Categoría: El Mundo

El presidente estadounidense,

Donald Trump, aseguró este miércoles desde Doha que hay una posibilidad de que él vaya a Turquía para las conversaciones sobre la guerra de Ucrania en la que está invitado el presidente ruso, Vladímir Putin.

«No sé si aparecerá (Putin). Sé que le gustaría que estuviera allí. Y es una posibilidad…He estado pensando en ello», afirmó a periodistas al aterrizar el Air Force One en el aeropuerto de Doha.

Igualmente, señaló que mañana tienen «la agenda completa» con su visita a Emiratos Árabes Unidos (EAU), la tercera y última parada de su gira por Oriente Medio, y añadió que «eso no significa que yo no lo hiciera (ir a Turquía) para salvar muchas vidas y regresar».

Dijo que no sabe si Putin irá a Turquía en el caso de que él mismo no vaya: «Vamos a averiguarlo. Marco (Rubio) va a ir y Marco ha sido muy eficaz», en referencia al secretario de Estado estadounidense.

Al ser preguntado cómo estaba Putin gestionando esta situación, respondió: «No lo sé. Os diré en una semana. Os diré en unos días».

Ayer, Trump afirmó desde Riad que las conversaciones en Turquía de mañana, a las que sí acudirá el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, «podrían dar muy buenos resultados».

Y dijo que ha estado trabajando «sin descanso para poner fin al terrible derramamiento de sangre entre Rusia y Ucrania»

El anuncio del presidente de Estados Unidos,

Donald Trump, de levantar las sanciones impuestas a Siria desató una oleada de celebraciones en las calles del país árabe,

tras una decisión considerada histórica y que llega seis meses después de la caída del régimen de Bachar al Asad.

Las calles de Siria se llenaron de madrugada de ciudadanos que salieron a celebrar el anuncio de Trump en varias provincias del país como

Damasco, Latakia, Alepo, Hama, Homs, Idlib o Tartús,

entre otros, según recogieron medios sirios y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

El presidente estadounidense anunció el martes en Riad el levantamiento de sanciones a Siria tras conversar con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, y después de que su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, le trasladara también una petición similar.

«Tras años de asedio económico y presión política, EE.UU. anunció la decisión de comenzar a levantar las sanciones contra Siria, lo que desató una oleada de alegría sin precedentes en todo el país», recogió el Observatorio, que documenta crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos desde el estallido del conflicto en Siria en 2011.

Los medios sirios publicaron varios vídeos e imágenes de ciudadanos celebrando con entusiasmo y ondeando banderas sirias desde coches y casas, entre cánticos patrióticos.

Durante los festejos, el Observatorio documentó la muerte de un joven y su madre en Latakia como consecuencia de «balas perdidas» disparadas al aire por algunos participantes en las celebraciones.

«Las ciudades y pueblos sirios fueron testigos de una alegría popular generalizada, un momento nacional unificador que muchos compararon con los días de grandes transformaciones que experimentaron los sirios», señaló el Observatorio.

Asimismo, instó a la comunidad internacional a «continuar apoyando los esfuerzos de recuperación económica, enfatizando la necesidad de que este apoyo vaya acompañado de avances tangibles en materia humanitaria y de derechos humanos».

Sobre Siria pesan un gran número de sanciones impuestas principalmente durante el mandato de Al Asad y, si bien algunas de ellas fueron suspendidas en los meses siguientes a su caída el pasado diciembre, el grueso de las estadounidenses suponía un gran obstáculo para el desarrollo económico y la reconstrucción del país.

El deterioro físico del expresidente Joe Biden fue tan notorio durante la segunda mitad de su mandato que sus asesores más cercanos llegaron a debatir la posibilidad de utilizar una silla de ruedas si ganaba un segundo periodo presidencial, según revela el libro Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again, escrito por Jake Tapper (CNN) y Alex Thompson (Axios).

El texto, que será publicado el 20 de mayo, se basa en más de 200 entrevistas con figuras del Partido Demócrata, la mayoría realizadas después de las elecciones presidenciales de 2024. De acuerdo con Axios, los colaboradores del mandatario consideraban que usar una silla de ruedas era políticamente inviable durante la campaña, aunque creían que podría ser necesaria en caso de ser reelegido.

El médico personal de Biden, Kevin O’Connor, advirtió al equipo que una caída podría obligarlo a usar una silla de ruedas durante su recuperación. Para evitar estos escenarios, se diseñaron estrategias para acortar sus recorridos públicos, añadir barandales en accesos y permitirle abordar el Air Force One por escaleras más cortas.

El libro detalla que sus asistentes incluso lo acompañaban al cruzar el jardín de la Casa Blanca para ocultar su caminar vacilante y sostenerlo en caso de caída. Las preocupaciones aumentaron tras una caída durante un acto en la Academia de la Fuerza Aérea en 2023, que llevó a intensificar la llamada “misión no-dejes-que-se-caiga”, incluyendo zapatos antideslizantes y mapas visuales detallados para orientarlo durante sus actos públicos.

Los autores describen que, además de las dificultades físicas, Biden comenzó a olvidar nombres, mostrarse desorientado y perder claridad cuando se encontraba fatigado. Aun así, su equipo descartó someterlo a una prueba cognitiva al inicio de 2024.

“Biden, su familia y su equipo dejaron que el miedo a un segundo mandato de Trump justificara intentar mantener en el poder a un hombre anciano que a veces se mostraba confuso”, escriben Tapper y Thompson. La obra critica con dureza lo que considera un encubrimiento sistemático de su declive.

El libro revela que Biden fue incapaz de reconocer al actor George Clooney, al que conocía bien desde hacía años, en un evento de campaña celebrado en junio de 2024, apenas 12 días antes del debate con Donald Trump que precipitó su abandono de la candidatura presidencial.

”Lo que el público vio de su desempeño fue preocupante. Lo que sucedía en privado era peor. Si bien Biden, día tras día, podía tomar decisiones, demostrar sabiduría y actuar como presidente, hubo varios problemas importantes que complicaron su presidencia”, asegura un extracto del libro -que saldrá a la venta el 20 de mayo- publicado el martes por The New Yorker.

El texto habla de “un número limitado de horas en las que podía funcionar de manera fiable y un número cada vez mayor de momentos en los que parecía bloquearse, perder el hilo de sus pensamientos, olvidar los nombres de sus principales asesores o, momentáneamente, no recordar a amigos que conocía desde hacía décadas”.

Un ejemplo de esto tuvo lugar el 15 de junio de 2024, escriben los autores, en un acto para recaudar fondos celebrado en Los Ángeles y en el que participaron los actores George Clooney y Julia Roberts.

”Biden apareció cojeando por una esquina. Clooney sabía que el presidente acababa de llegar de la cumbre de líderes del G-7 en Apulia, Italia, esa mañana y podría estar cansado, pero, ¡caramba!, no se esperaba esto. El presidente parecía muy disminuido, como si hubiera envejecido una década desde la última vez que Clooney lo había visto, en diciembre de 2022. Daba pasitos cortos, y un asistente parecía guiarlo del brazo”, narra el texto.

Tras acercarse a Clooney y despacharle hasta en dos ocasiones con el ”gracias por venir” que le estaba dedicando al resto de asistentes a los que no conocía, el ayudante que iba con él tuvo que hacer énfasis en que se trataba de Clooney.

“¡Ah, sí! ¡Hola George!”, respondió finalmente Biden, según el libro.

El evento, en el que otros asistentes aseguraron que Biden se mostró “lento de reacción y casi catatónico”, fue, junto con la pobre actuación de expresidente en el debate con Trump el 27 de junio, crucial para que Clooney escribiera el editorial que el The New York Times publicó poco después, el 10 de julio, pidiendo un nuevo candidato para el Partido Demócrata.

Joe Biden depuso finalmente su candidatura a las presidenciales de noviembre el 21 de julio, dando paso a su vicepresidenta, Kamala Harris, que perdió los comicios de noviembre ante Trump.

En respuesta a estas revelaciones, un portavoz de Biden afirmó que el informe médico indicó una marcha rígida derivada de desgaste en la columna, pero que no requería tratamiento especial. “Sí, hubo cambios físicos por la edad, pero eso no implica incapacidad mental”, expresó.

En una reciente entrevista junto a su esposa Jill Biden, el exmandatario defendió su gestión: “Los autores de esos libros no estuvieron en la Casa Blanca con nosotros. Joe trabajaba duro todos los días”, aseguró la exprimera dama.

El libro también narra el momento decisivo de la campaña: el debate presidencial de junio de 2024, donde un Biden pálido y con dificultad para responder, quedó expuesto ante el expresidente Donald Trump. Tres semanas después, Biden se retiró de la contienda.

Paredes deterioradas, escombros esparcidos, celdas sin inodoros y puertas oxidadas: así se encuentra hoy Alcatraz, la mítica prisión en la bahía de San Francisco que en el pasado albergó a criminales legendarios como Al Capone y que ha vuelto a ser noticia tras la orden del presidente de EE.UU., Donald Trump, de reabrir sus instalaciones para encerrar «a los delincuentes más despiadados y violentos» del país.

Alcatraz «resultaba tres veces más cara diariamente que cualquier otra prisión en EE.U.», dice uno de sus guías a un grupo de turistas que acudió esta semana al recinto. Esa fue una de las principales razones por la que el penal quedó en desuso en 1963, tan solo tres décadas después de su apertura.

El 4 de mayo Trump dijo en su red, Truth Social, que había dado instrucciones a la Oficina de Prisiones (BOP), junto con el Departamento de Justicia, el FBI y Seguridad Nacional, para reabrir esa cárcel que ha quedado inmortalizada como un icono cultural gracias a las leyendas en torno a sus reos y películas de Hollywood.

Su aviso no incluyó un cronograma ni estimaciones de costos y el plan aún necesita la aprobación del Congreso para recibir financiación, pero la iniciativa ya ha desatado reacciones negativas.

Entre ellas la del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, quien en su pódcast acusó a Trump de intentar desviar la atención de la crisis económica generada por sus políticas arancelarias con un proyecto que «no va a ningún lado».

También la del senador de California Scott Wiener, quien en una entrevista radiofónica calificó la propuesta de «ridícula», argumentando que el proyecto sería «increíblemente caro» y cuestionando quiénes serían los recluidos en un lugar históricamente vinculado a condiciones extremadamente duras y a un enfoque punitivo, más que rehabilitador.

Además, la orden de Trump agrava la presión sobre la BOP, que de acuerdo con medios locales ya está lidiando con problemas de infraestructura y falta de personal, a lo que se suma la exigencia de albergar a miles de migrantes detenidos como parte de la política de deportaciones masivas impulsada por su Administración.

«Ya no seremos rehenes de criminales, matones y jueces que tienen miedo de hacer su trabajo y permitirnos expulsar a criminales que entraron ilegalmente en nuestro país. La reapertura de ALCATRAZ servirá como símbolo de Ley, Orden y JUSTICIA», expresó el mandatario el pasado domingo.

La prisión, que no ha albergado reos en más de 60 años, se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de San Francisco y está gestionado por el Servicio de Parques Nacionales, que cobra entre unos 30 y 50 dólares la entrada.

Anualmente recibe a más de 1,4 millones de visitantes gracias a sus impactantes vistas al Golden Gate, su mítica historia de fuga de dos prisioneros y la presencia de criminales célebres como Al Capone, quien sufrió un marcado deterioro de su salud mental por las duras condiciones del lugar.

Una propuesta difícil de creer…

Para muchos, la propuesta es difícil de creer, mientras que en otros ha despertado curiosidad.

«Me temo que no hay mucho que pueda decir sobre esta historia, excepto que es una idea loca de un hombre que no sabe de lo que está hablando», dijo a EFE el historiador de la Universidad de Stanford Richard White. «Imagino que hay gente que se lo toma en serio, pero yo no soy uno de ellos», añadió.

Pero en lo que se materializa la decisión de Trump, la isla sigue recibiendo a diario miles de turistas de todo el mundo, quienes ahora al recorrer el camino con muros recientemente derrumbados y repleto de excremento de aves en sus zonas al aire libre imaginan cómo este espacio y sus celdas vacías podrían, inesperadamente, volver a cobrar vida.

James, un joven de 22 años originario de Long Beach, California, viajó a San Francisco con sus amigos sólo para conocer la prisión y tras su visita se mostró a favor de su reapertura.

«Requerirá mucho trabajo y mucho dinero, pero creo que a la larga si se hace de forma correcta podría ser muy bueno. Seguro que (Trump) tiene un plan», comentó a EFE.

Otros turistas se muestran más escépticos. Mark, un hombre de 41 años de Phoenix, también está de acuerdo con la rehabilitación del espacio, pero quisiera tener más detalles del proyecto.

Mientras que Chad, de Cleveland, cree que es un tema que no debería estar ni siquiera en discusión. «Estoy seguro de que las prisiones que ya existen están haciéndolo bien. Muy probablemente no necesitamos esto», concluyó.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes que su Gobierno está listo para buscar a los más de 250 migrantes del país caribeño detenidos en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, tras haber sido deportados por Estados Unidos en marzo pasado, bajo la acusación de supuestamente pertenecer a la banda criminal transnacional Tren de Aragua.

«Estamos listos para ir a buscarlos en un avión venezolano y traerlos a los brazos de sus familias. Eso, con el favor de Dios padre todopoderoso, lo lograremos más temprano que tarde», expresó Maduro en un acto con candidatos chavistas a las elecciones parlamentarias del próximo 25 de mayo, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El gobernante, quien juró en enero pasado para un tercer mandato consecutivo de seis años tras su cuestionada reelección en 2024, hizo un llamado a exigir que «esos muchachos que están secuestrados sin juicio, sin derecho a un juez, sin derecho a la defensa y sin haber cometido ningún delito sean puestos en libertad de inmediato».

Maduro insistió en que rescatará a este grupo de migrantes que, insistió, están en «campos de concentración» en El Salvador.

Este martes, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que este grupo de migrantes en El Salvador podría estar en una situación de desaparición forzada en vista de la «completa incertidumbre» sobre su paradero y la situación en la que se encuentran tras ser deportados por EE.UU.

La portavoz de ese organismo de la ONU, Liz Throssell, afirmó que «ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han publicado listas oficiales de los detenidos y su situación legal en El Salvador sigue sin estar clara».

Además, Throssell señaló que en las instalaciones donde se encuentran los detenidos venezolanos reciben un «trato particularmente duro, sin acceso a representación legal o a sus familiares y sin otro contacto con el mundo exterior».

Sin embargo, a juicio del Gobierno venezolano, el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Volker Türk, no se ha pronunciado «con claridad» sobre la situación de los más de 250 migrantes.

La cartera de Exteriores de Venezuela indicó, en un comunicado, que han pasado más de seis semanas desde que el presidente Nicolás Maduro le «informó de manera directa al señor Türk» sobre lo que la Administración chavista tacha de «secuestro de más de 250 venezolanos en El Salvador, trasladados a centros de detención inhumanos».

Según el Gobierno de Nicolás Maduro, la «falta de acción ante estos crímenes refleja una actitud negligente y complaciente frente a violadores sistemáticos de los derechos humanos de los venezolanos.

El Gobierno de Donald Trump ha gastado unos $21 millones en vuelos para trasladar a apenas unos cientos de migrantes de Estados Unidos a la base naval de Guantánamo, según datos del Pentágono divulgados este martes.

Los $21 millones corresponden a 46 vuelos operados por el Pentágono entre EE.UU. y Guantánamo entre el 20 de enero y el 8 de abril para un total de 802.5 horas a un coste de $26,277 la hora.

Estos datos fueron obtenidos por la senadora demócrata Elizabeth Warren y difundidos por la cadena NBC News.

El traslado de migrantes a Guantánamo fue ordenado por Trump tras su regreso al poder en enero, cuando decretó la construcción de un centro de detención en esa base naval en Cuba con capacidad para 30.000 personas.

Lejos de esas cifras, desde enero han pasado menos de 500 personas por el lugar, con un pico de unas 200 al mismo tiempo, de las que ahora, según NBC News, solo quedan 32.

Muchos de los migrantes enviados a Guantánamo son venezolanos que el Gobierno de Trump vinculó con la banda del Tren de Aragua.

En febrero, el Gobierno de Nicolás Maduro aceptó la repatriación de casi 200 de ellos, aunque negó que alguno tuviera vínculos con organizaciones criminales.

En un comunicado, Warren aseguró que «todo estadounidense debería estar indignado por el despilfarro de recursos militares que hace Donald Trump para financiar espectáculos políticos».

En una región como América Latina, marcada por el vaivén de gobiernos autoritarios, crisis institucionales y desigualdad persistente, la figura de José «Pepe» Mujica, presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, emerge como un caso atípico. No por haber roto moldes con una gran revolución política o una economía transformada radicalmente, sino por algo mucho más raro en la vida pública: la coherencia entre el discurso y la acción.

Exguerrillero del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, Mujica pasó catorce años en la cárcel, varios de ellos en condiciones infrahumanas. Salido de ese pasado convulso, en lugar de buscar revancha, construyó una carrera basada en la reconciliación, la austeridad y la democracia. Su llegada a la presidencia no fue el resultado de un populismo avasallante, sino del trabajo paciente dentro del sistema político uruguayo.

Mujica marcó un estilo de hacer política que contrastaba con la imagen tradicional del mandatario latinoamericano. Rechazó vivir en la residencia presidencial y prefirió su modesta chacra en las afueras de Montevideo. Donó la mayor parte de su sueldo a causas sociales. Se movía en un viejo Volkswagen Escarabajo y hablaba con la sencillez de quien no busca convencer con cifras o promesas, sino con ideas claras y sentido común.

En lo ideológico, Mujica fue pragmático. Bajo su Gobierno, Uruguay legalizó el matrimonio igualitario, despenalizó el aborto y se convirtió en el primer país del mundo en regular la producción y venta de marihuana desde el Estado. Estas decisiones, lejos de ser ocurrencias aisladas, fueron parte de una visión laica, moderna y centrada en los derechos individuales.

Pero más allá de las reformas concretas, el mayor legado de Mujica fue cultural. En un continente donde la clase política suele estar asociada con privilegio, corrupción y distancia del ciudadano común, él encarnó lo contrario. Mostró que se puede ejercer el poder sin ostentarlo. Que se puede gobernar con humildad, sin perder la firmeza. Que se puede ser de izquierda sin caer en el autoritarismo ni en el clientelismo.

Su impacto en la política regional fue más simbólico que estructural. Mujica no lideró una ola de presidentes similares. No fue el padre de una nueva corriente ideológica. Pero fue una referencia ética. Su voz se volvió un faro, especialmente en los foros internacionales, donde criticó el consumismo desmedido, la devastación ambiental y la hipocresía de los grandes poderes globales. Y lo hizo sin grandilocuencia ni agresividad. Con autoridad moral.

También habló de política como servicio, no como carrera. «El poder no cambia a las personas, solo revela lo que realmente son», dijo en una entrevista. Su estilo de liderazgo apeló a una conciencia que va más allá de lo partidario. Inspiró a jóvenes de toda la región a imaginar una forma diferente de intervenir en lo público.

Los críticos señalan que su Gobierno tuvo límites claros: crecimiento moderado, poca transformación estructural y dependencia de un contexto económico favorable. Y es cierto. Mujica no fue un reformador radical. Pero quizá su aporte más profundo no estuvo en los números, sino en el ejemplo. En poner sobre la mesa que otro tipo de liderazgo era posible.

En tiempos de polarización, su figura sigue generando respeto incluso entre sus adversarios. Porque no impuso, sino que convenció. Porque no dividió, sino que integró. Porque no se perpetuó, sino que se fue cuando terminó su mandato, y volvió a su chacra, a vivir como siempre. Sin escoltas. Sin lujos. Sin escándalos.

José Mujica no fue un salvador ni un mito. Fue, simplemente, un hombre que se mantuvo fiel a sí mismo y a sus convicciones. En una Latinoamérica donde muchas veces la política es vista con desconfianza, su paso por el poder dejó una pregunta abierta: ¿Y si se pudiera hacer distinto?

Esa pregunta, más que cualquier estadística, es su verdadero legado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este martes en un tribunal de San Diego (California) cargos por narcoterrorismo dirigidos contra dos líderes del Cartel de Sinaloa, lo que supone la primera vez que se presentan acusaciones de terrorismo ligadas con el narcotrátfico en el país.

Los acusados son Pedro Inzunza Noriega, de 62 años, y su hijo Pedro Inzunza Coronel, de 33 años, señalados de haber traficado toneladas de droga a Estados Unidos para el cartel mexicano.

La fiscal de EE.UU., Pam Bondi, dijo en un comunicado que desmantelar el Cartel de Sinaloa exige una respuesta legal innovadora y contundente. “Se acabaron sus días de brutalizar al pueblo estadounidense sin consecuencias; buscaremos cadena perpetua para estos terroristas”.

Por su parte, el fiscal federal Adam Gordon destacó en una conferencia de prensa la histórica acusación. “La de hoy es la primera vez que se presentan cargos contra líderes del Cartel de Sinaloa por narcoterrorismo y materiales para narcoterrorismo, en conexión con tráfico de cantidades masivas de fentanilo, cocaína, metanfetaminas y heroína”.

La acusación considera «materiales para cometer narcoterrorismo» los estupefacientes que el cartel de Sinaloa trafica hacia Estados Unidos.

Los cargos se basan en la orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, que en febrero pasado designó a varios carteles de las drogas de México, entre ellos el de Sinaloa, como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

Gordon dijo que para combatir a los carteles como organizaciones terroristas, desde el día que fue designado fiscal para el distrito del Sur de California, el pasado 11 de abril, formó una Unidad de Narcoterrorismo que colaboró para la investigación y formulación de los cargos presentados hoy.

El funcionario aseguró que a partir de ahora los líderes del narcotráfico enfrentarán “una cacería” tanto de sus amigos como de sus enemigos.

“Los vamos a perseguir hasta que al final enfrenten su destino en una corte federal del Sur de California”, sentenció el funcionario.

Los dos acusados, Pedro Inzunza Noriega, conocido como Sagitario, y Pedro Inzunza Coronel, apodado El Pichón, comenzaron a traficar desde hace décadas cocaína que traían desde Colombia a Estados Unidos, según documentos judiciales.

La acusación dice que más recientemente ambos se involucraron en el tráfico de fentanilo y drogas sintéticas. El 3 de diciembre de 2024, la policía mexicana allanó múltiples ubicaciones en Sinaloa que son controlados y administrados por el padre y el hijo, donde se incautaron 1,500 kilogramos (más de 1.65 toneladas) de fentanilo, la mayor convulsión de la droga sintética en el mundo.

Además de los Inzunza, fueron acusados en el caso los mexicanos David Alejandro Heredia Velázquez, de 50 años; Daniel Eduardo Bojorquez, de 47; Javier Alonso Vázquez Sánchez, de 31 años; el guatemalteco Oscar René González Menéndez, de 45 años, y el costarricense Elías Alberto Quirós Benavides, de 53 años.

Si son declarados culpables podrían enfrentar una pena máxima de cadena perpetua, más multas económicas.

El Gobierno del presidente Donald Trump pidió este martes a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita reanudar las expulsiones de más de 200 migrantes venezolanos que están retenidos en un centro de detención en Texas.

La petición llega poco más de un mes después de que este tribunal interviniera de emergencia y bloqueara el traslado de estos hombres hacia una megacárcel en El Salvador, conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

En un recurso judicial de más de 60 páginas, los abogados del Ejecutivo señalan que los hombres están causando una situación «peligrosa» en el centro de detención.

Según el texto, 23 de los migrantes se «atrincheraron» recientemente en una celda durante horas y amenazaron con «tomar rehenes y hacerle daño a un agente» del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Tras el incidente, estos hombres fueron trasladados hacia otra cárcel en Texas.

El lugar en donde estas personas están detenidas es el centro Bluebonnet en Anson, Texas, donde recientemente imágenes capturadas con un dron mostraron a varios migrantes formando la sigla SOS en el patio del reclusorio.

El Gobierno republicano invocó una ley del siglo XVIII para justificar la expulsión de estos migrantes, a los que acusa de ser miembros de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, que surgió en una cárcel de Venezuela.

El pasado 19 de abril, el Supremo prohibió las expulsiones bajo dicha Ley de enemigos extranjeros, después de que un grupo de organizaciones en defensa de los derechos humanos presentara un recurso en el que aseguraba que el Ejecutivo estaba buscando trasladar a los migrantes a El Salvador.

La Administración Trump ha invocado esta norma, usada solo en tiempos de guerra, para llevar a cabo la expulsión de migrantes venezolanos, tildándolos de «invasores».

Washington llegó a un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para poder enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el CECOT, una prisión de máxima seguridad sobre la que recaen denuncias de abusos a los derechos humanos.

Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario del país centroamericano.

En total, EE.UU. ha enviado a esta cárcel a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, acusándolos de pertenecer al Tren de Aragua.

Sin embargo, según un análisis publicado por el portal Bloomberg, un 90 % de los más de 200 hombres que EE.UU. tiene encarcelados en El Salvador no tienen antecedentes penales en territorio estadounidense.

El expresidente de Uruguay, José Alberto “Pepe” Mujica, falleció este martes a los 89 años, luego de varios meses enfrentando complicaciones derivadas de un cáncer de esófago. La noticia fue confirmada por el actual mandatario Yamandú Orsi a través de sus redes sociales: “Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo”.

En abril de 2024, Mujica reveló que padecía un tumor en el esófago. Se sometió a sesiones de radioterapia y posteriormente a una gastrostomía, procedimiento que requiere el uso de una sonda gástrica para poder alimentarse. Más adelante, le colocaron un stent en el esófago para facilitar la ingesta. Sin embargo, tras conocer que el cáncer se había expandido, decidió no continuar con tratamientos adicionales.

Pepe Mujica nació el 20 de mayo de 1935. Fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, además de ocupar cargos como diputado y senador. También fue uno de los principales líderes del Movimiento de Participación Popular (MPP), la fuerza política más votada desde 2004 dentro del Frente Amplio.

Aunque se retiró del Senado en octubre de 2020, nunca se alejó por completo de la política. Apoyó activamente la candidatura presidencial de Yamandú Orsi, quien fue electo y asumió el 1 de marzo de 2025.

Antes de su vida política, Mujica fue un reconocido guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T). Fue capturado en 1964 y volvió a caer preso en varias ocasiones, enfrentando condiciones infrahumanas durante 13 años de encarcelamiento. Recobró su libertad con la restauración democrática en 1985. Cuatro años después, en 1989, el MLN se integró oficialmente al Frente Amplio, y nació el MPP bajo su liderazgo.

Durante su gobierno, Mujica impulsó leyes emblemáticas como la despenalización del aborto, la legalización de la marihuana y el matrimonio igualitario. Su estilo austero, su discurso directo y su imagen de sencillez lo convirtieron en una figura destacada en América Latina, llegando incluso a ser comparado con una estrella del rock por su popularidad.

Su mandato también enfrentó controversias, como el cierre de la aerolínea Pluna. El proceso terminó con condenas judiciales para el exministro de Economía Fernando Lorenzo y el expresidente del Banco República del Uruguay, Fernando Calloia, por avales bancarios irregulares durante la subasta de siete aeronaves en 2012.

Mujica concluyó su gobierno con altos niveles de aprobación: un 51 % según Equipos Consultores y 63 % según Opción Consultores. En el ábito internacional, fue admirado como un símbolo de paz, particularmente por su papel como mediador en el proceso de diálogo entre el gobierno de Colombia y las FARC. Su nombre incluso fue mencionado en varias ocasiones como candidato al Premio Nobel de la Paz.

Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo.

— Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) May 13, 2025