Categoría: El Mundo

  • Gobierno de Nicaragua excarcelará a 1.200 reos comunes y sumarán 7,400 en lo que va de año

    Gobierno de Nicaragua excarcelará a 1.200 reos comunes y sumarán 7,400 en lo que va de año

    La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó este viernes en Managua que se excarcelará a 1,200 presos comunes con sentencia firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus casas, con lo que se elevarán a 7.400 los beneficiados en lo que va de año.

    Murillo, esposa del también copresidente Daniel Ortega, dijo a través de medios oficiales que la excarcelación de los 1,200 presos comunes, entre varones y mujeres, será el próximo 12 de septiembre en el contexto de las Fiestas Patrias.

    «Otra buena nueva es que el día 12 de septiembre, saludando nuestras Fiestas Patrias, vamos a estar brindando beneficios legales y convivencia familiar a 1.200 personas que han estado recluidas en los Centros Penitenciarios de todo el país», destacó Murillo.

    Los 1,200 privados de la libertad recibirán el beneficio legal de la excarcelación bajo el régimen de convivencia familiar durante un acto que se celebrará en la sede del Sistema Penitenciario Nacional, cerca de Managua, la mayor prisión de Nicaragua, conocida como ‘La Modelo’, así como en otras siete cárceles, de acuerdo con la información.

    Son «1,200 mujeres y varones que pasan a habitar con sus familias buscando caminos propios, de reflexión, de rehabilitación, de servirse en primer lugar ellos mismos para sentirse contentos, realizados en los caminos correctos y a su familia y comunidades», agregó.

    Murillo dijo que su Gobierno se siente contento «de este modelo que nos permite devolver a las familias a todos aquellos hermanos y hermanas que han cometido errores y que están dispuestos a hacer el bien por ellos mismos, por su comunidad, por su familia, por Nicaragua».

    Más de 53,000 reos comunes excarcelados en 10 años

    Las autoridades de Nicaragua han liberado de prisión y puesto bajo el régimen de convivencia familiar a un total de 53.164 reos comunes en los últimos diez años, de los cuales el 7,18 % ha reincidido en la comisión de al menos un delito, según datos del Gobierno.

    La excarcelación de convictos comunes antes de cumplir sus penas ha sido criticada, principalmente, por organizaciones feministas, bajo el argumento de que luego de esos beneficios se han incrementado los feminicidios y la delincuencia general en Nicaragua.

    En 2024 las autoridades beneficiaron a 9.200 de estos condenados, la mayor cantidad en el último decenio.

    Entre 2015 y 2023, el Gobierno de Nicaragua sacó de prisión a 37.764 internos, con un promedio anual de 4.196 órdenes de libertad condicional decretadas directamente por el Ejecutivo.

    El Gobierno nicaragüense suele otorgar libertad condicional a los presos comunes con ocasión de la Semana Santa, el Día de la Madre, el Día del Padre, en el aniversario de la revolución sandinista y en las fiestas de Navidad.

    En 2023 también lo hizo en el Día Internacional de la Mujer, pero no en el Día del Padre ni en ocasión de la efeméride sandinista.

    En 2024, las condonaciones incluyeron abril, mes en el que se conmemoran las manifestaciones que estallaron contra el presidente Daniel Ortega en 2018, las Fiestas Patrias, el Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos y el día de la Inmaculada Concepción de María.

    Y en este año liberó a 2.000 presos comunes en el día de San Valentín o del Amor y la Amistad; 1.700 el 4 de mayo por motivo del Día de la Dignidad Nacional, 1.000 en conmemoración al 130 aniversario del natalicio del héroe nicaragüense Augusto C. Sandino, y 1.500 el pasado 31 de junio previo a las fiestass populares en Managua por Santo Domingo de Guzmán.

  • México solicitará apoyo a la ONU para reforzar investigaciones del caso Ayotzinapa

    México solicitará apoyo a la ONU para reforzar investigaciones del caso Ayotzinapa

    El Gobierno de México solicitará apoyo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que ayude en las investigaciones del caso de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 en Ayotzinapa (sur), señaló este viernes la presidenta, Claudia Sheinbaum, tras reunirse con familiares de los jóvenes.

    «Le pedí a la secretaria Rosa Icela (Rodríguez) que hablara con Naciones Unidas para ver si era factible buscar expertos precisamente en estas áreas de investigación y métodos de investigación que se están siguiendo para que madres y padres puedan tener la certeza de que, en efecto, se están haciendo bien las cosas”, señaló la mandataria durante su rueda de prensa diaria.

    Las declaraciones de la gobernante mexicana ocurren luego de que el jueves familiares de los 43 jóvenes lamentaron la falta de «avances sustanciales» en la investigación, tras reunirse con Sheinbaum para revisar el desarrollo del caso que está por cumplir 11 años sin esclarecerse.

    La presidenta reveló que la petición que pretende hacer a la ONU responde a la exigencia de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos que piden que se incorpore a un grupo de expertos, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que operó en México hasta 2023.

    «Se está evaluando esta posibilidad y trabajando en coordinación con ellos», apuntó.

    Sheinbaum defendió que durante su encuentro con los padres de los normalistas, se les presentaron los avances de la investigación que ha hecho su Gobierno, aunque reconoció que los manifestantes le cuestionaron sobre la órdenes de aprehensión que no se han hecho a personas relacionadas con el tema.

    Además, confió en que esta nueva forma de investigación, “mucho más basada” en evidencias puede ayudar a aclarar lo que ocurrió la noche de la desaparición de los normalistas y conocer su paradero.

    «Nos va a llevar a un conocimiento mayor de la verdad y de dónde están los jóvenes», enfatizó.

    El caso Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco de octubre de 1968.

    La presidenta ha anunciado en reuniones pasadas que «hasta que se encuentre a todos los jóvenes, no debe cerrarse esa carpeta nunca” y ha anunciado una «nueva visión» de la investigación sin «confrontación» para encontrar a los jóvenes, abrir los archivos del Ejército y castigar a los culpables.

    Este caso es un ejemplo emblemático de las desapariciones en México, donde a la fecha suman más de 133.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO).

  • Georgia envía 300 soldados a Washington pese a demanda por despliegue de Guardia Nacional

    Georgia envía 300 soldados a Washington pese a demanda por despliegue de Guardia Nacional

    El gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, anunció este viernes el envío de un contingente de más de 300 miembros de la Guardia Nacional a Washington D.C., cuyas autoridades han demandado al Gobierno del presidente Donald Trump por haber ordenado el despliegue de tropas en la ciudad.

    «La Guardia de Georgia se unirá a otros siete estados y a más de 2.200 guardias de todo el país para brindar una presencia visible en apoyo a las fuerzas del orden locales en D.C.», informó la oficina del gobernador en un comunicado.

    El estado sureño se une así a otros territorios Virginia Occidental, Ohio, Misisipi, Carolina del Sur, Luisiana y Tennessee – todos republicanos- que enviaron tropas a la capital como refuerzos a los más de 900 efectivos de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia activados por Trump a partir del 11 de agosto pasado.

    Según Kemp, su estado «se enorgullece de apoyar a la Administración Trump en su misión de garantizar la seguridad y la belleza de la capital de nuestra nación».

    En total, llegarán a D.C. desde Georgia un grupo de 316 guardias: 16 miembros del personal de apoyo y aproximadamente 300 soldados, estos últimos con el propósito de «relevar a los militares estacionados en Washington D. C. desde el inicio de la misión», especificó la oficina del gobernador.

    «Está previsto que estos 300 militares se movilicen a mediados de septiembre y estarán en servicio activo en Washington poco después, salvo que se produzcan cambios», agrega el texto, que especifica que el «personal puede estar armado, dependiendo de la misión y operando bajo la supervisión de las fuerzas del orden civiles».

    Este jueves, el mando de la Guardia Nacional de D.C. anunció la extensión de su servicio activo en la capital estadounidense de manera activa hasta el 30 de noviembre.

    Ese mismo día el fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, denunció a la Administración Trump e instó a la Corte de Distrito de D.C. que declare que la decisión del presidente como «inconstitucional y contra la ley federal».

    El pasado 11 de agosto, Trump tomó el control de la seguridad de Washington D.C., por 30 días inicialmente, amparándose en la ley que permite intervenir la autoridad de la ciudad justificando que existe una «emergencia» por la alta criminalidad, pese a que las cifras de homicidios de la policía local son las mas bajas de las últimas tres décadas.

    «Prácticamente no tenemos índices de delincuencia, y D.C. ha pasado de ser la ciudad más insegura de Estados Unidos, casi a una de las más seguras, quizás la más segura del país», dijo Trump este viernes desde el Despacho Oval.

    El presidente también anunció hoy que la próxima semana saldrá a cenar a un restaurante de la capital, motivado por lo que considera una mejora en la seguridad de la ciudad.

    La única vez que Trump cenó fuera de la Casa Blanca en sus dos mandatos fue en uno de los restaurantes – ahora cerrado- del entonces hotel de su propiedad en la ciudad.

    Esta semana, Trump expresó su deseo de extender la militarización a otras ciudades gobernadas por demócratas como Chicago, Nueva Orleans o Baltimore, ignorando el rechazo de alcaldes y gobernadores de estas localidades.

  • Nicolás Maduro dice que si Venezuela fuera agredida «pasaría a una etapa de lucha armada»

    Nicolás Maduro dice que si Venezuela fuera agredida «pasaría a una etapa de lucha armada»

    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este viernes que si su país fuera agredido «pasaría a una etapa de lucha armada», en un contexto en el que denuncia «amenazas» de Estados Unidos, que lleva a cabo un despliegue militar en aguas del mar Caribe, cercanas a las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

    Maduro indicó que Venezuela está «todavía en la fase de lucha no armada, que es una fase política, comunicacional, institucional», pero, agregó, si «fuera agredida, de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada, planificada, organizada, de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional».

    «Pasaríamos a una etapa de lucha armada, en defensa de la paz, de la integridad territorial, la soberanía y de nuestro pueblo», agregó el líder chavista en un acto de activación de las milicias ciudadanas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

    Asimismo, señaló que Venezuela está en la «fase de alistamiento y preparación» en defensa de Venezuela y pasará al «despliegue de las capacidades defensivas, de entrenamiento y reentrenamiento de toda la población venezolana».

    Igualmente, dijo que el pueblo de Venezuela es «pacifista», pero «guerrero» y que «nadie» lo va a «venir a esclavizar» ni «hoy ni nunca jamás».

    De esta manera, Maduro dio inicio al primer día de «activación operativa, organizativa, de toda la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), ya estructurada, de los ciudadanos y ciudadanas que se alistaron en las primeras dos jornadas», llevadas a cabo en agosto, en defensa de Venezuela ante las «amenazas» que denuncia por parte de Estados Unidos.

    Más temprano, el canciller de Venezuela, Yván Gil, afirmó que el despliegue de aviones de Estados Unidos amenaza al Gobierno de Maduro, luego de que el país norteamericano ordenara que diez naves de combate F-35 se dirigieran a una base aérea de Puerto Rico como parte de la operación ordenada por Washington para combatir el narcotráfico en el Caribe.

    En un contacto telefónico con VTV, el canciller reiteró que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, justifica el despliegue militar «usando como pretexto una supuesta persecución contra el narcotráfico», incluyendo, mencionó, que el Gobierno venezolano trafica con drogas, pero, agregó, esto es «la mayor mentira».

    Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que asegura «contaminan» las calles de su país.

  • Trump advierte a Venezuela que derribará sus cazas si ponen en peligro a militares de EEUU

    Trump advierte a Venezuela que derribará sus cazas si ponen en peligro a militares de EEUU

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes a Venezuela que si sus cazas ponen a las fuerzas de su país «en una situación peligrosa» estos «serán derribados», un día después de que el Pentágono confirmara que dos F-16 venezolanos sobrevolaron un destructor estadounidense en el Caribe.

    «Yo diría que van a meterse en problemas», declaró Trump tras ser preguntado por los periodistas en el Despacho Oval.

    El mandatario fue cuestionado después de que el Departamento de Defensa -rebautizado este viernes como Departamento de Guerra- denunciara que dos cazas F-16 venezolanos sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham, que navegaba en aguas internacionales del Caribe.

    El Pentágono calificó este acto como una «maniobra provocativa» para interferir con las acciones contra el «narcoterrorismo».

    Días antes, EE.UU. atacó una supuesta narcolancha, causando la muerte de once traficantes que según Washington, pertenecían a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, a la que relacionan con el Gobierno del venezolano Nicolás Maduro.

    Ante la pregunta de cómo reaccionaría si percibe una amenaza real por parte de aviones venezolanos, Trump fue tajante.

    «Yo diría, general, si ellos hacen eso, usted tiene la opción de hacer lo que quiera, ¿de acuerdo?», afirmó dirigiéndose al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor conjunto, y a Pete Hegseth, jefe del Pentágono.

    «Si vuelan en una posición peligrosa, yo diría que usted, o sus capitanes, pueden tomar la decisión sobre qué hacer», añadió.

    Preguntado sobre qué tan cerca llegaron los aviones, Trump no quiso entrar en detalles: «No quiero hablar de eso. Pero si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados».

    Estas declaraciones se enmarcan en medio de la escalada de la tensión entre EE.UU. y Venezuela.

    Según confirmó este viernes una persona familiarizada con el asunto a la cadena CBS, la Administración estadounidense ha ordenado desplegar diez cazas en Puerto Rico para luchar contra el narcotráfico en el Caribe.

    Sin embargo, preguntado por este asunto, esquivó la pregunta y se limitó a responder que su Administración adopta una postura «fuerte» en su lucha contra las drogas.

    «Cuando veo barcos llegar, como el otro día, llenos de todo tipo de drogas, probablemente fentanilo en su mayoría, pero de todo tipo… Vamos a eliminarlos», dijo.

    «Si la gente quiere divertirse en alta mar o en aguas bajas, se van a meter en problemas. El tráfico marítimo ha bajado considerablemente en el área donde pasó eso», comentó Trump.

    Según dijo, esa zona se apoda el «corredor» porque es una vía para llevar la droga hacia Estados Unidos, pero afirmó que después de las acciones de EE.UU. «el tráfico de barcos ha bajado muchísimo» en el área.

  • Juez bloquea la decisión de Trump de poner fin al TPS para venezolanos y haitianos

    Juez bloquea la decisión de Trump de poner fin al TPS para venezolanos y haitianos

    Un juez federal bloqueó este viernes la orden del presidente de EE.UU., Donald Trump, de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) que ampara a más de un millón de inmigrantes procedentes de Venezuela y Haití.

    El juez Edward Chen del Tribunal de Distrito Norte de California falló a favor de los inmigrantes afectados por la terminación del amparo que protege de la deportación a unos 600,000 venezolanos y a unos 500,000 haitianos.

    El magistrado dictaminó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad legal al terminar con el amparo y que su decisión era «arbitraria y caprichosa», según escribió en el fallo.

    La opinión de Chen de 69 páginas representa una victoria para la Alianza Nacional TPS y siete inmigrantes venezolanos afectados por la cancelación del amparo ordenada por Noem en febrero pasado.

    La querella legal busca proteger a dos grupos de venezolanos amparados por el TPS otorgado por el expresidente Joe Biden (2021-2025), los de 2021, unos 250,000, y los beneficiarios de la extensión de 2023, unos 350,000, y la extensión del amparo a medio millón de haitianos.

    Se espera que el Gobierno Trump apele la decisión final de Chen y que el caso llegue incluso al Tribunal Supremo.

    La Casa Blanca ya logró una victoria en la máxima corte en este caso cuando en mayo pasado le permitió terminar con el alivio a los venezolanos que se beneficiaron del TPS en 2023 hasta que Chen entregara la decisión final de este viernes.

    El gobierno ha argumentado que tiene el poder de poner fin al beneficio y que la decisión de Chen no debería tener un alcance nacional.

    Esta no es la primera vez que Trump se enfrasca en una pelea contra el TPS, en su primer mandato intentó terminar con la protección a inmigrantes de seis países, la mayoría centroamericanos, pero perdió la batalla en las cortes.

  • EE.UU. despliega aviones F-35 en Puerto Rico en plena tensión con Venezuela

    EE.UU. despliega aviones F-35 en Puerto Rico en plena tensión con Venezuela

    Estados Unidos ordenó el despliegue de diez aviones de combate F-35 en una base aérea de Puerto Rico, en el marco de su estrategia contra el narcotráfico en el Caribe y en medio del aumento de la tensión militar con Venezuela, informó la cadena CBS este viernes.

    Una fuente cercana al plan confirmó que la Administración del presidente Donald Trump enviará los cazas para reforzar operaciones contra los carteles de droga en la región. Consultado por la prensa, el Pentágono declinó hacer comentarios sobre el movimiento militar.

    El despliegue ocurre tras el “ataque letal” en aguas del Caribe contra una embarcación que, según Washington, transportaba a 11 miembros del grupo criminal Tren de Aragua, al que la Administración Trump vincula con el gobierno de Nicolás Maduro.

    El congresista republicano Carlos Giménez, miembro del Comité de Fuerzas Armadas, aseguró que el envío de los F-35 envía “una señal muy clara” a Maduro.

    El legislador recordó que un día antes, aviones F-16 venezolanos sobrevolaron el destructor estadounidense USS Jason Dunham en aguas internacionales, acción que el Pentágono calificó como una “maniobra provocativa”.

    “Pienso que al mandar diez F-35 a Puerto Rico para darles protección manda una señal muy clara a Maduro de no hacerlo de nuevo, así que apoyo la política del presidente Trump”, declaró Giménez en un video publicado en sus redes sociales.

    La Casa Blanca defendió también el ataque a la “narcolancha”, afirmando que se realizó conforme al derecho internacional y en defensa de los intereses de Estados Unidos.

    Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio, de visita en México, advirtió que continuarán las acciones militares contra los carteles: “Lo que les detendrá es hacerlos explotar y deshacerse de ellos”.

    Actualmente, Estados Unidos mantiene en el Caribe ocho barcos militares con misiles y un submarino nuclear, como parte de su ofensiva contra el narcotráfico que, según Washington, alimenta la violencia en sus calles.

     

  • Comisión legislativa recomienda levantar el fuero del presidente costarricense Rodrigo Chaves

    Comisión legislativa recomienda levantar el fuero del presidente costarricense Rodrigo Chaves

    La Asamblea Legislativa de Costa Rica recibió este viernes la recomendación de una comisión especial para levantar el fuero del presidente Rodrigo Chaves, con el fin de que enfrente un proceso judicial por el presunto delito de concusión.

    Las diputadas Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional, y Rocío Alfaro, del Frente Amplio, votaron a favor al considerar que existen elementos suficientes para la formación de causa. El legislador oficialista Daniel Vargas se opuso a la recomendación.

    “Voy a recomendar al Plenario Legislativo que apruebe el levantamiento de la inmunidad del señor presidente, quien dijo no tener temor. Eso refuerza que no hay persecución política y que debe enfrentar la justicia como cualquier costarricense”, declaró Alfaro.

    La acusación presentada por la Fiscalía General señala que la Presidencia habría contratado de forma irregular a la empresa RMC La Productora S.A., por servicios de comunicación financiados con $405,000 donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Según el expediente, el comunicador Cristian Bulgarelli, propietario de la firma y considerado “testigo de la corona”, habría participado en la redacción de los requisitos de contratación tras reuniones en Casa Presidencial.

    El caso también involucra al actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, quien renunció a su inmunidad, y a Federico Cruz, asesor de campaña y exfuncionario cercano al mandatario.

    La Corte Suprema de Justicia remitió el expediente al Congreso el 1 de julio, tras la solicitud de la Fiscalía de levantar el fuero tanto a Chaves como a Rodríguez. Ahora será el Plenario, con el voto de al menos 38 de los 57 diputados, el que decida si permite continuar el proceso judicial contra el presidente.

    Rodrigo Chaves concluirá su mandato el 8 de mayo de 2026, sin opción de reelección inmediata, dado que la Constitución costarricense solo permite mandatos no consecutivos.

     

  • Juez ordena liberar a expresidenta boliviana Jeanine Áñez

    Juez ordena liberar a expresidenta boliviana Jeanine Áñez

    Un juez de Bolivia ordenó este viernes la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez, procesada por delitos de genocidio y tentativa de genocidio durante las protestas de 2019 que dejaron más de 30 muertos tras la renuncia del entonces mandatario Evo Morales.

    “Por el presente mandamiento, ordena a quien se encuentre en condición de director del Recinto Penitenciario de Miraflores del Departamento de La Paz, a fin de que ponga en inmediata libertad”, señala la resolución emitida por el juez Javier Chuquimia, del Tribunal de Sentencia Penal, según recogió el diario El Deber.

    Pese al fallo judicial, Áñez permanecerá encarcelada en la prisión de Miraflores, en La Paz, debido a la condena de diez años que cumple por el caso ‘Golpe II’. La sentencia la responsabiliza de autoproclamarse presidenta en noviembre de 2019 en medio de la crisis política tras las elecciones que derivaron en la renuncia de Morales.

    La decisión judicial llega después de que la Justicia boliviana anulara dos procesos en su contra por las masacres de Sacaba y Senkata, ordenando en su lugar juicios de responsabilidades al tratarse de hechos ocurridos durante su mandato como jefa de Estado.

    Áñez, que era segunda vicepresidenta del Senado cuando asumió el cargo, tomó posesión sin consenso parlamentario mientras sectores de la Policía y el Ejército protagonizaban un motín en medio de denuncias de fraude electoral. El caso continúa generando polarización política en Bolivia y presión internacional sobre la independencia judicial.

     

  • México solicitará apoyo a la ONU para reforzar investigaciones del caso Ayotzinapa

    México solicitará apoyo a la ONU para reforzar investigaciones del caso Ayotzinapa

    El Gobierno de México solicitará apoyo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que ayude en las investigaciones del caso de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 en Ayotzinapa (sur), señaló este viernes la presidenta, Claudia Sheinbaum, tras reunirse con familiares de los jóvenes.

    «Le pedí a la secretaria Rosa Icela (Rodríguez) que hablara con Naciones Unidas para ver si era factible buscar expertos precisamente en estas áreas de investigación y métodos de investigación que se están siguiendo para que madres y padres puedan tener la certeza de que, en efecto, se están haciendo bien las cosas”, señaló la mandataria durante su rueda de prensa diaria.

    Las declaraciones de la gobernante mexicana ocurren luego de que el jueves familiares de los 43 jóvenes lamentaron la falta de «avances sustanciales» en la investigación, tras reunirse con Sheinbaum para revisar el desarrollo del caso que está por cumplir 11 años sin esclarecerse.

    La presidenta reveló que la petición que pretende hacer a la ONU responde a la exigencia de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos que piden que se incorpore a un grupo de expertos, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que operó en México hasta 2023.

    «Se está evaluando esta posibilidad y trabajando en coordinación con ellos», apuntó.

    Sheinbaum defendió que durante su encuentro con los padres de los normalistas, se les presentaron los avances de la investigación que ha hecho su Gobierno, aunque reconoció que los manifestantes le cuestionaron sobre la órdenes de aprehensión que no se han hecho a personas relacionadas con el tema.

    Además, confió en que esta nueva forma de investigación, “mucho más basada” en evidencias puede ayudar a aclarar lo que ocurrió la noche de la desaparición de los normalistas y conocer su paradero.

    «Nos va a llevar a un conocimiento mayor de la verdad y de dónde están los jóvenes», enfatizó.

    La presidenta ha anunciado en reuniones pasadas que «hasta que se encuentre a todos los jóvenes, no debe cerrarse esa carpeta nunca” y ha anunciado una «nueva visión» de la investigación sin «confrontación» para encontrar a los jóvenes, abrir los archivos del Ejército y castigar a los culpables.

    Este caso es un ejemplo emblemático de las desapariciones en México, donde a la fecha suman más de 133.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO).