Categoría: El Mundo

El Gobierno colombiano anunció este martes que ha desplegado más de 1,000 hombres de las fuerzas de seguridad del Estado y 500 vehículos para la protección de 41 precandidatos presidenciales y aspirantes al Congreso en las elecciones del año entrante, informaron fuentes oficiales.

«La protección de los candidatos es también la tranquilidad del país y de la democracia», dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, al término de la Tercera Reunión de Seguimiento al Plan Integral de Seguridad Electoral (CORMPE).

El anuncio ocurre luego del atentado ocurrido el pasado 7 de junio contra el senador y precandidato presidencial del partido uribista Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

El político fue herido con dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando hablaba ante un grupo de seguidores, en un mitin de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en el barrio bogotano de Modelia.

La salud de Uribe Turbay ha experimentado una mejoría y su estado crítico se ha reducido transcurridos 16 días del atentado en el que fue gravemente herido con dos disparos en la cabeza, informó hoy la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde está ingresado.

El atentado contra Uribe Turbay elevó los cuestionamientos sobre la seguridad de los aspirantes a la presidencia y de otros candidatos.

Colombia se asoma a un año electoral, con comicios legislativos programados para el 8 de marzo de 2026 y presidenciales el 31 de mayo del mismo año.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, explicó hoy que se han activado mecanismos de inteligencia como el Centro Integrado de Información de Inteligencia Electoral, y se han desplegado capacidades cibernéticas para prevenir amenazas, campañas de desinformación y polarización en redes sociales.

Además, el gobierno anunció que, dentro del Plan Democracia, las Fuerzas Militares aportarán cerca de 80,000 uniformados para garantizar la seguridad en los más de 13,000 puestos de votación habilitados en todo el país.

El ataque aéreo lanzado por Estados Unidos el sábado contra tres instalaciones nucleares de Irán habría tenido un impacto limitado, según un informe preliminar de inteligencia filtrado a medios como CNN y The New York Times.

El documento señala que la ofensiva solo retrasó el programa nuclear iraní unos meses, contradiciendo las declaraciones oficiales que la calificaron como un «éxito total».

La operación, denominada ‘Midnight Hammer’, tuvo como objetivos las instalaciones de Isfahán, Natanz y Fordó. Según el reporte, antes del ataque, la inteligencia estimaba que Irán podría fabricar una bomba nuclear en unos tres meses. Tras la ofensiva, ese plazo se amplío a menos de seis meses.

El informe de cinco páginas, elaborado por el Departamento de Inteligencia de EE.UU., indica que la mayoría del uranio enriquecido fue retirado antes del bombardeo, por lo que solo se destruyó una pequeña porción del material nuclear. Aunque se trata de un análisis preliminar, la evaluación sugiere que las expectativas del gobierno eran superiores a los resultados reales obtenidos.

El Pentágono había afirmado que el ataque, en el que participaron 125 aeronaves, incluidos siete bombarderos B-2 y se lanzaron 75 bombas y misiles, fue ejecutado con precisión y logró “una anulación completa” de las capacidades nucleares iraníes. Sin embargo, fuentes de inteligencia señalan que Irán aún conserva buena parte de sus capacidades y podría reconstruir su arsenal con rapidez si así lo decidiera.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, desmintió el informe filtrado y defendió que “las bombas impactaron exactamente donde debían”, y que cualquier intento por desacreditar la operación busca socavar al presidente Donald Trump.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó la filtración como “errónea” y criticó que haya salido de una fuente “anónima de bajo nivel”. También el enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, calificó la filtración como “un acto de traición” y pidió una investigación.

Desde su red Truth Social, el presidente Trump aseguró que las informaciones difundidas por CNN y The New York Times intentan desacreditar “uno de los ataques militares más exitosos de la historia” y reiteró que “las instalaciones nucleares de Irán están completamente destruidas”.

Mientras tanto, Irán presentó su postura ante el Consejo de Seguridad de la ONU este martes. El embajador Amir Saeid Iravani afirmó que la reciente guerra con Israel, que finalizó horas atrás, representó un “fracaso” en los intentos por forzar a Teherán a abandonar su programa nuclear.

“El pueblo valiente ha salido de ahí más bravo y firme frente a la criminalización”, declaró.

Durante la sesión semestral del Consejo sobre la resolución 2231 de 2015, varios miembros reconocieron que esta ya no tiene validez. El embajador israelí, Danny Danon, consideró innecesaria una nueva resolución, indicando que las partes han aceptado la propuesta del presidente Trump, y dejando claro que Israel continuará resolviendo sus propios conflictos sin intervención de la ONU.

La cobertura de vacunación infantil, que durante décadas mostró avances sostenidos, ha comenzado a estancarse e incluso retroceder desde 2010, según revela un estudio publicado este martes por la revista científica The Lancet. La investigación, desarrollada por el grupo «Colaboradores del estudio sobre la carga mundial de morbilidad de cobertura vacunal», advierte que millones de niños están quedando expuestos a enfermedades prevenibles y potencialmente mortales.

Entre 2010 y 2019, la vacunación contra el sarampión cayó en 100 de 204 países, siendo América Latina y el Caribe una de las regiones más afectadas, al pasar del 90 % al 87 % de cobertura. Esto se tradujo en cerca de un millón de niños no vacunados contra esa enfermedad solo en 2019.

Además, 21 de los 36 países de ingresos altos registraron descensos en la cobertura de al menos una dosis contra enfermedades como la difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis y tuberculosis. La pandemia de covid-19 agravó aún más la situación, comprometiendo seriamente el cumplimiento de los objetivos de inmunización global establecidos para 2030.

El informe señala que será necesario implementar estrategias más específicas y equitativas, reforzar la atención primaria de salud y combatir la desinformación para recuperar el terreno perdido en vacunación. A pesar de que entre 1980 y 2023 la cobertura vacunal mundial se duplicó y el número de niños sin vacunas básicas cayó de 58.8 millones a 14.7 millones en 2019, las cifras volvieron a incrementarse tras la pandemia.

Para 2023, se estimaba que 15.7 millones de menores no habían recibido ni una sola dosis de la vacuna contra la difteria, tétanos y tos ferina en su primer año de vida. Más de la mitad de estos casos se concentraban en ocho países, entre ellos Nigeria, India, Etiopía, Somalia, Sudán e incluso Brasil.

El estudio se da a conocer justo antes del inicio de la cumbre de financiación de la Alianza para la Vacunación, Gavi. Jonathan Mosser, autor principal del estudio y profesor de la Universidad de Washington, subrayó que «a pesar de los enormes esfuerzos en los últimos 50 años, un gran número de niños siguen sin recibir vacunas o lo hacen de forma incompleta».

En 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció la Agenda de Inmunización 2030, que busca reducir a la mitad el número de niños sin ninguna vacuna. Sin embargo, los brotes de enfermedades prevenibles siguen en aumento: en 2024, los casos de sarampión en Europa se multiplicaron por diez y en Estados Unidos ya se han registrado más de 1,000 contagios en lo que va de 2025, superando los casos de todo el año anterior.

Según el análisis, solo la vacuna contra la difteria, tétanos y tos ferina podría alcanzar el objetivo de cobertura del 90 % para 2030, y solo bajo un escenario optimista.

Desde la creación del Programa Ampliado de Inmunización en 1974, se han vacunado más de 4,000 millones de niños, evitando 154 millones de muertes y garantizando más de 10,200 millones de años de salud plena. No obstante, los desafíos actuales amenazan con revertir ese avance histórico si no se actúa con urgencia.

La Embajada de los Estados Unidos en Puerto Príncipe exhortó este martes a los ciudadanos estadounidenses a no viajar a Haití y, si ya se encuentran allí, abandonar el país lo antes posible.

«No viajen a Haití. Si es usted ciudadano estadounidense en Haití: abandone Haití lo antes posible mediante medios de transporte comerciales o privados», escribió la embajada en su cuenta de Facebook.

La legación pide también a sus ciudadanos que eviten las multitudes y sigan los medios de comunicación para obtener información actualizada, y que eviten las zonas en las que se hayan registrado actos violentos, manifestaciones o disturbios.

La embajada recordó que se han reanudado los vuelos comerciales regulares entre el aeropuerto internacional de Cap-Haitien (norte) y el aeropuerto Antoine Simon de Les Cayes (sur), así como entre el aeropuerto internacional de Cap-Haitien y la terminal nacional Guy Malary de Puerto Príncipe (oeste).

«Los ciudadanos estadounidenses en Haití deben abandonar el país por medios de transporte comerciales o privados cuando consideren que es posible hacerlo con total seguridad», se lee en la nota.

La embajada destacó que tiene conocimiento de ciudadanos estadounidenses que se desplazan a Cap-Haitien en helicóptero desde lugares que no son aeropuertos comerciales.

«Estos vuelos conllevan riesgos potenciales que los ciudadanos deben tener en cuenta antes de subir al avión», consideró la embajada.

Recordó que el personal del Gobierno estadounidense no está autorizado a viajar en vuelos comerciales con destino u origen en Puerto Príncipe debido a las restricciones de la Administración Federal de Aviación (FDA) y a los riesgos potenciales para el tráfico aéreo.

«El Gobierno estadounidense no respalda a las compañías privadas o comerciales», advirtió la embajada de Washington en Puerto Príncipe.

Desde hace años, en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y en ciudades de otros departamentos como Artibonite y Centro los grupos armados siembran el terror con ataques, asesinatos, secuestros y violaciones.

Según los datos más recientes del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, al menos 2.680 personas murieron a causa de la violencia armada interna entre enero y mayo pasados en un país con en torno a 1,3 millones de desplazados, de ellos más de la mitad menores.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ordenó al gobierno de Estados Unidos gestionar el retorno de Jordin Melgar Salmerón un salvadoreño de 31 años que fue deportado a El Salvador el mes pasado pese a una orden judicial que prohibía su expulsión.

El fallo, emitido el martes, representa la cuarta ocasión reciente en que tribunales federales exigen al gobierno estadounidense revertir deportaciones ejecutadas en contra de lo establecido por la ley o por decisiones judiciales.

Melgar Salmerón, exintegrante de la pandilla MS-13, cumplió una condena de dos años en prisión federal tras declararse culpable por posesión de un arma prohibida. Según sus abogados, desde entonces se ha desvinculado del grupo y vive con su esposa y cuatro hijos en Virginia.

El 7 de mayo, la Corte suspendió su deportación a las 9:52 a.m., pero solo 28 minutos después fue abordado en un vuelo hacia El Salvador, a pesar de que el Departamento de Justicia había asegurado que no lo expulsaría de inmediato.

Las autoridades argumentaron que la expulsión ya estaba en proceso antes de emitirse la orden, pero también admitieron que se trató de una “tormenta perfecta de errores” que resultó en una remoción “involuntaria y fuera de tiempo”.

Este caso se suma a otros errores cometidos bajo la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su esfuerzo por ejecutar una política migratoria más estricta que incluye el uso de tácticas legales poco comunes como el Acta de Enemigos Extranjeros, vigente desde el siglo XVIII.

Uno de los casos más conocidos es el de Kilmar Armando Abrego García, otro salvadoreño deportado erróneamente en marzo, pese a tener protección judicial. Luego de múltiples órdenes incumplidas, fue retornado al país este mes, pero enfrentando cargos por conspiración para tráfico de personas.

En el caso de Melgar Salmerón, el tribunal neoyorquino no solo ordenó su regreso “lo antes posible”, sino que exigió al gobierno detallar los pasos tomados para cumplir la orden. Aunque su abogado, Matthew Borowski, celebró la decisión, expresó frustración porque no se investigará más a fondo a los funcionarios responsables.

Simultáneamente, otro tribunal en Virginia analiza la expulsión de un joven venezolano, y en Boston un juez federal ordenó el retorno de un guatemalteco deportado a México, en violación de normas humanitarias básicas.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró en la noche del martes haber hablado con su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, para agradecer el apoyo de su país e incidió en que Israel respetará el alto el fuego «mientras el otro lado lo haga».

«Le agradecí la audaz decisión de apoyar a Israel frente a la amenaza nuclear iraní. El secretario (de Defensa, Hegseth) congratuló a Israel y el Ejército por los logros históricos alcanzados», escribió Katz en la red social X.

«Enfaticé que Israel respetará el alto el fuego mientras el otro lado lo haga», añadió, asegurando que estrecharán su cooperación con Estados Unidos de cara al futuro.

Desde que Israel inició su ataque militar contra Irán el 13 de junio, ambos países han intercambiado regularmente ataques con drones y misiles que han dejado al menos 450 personas muertas en Irán y al menos 28 en Israel, según las autoridades de ambos países.

Las tensiones escalaron todavía más en la región cuando Estados Unidos bombardeó tres instalaciones clave del programa nuclear iraní el pasado domingo, e Irán respondió ayer lunes con un ataque contra las bases militares estadounidenses en Catar e Irak, que ya habían sido evacuadas.

Hacia las 10.30 de la mañana y con el alto el fuego en vigor, el Ejército israelí registró el lanzamiento de dos misiles desde Irán, algo que Teherán ha negado. Tras ello, la aviación israelí bombardeó un radar a las afueras de la capital persa, si bien el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que se abstendrá de lanzar más ataques si Irán respeta la tregua.

La defensa del senador colombiano Miguel Uribe anunció que presentará una denuncia contra el presidente Gustavo Petro por “crear un ambiente de odio” que, a su juicio, pudo propiciar el atentado armado ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá

Víctor Mosquera, abogado de Uribe, confirmó que acudirán a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para señalar al mandatario como responsable de fomentar una atmósfera hostil mediante al menos 43 mensajes publicados en la red social X.

Aunque Mosquera aclaró que no existe un vínculo directo entre los mensajes del presidente y el ataque, sostuvo que “sí generó un ambiente que pudo haber llevado a este atentado”. El jurista criticó los señalamientos públicos que Petro ha hecho contra miembros de la oposición, incluido un comentario donde calificó a Uribe como “nieto de un presidente que ordenó la tortura de 100,000 colombianos”, dos días antes del ataque.

“Esto es absolutamente grave, esto genera odio en la población, esto genera polarización”, declaró Mosquera, según la emisora Blu Radio.

El senador Uribe, miembro del partido Centro Democrático, recibió varios disparos en la cabeza mientras compartía con simpatizantes en un parque de la capital colombiana. Desde entonces permanece ingresado en la Fundación Santa Fe.

El centro médico informó el martes que Uribe sigue en condición grave, aunque ya se encuentra en una “nueva fase subaguda” y en un proceso de “desescalada de su estado crítico”, tras más de dos semanas del ataque.

El presidente de Panamu00e1, u003Cstrongu003EJosé Raúl Mulino, y la Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, u003C/strongu003Ehablaron este martes sobre la cooperación bilateral en materia de migración irregular y seguridad durante una reunión en el palacio presidencial panameño, según reveló la funcionaria estadounidense.nn»Pasamos varias horas juntos hablando sobre lo que podemos hacer» para mejorar el intercambio de información en materia de migración irregular y sobre el combate conjunto al tru00e1fico de personas o de drogas, dijo Noem en una comparecencia ante los medios junto con el ministro de Seguridad Pública, Frank u00c1brego, en la que no se aceptaron preguntas de la prensa.nnNoem tildó ademu00e1s de «fantu00e1stica» la cooperación con el ministro u00c1brego en materia de «compartir información sobre lo que podemos hacer en nuestros aeropuertos, lo que podemos hacer en nuestras fronteras para asegurarnos de que estamos protegiendo a nuestros pueblos».nnLa Presidencia de Panamu00e1 difundió imu00e1genes de la reunión de Mulino y Noem, celebrada en el palacio presidencial Las Garzas, en la que también estuvieron el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, el embajador de EE.UU., Kevin Cabrera, y Corey Lewandowski, Jefe de Gabinete estadounidense, de acuerdo con la información oficial.nnEn un primer momento no se informó oficialmente lo tratado en la cita de alto nivel, pero el ministro u00c1brego dijo este mismo martes a la radio local que durante la visita de Noem se trataría la renovación o no de un memorando de entendimiento firmado hace casi un año mediante el cual EE.UU. asume los costos de vuelos de repatriación de migrantes irregulares.nnu003Cstrongu003E»Estados Unidos estu00e1n mu00e1s que dispuestos a compartir el costo de esto», la repatriación de migrantes irregulares, «este es un ejemplo de los tipos de acuerdos que podemos continuar construyendo», dijo Noem a la prensa, luego de presenciar la salida de un vuelo con 32 colombianos repatriados y deportados a su país.u003C/strongu003EnnPanamu00e1 y EE.UU. firmaron el pasado 1 de julio, el mismo día en que Mulino asumió la Presidencia de Panamu00e1 para el quinquenio 2024-2029, un acuerdo para repatriar a migrantes que atravesaron la selva del Darién, la frontera natural con Colombia, en su viaje hacia Norteamérica, que estableció una financiación estadounidense de seis millones de dólares.nnLa ejecución de ese acuerdo «ha demostrado ser un instrumento efectivo de coordinación bilateral desde su entrada en vigor hasta el día de hoy», dijo por su parte este martes el ministro u00c1brego, que precisó que se han realizado «53 vuelos de repatriación con un total de 2.346 personas deportadas y expulsadas en estricto cumplimiento del marco legal panameño y con apego a los principios de respeto de los derechos humanos».nnu003Cstrongu003E»Quiero agradecer a Panamu00e1 por su colaboración con los Estados Unidos en esto (migración irregular) y también quiero agradecer a nuestro embajador por su trabajo duro, ya que ha llegado aquí para continuar construyendo los acuerdos de seguridad que van avanzando», afirmó Noem.u003C/strongu003Enn»Nos centramos en asegurarnos de que las personas estén a salvo. Hemos tenido muchas conversaciones sobre los próximos acuerdos que podríamos tener entre diferentes agencias bajo el Departamento de Seguridad Nacional», que «podría ser (…) en los aeropuertos aquí en Panamu00e1, compartiendo información sobre quién» estu00e1 viajando, o «cómo podemos asegurarnos de que estamos escaneando contenedores de carga, paquetes (…) cómo podemos compartir nuestras tecnologías», añadió.nnNoem comenzó este martes en Panamu00e1 una gira regional que también la llevaru00e1 a Costa Rica, Honduras y Guatemala.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este martes que su país ha recibido a más de 65,000 personas deportadas desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, en el marco de sus endurecidas políticas migratorias.

Según precisó la mandataria, entre los 65,475 deportados contabilizados, 59,747 son ciudadanos mexicanos y 5,728 son extranjeros. Sheinbaum recalcó que México ha ofrecido opciones a los no nacionales para retornar a sus países de origen o, si lo prefieren, integrarse al país.

“Se les recibe, se ve si quieren irse a su país de origen. Si es así, se les traslada, y si no, se busca la manera de incorporarlos”, explicó Sheinbaum, al asegurar que su administración actuará bajo criterios humanitarios.

La presidenta subrayó que México no participará como “tercer país seguro”, una figura utilizada por el gobierno de Trump para devolver migrantes a otras naciones. “México no ha firmado nada de eso”, declaró.

Las declaraciones se dieron tras la reciente resolución del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que avaló la reanudación de las deportaciones de migrantes a terceros países, una medida que ha provocado protestas y críticas de diversas organizaciones humanitarias.

Julian Assange, fundador de WikiLeaks, mantiene una vida discreta en Australia un año después de haber recuperado la libertad, durante el que ha hecho escasas apariciones públicas, entre ellas en Cannes y en el funeral del papa Francisco, tras haber llegado a un acuerdo con la Justicia de Estados Unidos.

El activista, que a su regreso a Australia pidió un tiempo para recuperarse, guarda en general un perfil bajo, y ha sido su esposa, Stella Assange, su principal portavoz y quien ha publicado de forma esporádica comentarios e imágenes en las redes sociales sobre la vida familiar.

«Han pasado 365 días, pero estamos a años luz de distancia de la prisión de Belmarsh», dijo hoy la mujer de Assange, nacido en Townsville (Australia), en 1971, en un comunicado divulgado por la agencia australiana de noticias.

Assange abandonó el 24 de junio la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh, donde llevaba cinco años, tras aceptar declararse culpable de un delito por conspirar para obtener y divulgar documentos clasificados de EE.UU. a cambio del tiempo ya cumplido en el penitenciario.

El activista comenzó entonces un largo periplo, con una parada de unas ocho horas en Bangkok, hasta las Islas Marianas, un remoto archipiélago estadounidense del Pacífico.

Un tribunal de Saipán, donde compareció debido a la oposición de Assange a viajar al territorio continental de Estados Unidos y a la proximidad de las Marianas con Australia, le declaró oficialmente «hombre libre» el 26 de junio, tras pasar cinco años en prisión y otros casi siete refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres.

Ese mismo día llegó a Camberra en un avión privado, donde fue recibido por su mujer, quien era parte de su equipo de abogados cuando estuvo en la legación, periodo en el que tuvieron a sus dos hijos (Gabriel en 2017 y Max en 2019), y por su padre, el arquitecto australiano John Shipton.

El matrimonio vive desde entonces en Australia, en teoría en un lugar no revelado del sur de Sídney, según la prensa australiana, y emplea su tiempo en pasear «a campo abierto», ver «canguros» y bañarse en el mar, un proceso «increíblemente sanador», dijo la abogada hispano-sueca a EFE el pasado mayo en Cannes.

Proyecto contra el frenesí bélico

Hasta allí se desplazaron ambos con «The Six Billion Dollar Man», el documental de Eugene Jarecki sobre él, y en Cannes el activista se volvió a mostrar más reivindicativo posando con una camiseta con los nombres de 4.986 niños asesinados en Gaza.

Stella afirmó hoy que Assange trabaja ahora para frenar la escalada bélica en el mundo.

«Julian ha estado trabajando en algo durante varios meses, y espero que pueda ayudar a ralentizar el frenesí bélico», subrayó, sin dar más pistas sobre el proyecto.

Ambos también acudieron en abril al funeral del papa Francisco en Roma «para expresar la gratitud de nuestra familia por el apoyo del papa durante su persecución (…) Francisco escribió a Julian en prisión e incluso le propuso concederle asilo en el Vaticano», dijo entonces Stella.

Una foto de la pareja junto a sus dos hijos en una recóndita playa australiana, celebrando bajo un árbol su primer cumpleaños en libertad, o la imagen de Assange abrazado a un cordero durante la pasada Navidad son otros retales de su vida este año compartidos por Stella.

Julian Assange no ha concedido desde su liberación entrevistas, pero sí rompió su silencio el 1 de octubre al intervenir ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en Estrasburgo.

«Quiero ser totalmente claro: hoy no estoy libre porque el sistema haya funcionado (…) Hoy estoy libre tras años de encarcelamiento porque me declaré culpable de (ejercer el) periodismo», dijo.

Al frente de Wikileaks, el australiano se hizo mundialmente famoso en 2010 tras filtrar cientos de miles de documentos secretos o de contenido sensible que revelaron los secretos en Estados Unidos de las guerras de Irak y Afganistán, así como sobre Guantánamo.

Detenido en Londres en 2010 a instancias de Suecia por un caso de abusos sexuales archivado, Assange se refugió desde 2012 en la Embajada de Ecuador de Londres ante el temor de que el país europeo facilitara su extradición a EE.UU.

Tras el cambio de Gobierno en Ecuador en 2019, el activista fue expulsado de la legación y detenido por la Policía inglesa en medio de un complejo proceso de extradición a Estados Unidos, que antes del acuerdo de hace un año lo requería por 18 acusaciones de violar la Ley de Espionaje, con una pena máxima de 175 años de prisión.