Categoría: El Mundo

  • El cirujano pederasta francés admite que «nada más que la prisión» pudo impedir sus actos

    El cirujano pederasta francés admite que «nada más que la prisión» pudo impedir sus actos

    El cirujano francés Jöel Scouarnec, juzgado por abusar sexualmente de 299 menores en 30 años, admitió este martes que «nada más que la prisión» pudo frenarle, según dijo en su última declaración ante el tribunal.

    «Para mí la cárcel fue una liberación. Nada más me impidió continuar en estos 30 años (…) porque estaba dominado por estos impulsos y perversiones que habitan en mí», ha relatado el acusado con un tono de voz monótono.

    Ha reconocido que, «si consideramos que sigo siendo el mismo hombre que fui, debería dictarse cadena perpetua».

    Tras doce semanas de audiencias en Vannes, en el noroeste francés, hoy finaliza la declaración del septuagenario, que reconoció el pasado 20 de marzo, a puerta cerrada, haber abusado sexualmente de todas las víctimas por las que se le juzga, en el que se considera el mayor caso de pederastia en Francia.

    El tribunal investiga también la actuación de las autoridades médicas, que permitieron a Le Scouarnec continuar con su carrera en contacto con niños después de una primera condena por posesión de pornografía infantil en 2005.

    El cirujano digestivo de 74 años, jubilado desde hace una década, apuntaba con detalle en un cuaderno todos los delitos y sus víctimas, de una media de 11 años, lo que permitió a los investigadores identificar a los 299 pacientes de los que abusó de 1989 a 2014.

    Sin embargo, se ha abierto una nueva investigación preliminar para identificar a más víctimas potenciales, cuya existencia no ha descartado Le Scouarnec durante las audiencias. Varios abogados de las acusaciones particulares han mostrado su satisfacción por esta decisión.

    El cirujano cometía sus abusos cuando sus pacientes estaban bajo los efectos de la anestesia, y en 2020 ya fue condenado a 15 años de cárcel por abusar y violar a cuatro menores, dos de ellas sobrinas suyas.

    Después de tres meses de interrogatorios y escabrosos detalles, como los abusos del cirujano hacia su nieta cuando era una niña, la presidenta de la Corte Criminal de Morbihan, Aude Buresi, le ha planteado qué conclusión saca de todo el proceso judicial.

    Con voz mecánica y sin atisbo de emoción ha respondido: «El sufrimiento de las víctimas producido por mis actos».

    Buresi le ha recordado que las acusaciones se han quejado en numerosas ocasiones a lo largo del juicio del tono «estereotipado o mecánico» de sus respuestas. Él ha achacado la repetición a la sucesión de víctimas y a que sus sentimientos «son siempre los mismos».

    Las disculpas encadenadas como una grabación, en respuesta a los testimonios de dos tercios de las víctimas, con verdaderos relatos de terror, hacen del acusado, según una abogada de varias víctimas, Cécile de Oliveira, un «hombre misterioso sin apenas emociones».

    Tras las últimas palabras de Le Scouarnec, durante el resto de la semana se realizarán los alegatos de las acusaciones particulares y, el viernes, le tocará el turno a las conclusiones y petición de pena por parte de la Fiscalía.

    El próximo lunes tendrá lugar el alegato final de la defensa, antes del veredicto del tribunal el miércoles 28 de mayo.

  • Las críticas a Trump por el avión de Catar le llevan a amenazar con acciones legales

    Las críticas a Trump por el avión de Catar le llevan a amenazar con acciones legales

    Las críticas que ha recibido Donald Trump por su intención de aceptar un Boeing de Catar como nuevo avión presidencial Air Force One han llevado al mandatario estadounidense a amenazar con acciones legales, al no entender que se le cuestione por recibir un aparato que, dice, es gratis.

    El primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán, aseguró este mismo martes que la oferta, que todavía se está revisando, es algo «normal entre aliados» y no un «soborno». Desde la cadena CNN, contradiciendo la versión oficial, se precisó hoy además que fue la Administración republicana quien contactó inicialmente con el reino catarí.

    Sobre el papel, al líder republicano le salen las cuentas: la familia real catarí donaría al Departamento de Defensa un Boeing 747-8 valorado en unos 400 millones de dólares.

    «Podría ser un estúpido y decir: ‘No, no queremos un avión gratis y carísimo’, pero me pareció un gran gesto», ha dicho Trump, quien niega que se trate de un regalo personal y asegura que, al concluir su mandato, dejaría de usarlo y lo depositaría en su biblioteca presidencial.

    El republicano está decepcionado con varios retrasos que acumula Boeing en la fabricación de un nuevo Air Force One para reemplazar el actual, que considera anticuado.

    Durante su primer mandato (2017-2021), Trump ordenó al Pentágono desembolsar 3.900 millones para un par de Boeing 747-8 que servirían como la próxima generación del Air Force One. La Casa Blanca declaró este febrero que el proyecto «lleva cinco años de retraso, pospuesto hasta 2029 o más tarde, a pesar de que el contrato se adjudicó en 2018».

    Suspicacias por la adquisición

    Pero convertir el avión de lujo obsequiado por Catar en uno apto para la función presidencial que se le encomendaría podría costar potencialmente cientos de millones de dólares y requerir hasta dos años, mientras se le instalan el equipo de seguridad, las comunicaciones y capacidades defensivas necesarias.

    Para el senador republicano Ted Cruz, de Texas, aceptar ese avión «plantea importantes problemas de espionaje y vigilancia», una opinión compartida por legisladores demócratas como Jack Reed, que ha alertado de los riesgos de otorgar a una nación extranjera acceso potencial a sistemas y comunicaciones sensibles.

    Según la CNN, un 747 convencional no tiene, además, la capacidad de reabastecerse de combustible en el aire, lo que sería necesario en caso de que Trump debiera permanecer en vuelo durante un tiempo considerable, por ejemplo, en caso de un ataque nuclear.

    No es la única consideración sobre la mesa. «Primero hay que recordar quién es Catar. Tiene un largo historial de jugar a dos bandas. Apoyan a Hamás. Apoyaron a Al Qaeda. De hecho, Catar ha financiado protestas a favor de Hamás en campus universitarios por todo Estados Unidos», ha dicho Mike Pence, quien fuera vicepresidente de Trump en su primer mandato.

    Este lunes, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, introdujo un proyecto de ley que busca vetar el uso de un avión extranjero como Air Force One.

    Amenaza a ABC News

    La prensa estadounidense se ha hecho eco de los argumentos a favor y en contra, pero Trump ha cargado especialmente contra la cadena ABC News.

    El medio recordó la semana pasada que la Cláusula de Emolumentos Extranjeros del Artículo I de la Constitución prohíbe a los funcionarios federales, incluido el presidente, aceptar sin el consentimiento del Congreso cualquier regalo, emolumento, cargo o título de un Estado extranjero o de sus gobernantes o representantes.

    Trump ha exigido al canal que deje de decir que Catar le está dando gratis el avión.

    «Como Noticias Falsas ABC sabe y entiende perfectamente, ese respetado país lo está donando a la Fuerza Aérea y al Departamento de Defensa y no a mí. Al hacerlo, le están ahorrando a nuestro país y al contribuyente estadounidense cientos de millones», dijo en su red, Truth Social, recalcando que su mensaje se trata de una «advertencia justa» y que ya les ha ganado en el pasado demandas por difamación.

    La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, intentó esta semana zanjar el asunto.

    «La familia catarí ha ofrecido donar este avión a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde dicha donación será aceptada conforme a todas las obligaciones legales y éticas. Será reacondicionado con los más altos estándares. Este avión no es una donación personal ni un regalo al presidente. Y todos los que escribieron esto la semana pasada deberían corregir sus historias», advirtió el lunes.

  • Expertos de la OEA acusan a Venezuela de atacar sistemáticamente a su población

    Expertos de la OEA acusan a Venezuela de atacar sistemáticamente a su población

    Un informe del panel de expertos independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, publicado este lunes, acusó al Gobierno de Caracas de atacar sistemáticamente a su población.

    «De la detención a la tortura y la desaparición: la consolidación del terror de Estado en Venezuela», el cuarto estudio elaborado por ese grupo, fue presentado en la sede de la OEA con la presencia del secretario general saliente del organismo, Luis Almagro, y miembros del panel como Santiago Cantón, Joanna Frivet y Manuel Ventura Robles.

    «El Panel concluye que la represión electoral marca un punto de inflexión crítico: el momento en el que el Estado venezolano avanzó desde la comisión sistemática de graves crímenes de lesa humanidad hasta la consolidación de una infraestructura autoritaria plenamente madura que mantiene el poder a través del miedo, la violencia y la supresión», recoge el documento.

    Los expertos destacaron «la desaparición forzada como política de Estado, la escalada sin precedentes de detenciones arbitrarias, que se haya ampliado el perfil de las víctimas con el objetivo de desarticular cualquier forma de organización social y las ejecuciones de manifestantes desarmados», entre sus evidencias más relevantes.

    Según dijeron, al menos 51 personas han sido desaparecidas por agentes estatales desde las elecciones de julio de 2024, más de 2,400 personas fueron detenidas en un lapso de nueve días tras los comicios y al menos 25 civiles fueron asesinados durante las protestas postelectorales.

    Por su parte, Almagro declaró su «compromiso ético», y el de la organización, «con la víctimas de lesa humanidad».

    «La voz que queda expresada en los informes es la de las víctimas y la de sus familias. Son las voces que gritan y nos interpelan. Son las voces que dicen que necesitamos justicia en este continente», aseguró.

    El Instituto Casla, organización que ha denunciado presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI), también presentó la semana pasada en la OEA un nuevo informe sobre la situación en Venezuela.

    Allí, el secretario general, que está a punto de concluir su mandato, acusó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de estar en el nivel más alto de «la cadena de mando de la comisión de crímenes de lesa humanidad».

    Almagro instó a la CPI a que ordene la «detención del mandatario».

  • Advierten limbo migratorio para unos 350,000 venezolanos en EE.UU. tras «histórico» fallo

    Advierten limbo migratorio para unos 350,000 venezolanos en EE.UU. tras «histórico» fallo

    Alrededor de 350,000 inmigrantes venezolanos se han quedado en un limbo migratorio y con riesgo a la deportación, tras una decisión de la Corte Suprema este lunes considerada por expertos como la «más grande privación» de estatus legal a extranjeros en la historia moderna de Estados Unidos.

    La decisión de tan sólo dos párrafos emitida por el máximo tribunal estadounidense anula una orden de emergencia de un juez en menor instancia en California que bloqueaba la decisión de la Casa Blanca de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes venezolanos, otorgado por la anterior administración.

    El fallo supone un duro golpe para los cientos de miles de ciudadanos del país caribeño que perderán su permiso de trabajo y la protección contra la deportación que otorga el amparo, a pesar de que la batalla legal emprendida por seis venezolanos y la Alianza TPS continúa.

    «La pérdida inmediata de nuestro TPS nos causa un daño extraordinario. Ahora tememos ser deportados y tendremos dificultades para mantenernos», dijo este lunes en un comunicado una de las venezolanas demandantes en el caso identificada como E.R.

    La Administración del presidente Donald Trump ha argumentado que el TPS para Venezuela va en contra del «interés nacional» de EE.UU. y que la Justicia no tiene la potestad de decidir asuntos de política migratoria «urgentes».

    La falta de un pronunciamiento claro del Supremo ha sumido a los inmigrantes en la incertidumbre y a los abogados demandantes a la espera del siguiente paso del Gobierno de Trump.

    Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y uno de los abogados que presentó la demanda, explicó en una conferencia de prensa que la Casa Blanca tiene ahora en su poder la posibilidad de eliminar de inmediato la protección, dar un plazo de 60 días, o esperar que se resuelva la querella legal.

    «El impacto humanitario y económico de la decisión de la Corte se sentirá de inmediato y repercutirá durante generaciones», señaló el abogado.

    Decisión histórica

    Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), una de las organizaciones que ha apoyado el litigio, dijo a EFE que esta es «la primera vez en la historia moderna» que le quitan el estatus legal a tantos inmigrantes en Estados Unidos.

    El activista puso en tela de juicio la decisión de los máximos magistrados advirtiendo que pareciera estar influenciada por la «política» y la campaña del presidente Trump contra los venezolanos.

    «Todo esto hace parte de una campaña para infundir miedo y terror, porque el Ejecutivo estadounidense ya había dado esa protección que está definida por la ley a países con conflictos políticos o estragos naturales, y ahora está revirtiéndola sin razón», señaló Alvarado.

    En ese sentido, E.R. manifestó que para ella y para su hija «es imposible» regresar de forma segura a Venezuela.

    Por su parte, Emi MacLean, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California, que también representa a los demandantes, indicó que el Supremo «también desmanteló» las protecciones legales diseñadas para limitar la discreción ejecutiva y «politizar la toma de decisiones sobre la ayuda humanitaria generalizada».

    José Palma, coordinador de la Alianza Nacional por el TPS, conformada en 2018 tras el intento de Trump de poner fin a la protección a más de 400.000 inmigrantes, dijo que la decisión contra el amparo de los venezolanos era interpretada como un ataque a todos los beneficiarios.

    Actualmente, inmigrantes de unos 16 países están protegidos por el TPS, incluido unos 200,000 salvadoreños que tienen el amparo desde 2001.

    Adelis Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, advirtió que, aunque este fue un día «muy difícil», marca una nueva etapa de la lucha. «No están solos, la casa de todos es aquí», valoró.

    El Tribunal Supremo evalúa otra apelación de emergencia de la Administración Trump derivada de sus esfuerzos por revocar el permiso humanitario, conocido como CHNV, que permitió el ingreso dado a Estados Unidos cerca de 500.000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

  • Un exjefe militar confirma que Bolsonaro planteó un posible golpe tras la elección de 2022

    Un exjefe militar confirma que Bolsonaro planteó un posible golpe tras la elección de 2022

    Un exjefe militar confirmó este lunes ante la Corte Suprema de Brasil que el expresidente Jair Bolsonaro planteó la posibilidad de impedir la investidura del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de octubre de 2022.

    El «sondeo» hecho por el líder de la ultraderecha fue confirmado por el excomandante del Ejército, el general Marco Antonio Freire Gomes, uno de los primeros testigos del proceso por golpismo contra el exmandatario escuchados por la Primera Sala del Supremo.

    Según Freire Gomes, la probable «intervención», que incluía hasta una declaración de estado de sitio, fue planteada por Bolsonaro a los jefes militares en diciembre de 2022.

    «Expuse la importancia de evaluar todas las consecuencias», dijo Freire Gomes, quien junto al exjefe de la Fuerza Aérea Carlos Baptista Júnior, se opuso a la iniciativa, que según Bolsonaro solo estaba siendo «estudiada».

    Sin embargo, Freire Gomes aclaró que le fue advertido a Bolsonaro que «no tendría apoyo» de las Fuerzas Armadas y que, si lo hiciera, «podría ser encuadrado jurídicamente».

    El antiguo jefe militar, hoy en la reserva, fue interrogado por el juez Alexandre de Moraes, relator del caso en el que la Fiscalía General actúa como parte acusadora.

    Según la Fiscalía, la trama golpista comenzó después de que Bolsonaro perdió las elecciones de octubre de 2022 frente a Lula.

    La conspiración habría desembocado en la asonada del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula y cuando miles de bolsonaristas destrozaron las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia para incitar una intervención militar que derrocara al nuevo Gobierno.

    Intentos por mostrar un «fraude» inexistente

    Otro de los testigos escuchados este lunes fue el empresario Éder Balbino, especialista en informática contratado por el Partido Liberal (PL), que lidera Bolsonaro, con el objetivo de comprobar un supuesto fraude en las elecciones, sobre el que el líder de la ultraderecha advertía desde antes de los comicios.

    «No encontramos ninguna sospecha de fraude», declaró Balbino, cuya empresa hizo una auditoría de las urnas electrónicas usadas en el proceso.

    Agregó que, pese al resultado de su informe, el PL presentó una denuncia por supuestas irregularidades que fue rechazada por las autoridades electorales, precisamente por «ausencia de indicios».

    En ese mismo marco, el exfuncionario del Ministerio de Defensa Clebson Ferreira, otro de los testigos, confirmó que, después de la primera vuelta, le fue pedido un «mapa» de los municipios en los que Lula había obtenido más votos.

    En esos mismos municipios, según la acusación, fue denunciado que el día de la segunda vuelta la Policía dificultó el acceso de los ciudadanos a los centros electorales, con la supuesta intención de restarle votos a Lula y favorecer al entonces presidente.

    Bolsonaro acompaña a distancia

    Bolsonaro siguió los interrogatorios por videoconferencia, así como otros de los siete reos que integran el llamado «núcleo 1» de la trama golpista, quienes serán juzgados en esta primera fase del proceso, que hasta ahora tiene un total de 21 imputados.

    Entre los otros acusados que responden en este fase figuran el excomandante de la Marina Almir Gabriel, el exministro de Justicia Anderson Torres, el exministro de Seguridad Institucional Augusto Heleno Ribeiro, el exministro de Defensa Paulo Sergio Nogueira y el exministro de la Presidencia Walter Braga Neto.

    El grupo lo completa el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) y hoy diputado Alexandre Ramagem, por cuya condición de aforado el bolsonarismo intentó sin éxito suspender el proceso.

    En total, la acusación y las defensas han convocado a un total de 82 testigos, que serán escuchados en diversas audiencias previstas para concluir el próximo 2 de junio.

    Concluida esa fase, el proceso seguirá con interrogatorios a los ocho acusados, tras lo que la acusación y las defensas presentarán sus respectivos alegatos y el juicio quedará listo para sentencia.

  • El nuevo embajador de EE.UU. se muestra «optimista» de la colaboración con México

    El nuevo embajador de EE.UU. se muestra «optimista» de la colaboración con México

    El nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se mostró este lunes «optimista» de la colaboración y la relación entre ambas naciones, resaltando la integración económica y lazos culturales que comparten los «vecinos y amigos».

    «Me siento optimista que trabajar juntos por el bienestar, la seguridad y la prosperidad de nuestras naciones», sostuvo Johnson, en un video publicado en sus redes sociales.

    Horas después de ser recibido en el despacho de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el embajador de EE.UU. en México aseguró que la colaboración entre los países «va a mejorar la vida de nuestros pueblos».

    «Nuestra relación con ustedes, con México, es de gran importancia. No hay otra en el mundo que tenga mayor impacto en las vidas de nuestros pueblos», dijo el diplomático, que llega en medio de una caldeada agenda bilateral marcada por la agresiva retórica del presidente, Donald Trump, y la guerra arancelaria lanzada desde su llegada a la Casa Blanca en enero.

    Johnson indicó que trabajará junto con la presidenta Sheinbaum y su equipo «temas de interés como la seguridad, la frontera y la migración».

    «Las muchas llamadas entre nuestros presidentes reflejan la importancia de nuestra relación y prioridades compartidas», agregó en un video filmado junto a su esposa, Alina Arias Johnson.

    El embajador estadounidense afirmó que México y Estados Unidos, más que «socios» son «vecinos y amigos»,

    Johnson, quien fue confirmado por el Senado estadounidense como embajador en México el pasado 9 de abril, asume el cargo que estaba vacante desde la salida de Ken Salazar, quien fue el embajador durante la Administración de Joe Biden (2021-2024) y que protagonizó algunos desencuentros con los Gobiernos mexicanos de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y la actual mandataria.

    Su llegada causa expectativa en México porque su anterior puesto diplomático fue como embajador en El Salvador (2019-2021) durante la primera presidencia de Donald Trump (2017-2021), cuando hubo un acercamiento con el Gobierno de Nayib Bukele, uno de los mayores aliados del mandatario estadounidense en Latinoamérica.

  • Más de 60 inmigrantes regresan a sus países en el primer vuelo de autodeportados de Trump

    Más de 60 inmigrantes regresan a sus países en el primer vuelo de autodeportados de Trump

    Más de 60 inmigrantes viajaron este lunes voluntariamente a sus países de origen como parte del «Proyecto de Regreso a Casa» del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, lo que supone el primer grupo de indocumentados que decide autodeportarse, informó la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem.

    El grupo de 64 inmigrantes, 38 hondureños y 26 colombianos, viajó desde Houston (Texas) a sus países.

    «El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizó hoy su primer vuelo chárter con 64 personas que decidieron voluntariamente autodeportarse a sus países de origen», destacó Noem en un comunicado.

    La secretaria subrayó que el vuelo no hace parte de los operativos del Servicios de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y que a todos las personas que viajaron se les ofrecieron los mismos beneficios que a cualquier extranjero indocumentado que se autodeporta utilizando la aplicación CBP Home.

    Los inmigrantes recibieron asistencia para el viaje y un estipendio de 1.000 dólares. Además, todos “preservaron” la posibilidad de regresar legalmente a Estados Unidos algún día.

    Según el DHS, los 38 hondureños también se beneficiaron del programa «Hermano, Hermana, Vuelve a Casa» del Gobierno hondureño, que incluye un bono adicional de 100 dólares para mayores de 18 años, cupones de alimentos y asistencia para encontrar empleo.

    En Colombia, los 26 retornados recibieron servicios sociales a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

    Noem invitó nuevamente a los indocumentados a salir de forma voluntaria y recibir apoyo financiero.

    Insistió en que la Casa Blanca dará la oportunidad a los inmigrantes que se acojan a este programa a regresar a EE.UU. de forma legal, aunque no explicó cuáles serían las vías para evitar los castigos señalados por la ley.

    Finalmente, advirtió que los indocumentados que no se autodeporten estarán sujetos a multas, arresto, deportación “y nunca podrán regresar”.

  • Tribunal federal ordena a EE.UU. repatriar a joven venezolano enviado al Cecot

    Tribunal federal ordena a EE.UU. repatriar a joven venezolano enviado al Cecot

    Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ratificó este lunes la orden que exige al Gobierno del expresidente Donald Trump traer de vuelta al país a un migrante venezolano, quien fue deportado erróneamente a El Salvador y recluido en el penal de máxima seguridad Cecot, en marzo pasado.

    En un fallo dividido de dos votos contra uno, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito respaldó la resolución de un juez federal de Maryland, que estableció que el joven de 20 años no podía ser deportado mientras tuviera vigente su proceso de asilo y contara con las protecciones migratorias destinadas a menores no acompañados.

    Los jueces DeAndrea Benjamin y Roger Gregory desestimaron los argumentos del Gobierno, que se basaban en la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar la expulsión. Según la administración Trump, el joven formaba parte del grupo criminal Tren de Aragua, con presuntos nexos con el Gobierno venezolano.

    u201cNos enfrentamos nuevamente a los esfuerzos del Ejecutivo por dejar de lado el Estado de derecho en pos de sus objetivosu201d, señaló Gregory. u201cEs deber de los tribunales erigirse como un baluarte contra las corrientes políticas que buscan anular las protecciones constitucionalesu201d, añadió.

    Paralelamente, el Tribunal Supremo de EE.UU. decidió el viernes mantener suspendido el uso de dicha ley de 1897 —destinada a tiempos de guerra— para deportar migrantes venezolanos. El alto tribunal dictaminó que el bloqueo se mantendrá vigente mientras el Quinto Circuito analiza las demandas de los migrantes y defensores de derechos humanos.

    En el marco de ese operativo impulsado el 15 de marzo, bajo la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, el Gobierno de Trump deportó a 238 venezolanos y 23 salvadoreños al penal de máxima seguridad Cecot en El Salvador, acusándolos de pertenecer a pandillas, sin presentar pruebas públicas.

    Entre ellos estaba Kilmar Ábrego García, residente legal en Maryland, casado con una ciudadana estadounidense y protegido por una orden judicial que prohibía su deportación. Las autoridades migratorias reconocieron posteriormente que su expulsión fue un error.

  • Trump firma la ley que prohíbe difundir sin permiso pornografía generada con IA

    Trump firma la ley que prohíbe difundir sin permiso pornografía generada con IA

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó este lunes una ley que prohíbe la divulgación de imágenes sexuales de una persona sin su consentimiento, incluidas aquellas generadas con inteligencia artificial (IA).

    El mandatario republicano firmó la norma durante un acto en los jardines de la Casa Blanca, acompañado por la primera dama, Melania Trump, quien apoyó esta legislación a lo largo de todo su proceso de tramitación.

    «Con el auge de las imágenes generadas mediante inteligencia artificial, innumerables mujeres han sido acosadas con «deepfakes» y otras imágenes explícitas distribuidas en contra de su voluntad», declaró Trump, quien advirtió que los responsables podrían enfrentar penas de hasta tres años de prisión.

    Melania celebró que la ley representa «una victoria que ayudará a los padres y a las familias a proteger a sus hijos de la explotación en internet».

    La Ley de Retirada de Contenidos (Take It Down Act), impulsada por el senador republicano Ted Cruz y la demócrata Amy Klobuchar, fue aprobada en abril por el Congreso con un amplio respaldo de ambos partidos.

    La norma prohíbe la difusión deliberada en internet —o la amenaza de hacerlo— de imágenes íntimas de una persona sin su consentimiento, incluidas aquellas generadas por inteligencia artificial, como la pornografía «deepfake».

    Además, obliga a los sitios web y plataformas de redes sociales a eliminar dicho contenido en un plazo máximo de 48 horas tras la solicitud de la víctima.

  • Israel bombardea los generadores del último hospital activo del norte de Gaza

    Israel bombardea los generadores del último hospital activo del norte de Gaza

    Las Fuerzas Armadas israelíes bombardearon este lunes los generadores del Hospital Indonesio de Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, con lo que han dejado sin suministro y por tanto inoperativo el que era el último hospital plenamente operativo del norte del enclave palestino.

    «Un apagón total afectó al Hospital Indonesio después de que las fuerzas de ocupación atacaran los generadores. El ataque a los generadores implica la suspensión total de las operaciones del hospital», informó el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás.

    El Ministerio denuncia que «la destrucción de los generadores supone un ataque contra la columna vertebral de los servicios sanitarios y el fin de la actividad hospitalaria en la Franja de Gaza». Estos ataques israelíes contra hospitales y centros de salud auguran «escenarios catastróficos», según el Gobierno gazatí.

    El pasado sábado las autoridades sanitarias gazatíes denunciaban el cerco militar israelí sobre el Hospital Indonesio, los constantes impedimentos de Israel a la «llegada de pacientes, personal médico y suministros».

    En concreto alertaban de un ataque de drones israelíes que dispararon directamente contra la unidad de cuidados intensivos del centro hospitalario. Pacientes, heridos y personal médico han entrado en un estado de «pánico y confusión» e incluso tuvieron que hacer un desalojo de emergencia, que se ha saldado con dos heridos, denunciaron.

    Israel no se ha pronunciado sobre este último acontecimiento pero, por norma general, ha confirmado asedios y ataques a otros centros médicos del enclave bajo el argumento de que servían de escondite o centros de mando de las milicias del movimiento islamista palestino Hamás.