Categoría: El Mundo

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que hablará el martes con su par ruso, Vladimir Putin, para discutir el fin de la guerra en Ucrania, y que eso podría significar «dividir ciertos activos» entre los dos bandos.

Trump dijo el lunes a periodistas en el avión presidencial Air Force One que «tenemos mucho ya discutido con las dos partes, Ucrania y Rusia. Ya estamos hablando de eso, dividir ciertos activos».

Precisó que «estaremos hablando de tierras (…) estaremos hablando de plantas energéticas».

El presidente estadounidense propuso un alto el fuego en Ucrania de 30 días. Kiev aceptó la propuesta mientras que Moscú no ha dado una respuesta clara.

El emisario de Trump para temas internacionales, Steve Witkoff, quien se reunió por varias horas con Putin días atrás, dijo a la cadena CNN que Trump «realmente espera que haya algún tipo de acuerdo en las próximas semanas tal vez, y creo que será el caso».

Previamente, las cancillerías de Washington y Moscú informaron que el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, y su par ruso, Serguéi Lavrov, hablaron por teléfono el sábado y «discutieron las próximas etapas» para poner fin a la guerra.

La cancillería rusa indicó que abordaron «los aspectos concretos» de la continuación de las discusiones (iniciadas) en Arabia Saudita y «acordaron permanecer en contacto», sin mencionar la propuesta estadounidense de tregua.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump busca terminar con el conflicto de más de tres años y se ha acercado a Putin.

La llamada entre los jefes de la diplomacia rusa y estadounidense se dio luego de una cumbre virtual organizada por Londres el sábado.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo a los 26 líderes que se unieron a la llamada que debían centrarse en cómo fortalecer a Ucrania, proteger cualquier alto al fuego y mantener la presión sobre Moscú.

«Mi sensación es que, tarde o temprano, (el presidente ruso) va a tener que sentarse a la mesa y entablar un debate serio», dijo Starmer.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski anunció la designación de una «delegación» con vistas a negociar «una paz justa» con Rusia, según un decreto publicado el sábado.

Tras la cumbre virtual, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que quiere que «la presión sea clara» sobre Moscú, que «no da la impresión de querer sinceramente la paz».

«Es el momento de la verdad, porque si Rusia no se compromete sinceramente con la paz, el presidente Trump endurecerá las sanciones y represalias, y eso cambiará completamente la dinámica», declaró Macron a medios regionales.

El presidente ruso «intensifica los combates» y «quiere obtener todo y luego negociar», denunció el presidente francés en un mensaje del Elíseo a AFP.

Zelenski advirtió también ante periodistas que Rusia quiere tener «una posición más fuerte (en el terreno) antes del alto el fuego», y acusó el sábado a Moscú de retrasar las conversaciones.

Starmer y Macron han mostrado disposición a desplegar tropas británicas y francesas en Ucrania, pero no está claro si otros países aceptarán hacer lo mismo.

Rusia ha rechazado la idea de que soldados extranjeros actúen como fuerzas de paz en Ucrania.

Mientras tanto, los combates continúan y Moscú ha recuperado porciones de territorio esta semana en la fronteriza región de Kursk.

Según un decreto publicado este domingo, Zelenski reemplazó al jefe de Estado Mayor ucraniano, Anatoliy Bargylevych, por Andriy Gnatov, para «aumentar la eficiencia de la gestión».

Kiev declaró que su fuerza aérea había derribado 130 drones de fabricación iraní lanzados por Rusia sobre 14 regiones ucranianas.

Putin, por su parte, ha pedido a las tropas ucranianas asediadas en Kursk que se «rindan».

Moscú evacuó a 371 civiles en territorios que reconquistó en esa región, anunció el domingo el gobernador Alexander Khinshtein en redes sociales.

En Ucrania, una persona murió por un ataque de dron en Izium, en la región de Jarkov, y un inmueble residencial se incendió y una casa fue dañada el sábado por la noche en Cherniguiv (norte), producto de un «ataque» ruso, indicaron las autoridades.

El Gobierno de Perú informó el domingo que declarará el

estado de emergencia en las próximas horas en Lima Metropolitana y su vecina provincia de Callao, con la autorización para el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional.

El anuncio fue hecho por el primer ministro, Gustavo Adrianzén, en un mensaje publicado en la red social X, en medio de la crisis generada por la ola de violencia criminal que golpea al país, que este domingo desencadenó en la muerte del cantante de un popular grupo de cumbia.

«Tras reunión sostenida en Palacio de Gobierno, se ha dispuesto que en las próximas horas se decrete el estado de emergencia en toda la provincia de Lima y la provincia Constitucional del Callao, con el despliegue de tropas de nuestras Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional», sostuvo el primer ministro.

Adrianzén indicó que también se ha acordado convocar para este martes a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), que reúne a las principales autoridades de los poderes del Estado, y decretar una reforma del sistema penitenciario del país.

«Se ha previsto decretar una reforma integral del sistema penitenciario. En la lucha contra el crimen organizado, todos los peruanos debemos de mantenernos unidos, superando todas nuestras diferencias sean de cualquier índole», acotó.

El primer ministro hizo este anuncio horas después de que partidos de diferentes tendencias políticas, incluido el fujimorista Fuerza Popular, exigieran la renuncia o destitución del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Los pronunciamientos se incrementaron conforme avanza una ola de indignación en el país, luego de que el cantante Paul Flores, uno de los vocalistas del popular grupo de cumbia Armonía 10, muriera este domingo después de que el autobús de la agrupación fuera atacado con armas de fuego por desconocidos en una autopista de Lima.

Adrianzén expresó, al respecto, sus «más sentidas condolencias a los familiares, colegas y amigos de quien en vida fue Paul Flores» y aseguró «que este repudiable crimen no quedará impune».

Poco antes, la congresista opositora Susel Paredes anunció que ya ha conseguido las firmas necesarias para presentar una moción de censura contra Santiváñez.

La parlamentaria sostuvo que, tras la presentación de la moción, «ahora comienza el verdadero partido para ver quiénes defienden al Perú», en referencia a que la petición tendrá que ser debatida y votada en los próximos días por el Congreso.

La moción, que Paredes anunció hace dos semanas que iba a impulsar, pero aún no había logrado recolectar las firmas necesarias, cuenta ahora con el apoyo de legisladores conservadores, de derecha, centristas y de izquierda.

La exigencia de la salida de Santiváñez del cargo también recibió este domingo el apoyo de partidos como el fujimorista Fuerza Popular, el ultraconservador Renovación Popular y el derechista Avanza País.

El pronunciamiento de estas agrupaciones implica un cambio radical en el apoyo que daban hasta el momento a Santiváñez, quien a pesar de las críticas que le hace un gran sector de la ciudadanía y los partidos opositores ha sido defendido férreamente por la presidenta Dina Boluarte.

Tras el ataque que causó la muerte de Flores, medios locales señalaron que Armonía 10 al parecer es víctima de delincuentes dedicados a la extorsión que le exigen «cuantiosas sumas de dinero a cambio de su seguridad».

Por primera vez en 175 años los migrantes son la única causa que explica el crecimiento de la población de Estados Unidos entre 2022 y 2023, en medio de un declive de la natalidad, según el Instituto de Políticas Migratorias (MPI).

La migración «ha contribuido de forma importante al crecimiento de la población estadounidense, que se ha ralentizado en la última década debido al descenso de las tasas de natalidad», explica este centro con sede en Washington.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el número provisional de nacimientos en Estados Unidos en 2023 fue de 3.591.328, un 2% inferior al de 2022.

Ese año la tasa global de natalidad fue de 1.616,5 nacimientos por cada 1.000 mujeres, añade.

En medio de esta desaceleración demográfica, «la migración representó todo el crecimiento de la población total de Estados Unidos entre 2022 y 2023, la primera vez que esto sucede desde que comenzó la recopilación de datos censales» en 1850, informó el MPI.

La población inmigrante aumentó en 1,6 millones de personas entre esos dos años, es decir alrededor del 3,6%. En 2023 residían en Estados Unidos 47,8 millones de migrantes, según datos de la oficina del Censo.

Se trata de «la mayor cantidad en la historia del país», afirma el MPI, según el cual los migrantes representaron el 14,3% de la población estadounidense, integrada por 331,9 millones, cerca del récord del 14,8% registrado en 1890.

De ellos «casi tres cuartas partes estaban en el país legalmente como ciudadanos naturalizados, residentes permanentes legales», es decir con la famosa tarjeta verde, o con «visados temporales», precisa el MPI.

El grupo más numeroso era, por mucho, el nacido en México, con 10,9 millones de personas en 2023, o sea el 23% de la población migrante estadounidense, en comparación con el 29% en 2010. Le seguían India y China (incluyendo Hong Kong y Macao), con el 6% y el 5% del total respectivamente.

También destacaban países como Filipinas (4%); El Salvador, Cuba, Vietnam, República Dominicana y Guatemala (alrededor del 3% cada uno) y Colombia (2%).

Según la guía de estadísticas publicada anualmente por el MPI, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a 113.000 extranjeros potencialmente expulsables en el año fiscal 2024, que comienza el 1 de octubre del año anterior y termina el 30 de septiembre. Es un 34% menos que los 171.000 arrestos del año anterior.

El departamento de Seguridad Interior llevó a cabo 685.000 deportaciones en el año fiscal 2024, la mayoría de ellas de personas que habían cruzado ilegalmente la frontera.

Según datos de la ONU, Estados Unidos es el país con más migrantes del mundo, más incluso que los cuatro siguientes de la lista juntos (Alemania, Arabia Saudita, Reino Unido y Francia).

La sexta visita de este fin de semana del presidente Donald Trump a su mansión de Mar-a-Lago provocó una vez más complicaciones en la ciudad con bloqueos viales, pérdidas por restricciones en el espacio aéreo y el creciente temor de las autoridades locales de que los altos gastos de seguridad no sean reembolsados por el Gobierno federal.

Los residentes de la pequeña isla de Palm Beach, donde está la residencia en el condado del mismo nombre, y áreas cercanas soportan las alteraciones con una mezcla de resignación y frustración.

Algunos tratan de verle el lado positivo, pero en entrevistas con EFE todos coincidieron en que «los problemas son molestos». Eso, sin hablar de los gastos.

Los vecinos de Mar-a-Lago, una mansión híbrida entre residencia de los Trump y club privado, lamentan el ruido de las sirenas, la congestión viales cuando el presidente y su larga comitiva se están desplazando y el cierre de la calle que pasa por enfrente de la edificación.

«Antes que él llegan los helicópteros. Siempre se sabe cuándo viene el presidente. Se puede planificar, pero el cierre afecta mucho. Para entrar a la isla solo hay tres vías. Si cierras una, estás bloqueando un tercio del tráfico local», indicó un hombre que mantiene carteles electorales pro Trump en el jardín de su casa y evitó dar su nombre.

Residentes locales contaron este fin de semana que un trayecto que requiere 15 minutos cuando está abierto el paso puede transformarse en una odisea de más de una hora. «Como beneficio, es que esto se vuelve el lugar más seguro de Estados Unidos o del mundo», afirmó el hombre.

Durante la estadía presidencial, la Administración Federal de Aviación emite una restricción temporal de vuelo en un espacio de 30 millas náuticas (unos 55 kilómetros).

Los residentes de Flamingo Park, un vecindario a tres kilómetros del aeropuerto Internacional de Palm Beach sufren la medida. Los vuelos que despegan desde allí son obligados a cambiar sus rutas cada vez que Trump está en casa y los pone justamente sobre sus casas.

«Esto pasaba en la primera presidencia, pero esta vez ha aumentado la frecuencia y la intensidad y eso que apenas estamos empezando», dijo Christopher Ely, un profesor universitario de historia rusa, quien vive el bucólico vecindario desde hace 20 años.

Cifras oficiales registran un aumento del 16 % del tráfico aéreo en ese aeropuerto desde la primera presidencia Trump.

«Yo trabajo desde casa, muchas veces los fines de semana. Cuando pasan los aviones, no se puede ni hablar. Su ruta normal va por encima de Mar-a-Lago», agregó su esposa Madeleine Ely, quien gestiona eventos deportivos.

Dueños y gerentes de negocios locales cercanos también declinaron ser identificados. «Preferimos mantenernos neutrales», dijo la encargada de un bar. Sin embargo, los resultados de las visitas de Trump son mixtos.

En contraste, el aeropuerto de Lantana, a solo 8 kilómetros de Mar-a-Lago, sufre pérdidas millonarias porque no pueden operar durante las restricciones. Allí funcionan también escuelas de vuelo y compañías de helicópteros, con unos 772 empleados.

En 2017, las restricciones de vuelo les costaron 30.000 dólares diarios. Jonathan Miller, presidente de Stellar Aviation, dijo haber perdido medio millón solo en 2018. «Las cifras han aumentado con el paso de los años», agregó.

EFE pasó por las instalaciones y estaban vacías, algo atípico en esta época del año.

Este año, según datos oficiales, ya van 20 violaciones del espacio aéreo de vuelos comerciales, lo que ha obligado a la intervención de aviones de combate. Según Steven Armstrong, vicedirector del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, cada una de estas incursiones le cuesta a los contribuyentes unos 50.000 dólares.

Según Verdenia Baker, la administradora del condado de Palm Beach, ya se han desembolsado 45 millones de dólares en medidas de seguridad, incluyendo horas extras para el personal del departamento del alguacil, vigilancia aérea y marítima.

La gran pregunta es si y cuándo se recibirá un reembolso federal de este dinero.

«Recientemente pasamos horas en Washington D.C. trabajando con nuestra delegación del Congreso y la Casa Blanca para buscar apoyo», afirmó Todd Bonlarron, asistente del administrador del condado. Durante la primera presidencia de Trump lograron recibir el pago después de mucho esfuerzo, pero existe la preocupación de que esta vez la cantidad sería mucho mayor.

Mientras tanto. Palm Beach sigue en vilo, esperando respuestas del Gobierno federal sobre el reembolso y adaptándose a la nueva realidad de ser, una vez más, la «Casa Blanca de invierno».

Cuba comenzó este domingo a volver, aunque tímidamente, a la normalidad previa al colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) del pasado viernes, con cerca de la mitad del país aún en penumbras, 48 horas después del apagón nacional.

De acuerdo con el informe más reciente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), para la tarde noche del domingo, el país generaba 1.568 megavatios (MW), alrededor de la mitad de lo que precisaría la isla en ese momento en condiciones normales.

La estatal Unión Eléctrica (UNE) ha logrado reconectar gran parte del país a un único sistema y ya el SEN opera -aunque con un déficit que dobla los megavatios que se generan- entre el punto más occidental (Pinar del Río) y la provincial más oriental (Guantánamo).

El Ministerio de Educación informó que tres provincias del occidente -la región en la que se han presentado más dificultades para reconectar al SEN- no habrá clases este lunes: Pinar del Río, Artemisa y Mayabeque.

Como en los últimos tres apagones totales nacionales de los últimos seis meses (octubre, noviembre y diciembre de 2024), la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) comenzó el proceso para reconectar el SEN reactivando microsistemas (alimentados por grandes generadores que emplean fueloil o diésel) para luego interconectarlos y llevar la corriente a las grandes centrales para poder encenderlas y sincronizarlas.

Seis de las 20 unidades de generación térmica del país (distribuidas en siete centrales termoeléctricas) han arrancado hasta el momento.

Por otro lado, la central termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las mayores del país, ya se ha conectado al SEN, aunque actualmente aporta una fracción mínima de megavatios (MW) al sistema.

En La Habana, el 44 % de los consumidores aún no cuenta con corriente en sus hogares, según cifras oficiales. De acuerdo con la UNE, se espera que entre la noche de este domingo y la madrugada del lunes se restablezca el 100 % del servicio en la capital.

Este complejo proceso de avance incierto -y en ocasiones con retrocesos, como la caída de este sábado en La Habana- se prolongó durante varios días en los tres casos.

La «desconexión» del SEN ocurrió sobre las 8.15 de la noche del viernes, a raíz de una avería en la subestación de Diezmero, en las afueras de La Habana. Esto provocó la salida en cadena de varias unidades de producción eléctrica con una «pérdida importante de generación en el occidente de Cuba» y, posteriormente, la «caída total» del sistema.

Crisis energética

El SEN se encuentra desde hace meses en una situación muy precaria por las frecuentes averías en sus siete centrales termoeléctricas, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones, y por la falta de diésel y fueloil para sus motores de generación distribuidos por todo el país, porque el Estado no cuenta con las divisas necesarias para importar suficiente.

Expertos independientes explican que la crisis energética se debe a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959. El Gobierno apunta a los efectos de las sanciones estadounidenses en este ámbito.

Según diversos cálculos independientes, el Gobierno cubano precisaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el SEN, una inversión fuera de su alcance. Y cualquier solución sería posible tan sólo a largo plazo.

Los frecuentes apagones lastran la economía cubana, que se contrajo un 1,9 % en 2023 y no creció el año pasado, según estimaciones del propio Gobierno. De acuerdo a esas cifras, el PIB de la isla sigue por debajo de los niveles de 2019 y no lo superará este 2025, para el que el Ejecutivo prevé un avance del 1 %.

Los cortes también generan un fuerte descontento social y han sido detonante en los últimos años de inusuales protestas en la isla, como las masivas del 11 de julio de 2021, las del verano de 2022 en La Habana y Nuevitas (este) o las del 17 de marzo de 2024 en Santiago de Cuba (este) y otras localidades.

La Secretaría de Salud de Honduras confirmó este domingo el sexto caso de gusano barrenador en humanos, una enfermedad que hasta enero pasado solo había sido detectada en el país en animales.

El jefe de Vigilancia de la Salud de la Secretaría de Salud, Lorenzo Pavón, dijo que el sexto caso es una mujer de 82 años, residente en Tegucigalpa, la capital del país, quien fue diagnosticada tras el análisis de larvas encontradas en una lesión en su tráquea.

“Ayer (sábado) nos notificaron sobre un caso más en una persona de 82 años que presenta una lesión en la tráquea, que está expuesta”, subrayó Pavón, quien destacó que la paciente no es ganadera ni trabaja en una finca.

La miasis por gusano barrenador es una enfermedad parasitaria causada por la fase de larva o gusano de la mosca Cochliomyia hominivorax.

Las larvas infestan la parte más profunda de los tejidos provocando lesiones graves, la pérdida de la función de órganos y hasta podría causar la muerte en casos severos.

El tratamiento generalmente implica la extracción quirúrgica de la larva, seguida de cuidados locales para prevenir la infección.

El primer caso de gusano barrenador en humanos en Honduras fue confirmado el 6 de febrero, afectando a un hombre de 80 años de la localidad de Catacamas, departamento de Olancho (este), fronterizo con Nicaragua, quien ya se recuperó.

Los otros cuatro pacientes diagnosticados proceden de comunidades de los departamentos de Olancho y Lempira (occidente).

El septiembre pasado, el Gobierno de Honduras declaró emergencia sanitaria por la detección de los primeros cuatro casos de gusano barrenador en el ganado. Desde 2024, el país registra 863 casos de la enfermedad en animales.

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasa), dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, está llevando a cabo una vigilancia activa en las fincas afectadas y coordina actividades de prevención con ganaderos para combatir la enfermedad.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería ha diseñado un plan de prevención que incluye cuarentenas en los puntos de ingreso, vigilancia epidemiológica en áreas de riesgo, campañas de educación sanitaria masiva, y un aumento en el control de inspección y movimiento de animales.

Las autoridades ecuatorianas declararon una emergencia medioambiental en la provincia de Esmeraldas, en el norte del país, por la rotura, el pasado jueves, del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) a consecuencia de un deslizamiento de tierra.

El crudo lleva tres días extendiéndose por el río Esmeraldas, contaminando la principal fuente hídrica de miles de residentes, muchos de los cuales forman parte de comunidades afrodescendientes históricamente marginadas.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) situó el epicentro de la crisis en la zona de la rotura, en el sector El Vergel-El Mirador, del cantón de Quinindé, donde ya existía una declaración previa de emergencia por lluvias.

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica constató la presencia de hidrocarburos en la superficie del agua que circula por los canales del área protegida que es el Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río «afectando la cobertura vegetal del ecosistema manglar, la fauna y los sedimentos acuáticos».

Ante esta emergencia, el Ministerio solicitó, de manera inmediata, a Petroecuador, empresa estatal responsable del oleoducto «la implementación urgente de medidas de contención y limpieza en la zona afectada».

Una cadena de televisión haitiana denunció el domingo haber sido atacada y asaltada, a pocos días de que otros dos importantes medios de comunicación de ese país también fueran atacados en momentos de nuevos brotes de violencia en la capital.

La cadena Telepluriel anunció en su sitio web que sus instalaciones habían sido «vaciadas de sus equipos» para luego ser incendiadas en la noche del sábado al domingo.

En la noche del miércoles al jueves, las instalaciones de las estaciones radiales Mélodie FM y Radio-Télévision Caraïbes, la más antigua del país en el centro de Puerto Príncipe, fueron incendiadas, dijeron a la AFP varios reporteros de esos medios.

«Radio Télévision Caraïbes (RTVC), pilar de la información en Haití, fue golpeada por la violencia de las pandillas armadas», indicó en X el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé.

En un comunicado, la Asociación Nacional de Medios Haitianos señaló que «condena sin reserva este acto infame que consagra la continuidad del caos».

Puerto Príncipe es presa de una nueva oleada de violencia por enfrentamientos entre grupos y bandas armadas, que además atacan a varios barrios que no estaban bajo su control.

En diciembre, dos periodistas y un policía murieron en un tiroteo iniciado por pandillas.

Autoridades de Guatemala anunciaron este domingo la detención de un supuesto pandillero salvadoreño, acusado de estar implicado en el asesinato de un alcalde de un poblado de mayoría indígena, el segundo detenido por este homicidio ocurrido en febrero pasado.

«Investigadores» de la policía «capturaron al segundo implicado en el ataque armado donde falleció el alcalde de Chuarrancho», señaló la Policía Nacional Civil (PNC) en su cuenta en la red X.

El detenido es el salvadoreño Óscar Alfredo Martínez, de 31 años, supuesto miembro de la pandilla Barrio 18 de alias «El Guanaco», indicó la PNC.

Martínez, según las autoridades, estaría implicado en la muerte el pasado 26 de febrero de Gerson Saul Ajcúc Xot, alcalde de Chuarrancho, un municipio agrícola situado a unos 30 km de la capital. El alcalde de 49 años fue atacado a tiros mientras conducía su auto por una de las principales carreteras de acceso a la capital, Ciudad de Guatemala. Las autoridades no precisaron en qué lugar fue detenido Martínez.

Por el mismo caso, la semana pasada las autoridades guatemaltecas detuvieron a otro presunto pandillero del Barrio 18, identificado como Erick Fernando Solórzano, acusado de ser el «presunto responsable» de la muerte del alcalde. Ajcúc Xot había sido elegido alcalde en junio de 2023 por el partido del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024).

Guatemala cerró 2024 con una tasa de 16.1 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio del Interior, el doble del promedio mundial. Sin embargo, la cifra ha descendido desde 2014, cuando eran 29.6 por 100,000.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) pidió este domingo al gobierno estadounidense demostrar que la deportación de supuestos integrantes de la banda Tren de Aragua a El Salvador no ha violado el bloqueo judicial emitido el sábado contra la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros.

«Hemos pedido al Gobierno que le asegure al Tribunal que su orden no fue violada y estamos esperando la audiencia, además de intentar realizar nuestra propia investigación», dijo en un comunicado el abogado principal de la ACLU, Lee Gelernt.

Bajo la Ley de Enemigos Extranjeros invocada la víspera se ha enviado a cerca de 250 personas consideradas integrantes del Tren de Aragua a El Salvador, que el presidente de ese país, Nayib Bukele, se ha ofrecido a encarcelar a cambio de un «precio justo».

Esa normativa de 1798 no se había utilizado desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y el mandatario estadounidense, Donald Trump, recurrió a ella para acelerar las deportaciones contra miembros del Tren de Aragua.

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Es una autoridad que en tiempos de guerra permite detener o deportar a los ciudadanos de una nación enemiga sin audiencia previa y bajo la misma todos los venezolanos mayores de 14 años que se considere que pertenezcan a esa banda, estén en EE.UU. y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros.

No obstante, antes de su invocación y tras una demanda presentada por la ACLU y Democracy Forward, el juez federal James Boasberg había prohibido preventivamente su aplicación contra la deportación de cinco venezolanos y poco después de la misma amplió su veto para cubrir a todos los no ciudadanos bajo custodia de Estados Unidos que estarían sujetos a dicha normativa.

Su orden estará en vigor durante 14 días o hasta nuevo aviso y el magistrado apuntó que todo avión con esas personas a bordo, que fuera a despegar o que estuviera en el aire, debía volver a Estados Unidos.

«Oopsie.. demasiado tarde», dijo Bukele este domingo en X acompañando su frase del emoticono de una cara riéndose a carcajadas y una copia de la noticia del bloqueo judicial difundida por el diario New York Post.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció este domingo que bajo dicha Ley de Enemigos Extranjeros se ha enviado a El Salvador cerca de 250 personas consideradas integrantes del Tren de Aragua, y Bukele confirmó a su vez la llegada de ese grupo y difundió imágenes de la misma.