Categoría: El Mundo

Las protestas contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) llegan este fin de semana a Florida, estado líder en aplicar la política migratoria del presidente Donald Trump, entre el miedo de los activistas porque el Gobierno de Ron DeSantis advierte de usar la fuerza contra los «disturbios».

Las manifestaciones de Los Ángeles, que cumplen este viernes una semana, se han replicado en rincones del país como Texas y Nueva York, pero en Florida, donde uno de cada cinco residentes es inmigrante, solo hubo una en Tampa que convocó a unas 200 personas el lunes pasado.

La situación cambiará este fin de semana, cuando los activistas han convocado a una protesta explícita contra el ICE en Homestead, ciudad al sur de Miami con casi un 40 % de sus habitantes nacidos en el extranjero, y una de las mayores comunidades de mexicanos en Florida.

Esto se suma a las cerca de 75 demostraciones en el estado, incluyendo Miami, como parte de las protestas «No Kings» (No reyes) que ocurrirán a nivel nacional ante el cumpleaños de Trump y su desfile militar por los 250 años del Ejército, con la más significativa en Mar-A-Lago, club del mandatario en Palm Beach.

Pero activistas consultados por EFE perciben temor entre la comunidad para manifestarse de forma pacífica ante el despliegue de 4,000 elementos de la Guardia Nacional y 700 Marines en Los Ángeles, sin autorización del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, además de las advertencias del gobernador de Florida, el republicano DeSantis, y sus funcionarios sobre responder con fuerza.

«Es un mal escalamiento y todo eso vendrá a suceder aquí en Florida, especialmente porque tenemos una comunidad que en su mayoría es negra y morena», expresó Esai Burgos, estudiante de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y parte del movimiento «ICE Breakers».

En una protesta contra un acuerdo entre ICE y FIU para que la policía universitaria detenga a indocumentados, el alumno Dariel Gómez coincidió en que existe una «cultura de miedo» por la persecución de los agentes migratorios y el uso de la fuerza contra los manifestantes, como ocurre en Los Ángeles.

«Definitivamente, creo que la gente tiene miedo. No voy a decir que lo mismo va a suceder acá en Miami, pero es más que ya vemos cómo la agenda de inmigración en este momento en el país está resultando en muchas violaciones de leyes, de derechos constitucionales», indicó en una entrevista.

Florida promete cárcel o muerte

La polémica se agudizó tras una conferencia del fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien anunció este jueves un programa para proteger a los agentes del ICE de los manifestantes y avisó que el estado «no tolerará» protestas como California, además de recordar que hay una Ley Antidisturbios estatal desde 2021.

El alguacil del condado de Brevard, Wayne Ivey, advirtió en dicha conferencia de cárcel o muerte para manifestantes que incurran en violencia.

«Si golpean a uno de nosotros, irán al hospital y a prisión, y lo más probable es que los muerda uno de nuestros grandes y hermosos perros. Si arrojan un ladrillo, una bomba o apuntan a alguno de nosotros, notificaremos a su familia donde recoger sus restos porque los mataremos», avisó.

El gobernador DeSantis también señaló en mensaje que los conductores floridanos pueden arrollar a los manifestantes si rodean su auto.

ICE, omnipresente en Florida

Las protestas cobran relevancia también porque Florida es líder en la aplicación de la política migratoria de Trump, pues el gobernador ha impulsado los acuerdos llamados 287(g) que obligan a las autoridades de los 67 condados a cooperar con ICE, además de proponer que la Patrulla de Carreteras de Florida haga sus propias redadas.

Asimismo, el fiscal Uthmeier anunció el jueves que Florida será el primer estado en tener asignado un oficial de enlace de ICE para «fortalecer la aplicación de la ley migratoria» y tener «una línea directa de comunicación» entre el Servicio de Inmigración federal y autoridades estatales y locales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este viernes que una Corte de Apelaciones le permitió mantener el control de la Guardia Nacional en California, luego de que un tribunal dictaminara ilegal el despliegue de los miembros de ese cuerpo sin la autorización de las autoridades estatales.

«La Corte de Apelaciones dictaminó anoche que puedo usar la Guardia Nacional para mantener nuestras ciudades, en este caso Los Ángeles, seguras. Si no hubiera enviado a las Fuerzas Armadas a Los Ángeles, esa ciudad estaría en llamas ahora mismo. Salvamos Los Ángeles. ¡Gracias por la decisión!», escribió Trump en su red Truth Social.

Trump movilizó el sábado pasado a 2,000 miembros de la Guardia Nacional para salvaguardar edificios federales en Los Ángeles, donde el fin de semana estallaron protestas luego de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizara una serie de agresivos operativos contra varios centros de trabajo. El lunes el mandatario ordenó activar a otros 2.000 adicionales.

La decisión presidencial de mover a estas tropas pasando por alto al gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, -algo inédito en el país en los últimos 60 años-, provocó denuncias inmediatas tanto de Newsom, como de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, que advirtieron que el mandatario estaba «incendiando» una situación que las autoridades estatales dijeron tener bajo control.

El estado de California demandó a Trump este martes para recuperar el control de la Guardia Nacional, calificando la decisión del republicano de «ilegal» y un ataque «a la soberanía del estado».

El jueves, el juez federal de distrito Charles Breyer dictaminó que Trump federalizó ilegalmente a miles de miembros de la Guardia Nacional de California y que debía devolver el control de estas tropas a las autoridades locales, en una victoria momentánea para Newsom.

Sin embargo, poco después tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. aprobaron un bloqueo temporal que suspende el fallo y anunciaron que escucharán argumentos sobre el caso el próximo 17 de junio.

Una semana después del inicio de los disturbios, Los Ángeles despertó este viernes en su tercera noche de toque de queda en el área del centro de la ciudad, militarizada desde el inicio de las protestas, que si bien han transcurrido de manera pacífica en su mayoría, algunas han derivado en saqueos y enfrentamientos con la policía y agentes del ICE.

La urbe californiana se prepara para la llegada de unos 700 marines enviados por la Administración Trump para apoyar a la Guardia Nacional a pesar de las objeciones de Newsom.

Desde el comienzo de las protestas, más de 350 personas han sido arrestadas y detenidas en Los Ángeles.

Las manifestaciones se han extendido a ciudades como San Antonio, Nueva York, Chicago y Seattle, mayoritariamente pacíficas, aunque manifestantes reunidos en centros de detención de inmigrantes en Portland, Oregón y Nueva Jersey fueron dispersados con irritantes químicos por agentes del orden.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, movilizó a miles de miembros de la Guardia Nacional bajo su mando para mantener el orden ante un esperado aumento de las manifestaciones.

En coincidencia con la celebración en Washington de un desfile militar el sábado por el 250 aniversario del Ejército estadounidense, presidido por Trump, se prevén unas 2,000 protestas contra las políticas del mandatario en ciudades y localidades de los 50 estados del país.

Los centros de detención de inmigración en Georgia (EE.UU.)

están abarrotados al aumentar de manera dramática el número de indocumentados arrestados desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero pasado, lo que está creando condiciones aún más deplorables para quienes se encuentran encerrados ahí, denuncian defensores de derechos humanos.

Los activistas también reportaron casos en los que algunos inmigrantes sin antecedentes penales estaban acabando en cárceles con presos comunes debido a la sobrepoblación que existe en los reclusorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en este estado.

En medio de las crecientes denuncias de hacinamiento y violaciones a los derechos humanos, ICE confirmó esta semana la muerte de un migrante mexicano que estaba recluido en el Centro de Detención de Stewart (SDC), en la remota localidad de Lumpkin, en el sur de Georgia, aparentemente tras quitarse la vida, ya que fue encontrado «con una ligadura alrededor del cuello».

Con la muerte de Jesús Molina-Veya, de 45 años, son dos los migrantes que han fallecido en Georgia en el último mes y 23 desde que inmigración comenzó a detenerlos en Stewart en 2006, según cifras de El Refugio.

Alarma entre los activistas

La situación en estos centros de ICE «es alarmante», dijo a EFE el defensor de los derechos de los inmigrantes Amílcar Valencia, director ejecutivo de El Refugio, una organización que brinda asistencia a los familiares de los detenidos en esa prisión y que durante años ha estado denunciando abusos y negligencia médica en esa cárcel.

«Acompañamos en el sentimiento a las personas detenidas en el SDC, para quienes otra muerte es un duro recordatorio de la crueldad de un sistema que no proporciona atención básica», declaró Valencia, quien exigió la liberación inmediata de todas la personas detenidas, en particular aquellas que sufren problemas de salud y las mujeres embarazadas.

Este centro de detención, uno de los más grandes del país, tiene capacidad para 1,752 personas, de acuerdo con el gobierno, sin embargo, actualmente, según Valencia, hay más de 2,000 detenidos.

«En los últimos dos meses hemos escuchado historias de personas detenidas ahí que nos dicen que en cada unidad, que normalmente debe haber 60 o 70 personas, hay 100 personas, por lo que muchos no tienen cama y los ponen a dormir en un colchón», aseveró el activista, quien también es miembro de la organización Detention Watch Network.

La adolescente mexicana Ximena Arias-Cristóbal, quien estuvo presa dos semanas en ese centro de ICE antes de obtener la libertad bajo fianza, testificó esta semana ante un comité del Senado de Estado Unidos sobre la «traumática» que vivió ahí tras ser arrestada por un error de la policía el pasado 5 de mayo.

La joven de 19 años denunció que a los detenidos en Stewart se les niega el acceso a necesidades básicas como alimentación nutritiva, higiene y condiciones adecuadas para dormir.

ICE ha negado reiteradamente estas acusaciones y en un comunicado donde confirmó la muerte del inmigrante mexicano Molina-Veya, dijo que la agencia «mantiene su compromiso de garantizar que todas las personas bajo su custodia residan en entornos seguros, protegidos y humanos».

«Se proporciona atención médica integral desde el momento de la llegada y durante toda su estancia», aseveró.

Indocumentados en cárceles regulares

En Atlanta se han dado a conocer casos de inmigrantes detenidos que han acabado presos en prisiones federales, algo que el director ejecutivo de El Refugio dijo que está ocurriendo y que el mismo ICE ha reconocido dado el alto número de arrestos en los operativos que en Georgia suman más de 100 diarios.

El Gobierno de Trump también busca ampliar el Centro de Procesamiento de ICE en Folkston, también en el sur de Georgia, a solo unas cuantas millas de Florida, y en días recientes, las autoridades locales y la agencia aprobaron un plan para hacerlo y convertir esta prisión para indocumentados en la más grande del país.

Se estima que este centro de detención triplicará su capacidad, de los 1,100 actuales a casi 3,000, según el acuerdo alcanzado entre las partes y que fue anunciado por el congresista republicano por Georgia Earl L. Buddy Carter.

Unas 70 personas murieron y más 300

resultaron heridas en Irán en los ataques de Israel, según datos proporcionados por medios iraníes que no han sido confirmados por las autoridades.

La agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní, informó del número de muertos y heridos, sin citar fuentes.

as autoridades iraníes solo han confirmado la muerte de altos cargos militares como el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Mohamad Hosein Baqerí; el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Hossein Salamí, y el jefe de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, el general Amir Ali Hajizadeh.

A ellos se sumó el general Gholam Ali Rashid, responsable de la importante base aérea Khatam ol-Anbiya, y seis científicos nucleares, en los ataques sin precedentes contra el país persa.

Los bombardeos contra un centenar de objetivos en suelo iraní se produjeron en la madrugada y esta misma tarde ha renovado los bombardeos en al menos cuatro puntos del país persa.

Entre los objetivos se encuentra la principal planta de enriquecimiento de uranio iraní, Natanz, según confirmó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Al mismo tiempo, las fuerzas israelíes han atacado numerosas zonas residenciales en Teherán.

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, condenó los ataques y prometió venganza.

“Con este crimen, el régimen sionista se preparó un destino amargo y doloroso, y sin duda lo recibirá”, dijo Jameneí en un comunicado publicado en su página web.

Por su parte, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, prometió una “poderosa respuesta” a Israel.

”La nación iraní y las autoridades del país no permanecerán en silencio ante este crimen, y la legítima y poderosa respuesta de la República Islámica de Irán hará que el enemigo se arrepienta de su insensata acción”, dijo Pezeshkian en un discurso televisado.

En la cabina del vuelo AI-171 de Air India, el 12 de junio de 2025, la normalidad se desvaneció en segundos. El avión con destino Londres-Gatwick 1,242 personas a bordo pareció estancarse en el aire justo después del despegue, recuerda Vishwash Kumar Ramesh, el único superviviente en la que es ya una de las peores tragedias aéreas del país.

Durante esa pausa en el cielo, las luces verdes y blancas se encendieron, indicando un posible intento de recuperación, antes de que el avión acelerara de nuevo para una toma de altura que nunca se completaría.

Pero en lugar de ganar altura, el avión se estrelló contra una residencia de estudiantes de medicina próxima al aeropuerto, causando la muerte de 241 pasajeros y tripulantes, además de al menos 27 personas en tierra, y generando una profunda conmoción en la India y el mundo entero.

«Justo después de despegar, sentí que el avión se atascaba durante 5 o 10 segundos. Y entonces, una luz verde y blanca se encendió», relató a las cámaras del canal estatal indio DD news.

Ramesh, desde su camilla en el Hospital Civil de Ahmedabad, mostró un semblante afectado pero sereno mientras compartió los detalles de su experiencia con el primer ministro, Narendra Modi, durante su visita al lugar del desastre.

«Todo sucedió delante de mis ojos. Ni siquiera puedo creer que sobreviví, porque por un momento pensé que iba a morir. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que estaba vivo, intenté quitarme el cinturón de seguridad y lo logré. Ante mis ojos, las azafatas y otras personas estaban muertas», explicó desde el hospital.

El superviviente, un ciudadano británico de origen indio, aseguró que aterrizó en la planta baja del edificio universitario contra el que se estrelló la aeronave, y que pudo escapar porque a su lado había un espacio abierto.

«Del otro lado estaba la pared del edificio, esa es probablemente la razón por la que otros no pudieron escapar», señaló.

En el intento de huida de la aeronave, Kumar sufrió quemaduras en la mano izquierda. “El fuego me quemó la mano. Después, una ambulancia me llevó aquí al hospital”, añadió.

Durante la jornada del viernes, Modi visitó al superviviente y recorrió el lugar del accidente, mientras continúan las labores de recuperación de restos y búsqueda de las cajas negras.

Las autoridades han iniciado un complejo proceso de identificación de las víctimas mediante pruebas de ADN.

El Gobierno ha abierto una investigación oficial para esclarecer las causas del siniestro, mientras Air India ha habilitado centros de asistencia a familiares en cuatro aeropuertos y el grupo Tata, propietario de la aerolínea, ha anunciado una compensación de 10 millones de rupias (unos 120.000 dólares) por cada víctima mortal.

La tragedia ha generado una fuerte presencia mediática y policial en la ciudad de Ahmedabad, donde la morgue y el hospital central se han convertido en puntos clave de un proceso complejo, marcado por el duelo y la espera

Kilmar Ábrego García, el salvadoreño deportado en 2020 por lo que su defensa califica como un «error administrativo» del gobierno de Donald Trump, comparece este viernes ante una corte federal en Tennessee.

La audiencia definirá si permanece detenido mientras enfrenta un juicio por presunto tráfico de personas. Ábrego, de 29 años, fue arrestado el 6 de junio de este año poco después de su reingreso a Estados Unidos. El Departamento de Justicia solicitó su detención alegando que los cargos implican a una víctima menor de edad, que existe un «riesgo serio» de fuga, y que el acusado podría obstruir la justicia o intimidar testigos. Sin embargo, sus abogados —defensores públicos designados— se oponen tajantemente a esta petición.

En un memorando de 20 páginas presentado ante la jueza federal Barbara D. Holmes, argumentan que Ábrego busca únicamente lo que se le ha negado desde su arresto y deportación: el debido proceso.

«El señor Ábrego García pide lo que le ha sido negado en meses anteriores: una audiencia justa», señala el documento. La defensa subraya que los cargos presentados no involucran explícitamente a menores de edad, y que el gobierno no ha entregado evidencia concreta sobre un supuesto riesgo de fuga o conducta obstructiva.

Los abogados también niegan cualquier vínculo comprobado de Ábrego con pandillas, en respuesta a las acusaciones del gobierno de que pertenecería a la MS-13. «Incluso si se asumiera su pertenencia —lo cual negamos categóricamente— no basta legalmente para justificar su detención preventiva», argumentaron.

Deportado a pesar de protección legal Ábrego fue deportado a El Salvador en marzo, pese a contar con protección de un juez de inmigración que reconoció su calidad de víctima de la pandilla Barrio 18 y el peligro que enfrentaba en su país de origen.

Al llegar, fue encarcelado en el Centro para el Confinamiento de Terroristas (Cecot), una prisión de máxima seguridad para presuntos pandilleros, fuertemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos.

Durante meses, el gobierno estadounidense negó que pudiera retornarlo a su territorio. No fue sino hasta el viernes pasado que admitió su regreso.

La fiscal general Pam Bondi confirmó su presencia en suelo estadounidense y anunció que enfrentaría un juicio por su presunto rol en una red de tráfico humano, acusándolo de realizar más de 100 viajes desde Texas a otras ciudades del país y de abusar de mujeres durante los traslados. La fiscalía aún no ha mostrado evidencia concreta.

La investigación contra Ábrego, según los reportes, habría iniciado tras una parada de tránsito en Tennessee en 2022, en la que viajaba con nueve personas en un vehículo. En ese momento solo recibió una advertencia por conducir con licencia vencida y no se presentaron cargos. La acusación formal, presentada el 21 de mayo por un gran jurado, incluye cargos federales y lo vincula a la MS-13.

La defensa y sus familiares niegan categóricamente estas acusaciones. Su abogado principal, Simon Sandoval Moshenberg, calificó los cargos como «completamente inventados» y denunció que el proceso contra Ábrego ha estado plagado de irregularidades. «Esto no es justicia.
Esto es un abuso de poder. El debido proceso no comienza después del castigo, comienza antes», afirmó Moshenberg en una rueda de prensa esta semana.

Además, el caso ha generado fricciones dentro del propio sistema judicial. Dos fuentes revelaron a The New York Times que el supervisor de la oficina de fiscales en Nashville renunció recientemente por estar en desacuerdo con el manejo del caso.

Futuro incierto La jueza Holmes escuchará hoy los argumentos de ambas partes para decidir si Ábrego García puede esperar su juicio en libertad. Incluso si se le otorga esa libertad, su futuro es incierto.

Las autoridades migratorias podrían intervenir nuevamente para mantenerlo bajo custodia.

De declararse culpable —algo que su defensa descarta rotundamente— el caso de Ábrego tendría que regresar a una corte de inmigración.

Sus abogados también han solicitado esta semana que una jueza de Maryland sancione al gobierno de Trump por ignorar, durante semanas, las órdenes judiciales que exigían su retorno a EE.UU.

Mientras tanto, Ábrego se prepara para declarar su inocencia ante la corte, en un proceso que se perfila como emblemático sobre los límites del poder estatal y el respeto al debido proceso en tiempos de creciente tensión migratoria.

Las redadas migratorias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el arresto este jueves de un joven que supuestamente participó en una manifestación mantienen aterrorizados a los vecinos del barrio Este de Los Ángeles, un bastión latino.

«Estamos preocupados, yo principalmente no puedo dormir tranquila pensando en qué puede pasar, los niños están asustados… Es terrible lo que está pasando, pero Trump (el presidente de EE.UU.) no quiere parar», dice a EFE Xiomara, una vecina del Este de Los Ángeles, uno de los barrios hispanos más grandes del condado.

Xiomara nació en Honduras pero lleva más de dos décadas en el país y pese a tener residencia estadounidense y que sus hijos sean ciudadanos, con sus papeles en regla, teme por su seguridad y la de su familia.

«Ayer estuvo migración en el parque y anduvieron agarrando personas, yo no quise ir y advertí a mi hija que no fuera con los niños porque no nos queremos arriesgar», relata la migrante centroamericana.

Este jueves, Xiomara y los vecinos de este barrio, en el que más del 90 % de la población es latina, despertaron con el sonido de granadas aturdidoras y helicópteros.

«Se escucharon primero como dos balazos y luego ya empezaron los helicópteros. Escuché que se llevaron a una persona que fue a la manifestación pero no sé que hicieron», cuenta María, otra vecina de mucho tiempo en el Este de Los Ángeles.

Agentes del FBI, escoltados por la Guardia Nacional, habían arrestado a Alejandro Theodoro Orellana, un joven residente del distrito, por presuntamente «distribuir protectores faciales a presuntos alborotadores», según publicó el fiscal federal Bill Essayli en su cuenta de X horas después del arresto.

El acto conmocionó a los habitantes del barrio, que en los últimos días han escuchado con temor los rumores y han visto la presencia de agentes del ICE frente a sus casas o en espacios públicos como parques.

«La gente no está queriendo salir, los autobuses, el parque y los supermercados están vacíos», añade María, de 69 años y nacida en Puebla (México).

Reviven traumas

El pasado 6 de junio, una serie de redadas migratorias en California desataron protestas en distintas ciudades del estado. En respuesta, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de miles de tropas federales para contenerlas, pese a la oposición de las autoridades locales, que insisten en que el gobierno estatal mantenía el control de la situación.

María asegura que en los 52 años que lleva viviendo en el país nunca había presenciado redadas tan violentas como las que se están llevando a cabo, pero la situación le recuerda el miedo que ella sintió cuando llegó indocumentada con una prima.

«Gracias a Dios ya somos ciudadanos, pero uno siente temor porque lo vivió hace años. El presidente debería de dar mejor amnistía y no estar haciendo tanta cosa, está traumando a los niños», añade María.

«Una vecina de aquí que no tiene papeles me dijo que está asustada, que ni siquiera puede salir a traer comida», agrega la migrante mexicana.

Las acciones en la zona, visiblemente desierta desde estos operativos, también han generado que los vecinos reaccionen a la defensiva con miembros de la prensa, a los que se rehúsan a dar declaraciones por miedo a repercusiones.

Juan, un hombre de Jalisco (México), quien ha vivido en el Este de Los Ángeles por más de 30 años, asevera que mucha gente «no comprende» que los inmigrantes en EE.UU. lo único que buscan es una vida mejor.

«Nosotros no venimos a dañar el país, venimos a buscar una nueva vida», comenta a EFE.

El hombre confiesa que votó por Trump para su primer mandato pero en estas elecciones no quiso hacerlo: «Él prometió que a todos nos iba a apoyar pero no cumplió. Este presidente ha dañado mucho el país», opina el migrante mexicano.

Los vecinos también consideran que las manifestaciones, que este jueves cumplen su sexto día, son importantes para levantar la voz, pero rechazan los actos de violencia de quienes -consideran- no representan a la comunidad.

«La gente que está protestando está haciendo bien, pero mucha gente que no tiene nada que perder aprovecha para hacer cosas malas», añade Juan.

Thomas, un joven vecino que se ha estado informando de la situación a través de la aplicación de citizen, reprueba la «fuerza extrema» con la que la Administración Trump ha actuado al mandar tropas federales y siente pena por el miedo que esto ha generado en su comunidad.

«Sé que los saqueadores y los que avientan cosas no deberían ser tolerados, pero la demás gente tiene derecho a protestar. El Este de los Ángeles tiene mucha comunidad latina y es una mierda que los estén asustando así», mencionó el joven a EFE.

Un total de 122.1 millones de personas viven desplazadas en 2025, forzadas a dejar sus hogares por conflictos armados, violencia o persecuciones, reveló el jueves el más reciente informe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La cifra representa un aumento del 1.7 % respecto al año anterior y duplica los niveles registrados hace una década.

Entre las principales causas del desplazamiento figuran las guerras en Sudán, Birmania (Myanmar) y Ucrania, que han obligado a millones a abandonar sus hogares. El informe detalla que 42.7 millones son refugiados que han cruzado fronteras y 73.5 millones son desplazados internos dentro de sus propios países.

Además, el 40 % de los desplazados son menores de edad, mientras que el 7 % son adultos mayores. El alto comisionado de ACNUR, Filippo Grandi, advirtió que estas cifras récord se producen en un contexto internacional de alta volatilidad y con conflictos que implican un alto costo humanitario.

En 2025, Sudán superó a Siria como el país con mayor número de desplazados y refugiados, con 14.3 millones de personas afectadas. Siria pasó al segundo lugar con 13.5 millones, seguido de Afganistán con 10.3 millones y Ucrania con 8.8 millones. En términos de refugiados en el extranjero, los cuatro países superan los 6 millones cada uno.

Irán y Turquía, los principales países de acogida

En cuanto a países receptores, Irán lidera con 3.8 millones de refugiados, en su mayoría afganos, seguido de Turquía con 3.1 millones, Colombia (2.8 millones, principalmente venezolanos), Alemania (2.7 millones) y Uganda (1.7 millones).

En proporción a su población, Líbano alberga a un refugiado por cada ocho habitantes, seguido de Chad y Jordania, donde la proporción es de uno por cada 16.

El país con más solicitudes de asilo en 2024 fue Estados Unidos, con 729,000 peticiones en la primera mitad del año, seguido de Egipto (433,000), Alemania (229,000), Canadá (174,000) y España (167,000), destacando los solicitantes colombianos, venezolanos y ucranianos.

Retornos voluntarios y expulsiones forzadas

Un total de 9.8 millones de personas regresaron a sus hogares en 2024, incluyendo 2 millones de sirios, una tendencia que podría intensificarse tras la caída del régimen de Bachar al Asad. Sin embargo, ACNUR advirtió que en algunos casos, como el de los afganos expulsados de Irán y Pakistán, los retornos se han producido en condiciones adversas.

El informe también resalta que el 60 % de los desplazados no cruza fronteras, y dos de cada tres refugiados se encuentran en países vecinos, mientras que el 75 % vive en economías en desarrollo.

Pese al aumento exponencial en la cifra de desplazados desde 2015, cuando eran 65 millones, la financiación para ACNUR no ha crecido proporcionalmente, denunció el organismo. La agencia ha debido reducir su personal en un 30 % a nivel global, debido a la congelación de aportes clave, como los de Estados Unidos.

Frente a este panorama, ACNUR pidió a los donantes internacionales mantener sus contribuciones, al considerar que apoyar a los desplazados es una inversión crítica para la estabilidad regional y mundial. “Debemos redoblar esfuerzos por la paz y encontrar soluciones duraderas”, instó Filippo Grandi.

Irán sufrió este viernes una nueva oleada de ataques israelíes en varios puntos de su territorio, incluida la principal planta nuclear del país en Natanz, informaron medios iraníes, en medio de las promesas de venganza del país persa.

«Renovados ataques contra la instalación nuclear de Natanz, Tabriz y Shiraz», informó el medio Iran Nuances, que publicó imágenes de un edificio en llamas que pareció ser la planta de uranio.

La principal planta de enriquecimiento de uranio iraní, Natanz, ya fue atacada esta madrugada, según confirmó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Otros medios informaron de bombardeos contra la ciudad de Tabriz, en el noroeste iraní, urbe que alberga la base militar aérea de Fakouri.

Las autoridades iraníes no confirmaron estos nuevos ataques, que se producen después de que esta madrugada Israel atacase un centenar de objetivos en suelo iraní.

En esos bombardeos murieron el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general Mohamad Hosein Baqerí y el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hossein Salamí.

A ellos se sumó el general Gholam Ali Rashid, responsable de la importante base aérea Khatam ol-Anbiya, y seis científicos nucleares en los ataques sin precedentes contra el país persa.

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, nombró a Abdorrahim Musaví como nuevo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y al general de división Mohammad Pakpur como comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria.

«Con este crimen, el régimen sionista se preparó un destino amargo y doloroso, y sin duda lo recibirá», dijo Jameneí en un comunicado publicado en su página web.

El Ejército israelí confirmó haber bombardeado según las directrices del Gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, «decenas de objetivos» relacionados con el programa nuclear de Irán y otros puntos militares, informó un oficial militar de alto rango a la prensa en una vídeoconferencia.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Israel actuó de forma «unilateral».

El Ejército iraní advirtió este viernes que Israel y Estados Unidos recibirán una «bofetada contundente», tras el ataque en Teherán donde fallecieron el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, general Hossein Salamí, y dos científicos nucleares, según medios oficiales de Irán.

«Responderemos pronto con contraataques, si Dios quiere», declaró el portavoz de las Fuerzas Armadas, general Abolfazl Shekarchi, al confirmar la primera reacción oficial del régimen persa. El militar también aseguró que la ofensiva israelí alcanzó zonas residenciales en la capital iraní, sin ofrecer mayores detalles.

El ataque inició a las 3:30 de la madrugada (hora local), con fuertes explosiones reportadas en la capitalIraní y otras regiones. La agencia estatal IRNA y Tasnim confirmaron que, además del comandante Salamí, «varios comandantes» fueron asesinados, al igual que los científicos Mohammad Mehdi Tehranchi y Fereydoun Abbasi. También se reportó un número indeterminado de víctimas civiles.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó la operación y la calificó como una medida «para contrarrestar la amenaza iraní a la supervivencia de Israel», afirmando que «continuará durante los días que sean necesarios para eliminarla».

En un video divulgado tras el bombardeo, Netanyahu señaló que el Ejército israelí atacó «el núcleo del programa de enriquecimiento nuclear de Irán». Agregó que «al defendernos, defendemos también a muchos otros y hacemos retroceder la tiranía asesina».

Desde Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Israel actuó de manera unilateral. «No participamos en los ataques contra Irán. Nuestra prioridad es proteger a nuestras fuerzas en la región», aclaró en un comunicado oficial.

La agresión ocurre en medio de negociaciones nucleares entre Irán y EE.UU., iniciadas el 12 de abril, cuya próxima ronda estaba prevista para este domingo. Sin embargo, las conversaciones ahora se encuentran en incertidumbre.