Categoría: El Mundo

El Departamento de Justicia informó este miércoles que ha demandado a los quince jueces del tribunal federal de Maryland para impugnar una orden que prohíbe al Ejecutivo estadounidense deportar a indocumentados durante al menos 48 horas para determinar si la detención fue legal.

La querella busca anular la orden del Tribunal de Distrito de EE.UU. de Maryland, emitida el mes pasado, que estableció una suspensión automática de dos días para las impugnaciones del hábeas corpus de los inmigrantes detenidos.

Esta orden exige que el secretario del tribunal dicte automáticamente una orden cautelar contra la deportación o la impugnación de la situación legal de cualquier extranjero detenido en Maryland por las autoridades migratorias que presente una petición de hábeas corpus.

“Al hacerlo, el Tribunal de Distrito desafía los requisitos procesales y sustantivos para emitir medidas cautelares preliminares, ignora la intención del Congreso y viola el precedente de la Corte Suprema”, dijo el Departamento de Justicia en la demanda.

En este sentido, la fiscal de EE.UU. Pamela Bondi, dijo en un comunicado que la autoridad ejecutiva del presidente Donald Trump “se ha visto socavada” desde las primeras horas de su presidencia por un “aluvión interminable” de medidas cautelares diseñadas para frenar su agenda migratoria.

“Este patrón de extralimitación judicial socava el proceso democrático y no puede permitirse que persista”, insistió Bondi sobre la demanda, que abre una batalla con pocos precedentes entre el Ejecutivo y el poder judicial en el país.

Como parte de la demanda, el Departamento de Justicia solicitó que el caso se transfiera fuera del tribunal de primera instancia de Maryland y que sus jueces sean recusados.

El Tribunal federal de Maryland ha fallado contra la Casa Blanca en casos donde se ha demostrado fallas de proceso como el que involucra a Kilmar Ábrego García, quien fue deportado a El Salvador por error y finalmente regresó a los EE.UU. este mes para enfrentar cargos federales de tráfico ilegal de indocumentados.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este miércoles sanciones a tres instituciones financieras mexicanas por presunta participación en operaciones de lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo, una de las drogas sintéticas que más muertes provoca en el país norteamericano.

Las entidades sancionadas son CIBanco, Intercam y Vector, a las que se les prohíbe realizar ciertas transacciones financieras debido a su presunto papel clave en el blanqueo de millones de dólares provenientes de actividades delictivas. Según el Tesoro, estos bancos habrían facilitado pagos para adquirir precursores químicos utilizados en la elaboración de fentanilo.

“Estas entidades han desempeñado un rol vital y prolongado en el lavado de fondos para cárteles con sede en México”, detalló la institución en un comunicado oficial. Las operaciones habrían contribuido al abastecimiento de sustancias que alimentan la epidemia de opioides en Estados Unidos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue tajante al señalar que estas entidades financieras “están colaborando con los cárteles en el suministro de fentanilo y facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses”.

Esta es la primera acción de este tipo adoptada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), bajo la nueva legislación aprobada por el Congreso de Estados Unidos para frenar el flujo de drogas sintéticas como el fentanilo.

Washington también destacó la cooperación de las autoridades mexicanas en la implementación de estas sanciones, y subrayó la importancia de la “sólida relación” bilateral para combatir tanto el lavado de activos como las redes que financian el terrorismo.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó este miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por dedicar más tiempo a internet que a ejercer su rol como líder mundial, y lo instó a reflexionar sobre sus palabras y a asumir con responsabilidad su posición.

“En este mundo convulso, tenemos a un presidente de una nación del tamaño de Estados Unidos que debería destacarse por su discurso, pensar en lo que dice, estar menos en internet y ser más jefe de Estado”, señaló Lula durante una intervención recogida por el portal G1.

El mandatario brasileño lamentó que el protagonismo de Trump en los medios se reduzca a “la necesidad de un titular miserable” y le sugirió “pensar más en el libre comercio” y “en el multilateralismo”, al tiempo que criticó el papel de Washington en el conflicto entre Israel e Irán.

Lula también advirtió que Brasil ya vivió una experiencia similar con un presidente “al que lo que menos le interesa es la verdad y las necesidades del país”, en referencia al exmandatario Jair Bolsonaro, a quien comparó indirectamente con el actual líder estadounidense.

La jueza federal Barbara Holmes decidió este miércoles mantener bajo custodia a Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño deportado por error desde Estados Unidos, mientras analiza el riesgo de que sea deportado de forma inmediata si pasa a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Ábrego enfrenta un proceso judicial en Tennessee por supuestamente haber transportado personas indocumentadas en el país. Su caso fue presentado por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, poco después de haberlo traído de regreso a territorio estadounidense, tras intensas presiones judiciales para facilitar su retorno.

La jueza Holmes había ordenado su liberación al considerar que no representa un peligro para la sociedad ni existe riesgo de fuga. Sin embargo, advirtió que, una vez excarcelado, probablemente pasaría a custodia de ICE, lo que abre la posibilidad de una deportación acelerada, sin audiencia ante un juez.

Durante la audiencia celebrada este miércoles en Nashville, Holmes extendió su detención mientras evalúa si dicho traslado podría interferir con su derecho al debido proceso en EE.UU.

El Departamento de Justicia alegó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es una entidad independiente y no puede garantizar el paradero de Ábrego una vez que cambie de custodia.

Por su parte, los abogados defensores argumentaron que sí existe cooperación entre ICE y el sistema judicial, por lo que solicitaron garantías. La jueza estableció como plazo el jueves al mediodía para que ambas partes entreguen sus argumentos finales.

Vestido con uniforme carcelario rojo y con audífonos de traducción, Ábrego asistió a la audiencia acompañado por su esposa, Jennifer González, quien lo observó desde la primera fila junto a familiares y activistas. La audiencia tenía como objetivo definir las condiciones de su eventual libertad.

El salvadoreño había sido acusado por presunta conspiración para transportar migrantes desde Texas hacia Maryland. Sin embargo, la jueza cuestionó la credibilidad de los testigos cooperantes, señalando que sus declaraciones buscaban beneficios legales a cambio de su colaboración.

El caso ha generado amplia atención entre organizaciones defensoras de derechos humanos y opositores a la política migratoria de Trump, al considerar que Ábrego fue víctima de una “desaparición forzada” tras su deportación a la cárcel de máxima seguridad del CECOT, junto a otros 200 migrantes, en su mayoría venezolanos.

De acuerdo con documentos judiciales, Ábrego había residido en Maryland por más de una década y huyó de El Salvador por amenazas de la pandilla Barrio 18. Su esposa denunció que la detención ha sido el episodio más difícil para su familia.

Esta mañana, en declaraciones a reporteros previas a la audiencia, González transmitió a su esposo un mensaje de «fortaleza» ante lo que ha sido, a su juicio, el periodo más difícil que han atravesado como familia.

«Hemos tenido que defenderlo y luchar por su liberación. Kilmar se ha perdido cumpleaños, graduaciones y días del padre. Hoy se pierde nuestro aniversario de bodas», dijo González.

El Gobierno de Israel acusó al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de estar haciéndose con el control de la entrega de ayuda humanitaria que entra por el norte de la Franja de Gaza y ordenó al Ejército un plan de acción.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó a Hamás de robar la ayuda humanitaria y dio a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) un plazo de 48 horas para elaborar una estrategia, de acuerdo con un comunicado conjunto con el ministro de Defensa, Israel Katz, que recoge «The Times of Israel».

A finales de mayo, se retomó la entrega de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza como parte de un acuerdo con Hamás, si bien se encargó la gestión a una controvertida ONG avalada únicamente por Israel y Estados Unidos.

Desde entonces se han producido incidentes mortales a diario y son ya más de 400 los muertos y 300 los heridos que se han registrado durante las entregas, como consecuencia de las acciones del Ejército de Israel, que ha estado disparando a los palestinos que han tratado de hacerse con alimentos.

La ONU reclama una investigación sobre lo ocurrido y pide al Ejército de Israel que deje de disparar a quienes buscan alimento y permitan la entrada de más ayuda humanitaria.

La Justicia argentina recibió en las últimas 48 horas más de 700 pedidos de personas que quieren visitar a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) tras el comienzo de su prisión domiciliaria el pasado 17 de junio, según informó este miércoles uno de los abogados de la exmandataria.

«El Tribunal Oral Federal Número 2 (TOF N.º 2) acaba de protagonizar una escena que quedará en los manuales de la infamia judicial: recibieron 702 mails de ciudadanas y ciudadanos que, de manera espontánea, pidieron visitar a Cristina en su prisión domiciliaria. ¿Qué hizo el tribunal? No respondió ninguno. No procesó las solicitudes. No garantizó ningún derecho», protestó el abogado Gregorio Dalbón en una publicación en sus redes sociales.

Según el abogado, el Tribunal, que rechazó este lunes un pedido de Fernández de un régimen de visitas irrestricto, planteó que es la exmandataria quien debe formular las solicitudes de visitas de personas que no estén incluidas en la lista inicial de familiares, médicos, abogados y asistentes personales que ya fueron habilitados por la Justicia para ingresar a su vivienda sin limitaciones.

«La verdad es clara: no es una medida de seguridad. Es control. Es censura. Es proscripción», opinó Dalbón, que consideró que se trata también de «una forma de aislamiento político y simbólico, que busca destruir lo que no pueden derrotar democráticamente: su liderazgo, su voz, su relación con el pueblo».

Este lunes, el letrado difundió la dirección de correo electrónico del Tribunal e instó a quienes quieran «acompañar, saludar, conversar o solidarizarse» con Fernández a enviar una solicitud para visitarla en la vivienda del barrio porteño de Constitución en el que cumple la pena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

En paralelo, diputados y senadores nacionales del peronismo reclamaron este miércoles a través de un comunicado conjunto el derecho a visitar a la líder del Partido Justicialista sin previo aviso ni autorización judicial, por respeto a «su investidura, la división de poderes y la plena vigencia de la representación política».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este miércoles al medio público Voice of America de ser un «portavoz demócrata» y exigió su cierre definitivo, poco después de que su cercana aliada, Kari Lake, compareciera ante el Congreso para testificar sobre el desmantelamiento de la histórica emisora ordenado por el mandatario.

«¿Por qué un republicano querría que Voice of America (VOA), el 'portavoz' demócrata, siga funcionando? Es un TOTAL DESASTRE DE IZQUIERDA. Ningún republicano debería votar por su supervivencia. ¡LIQUÍDENLO!», escribió en su red Truth Social desde el Air Force One, a su regreso de la cumbre de la OTAN en La Haya.

Sus críticas coincidieron con las duras palabras de Lake, designada por Trump como asesora principal de la Agencia de Estados Unidos para los Medios (USAGM) y quien afirmó este miércoles ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes que la VOA es «incompetente, corrupta y parcial».

La expresentadora de noticias insistió en que la emisora, considerada a sus 83 años como uno de los principales ejemplos de 'poder blando' estadounidense en el mundo, constituía «una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. y su posición en el mundo», algo que rechazan los directivos y periodistas del medio.

La semana pasada Lake anunció el despido de más de 600 trabajadores de USAGM, que engloba la Voice of America y la Oficina de Trasmisiones para Cuba (OCB, en inglés), lo que completó una reducción del 85 % de esa fuerza laboral, traducida en 1,400 puestos menos desde que el mandatario ordenara su desmantelamiento en marzo.

Después de esta ronda de despidos, de una plantilla de más de 2,000 trabajadores solo quedan unos 250, informó Lake en una carta publicada el viernes pasado en X.

En su comparecencia de hoy ante el Congreso, Lake acusó -sin base- a la VOA de operar bajo el control del Partido Comunista de China y de publicar contenido crítico contra Trump durante la campaña electoral de 2024.

«Se están diciendo mentiras en la VOA», aseguró a los legisladores, los únicos que pueden ordenar el cierre de la agencia, de acuerdo con la ley.

La bancada demócrata pidió a Lake pruebas concretas de sus acusaciones. También cuestionó sus esfuerzos por convertir al medio en «portavoz» de Trump y empañar su prestigio como fuente veraz de noticias dirigidas a países donde no existe la libertad de prensa.

Los republicanos, por su parte, estuvieron de acuerdo con Lake en que los contribuyentes estadounidenses no deben financiar un medio que a su juicio no representa «los valores estadounidenses».

Desde su regreso al poder en enero pasado, Trump ha recrudecido sus ataques contra instituciones culturales, universidades y medios públicos.

A principios de mayo ordenó reducir al mínimo legal el presupuesto federal de las emisoras NPR y PBS, a las que ha acusado en reiteradas ocasiones de mantener un sesgo izquierdista.

El director de la VOA, Mike Abramowitz, y varios periodistas del medio impusieron dos demandas para retar la orden ejecutiva de Trump, y aunque tuvieron éxito inicial gracias a fallos judiciales que bloquearon temporalmente los despidos, estos luego fueron levantados en cortes de apelación, donde actualmente los casos continúan en proceso.

El portavoz del Gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, describió este miércoles como

«privilegiados sindicales» a los médicos que llevan a cabo una huelga de 24 horas en el hospital estatal Garrahan en reclamo de mejoras salariales y mayor presupuesto.

«Nuestro problema no es con el Garrahan, no es con los médicos, no es con los administrativos, no es con el resto del personal, sino que es con los «ñoquis», dijo Adorni en conferencia de prensa, empleando un término comúnmente utilizado en Argentina para refer

irse a los trabajadores estatales que no cumplen funciones efectivas.

«Entendemos que es un paro de algunos pocos privilegiados sindicales. Lo que están haciendo es frenar, dificultar o entorpecer la atención en el Garrahan», agregó el vocero.

Este miércoles los trabajadores del hospital, el mayor centro de salud pediátrica de Argentina y cuyo personal se manifiesta casi a diario desde hace varias semanas, comenzaron una huelga de 24 horas en reclamo de «una recomposición salarial del 100 % para frenar el vaciamiento del hospital, un presupuesto adecuado y garantías para residentes y becarios», según informaron desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT).

En su reacción a la medida, Adorni acusó que uno de los conflictos gira en torno a la implementación de un sistema biométrico para controlar la asistencia de los empleados: «Estar en contra del sistema biométrico te marca cómo algunos quieren aprovechar la cáscara de la causa noble, quieren ensuciar cuestiones que se quieren hacer de buena fe y en pos de los que realmente trabajan».

Desde APyT, por su parte, denunciaron que constante «campañas de prensa» por parte del Gobierno de Milei para desprestigiar el reclamo de los trabajadores y acusaron el presidente de haber anunciado falsamente que el 70 % de los trabajadores del centro de salud eran personal administrativo, cuando en realidad ese porcentaje corresponde al 10 %.

El sindicato reclama que la recomposición salarial fue solo del 100 % desde diciembre de 2023, ante una inflación acumulada del 310 % en ese mismo período.

Ahora exigen un 100 % más y que el beneficio se extienda a residentes, becarios y personal contratado, al incorporarlos a planta permanente.

El hospital Garrahan, especializado en patologías complejas, recibe a menudo a padres y niños que viajan desde distintos puntos del país para atenderse allí debido a la profesionalidad y el prestigio de sus médicos.

La presidenta de Mu00e9xico,

Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que su administración estudia interponer una demanda contra SpaceX, la compañía de Elon Musk, por los posibles daños ecológicos y riesgos de seguridad tras la explosión del cohete Starship cerca de la frontera con Tamaulipas.

“Se está haciendo una revisión internacional, qué leyes se están violando y, a partir de ahí, iniciaremos un proceso”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina.

El pasado 18 de junio, el cohete Starship explotó tras su despegue desde la base de Boca Chica, en Texas, ubicada a escasos tres kilómetros de territorio mexicano. Partes del propulsor cayeron en el Golfo de México y, debido a las corrientes marinas, varios fragmentos llegaron hasta playa Bagdad, en Matamoros.

Entre los restos encontrados se identificaron piezas de caucho, plásticos, silicona, aluminio, tanques de enfriamiento y otros materiales empleados en el lanzamiento. Si bien las autoridades retiraron una parte considerable de los residuos, ambientalistas alertan sobre la micro basura espacial que podría haberse dispersado en la zona.

Sheinbaum indicó que, junto con su gabinete, se está revisando el marco legal internacional para evaluar la pertinencia de acciones legales. “Lo estamos revisando no solamente para hacer una revisión y punto, sino todo lo que tiene que ver con el lanzamiento de los cohetes que están muy cerca de nuestra frontera, los impactos que tiene en la zona y, dentro del marco de las leyes internacionales, hacer las demandas necesarias que se tengan que hacer”, afirmó.

El caso también ha generado preocupación entre conservacionistas, quienes reportaron que la presencia de residuos obligó a suspender la liberación de 10,000 crías de tortuga Lora, una especie en peligro de extinción.

Expertos ambientales advierten que los desechos espaciales podrían contener elementos tóxicos con el potencial de dañar los ecosistemas, afectar la flora, la fauna e incluso contaminar cadenas alimenticias en la región.

Un

total de 769 personas fueron detenidas entre diciembre y mayo por tráfico de medicamentos ilícitos por todo el mundo en una operación coordinada por Interpol que permitió la incautación de un total de 50.4 millones de dosis de fármacos falsificados o no autorizados valorados en $65 millones.

La llamada operación Pangea implicó a 90 países para frenar el comercio de fármacos ilegales, explica este miércoles Interpol en un comunicado, en el que destaca el aumento de la demanda de péptidos y semaglutidas no aprobados que buscan el popular y nocivo «efecto Ozempic».

Los fármacos contra la diabetes, empleados también para la pérdida de peso, se han visto impulsados por el aumento de la automedicación y por lo fácil que resulta su promoción en línea y por las redes sociales. Las principales aprehensiones de esos productos se produjeron en el Pacífico asiático, Europa y Norteamérica.

Una sola «pluma» de estos medicamentos se vende, según las estimaciones de la organización policial internacional, por varios cientos de dólares en el mercado negro.

Interpol destaca el récord de incautaciones y arrestos en la operación Pangea de este año que es la décimo séptima, debido en parte a su prolongación en el tiempo, con seis meses en lugar de una duración semanal que tenía tradicionalmente.

Atribuye este aumento de las detenciones también a «la alarmante magnitud del comercio mundial de medicamentos no aprobados y falsificados».

En total, 123 grupos criminales dedicados a estas actividades ilícitas fueron desmantelados en todo el mundo desde diciembre de 2024 hasta mayo de 2025, se pusieron en marcha 1,728 investigaciones y se dictaron 847 órdenes de registro.

El 93 % de los fármacos incautados carecían de las autorizaciones reglamentarias de las autoridades sanitarias nacionales, mientras que el 7 % restante eran productos falsificados, desviados o con identificaciones comerciales engañosas.

Los medicamentos falsificados o no autorizados suponen un «grave riesgo para la salud pública porque pueden contener principios activos peligrosos o ilegales que provocan enfermedades graves o incluso la muerte», alerta el director provisional de Delincuencia Organizada y Emergente de Interpol, David Caunter, en el comunicado.

«El rápido crecimiento de las plataformas en línea ha facilitado que estos medicamentos inseguros lleguen a las personas», añade.

Los fármacos decomisados más comunes son, en primer lugar, los que actúan sobre el sistema nervioso como los psicoestimulantes, ansiolíticos y tratamientos para el párkinson y, seguidamente, los medicamentos para tratar la disfunción eréctil como la viagra.

También abundan entre las incautaciones los esteroides anabolizantes, los medicamentos antidiabéticos, los productos para dejar de fumar, los dermatológicos, los suplementos alimentarios y los psicoterapéuticos.

Australia, Malasia, Irlanda, España y Estados Unidos fueron los países que más incautaciones llevaron a cabo durante esta operación.