Categoría: El Mundo

El Departamento de Policía de Tennessee publicó este viernes el vídeo de un encuentro de los agentes de este estado en 2022 con Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño expulsado de EE.UU. por un «error administrativo».

El Gobierno de Donald Trump se ha apoyado en esta y otras interacciones que Ábrego ha tenido con las autoridades para justificar su decisión de haberlo enviado a una megacárcel en El Salvador, a pesar de que el Supremo ordenó «facilitar» su regreso.

En el vídeo, se ve cómo las autoridades de Tennessee pararon a Ábrego en la carretera en 2022 por estar manejando por encima del límite de velocidad. Al revisar el vehículo, los policías notaron que el carro llevaba ocho personas y sospecharon que estaba transportando migrantes indocumentados.

«Él es el único que habla inglés», le dice un oficial de policía a otro en el vídeo, «le están pagando por eso». Cuando los agentes buscaron el nombre de Ábrego en una base de datos, les alertó de contactar a las autoridades federales.

Tres años antes de este encuentro, en 2019, las autoridades en Maryland -el estado donde residía Ábrego- lo habían vinculado con la pandilla salvadoreña MS-13, pero nunca se presentaron pruebas concluyentes.

Eventualmente, los federales instruyeron a la policía en Tennessee a dejar ir a Ábrego, y le dieron nada más una advertencia por manejar con una licencia de conducir vencida.

La Casa Blanca ha emprendido una campaña en contra de Ábrego y ha publicado decenas de documentos de los encuentros que el migrante ha tenido con las autoridades, incluyendo también dos solicitudes de orden de restricción por parte de su esposa y un arresto de 2019 en Maryland.

El salvadoreño, sin embargo, nunca ha sido acusado formalmente o condenado por un crimen y un juez le concedió en 2019 protección contra la deportación, después de que él pidiera asilo, testificando que temía volver a El Salvador por extorsiones a él y su familia.

Su abogado, Simón Sandoval Mohsenberg, acusó al Gobierno de querer dañar la imagen de Ábrego y aseguró que los hechos que han salido a la luz «no tienen que ver con el caso».

«Por eso no lo han sometido como evidencia», explicó el abogado a EFE y agregó que la única voz que EE.UU. no ha escuchado es la de Ábrego.

«Necesitan traerlo aquí y llevarlo a juicio; allí pueden presentar toda esa evidencia en la corte y él va a tener la oportunidad de contestar con su propia voz», añadió Sandoval.

Ábrego es uno de los más de 200 migrantes que Trump decidió enviar al CECOT, como parte de un acuerdo con el presidente Nayib Bukele para retener a los hombres por un periodo de un año a cambio de un pago de 6 millones de dólares.

Organizaciones en defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado la expulsión de migrantes al país centroamericano, acusando al Gobierno de estar sometiendo a las personas a «desaparición forzosa».

A pesar de que el Supremo de EE.UU. emitiera a finales de mayo un fallo instruyendo al Gobierno a «facilitar» el retorno del salvadoreño, tanto EE.UU. como El Salvador han negado tener la potestad para hacerlo.

La Comisión de Protección de Datos (DPC) de Irlanda impuso una multa de $569 millones (530 millones de euros) a TikTok por haber transferido datos personales de usuarios del Espacio Económico Europeo (EEE) a servidores ubicados en China, incumpliendo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

El RGPD exige que toda transferencia de datos personales hacia terceros países garantice un nivel equivalente de protección al que se ofrece dentro de la Unión Europea. Sin embargo, la investigación del organismo irlandés determinó que TikTok no demostró, ni garantizó, que los datos accedidos desde China recibían ese nivel de seguridad.

Según el informe del DPC, la compañía controlada por ByteDance tampoco realizó evaluaciones de riesgo adecuadas, ni abordó la posibilidad de que autoridades chinas accedieran a información personal, amparadas en leyes antiterroristas o de contraespionaje que difieren de las normas europeas.

“El tratamiento de datos no fue transparente ni conforme a las disposiciones europeas”, afirmó Graham Doyle, comisionado adjunto del DPC. Durante el proceso, TikTok entregó información errónea al asegurar que no almacenaba datos en China, aunque en abril admitió que cierta información sí se guardó en servidores del país asiático.

La sanción incluye una orden para que TikTok adecúe su sistema de tratamiento de datos al marco legal europeo en un plazo máximo de seis meses. De lo contrario, las transferencias hacia China quedarán suspendidas. Las autoridades comunitarias aún analizan si se impondrán medidas adicionales.

El Gobierno estadounidense solicitó este viernes al Tribunal Supremo que permita a los miembros del controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), que dirige el magnate Elon Musk, acceder a registros personales de la Seguridad Social, después de que una jueza bloqueara temporalmente el acceso a dichos datos.

El escrito del procurador general de EE.UU., John Sauer, acusa a la jueza en cuestión de abusar de su autoridad, un argumento que la Administración del presidente Trump está enarbolando en varios procesos para cancelar los bloqueos con los que se han topado en los tribunales sus medidas más polémicas.

Según Sauer, la orden emitida el pasado 20 de marzo por la magistrada federal Ellen Hollander, del Tribunal de Distrito de Maryland, «inflige un daño continuo e irreparable a las urgentes prioridades federales y obstaculiza las funciones del poder Ejecutivo».

En línea con los cuestionamientos de las resoluciones judiciales del actual Gobierno estadounidense, Sauer considera que la orden temporal de Hollander es «una historia ya conocida» y que implica a un tribunal emitiendo «una medida cautelar de amplio alcance sin la autoridad legal para hacerlo».

La orden de Hollander está relacionada con la concesión a diez personas afiliadas al DOGE de acceso sin restricciones a registros de millones de estadounidenses en la Seguridad Social.

La información contenida en esos registros incluye números de la Seguridad Social, historial médico y de salud mental personal, información fiscal y del permiso de conducir, datos de cuentas bancarias, historial de ingresos, domicilios particulares y laborales, registros de nacimiento y matrimonio y de inmigración y/o naturalización, entre otros.

Los demandantes fueron la Federación Estadounidense de Profesores (AFT, por sus siglas en inglés), la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de Condados y Municipales (AFL-CIO) y la Alianza para Jubilados Estadounidenses (ARA) que consideraron que se concedió acceso a toda esa información sensible a personal sin preparación para la gestión de dichos datos privados.

Un juez de La Paz decidió este viernes mantener activa la orden de captura contra el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) por un caso de presunta trata agravada de personas, pese a que el miércoles una jueza de Santa Cruz anuló esa disposición para que el caso continúe en Cochabamba, bastión político y sindical del exmandatario.

Un documento, difundido por medios locales y que se atribuye al juez Franz Zabaleta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, señala que «como medida cautelar se ordena la suspensión temporal de la ejecución de toda determinación adoptada» en el caso.

Así mismo, el fallo menciona que dicha «medida cautelar» se mantendrá «entre tanto no se resuelva la presente queja».

Hace unos días, Nelson Cox, abogado de Morales, dijo a EFE que la decisión de la jueza cruceña Lilian Moreno otorgaba la «libertad irrestricta» al político y que no había posibilidad de que fuera apelada.

Además, Cox afirmó que esa determinación -ahora suspendida por un juez de La Paz- establecía que el caso debía pasar del sureño departamento de Tarija a Cochabamba, en donde la defensa de Morales insistiría en reclamar su inocencia en un proceso que -dice- fue cerrado en 2020 y reabierto con un nuevo tipo penal.

En octubre de 2024, la fiscal de Tarija Sandra Gutiérrez dictó una orden de captura contra el exmandatario, que posteriormente refrendada por un juzgado de esa misma región, por supuestamente tener un hijo con una menor de edad mientras era presidente de Bolivia.

Por este caso, los seguidores de Morales bloquearon carreteras durante 24 días para evitar su detención; además, el exmandatario no ha salido desde entonces del Trópico de Cochabamba, donde permanece resguardado por centenares de sus aliados.

A principios de este año, un tribunal de Tarija declaró en rebeldía a Morales, después de que el político no se presentara en dos ocasiones, al alegar enfermedad, a una audiencia que debía resolver la acusación en su contra por trata agravada de personas.

La Justicia también le prohibió a Morales salir del país, dispuso la anotación preventiva de sus bienes, la congelación de sus cuentas bancarias y que se emitiera la aprehensión contra el también exlíder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).

Morales, que ya gobernó Bolivia en tres mandatos (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019), pretende participar como candidato a la Presidencia de Bolivia en las próximas elecciones del 17 de agosto, pese al fallo constitucional que prohíbe la reelección continua o discontinua por más de una ocasión.

El exjefe de Estado y sus seguidores anunciaron que marcharán hacia La Paz el próximo 16 de mayo para inscribir su candidatura presidencial, sin revelar todavía el nombre del partido con el que se presentará a las elecciones, después tener que fuera apartado de la conducción del MAS, partido que fundó y lideró por casi 30 años.

Morales está distanciado del presidente Luis Arce, por diferencias en el manejo del Ejecutivo y por el manejo del MAS. No obstante, el lunes el mandatario boliviano fue proclamado como el candidato presidencial oficialista.

Estados Unidos designó este viernes como organizaciones terroristas a las pandillas haitianas Gran Grif y Viv Ansanm, a las que responsabiliza de fomentar la violencia extrema que asola Haití.

Ambas agrupaciones enfrentarán ahora sanciones económicas y legales impuestas por el Departamento del Tesoro.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros incluyó a estas bandas en su lista de “organizaciones terroristas transnacionales”, lo que impide cualquier tipo de apoyo económico y permite sancionar a quienes les proporcionen ayuda material o recursos.

Viv Ansanm es una coalición integrada por más de 20 grupos armados y es considerada una de las más violentas del país, junto a Gran Grif. Estas estructuras criminales controlan vastos territorios del país y han sido señaladas por ataques a la población civil, fuerzas de seguridad y personal de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS).

Las consecuencias de la violencia han sido devastadoras: más de 1,600 personas murieron y al menos 580 resultaron heridas solo en el primer trimestre de 2025, según Naciones Unidas. El número de desplazados internos ya supera el millón, un incremento del 48 % respecto a septiembre de 2024.

“Hoy anuncio que el Departamento de Estado ha designado a Viv Ansanm y Gran Grif como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados. La era de la impunidad para quienes apoyan la violencia en Haití ha llegado a su fin”, declaró Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., en un comunicado oficial.

Rubio añadió que estos grupos “representan una amenaza directa para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos” y que su propósito es instaurar un “Estado controlado por las pandillas” donde reinen el crimen y el terror.

Las autoridades estadounidenses también advirtieron que cualquier persona, incluidos residentes legales y ciudadanos estadounidenses, que colabore con estos grupos podría enfrentar cargos penales, ser declarada inadmisible o incluso expulsada del país.

“Elogiamos la valentía de la Policía Nacional de Haití y de los socios internacionales que apoyan la misión MSS”, dijo Rubio. También hizo un llamado a los líderes políticos haitianos a priorizar la seguridad y avanzar hacia elecciones libres para restaurar la democracia.

Estados Unidos reiteró su respaldo al pueblo haitiano y su compromiso con la estabilidad regional ante el crecimiento de la violencia impulsada por las pandillas.

La Comisión de Protección de Datos (DPC, pos sus siglas en inglés) de Irlanda multó a TikTok con una sanción de casi $600 millones por haber transferido datos personales de usuarios europeos a servidores en China, incumpliendo con las pautas de seguridad marcadas por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y cuenta con seis meses para adecuar el tratamiento de dichos datos a la normativa europea.

El RGPD requiere, entre otras cuestiones, un alto nivel de protección con respecto a los datos personales de los usuarios y su tratamiento, una exigencia que se mantiene cuando estos datos se transfieren a otros países.

Sin embargo, según la investigación llevada a cabo por la DPC, la red social propiedad de ByteDance infringió estas obligaciones sobre el tratamiento de datos personales planteadas en el RGPD y, por tanto, se le impuso una sanción de cerca de $600 millones, acompañada de una orden que exige que la red social adecue su tratamiento a la normativa en un plazo de seis meses.

En concreto, según detalla la DPC en un comunicado en su web, durante la investigación se examinó tanto la legalidad de la transferencia de datos personales de usuarios del Espacio Económico Europeo (EEE) por parte de TikTok a China, como sus requisitos de transparencia.

Así, según pudo concluir el organismo durante la investigación, TikTok infringió el RGPD porque «no verificó, garantizó ni demostró» que los datos personales de los usuarios europeos, a los que accedía de forma remota el personal de la compañía en China, recibían un nivel de protección equivalente al garantizado dentro de la Unión Europea.

Por tanto, se acusa a TikTok de no realizar las evaluaciones necesarias para mantener la seguridad de estos datos durante su transferencia a China, así como de no abordar el «posible acceso por parte de las autoridades chinas a datos personales».

En relación a este último punto, el Comisionado Adjunto del DPC, Graham Doyle, puntualizó que se han de tener en cuenta las leyes chinas antiterroristas, contraespionaje y otras leyes identificadas por TikTok como «materialmente divergentes de los estándares de la Unión Europea».

Además de la multa impuesta, se ha de tener en cuenta que la decisión de la DPC también incluye una orden que suspende las transferencias de TikTok a China si el tratamiento de los datos no se adecua a la normativa en los seis meses de plazo.

Por otra parte, la DPC también señala que, durante la investigación, TikTok ofreció información errónea al indicar inicialmente que no almacenaba datos de usuarios del EEE en servidores ubicados en China, mientras que, durante el pasado mes de abril, acabó informando de un problema por el que «una cantidad limitada de datos» personales de usuarios europeos se habían almacenado en servidores de China.

Tras informar de este fallo, TikTok reconoció que implicaba que había estado proporcionando información inexacta a la investigación. Con todo ello, Doyle ha concluido que, si bien TikTok ya ha informado al DPC de que los datos de usuarios europeos han sido eliminados, están considerando «qué otras medidas regulatorias podrían justificarse», en colaboración con las autoridades de protección de datos de la Unión Europea.

El Gobierno de Haití declaró este viernes el estado de emergencia en todo el territorio nacional durante tres meses, con el fin de facilitar las diversas intervenciones de las fuerzas del orden ante el deterioro de la seguridad por el avance de las sanguinarias bandas armadas en esta nación caribeña.

«Dada la magnitud de la situación, es imperativo decretar una gran movilización de los recursos y medios institucionales del Estado durante un período de tres meses consecutivos», señaló el Gobierno en un comunicado publicado en Facebook, en el que se recuerda que la situación de inseguridad tiene graves repercusiones en la vida de los ciudadanos y en los diferentes sectores de la economía nacional.

La adopción de estas medidas excepcionales «permitirá a las autoridades competentes disponer de medios adecuados y eficaces para llevar a cabo sus intervenciones y operaciones en mejores condiciones», prosiguió el comunicado.

Esta decisión forma parte de una serie de siete medidas adoptadas en el Consejo de Ministros el pasado miércoles, durante una sesión especial encabezada por el presidente del Consejo Presidencial de Transición, Fritz Alphonse Jean, acompañado por el primer ministro, Alix Didier Fils-Aime.

Así mismo, en estas circunstancias, el Gobierno anunció la creación de la Agencia Nacional de Seguridad (ANS), cuya misión será aplicar la política del Gobierno en materia de inteligencia y contrainteligencia, así como el tratamiento, la centralización y la síntesis de la información estratégica relativa a la seguridad nacional y la protección de los intereses fundamentales de la nación.

Un informe publicado el miércoles en Puerto Príncipe por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh, en francés) reveló que un total de 1.617 personas murieron y otras 580 resultaron heridas en los primeros tres meses del año en el país, a raíz de la violencia desatada por las bandas armadas, grupos de autodefensa, miembros no organizados de la población, así como por las operaciones de las fuerzas de seguridad.

El balance da cuenta también de que 161 personas fueron secuestradas entre enero y marzo pasados y alertó sobre los abusos de poder.

El organismo añadió que se produjeron 80 ejecuciones extrajudiciales entre enero-marzo, presuntamente cometidas por funcionarios de las fuerzas del orden.

Este viernes, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a la coalición de bandas criminales Viv Ansanm y a la pandilla Gran Grif, ambas de Haití, como organizaciones terroristas.

«Son una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos y a nuestros intereses en la región. Estas bandas han matado y continúan atacando a personas en Haití, a las fuerzas de seguridad haitianas y al personal de la misión de Apoyo Multinacional a la Seguridad (MSS)», dijo en un comunicado el secretario de Estado, Marco Rubio.

Viv Ansanm surgió en 2023 mediante una alianza entre G-9 y G-Pép, las dos principales bandas criminales que operan en la capital haitiana, Puerto Príncipe, casi totalmente en control de las pandillas en medio de la actual crisis que siguió al asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.

Un total de

906 personas consideradas como presos políticos continúan detenidas en Venezuela, según un informe difundido este viernes por la ONG Foro Penal, que contabilizó 17 nuevos arrestos además de una excarcelación.

En este recuento, la ONG indicó de los detenidos se dividen en 815 hombres y 91 mujeres, de los cuales 901 son adultos y cinco son adolescentes de entre 14 y 17 años de edad.

Asimismo,

Foro Penal calcula que, desde 2014 hasta la fecha, se han llevado a cabo en la nación caribeña un total de 18.334 «detenciones políticas».

La mayoría de los ciudadanos incluidos en este conteo fueron detenidos después de los comicios presidenciales de 2024, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, proclamó como ganador al actual gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, pese a las denuncias de «fraude» de la oposición mayoritaria, que defiende la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia.

Por su parte, la ONG Espacio Público registró el año pasado 99 detenciones por «expresar opiniones» en Venezuela, un aumento del 254 % respecto a 2023, cuando documentó 28 casos, según el informe anual de la organización no gubernamental publicado este viernes.

Espacio Público advirtió que las presidenciales «marcaron un hito negativo en la garantía de derechos humanos» en el país.

La organización no gubernamental aseguró que

«se documentó una intensificación de la persecución y el hostigamiento contra ciudadanos, especialmente hacia opositores políticos, activistas y periodistas».

Esta semana, familiares de los considerados presos políticos pidieron a la ONU en Caracas que interponga sus «buenos oficios» en favor de la liberación de sus seres queridos.

Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, califican a quienes fueron detenidos tras las elecciones como «terroristas» y aseguran que no son presos políticos, sino que cometieron varios delitos.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, señaló este viernes a la líder antichavista María Corina Machado como la responsable de la reciente propuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre el intercambio de los 252 migrantes encarcelados en el país centroamericano por un mismo número de «presos políticos» en la nación caribeña.

«Quien hace la solicitud al delincuente Bukele para el supuesto intercambio es la señora María Machado a través de una carta, es María Machado la que le hace la solicitud», insistió Cabello en su programa matutino de los viernes.

La semana pasada, el mandatario salvadoreño reiteró su propuesta al dictador Nicolás Maduro, de intercambiar a los 252 migrantes deportados por Estados Unidos, que los acusa de supuestamente pertenecer a la banda criminal transnacional Tren de Aragua, por igual número de «presos políticos».

En respuesta, el régimen chavista dijo que se trata de una propuesta de «canje ilegal» que es «moralmente inadmisible», ya que se pretende condicionar la liberación de «personas inocentes a un intercambio por ciudadanos privados de libertad en Venezuela por causas completamente ajenas (comisión de terribles hechos punibles), sin fundamento jurídico ni ético».

También exigió la liberación «inmediata e incondicional» de esas personas en El Salvador.

Por otra parte, Cabello también señaló a Machado como «la única responsable de lo que le pase» a «los niños venezolanos, a las niñas venezolanas, que están siendo secuestrados, que están siendo robados por el Gobierno de los Estados Unidos».

En ese sentido, sostuvo que «es la responsable de lo que le ocurra» a la niña de dos años que, según el chavismo y la familia, fue separada de su madre en Estados Unidos y sigue en territorio estadounidense, mientras que la progenitora fue recientemente deportada y enviada a Venezuela.

Este jueves, Maduro, quien juró para un tercer mandato tras su cuestionada reelección en 2024, también responsabilizó a Machado y otros opositores de lo que le pueda pasar a la menor.

La organización civil Causa en Común advirtió este viernes de un aumento del 26 % en las desapariciones en México entre enero y abril de 2025, periodo en el que se registraron 5,018 casos, frente a los cerca de 4,000 contabilizados en mismo periodo del año anterior, según cifras oficiales.

En un comunicado, la ONG alertó que los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) del Gobierno mexicano muestran que en el país hay un promedio de 42 desapariciones diarias, lo que refleja la crisis que al respecto vive México, en donde se estima que más de 127.000 personas han desaparecido desde 1964.

Además, la organización avisó que, solo entre enero y marzo, en 11 estados mexicanos hubo más reportes de desapariciones que asesinatos.

Causa en Común indicó que en Ciudad de México se registraron 581 víctimas de desaparición y 242 de asesinato; en el Estado de México (centro), 611 personas desaparecidas y 481 asesinadas, y en Tamaulipas (norte), 110 desapariciones y 74 homicidios.

La ONG también señaló que en los primeros siete meses del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el pasado 1 de octubre, se identificaron «al menos 8,551 casos de personas desaparecidas y 155 fosas clandestinas».

«El gobierno federal sigue sin tomar acciones para enfrentar el drama de las desapariciones y opta por la indolencia ante las víctimas y el desdén hacia organismos internacionales», apuntó la organización no gubernamental.

Causa en Común se refirió así al diagnóstico del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU que hace un mes activó un procedimiento tras recibir «información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática» en México.

La organización rechazó la respuesta del Gobierno mexicano de «descalificar» a la ONU y proponer una serie de acciones sin contemplar «el fortalecimiento de instituciones clave, como las policías y las fiscalías, las unidades forenses o la Comisión Nacional de Búsqueda».

«En lugar de buscar soluciones, el gobierno ahora pretende el control de los datos biométricos de todos los mexicanos lo que, unido al amago de otras regresiones, como la intención de censurar los contenidos en redes y plataformas, refuerza la dirección de un gobierno enfocado en la destrucción de instituciones y la concentración de su poder», criticó la ONG.

Finalmente, la organización hizo una serie de recomendaciones al Estado mexicano para hacer frente a la crisis de desapariciones en México, en las que destaca la urgencia de «revertir la militarización» y promover la recuperación de la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Igualmente, Causa en Común pidió convocar al pleno del Sistema Nacional de Búsqueda, que no sesiona desde septiembre de 2024, y demandó la destitución de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, a quien consideró «inadecuada para el cargo».

Estas cifras se difunden luego del hallazgo de un rancho que presuntamente era un campo de adiestramiento del Cartel narcotraficante Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán, en el Occidental estado de Jalisco, que ha elevado la presión para que Sheinbaum atienda la crisis de desapariciones en México.