Aproximadamente ocho de cada diez residentes en Washington se oponen a la toma federal de la Policía de D.C. y las patrullas de la Guardia Nacional, según una encuesta del diario The Washington Post y la Universidad George Mason de Virginia.

Estados Unidos ha anunciado una nueva política de restricción de visados a ciudadanos de países de América Central que considere aliados del Partido Comunista Chino (PCCh), una medida que China ha tildado como otra expresión de «matonería y coerción» en detrimento de los pueblos centroamericanos.

Se trata de otro capítulo en el marco de la rivalidad que mantienen Washington y Pekín por la región, que se ha intensificado desde que Donald Trump volvió a la Presidencia de EE.UU. en enero pasado y que ha tenido su punto más álgido con las amenazas estadounidenses de retomar el Canal de Panamá para contrarrestar la «maligna influencia» china sobre la vía, un alegato negado por las autoridades panameñas.

En junio pasado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la retirada de visas a varios funcionarios de gobiernos centroamericanos que colaboraban con las misiones médicas cubanas, que la Administración Trump considera una forma de trabajo forzado.

Restricción de visados a operadores locales del PCCh

El Departamento de Estado anunció el pasado jueves que restringirá el acceso a visados estadounidenses a los ciudadanos de América Central «que se encuentren en países centroamericanos y actúen intencionadamente en nombre del Partido Comunista Chino».

Serán objeto de esta medida aquellos quienes «a sabiendas dirijan, autoricen, financien, presten apoyo significativo o lleven a cabo actividades que socaven el Estado de derecho en América Central», indicó Rubio en una declaración al la prensa.

«También estamos tomando medidas para imponer estas restricciones de visado en virtud de esta nueva política a varios ciudadanos centroamericanos que hayan participado anteriormente en este tipo de actividades. Como resultado, estas personas y sus familiares directos no podrán, en general, ingresar en Estados Unidos», agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Al respecto, el embajador de EE.UU. en Panamá, Kevin Marino Cabrera, repitió los alegatos del Departamento de Estado en sus redes sociales: «la influencia corrupta y maligna del Partido Comunista Chino (PCC) en Centroamérica amenaza la estabilidad mientras busca socavar el Estado de derecho», y por ello Washington aplicará «restricciones de visa para quienes colaboren con el PCC para socavar la gobernanza y la rendición de cuentas», añadió.

China acusa a EE.UU. de amenazar y coercionar a la región

La Embajada de China en Panamá reaccionó diciendo que ha «tomado nota de la última de las tantas amenazas e intimidaciones de EE.UU. contra nacionales centroamericanos y la ‘interpretación’ de su embajador en Panamá».

En un texto difundido en sus redes sociales, la delegación diplomática asiática aseveró que «el gran liderazgo del Partido Comunista de China (PCCh) en China y su destacada contribución a la causa de desarrollo y progreso de la humanidad son mundialmente reconocidos e indiscutibles. Una mentira contra el PCCh seguirá siendo una mentira, aunque se repita mil veces».

«Parece que el pueblo panameño nos ha ayudado mucho para responder este acto de imponer matonería, coerción y miedo contra el pueblo centroamericano so pretexto de China», agregó la embajada, al citar supuestas reacciones de ciudadanos panameños, entre ellas la que dice que «el único país que ha causado problemas en Centroamérica, guerras y escándalo de drogas es EE.UU.. No es China quien anda desestabilizando a los países hispanos».

El avance de China en Centroamérica

China ha logrado en los últimos quince años importantes avances políticos y económicos en Centroamérica, un feudo históricamente estadounidense. Los productos chinos de toda clase, incluidos los autos eléctricos, se multiplican en la región.

Cinco de los siete países centroamericanos -Costa Rica, Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras- han establecido relaciones diplomáticas con Pekín en detrimento de Taiwán, a la que solo se mantienen fieles Guatemala y Belice. También lo ha hecho República Dominicana, un socio de la región a través del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica).

Estas alianzas diplomáticas han enfurecido a EE.UU. más de una vez. En septiembre de 2018, durante el primer Gobierno de Trump (2017-2021), Washington llamó a consultas a sus representantes diplomáticos en Panamá, República Dominicana y El Salvador y suspendió una reunión con los cancilleres de Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) para discutir el plan de la Alianza para la Prosperidad, precisamente por los nexos con China.

El Ejército israelí mató el viernes a 60 palestinos y causó 362 nuevos heridos en ataques que lanzó contra la Franja de Gaza, según recoge el último boletín del Ministerio de Sanidad, controlado por Hamás, difundido el sábado y en el que informa de las víctimas del día anterior.

Del total de fallecidos del viernes, más de una veintena fueron asesinados por Israel mientras iban a buscar comida en medio de la hambruna que sigue azotando especialmente, el norte de la Franja.

Desde el inicio de la ofensiva israelí, que el próximo octubre cumplirá dos años, el número total de muertos palestinos asciende a 64,368 y la de heridos a 162,367, la mayoría con amputaciones y lesiones de por vida.

Sanidad también informó de que durante la jornada de ayer los equipos defensa civil recuperaron ocho cadáveres. Miles de personas siguen atrapadas bajo los escombros de los edificios derruidos por los incesantes bombardeos israelíes.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales (incluso dos israelíes) y un creciente número de países califican de genocidio la campaña militar que lleva adelante Israel sobre la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Negocia con Hamás liberación de rehenes

En un reporte anterior, de la agencia EFE, se dio a conocer que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el viernes que su Administración está en «negociaciones profundas» con Hamás para garantizar la liberación de los 48 rehenes israelíes que permanecen en Gaza y advirtió que, de no llegar a un acuerdo, los militantes palestinos se enfrentarían a una «situación difícil».

«Estamos en negociaciones muy profundas con Hamás. Les dijimos: ‘Déjenlos salir a todos ahora mismo. Déjenlos salir a todos, y les irá mucho mejor’», reveló el mandatario a la prensa en el Despacho Oval.

Insistió en que, si Hamás «no deja salir a todos» los cautivos, la «situación será difícil» para el grupo extremista. «Será muy desagradable. Esa es mi opinión. La decisión es de Israel, pero esa es mi opinión. Tienen que liberarlos», agregó.

Al ser preguntado sobre las demandas de Hamás, el presidente estadounidense dijo que los milicianos «piden algunas cosas que están bien», aunque instó a «recordar el 7 de octubre», en referencia a los ataques que lanzó el grupo palestino contra territorio israelí en los que mató a 1,200 personas y secuestró a 250 de ellas.

Trump agregó que había hablado con las familias de los cautivos en Gaza: «Simplemente los quieren desesperadamente de vuelta, y todo lo que eso conlleva, así que es muy triste», dijo.

El viernes se cumplieron 700 días del inicio de la ofensiva israelí en Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023. En varias ciudades de Israel, cientos de personas se reunieron en actos conmemorativos para exigir la liberación de los 48 rehenes que quedan en manos de Hamás. En estos 700 días de ofensiva, más de 64,232 palestinos fueron asesinados por Israel en ataques contra viviendas, hospitales, escuelas, universidades, refugios, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, en manos de Hamás.

Países como Sudáfrica han denunciado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) esta ofensiva como un genocidio, una calificación a la que se han ido sumando otras organizaciones internacionales e incluso israelíes de derechos humanos.

El ministro sudafricano de Relaciones Internacionales y Cooperación, Ronald Lamola, celebró este sábado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya designado a su vicepresidente, J.D. Vance, para representar a Washington en la cumbre de líderes del G20 del próximo noviembre en Sudáfrica.

«Celebramos que (Trump) haya asignado a su vicepresidente, J.D. Vance, para que asista al G20 en Sudáfrica», declaró Lamola a la cadena de televisión pública sudafricana SABC, al incidir en que «EE.UU. puede asignar a cualquier persona que el presidente Trump considere necesaria».

«Le damos la bienvenida (a Vance) y esperamos interactuar con él en las plataformas del G20», subrayó el titular de Relaciones Internacionales.

Pese a la ausencia del presidente estadounidense, añadió Lamola, el G20 «aún podrá alcanzar resultados ambiciosos».

El jefe de la diplomacia sudafricana hizo estos comentarios después de que Trump confirmara este viernes que no asistirá a la cumbre de líderes del G20 que se desarrollará en Johannesburgo del 22 al 23 de noviembre.

En su lugar, acudirá el vicepresidente J.D. Vance a la cita de este grupo de países desarrollados y emergentes, tras los choques diplomáticos entre Washington y Pretoria desde que Trump llegó al poder el pasado enero y la ausencia voluntaria de EE.UU. en las citas del foro que se han celebrado este año en suelo sudafricano.

Recibiría a Putin y Xi

Sin embargo, Trump dijo el viernes que «recibiría con gusto» a los líderes de Rusia, Vladímir Putin, y China, Xi Jinping, si estos quisieran participar en la cita del G20 que se celebrará en Miami el próximo año.

«Me encantaría que lo hicieran, si quisieran», dijo Trump en el despacho oval al ser consultado por periodistas sobre la posibilidad de que alguno de estos líderes asista a la cita del G20 que auspiciará en un recinto de su propiedad en Miami, Florida, el próximo año.

El mandatario resaltó que si Putin o Xi asisten «serían observadores» pero que está seguro de que ninguno de los dos querrá aceptar algo así.

Tanto Rusia como China son miembros del G20; sin embargo, desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, Putin se ha saltado la cumbre de 2023 en Nueva Delhi y la de 2024 en Río de Janeiro, enviando en su lugar al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

Esta semana, Trump arremetió contra ambos mandatarios luego de que estos participaran en el desfile militar conmemorativo por el fin de la Segunda Guerra Mundial en Pekín, diciendo que no se tomaba en cuenta «el sacrificio» de militares estadounidenses para detener la avanzada de Japón durante dicha guerra.

Este año, la cumbre del G20 se celebrará en Sudáfrica y Trump, que tiene diferencias políticas con el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, confirmó que no estará presente. Sin embargo, destacó que el vicepresidente J.D. Vance irá en su lugar.

Sudáfrica asumió la presidencia rotatoria del G20 el pasado 1 de diciembre de 2024 y la mantendrá hasta el 30 de noviembre de este año, cuando tomará el relevo Estados Unidos.

Trump anunció el viernes que la cumbre de jefes de Estado y Gobierno del G20 en 2026 se celebrará en un resort de su propiedad en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, en la primera vez que el país norteamericano acoge la cita en unas dos décadas.

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos detuvieron a 457 trabajadores, más de 300 ciudadanos surcoreanos, en unas instalaciones de Hyundai Motor en Georgia como parte de una investigación sobre prácticas laborales ilegales.

En concreto, la medida afecta a 475 personas, informó ‘NBC’ y ha paralizado la construcción de una fábrica cercana de Hyundai en conjunto con LG Energy Solution que fabricará baterías para vehículos eléctricos.

La orden de registro fue ejecutada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y forma parte de una investigación criminal en curso sobre denuncias de prácticas ilegales de empleo y otros delitos federales graves.

El portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Lee Jaewoong, rechazó la redada y señaló que los trabajadores detenidos eran parte de una «red de subcontratistas» y que eran empleados para varias empresas diferentes en el país. «Las actividades económicas de las empresas de inversión coreanas y los derechos e intereses de los ciudadanos coreanos no deben ser infringidos injustamente durante las operaciones de aplicación de la ley de Estados Unidos», criticó.

La compañía automovilística confirmó la operación policial en sus instalaciones, sin embargo, ha negado que haya detenidos que trabajen «directamente» para Hyundai, al tiempo que ha defendido su compromiso con el cumplimiento de «todas las leyes y regulaciones en todos los mercados donde operamos». «Esperamos el mismo compromiso de todos nuestros socios, proveedores, contratistas y subcontratistas», reza el comunicado emitido por la empresa.

Hyundai ha designado a su director de fabricación en Norteamérica, Chris Susock, como responsable de la planta de Georgia y también encargado de realizar una investigación para analizar el cumplimiento de las normas en todos su proveedores. «Estamos revisando nuestros procesos para garantizar que todas las partes que trabajan en nuestros proyectos mantengan los mismos altos estándares de cumplimiento legal que nos exigimos», afirma la nota. «Hyundai tiene tolerancia cero para aquellos que no cumplen la ley», concluye.

Esta operación se enmarca en una serie de redadas por parte de agentes de inmigración en lugares de trabajo con el fin de cumplir la promesa del presidente estadounidense, Donald Trump, de emprender la mayor operación de deportación de la historia.

Aproximadamente un 5% de la fuerza laboral estadounidense está conformada por inmigrantes indocumentados y la creciente represión amenaza con destruir cientos de miles de millones de dólares de producción económica.

Más de 300 surcoreanos

El ministro de Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, confirmó hoy que más de 300 de las 457 personas detenidas por las autoridades migratorias de Estados Unidos en una planta de Hyundai Motor en Georgia tienen nacionalidad surcoreana y se ha ofrecido a viajar él mismo a Estados Unidos para hablar del tema con la Administración de Donald Trump.

«Estamos muy preocupados y tenemos un gran sentido de la responsabilidad por el arresto de nuestros compatriotas», ha dicho Cho, que ha convocado una reunión de emergencia para examinar la operación emprendida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Según el ministro, el presidente, Lee Jae Myung, ha ordenado movilizar esfuerzos parada defender los intereses de las empresas y los ciudadanos de Corea del Sur. Seúl baraja ya enviar una misión oficial ‘in situ’ y, «si es necesario», Cho se ha ofrecido a ser él, «personalmente», quien encabece dicha delegación, informa la agencia Yonhap.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García que lo deportará a Eswatini, llamado oficialmente Reino de Suazilandia, un pequeño país de África gobernado por una monarquía absoluta.

Según publicaciones de CNN y Fox News, Ábrego García recibió un correo de un agente del ICE en donde le dice que planea deportarlo a Eswatini luego de que el salvadoreña manifestara su temor de ser deportado a un listado de unos 22 países, incluido El Salvador y Uganda, donde iba a ser deportado.

“Esa afirmación de temor es difícil de tomar en serio, especialmente dado que usted ha afirmado (a través de sus abogados) que teme persecución o tortura en al menos 22 países diferentes”, expresa el correo electrónico.

El presidente salvadoreño reaccionó diciendo que es falsa «la historia de la tortura».

El salvadoreño Kilmar Ábrego García, convertido en el rostro más visible de la lucha para garantizar el debido proceso a los inmigrantes en EE.UU., solicitó a un juez de inmigración la reapertura de su caso en busca de asilo político como parte de su batalla para evitar ser deportado a Uganda.

Sus abogados solicitaron a un tribunal de inmigración que reabra el caso cerrado en 2019, cuando un juez le negó una primera solicitud de asilo por presentarla después del tiempo permitido, pero evitó su deportación al considerar que su vida corría peligro en El Salvador.

La nueva solicitud de asilo marca un nuevo giro en la pelea que ha dado el salvadoreño, casado con una ciudadana estadounidense y padre de una niña de cinco años, en la batalla jurídica contra el Gobierno del presidente Donald Trump, que lo expulsó tras un error administrativo en marzo pasado y tuvo que regresarlo a EE.UU. tres meses después acatando una orden judicial.

La Casa Blanca ha dicho en repetidas ocasiones que su meta es expulsar a Abrego García del país al considerarlo una persona «peligrosa» con lazos con pandillas de origen salvadoreño.

Ábrego García fue detenido en Tennessee luego de que este fuera regresado a EEUU desde El Salvador, hacia donde fue enviado por error y fue recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), y posteriormente en la Penitenciaría Occidental de Santa Ana en El Salvador.

Kilmar Armando Ábrego García es un salvadoreño nacido en julio de 1995 que sin haber cumplido los 17 años cruzó la frontera sur de los Estados Unidos, por McAllen, Texas, probablemente el 25 de marzo de 2012. Su caso se ha vuelto el centro de una disputa política en Estados Unidos en la que relucen consignas de combate al crimen y a la migración irregular, y el derecho al debido proceso que tendrían todas las personas antes de ser enviadas a prisión.