Cámaras termales para detectar cuerpos en vehículos o embarcaciones, aplicaciones que rastrean en todo momento dónde está una persona, tomas biométricas, cámaras de vigilancia… los servicios migratorios mundiales cuentan con un opaco entramado tecnológico de vigilancia que recoge millones de datos de personas que no necesariamente son migrantes.
Estados Unidos adjudicó recientemente un contrato a dedo de 30 millones de dólares a la tecnológica Palantir (cofundada por el millonario Peter Thiel) para desarrollar un software que permita al Gobierno rastrear casi en tiempo real el movimiento de migrantes para controlar la ‘autodeportación’.
Este contrato le va a servir al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para «recolectar más y más información» y construir una base de datos aún más grande «para saber dónde está la gente y dirigir la máquina de deportación», explica a EFE la directora de Investigación del Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de Georgetown, Stevie Glaberson.
Más facilidades que el FBI
El ICE cuenta ya con una cantidad inmensurable de datos de migrantes y no migrantes. Una investigación de 2022 de este centro descubrió que este organismo había accedido a los datos del carné de conducir de tres de cada cuatro personas que viven en Estados Unidos y que podía ubicar a tres de cada cuatro adultos por sus facturas del hogar.
«No son sólo migrantes, son adultos estadounidenses», recalca la experta, que insiste en que «nadie está fuera de esta red; casi nadie puede escaparse».
El ICE ha construido, según Glaberson, un verdadero «operativo policial» por parte de una agencia que no tiene limitación judicial como el FBI por lo que puede espiar más rápido y con menos obstáculos.
El Gobierno estadounidense «usa esta agencia como si fuera su propio ejército», por lo que «Trump está usando estos poderes no para cumplir las leyes migratorias, sino para amenazar y acallar a cualquier persona que cuestione su agenda», denuncia la experta.
«La pregunta es: ¿queremos vivir en una sociedad donde un presidente pueda usar una agencia sin vigilancia y no militarizada para que nos monitoree a todos?», cuestiona Glaberson.
Drones y cámaras térmicas en las fronteras comunitarias
Pero el uso de tecnologías para el control migratorio no es monopolio estadounidense. «Hay una lista de países -Austria, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Noruega, Reino Unido…- que están sustrayendo por defecto los móviles a todo solicitante de asilo que llega para tener acceso a absolutamente todo su historial, incluyendo mensajes borrados, historial del GPS, fotos, contactos y también acceso a la nube. Y esto se está haciendo por defecto; no en casos puntuales», denuncia a EFE la experta en tecnología y derechos humanos de Amnistía Internacional (AI), Beatriz Martos.
Los gobiernos europeos usan tecnología para, según aseguran, ayudar a monitorear la migración y salvaguardar vidas, pero las fronteras son «donde hay mayor despliegue de tecnología de inteligencia artificial» y también «donde hay mayores violaciones de derechos humanos», dice Martos.
La IA «es primero probada en las fronteras, para luego ya implementarla al interior de los países».
La UE, en aras de la seguridad nacional, usa principalmente tecnologías para detectar embarcaciones en el Mediterráneo o el Atlántico; desde cámaras térmicas a drones con IA.
Esta tecnología podría usarse para reducir muertes en el mar -en el Mediterráneo hay más de 31.000 personas muertas o desaparecidas en la última década- pero la realidad es que ese no es siempre su uso.
«Se está haciendo para rescatar, pero para deportar», dicen desde AI.
El caso de Canarias
España, por ejemplo, cuenta con el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), que se creó para luchar contra el narcotráfico, pero ahora está extendido por las islas Canarias para monitorizar el mar en busca de ‘cayucos’.
«Nosotros vemos que en realidad lo que sirve es para detectar determinada embarcación, y avisar a Marruecos de que antes de que llegue a nuestras aguas, impidan que pase y se la lleven», explica a EFE el periodista experto en migraciones y racismo, Youssef Ouled.
Para desarrollarlo y mantenerlo, el Gobierno español ha realizado inversiones millonarias a empresas como Indra o Telefónica, y en 2022 pagó 19 millones de euros a Escribano Mechanical Engineering para su manutención y actualización, como detalla un informe de Euromed Rights y AlgoRace.
Esta investigación concluye «que realmente muchas de estas tecnologías no están tan pensadas para garantizar los derechos, ni siquiera la vida de las personas que se arriesgan y que tratan de acceder al territorio nacional, sino que están más pensadas para evitar que así lo hagan», dice Ouled, director de Algorace.
Y la cuestión además «es que no hay ningún tipo de transparencia de cara a la sociedad de qué sistemas se utilizan o qué impacto tienen en la sociedad», añade al hablar de «una absoluta falta de información y una opacidad brutal en todo lo que tiene que ver en el uso por parte de las administraciones públicas de este tipo de tecnologías».
Esto «hace que determinadas rutas sean más inaccesibles y que las personas migrantes acaben tomando rutas más peligrosas», lamenta Ouled, quien recuerda que la ONG Caminando Fronteras contabilizó más de 10.000 muertos em 2024 tratando de llegar a España, de los que el 90 % fueron en la ruta Canaria, «la ruta más peligrosa pero una de las pocas rutas que les queda para poder llegar a suelo europeo».
Y esto no es solo peligroso para quienes migran sino para la ciudadanía en general porque como recuerda Martos, «tener acceso a un móvil hoy en día es tener acceso a absolutamente todo, no solo de ti, sino de las personas de tu alrededor».
