Categoría: El Mundo

  • Michael Waltz, defensor y promotor de Trump, es cesado

    Michael Waltz, defensor y promotor de Trump, es cesado

    El exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Waltz, durante años un arduo defensor de Donald Trump, fue el primer miembro del gabinete cesado por el presidente estadounidense desde su retorno al poder, después de originar el escándalo «Signalgate» y perder el favor del neoyorquino en las últimas semanas.

    Tras una brillante carrera militar, que incluyó despliegues en Afganistán, y de trabajar como director de políticas de Defensa en el Pentágono, Waltz logró un asiento en la Cámara de Representantes en 2018 por el estado de la Florida.

    En el Capitolio se convirtió en un fiero valedor del neoyorquino durante su primera presidencia (2017-2021) y también durante su campaña para renovar el cargo, donde lideró la coalición Veterans For Trump.

    Esas muestras de lealtad no evitaron que Waltz se convirtiera, por detrás de Michael Flynn -despedido en 2017 por Trump tras solo 24 días en el puesto-, en el segundo asesor de Seguridad Nacional más efímero de la historia de EE.UU. al conservar el empleo durante 101 días.

    Su salida ha confirmado de paso que el cargo parece maldito con Trump en la Casa Blanca, porque el eventual reemplazo de Waltz se convertirá en la sexta persona en ocupar ese rol entre la actual presidencia del republicano y la anterior. Ostenta de momento ese récord Ronald Reagan (1981-1989), que designó a seis asesores de Seguridad Nacional.

    La decisión del magnate neoyorquino, que ha respetado al pie de la letra la norma no escrita de no despedir a nadie antes de cumplir 100 días en el poder, llega en un momento de creciente desaprobación para su Gobierno, especialmente en el plano económico.

    A la caída en los sondeos y el retroceso del PIB en sus primeros tres meses, tras heredar un ritmo de crecimiento enérgico de manos de Joe Biden (2021-2025), se suman los reveses en los tribunales y las endurecidas críticas a su polémica política migratoria.

    Desde hace casi mes y medio, Waltz tenía muchas papeletas para protagonizar la primera purga de la segunda era Trump tras ser el causante del «Signalgate».

    El 24 de marzo se supo que incluyó, aparentemente por error, al editor jefe de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, en una sala de chat de la aplicación Signal en la que durante cuatro días varios miembros del gabinete compartieron datos sensibles sobre los preparativos de un ataque militar efectuado en Yemen.

    Waltz, de 51 años, reconoció el error públicamente, pero las explicaciones sobre por qué incluyó al periodista en el chat levantaron suspicacias sobre su lealtad hacia Trump y al movimiento MAGA, el que responde a las siglas de su lema «Make America Great Again» (Hacer Estados Unidos grande de nuevo).

    Muchos medios estadounidenses creen incluso que el descontento en la Casa Blanca con él arrancó antes, especialmente por parte de la jefa de gabinete, Susie Wiles, aparentemente disgustada con el perfil de los asesores que contrató.

    A principio de abril, Trump recibió en la Casa Blanca a la activista ultraconservadora Laura Loomer, una visita que se saldó con el despido de varios de esos cuestionados adjuntos de Waltz.

    A partir de ahí, el perfil del ya exconsejero de Seguridad Nacional, que en las primeras semanas del segundo Gobierno de Trump había estado en el centro de las conversaciones con Rusia o Ucrania o radiando las exigencias de Trump para con el programa nuclear iraní, comienza a diluirse.

    El pasado martes Trump le dijo que no lo acompañara a Míchigan al acto para conmemorar sus primeros 100 días, y este jueves el mandatario anunció en un mensaje en su red, Truth Social, que nomina al exmilitar para ser el embajador de EE.UU. ante la ONU, un gesto que en apariencia busca suavizar el que ha sido el primer despido de un cargo destacado en su segundo mandato.

    Mientras el líder republicano elija a su relevo, el secretario de Estado, Marco Rubio, ocupará también el cargo asesor de Seguridad Nacional, algo que no sucedía desde que Henry Kissinger ocupó ambos puestos entre 1973 y 1975.

  • Milei dice que le cumplió la promesa al Papa Francisco de cuidar a los pobres

    Milei dice que le cumplió la promesa al Papa Francisco de cuidar a los pobres

    El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró el jueves que cumplió la promesa que le hizo al Papa Francisco de proteger a los más vulnerables del país, una petición que el Pontífice le planteó durante su primer encuentro oficial en el Vaticano.

    Milei, quien encabezó la delegación argentina en el funeral del Papa celebrado el pasado sábado en la Basílica de San Pedro, explicó que su relación con el líder católico fue «muy interesante», a pesar de haberlo atacado duramente en el pasado.

    “Tuvimos una charla maravillosa”, relató el mandatario en una entrevista con la emisora El Observador.

    El presidente argentino reveló que, durante aquella conversación, el Papa le pidió que cuidara de los pobres, una solicitud que se repitió en llamadas telefónicas posteriores.

    “Tuvimos llamadas telefónicas en las que me decía: ‘Cuidame a los pobres’”, contó Milei.

    El gobernante afirmó que documentó el cumplimiento de ese compromiso, asegurando que su administración logró sacar de la pobreza a unos diez millones de argentinos, aunque reconoció que el problema persiste con un 33 % de la población aún en situación de pobreza.

    En esa primera reunión, Milei también pidió perdón en privado al Papa por sus “exabruptos” anteriores, entre ellos haberlo calificado como “el representante del maligno en la Tierra” durante su campaña presidencial.

    El mandatario respondió además a las críticas recibidas por no asistir a la capilla ardiente del Pontífice en la Basílica de San Pedro, aclarando que no tenía previsto acudir a ese acto, sino únicamente al funeral oficial.

    Durante el sepelio, Milei estuvo ubicado en la primera fila, conforme al protocolo, junto a su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y representantes del gobierno italiano, como el presidente Sergio Mattarella y la primera ministra Giorgia Meloni.

  • Unas 1,100 personas son arrestadas en el mayor operativo migratorio en historia de Florida

    Unas 1,100 personas son arrestadas en el mayor operativo migratorio en historia de Florida

    Un operativo migratorio de una semana en Florida se ha saldado con la detención de 1.120 inmigrantes, lo que marca un récord en arrestos en una batida en un solo estado en la historia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), destacaron este jueves autoridades locales y federales.

    Las detenciones ocurridas entre el 21 y 26 de abril se lograron tras la colaboración de personal de al menos siete agencias locales de Florida con ICE, que también tuvo el respaldo de agentes de la DEA, el FBI y la ATF, entre otros.

    Según los datos de ICE, 437 de los inmigrantes detenidos en el operativo bautizado ‘Marea Negra» son de Guatemala, 280 de México, 153 de Honduras, 48 de Venezuela, 24 de El Salvador y 178 de otros países. El 63 % de los arrestados tenía antecedentes penales o condenas previas.

    La subdirectora de ICE, Madison Sheahan, destacó hoy en una conferencia de prensa que el resultado del operativo marca la mayor cantidad de arrestos en un solo estado en una semana en la historia de ICE.

    Sheahan agradeció la colaboración de las diferentes agencias estatales de Florida para llevar a cabo el operativo, lo que espera se convierta en «un modelo» para que otros estados colaboren de forma más activa con los operativos de ICE.

    Por su parte, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, dijo que «ha insistido» en que su estado sea la punta de lanza en lo que respecta al apoyo estatal a la aplicación de la ley federal de inmigración.

    «El éxito de la Operación Marea Negra es prueba de nuestro compromiso», subrayó el gobernador floridano, que dijo que el estado está «listo, dispuesto y capacitado para ir al siguiente nivel».

    El republicano dijo que quiere ampliar el papel de Florida más allá de los arrestos de inmigrantes y ha propuesto al Departamento de Seguridad Interna (DHS) adjudicar poderes al personal estatal para acelerar las deportaciones utilizando a miembros de la Guardia Nacional como jueces de inmigración.

    «Si se aprueba, nos lanzaremos a la acción. Y podremos abarcar todos los aspectos, desde la aprehensión hasta la detención, incluso designando a algunos de nuestros miembros de la Guardia Nacional para que actúen como jueces de inmigración y procesen esto. Podemos hacerlo», declaró DeSantis.

    Al ser cuestionado sobre el debido proceso que debe darse a un inmigrante, el republicano desestimó las preocupaciones asegurando que decenas de miles de inmigrantes en Florida que ya han recibido órdenes definitivas de deportación, por lo que no necesitan tener una audiencia.

    También rechazó que se estén deportando a ciudadanos estadounidenses.

    En febrero pasado, DeSantis firmó dos amplias leyes que endurecen las condiciones de los inmigrantes irregulares y facilitan en este estado la aplicación de la agenda migratoria del presidente Donald Trump.

    Las iniciativas establecen penas más severas para los inmigrantes indocumentados que cometen delitos, requisitos de aplicación de la ley más estrictos para los funcionarios locales y cambios en el controvertido programa estatal de transporte de migrantes.

    Florida ha dado a su policía poder para cuestionar el estatus legal de los residentes. Sin embargo, esta medida ha generado críticas por el perfil racial que puede generar.

    Un ejemplo de esto fue el arresto el mes pasado de Juan Carlos López Gómez, de 20 años, un ciudadano estadounidense al que un agente de la Patrulla de Caminos de la Florida arrestó por supuestamente ser indocumentado.

    El joven fue detenido cuando viajaba como pasajero en un vehículo que ingresó al estado desde Georgia.

    López Gómez tuvo que presentarse frente a un juez y no fue liberado sino hasta que su madre presentó su certificado de nacimiento.

  • EEUU amplía sus sanciones contra el Cartel Jalisco Nueva Generación por narcotráfico y robo de combustible

    EEUU amplía sus sanciones contra el Cartel Jalisco Nueva Generación por narcotráfico y robo de combustible

    El Gobierno de Estados Unidos sancionó a dos individuos y tres empresas mexicanas vinculadas supuestamente al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y, más en concreto, al tráfico de fentanilo y el robo de combustible, actividades ambas que generarían al año «cientos de millones de dólares» para la red delictiva del país vecino.

    La lista del Departamento del Tesoro norteamericano incluye ahora a César Morfin Morfin, alias «Primito» y líder del CJNG en el estado mexicano de Tamaulipas. Además, señala a dos familiares y socios y otras tantas empresas que servirían como tapadera –Servicios Logísticos Ambientales y Grupo Jala Logística–.

    El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió en un comunicado de que el robo y contrabando de combustible representan una fuente esencial de ingresos para un cártel que ya está catalogado en Estados Unidos como organización terrorista. Por ello, la Administración de Donald Trump se compromete a «utilizar todas las herramientas posibles» para atajar estas redes delictivas.

    Con este objetivo, el Departamento de Estado estadounidense también aprovechó para recordar que existe una recompensa de hasta $15 millones por información que permita la detención o la condena de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, «El Mencho», actual líder del CJNG.

  • Trump anuncia sanciones contra «cualquier país o persona» que compre petróleo iraní

    Trump anuncia sanciones contra «cualquier país o persona» que compre petróleo iraní

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que «cualquier país o persona» que compre petróleo o productos petroquímicos de Irán será «inmediatamente» castigado con sanciones.

    «Todas las compras de petroleó y productos petroquímicos iraníes deben detenerse. ¡Ya!», proclamó el mandatario en su red Truth Social, desde donde advirtió de que no importará la cantidad que se adquiera, por mínima que sea. Así, quienes incumplan la orden «no podrán hacer negocios con Estados Unidos de ninguna manera o forma».

    El anuncio llega apenas unas horas después de que se confirmase el aplazamiento de la cita prevista para este próximo sábado entre Estados Unidos e Irán, que habían vuelto a quedar en Roma para intentar acercar posturas en relación a temas nucleares. Tanto el Gobierno de Irán como el de Omán, mediador de este diálogo, han evitado dar una nueva fecha.

    También este jueves, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, cargó contra Estados Unidos por su nuevo paquete de sanciones contra Teherán y criticó las «políticas hostiles, ilegales e inhumanas» de Washington. Trump abogó desde su retorno en enero a la Casa Blanca una política de «máxima presión» sobre Irán.

  • Gobierno de Trump pide a la Corte Suprema anular el TPS para más de medio millón de venezolanos

    Gobierno de Trump pide a la Corte Suprema anular el TPS para más de medio millón de venezolanos

    El Gobierno del presidente Donald Trump presentó este jueves un recurso de emergencia ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos pidiéndole que le permita acabar con un programa migratorio que concede un estatus legal en el país a más de medio millón de venezolanos.

    En concreto, los abogados del Ejecutivo solicitan al Supremo que anule una orden de un juez en menor instancia en California en contra de la decisión de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes de este país suramericano.

    En el documento legal, la Administración argumenta que el TPS para Venezuela va en contra del «interés nacional» de EE.UU. y que el Judicial no tiene la potestad de decidir asuntos de política migratoria «urgentes».

    El TPS es un programa migratorio gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y que da un estatus migratorio a las personas de países que están atravesando situaciones humanitarias graves o desastres naturales.

    Poco después de asumir el poder en enero, el Gobierno de Trump decidió acabar con el TPS para los venezolanos y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a los beneficiarios de este programa como «desgraciados» y criminales.

    A finales de marzo, un juez federal en California decidió bloquear el intento del Ejecutivo por acabar con el TPS, alegando que la decisión causa un «daño irreparable» a los miles de migrantes que se han acogido al programa y sus familias.

    Bajo la Administración de Joe Biden (2021-2025), el secretario de Seguridad Nacional (DHS) decidió extender este beneficio a los venezolanos, argumentado que el país está pasando por una «emergencia humanitaria» causada por una crisis política y económica.

    La decisión fue celebrada entonces por varios legisladores del partido de Trump, incluyendo el entonces senador Marco Rubio, ahora secretario de Estado.

    Durante años, y especialmente durante el primer mandato del republicano (2017-2021), los políticos conservadores en EE.UU. abanderaron la causa venezolana, presionando para que se impusieran sanciones económicas y se le extendieran beneficios migratorios a las personas que han huido del país, en la que es ahora la mayor diáspora del continente.

    El giro del Gobierno de Trump, que ha ido detrás de los venezolanos en EE.UU. vinculándolos con la banda criminal transnacional Tren de Aragua, ha provocado críticas entre activistas de Venezuela en EE.UU.

  • Demandan a la administración Trump por obstruir la prevención de embarazos adolescentes

    Demandan a la administración Trump por obstruir la prevención de embarazos adolescentes

    La organización de servicios de atención médica sexual y reproductiva Planned Parenthood anunció este jueves que cinco de sus filiales en EE.UU. han presentado una demanda contra la Administración de Donald Trump por «ataques» al programa de prevención de embarazos adolescentes.

    La denuncia fue interpuesta ante el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia y busca proteger el Programa de Prevención de Embarazos Adolescentes (TPP, en inglés).

    Durante los últimos 15 años, según recuerdan, ese plan «ha brindado información y las herramientas necesarias para vivir con seguridad, confianza y bienestar en sus vidas y relaciones a personas jóvenes y adultas».

    Planned Parenthood alega que los jóvenes necesitan información médica precisa sobre sus cuerpos porque las libertades más básicas comienzan con el conocimiento.

    «Debemos preparar a las personas jóvenes para que tomen las mejores decisiones para sus vidas y su futuro, y eso comienza con este programa que ha demostrado efectividad y éxito durante mucho tiempo. Por eso estamos llevando al gobierno Trump a los tribunales y luchando para garantizar que los adolescentes puedan obtener lo que necesitan para vivir vidas saludables», dijo en un comunicado.

    Su demanda impugna en concreto los requisitos emitidos a finales de marzo por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés), que Planned Parenthood califica de «vagos y de última hora».

    Esas directrices exigen que los beneficiarios de subvenciones de «Nivel 1», incluyendo a las filiales de Planned Parenthood, demuestren su «alineación con órdenes ejecutivas presidenciales actuales» como parte de una solicitud para renovar la subvención que debía presentarse el 15 de abril.

    La ley requiere que las subvenciones de Nivel 1 implementen programas sanitarios precisos y adecuados para cada grupo de edad que reduzcan los embarazos no planificados y las infecciones de transmisión sexual en adolescentes, replicando programas que hayan demostrado su eficacia mediante evaluaciones rigurosas.

    Para Planned Parenthood, los requisitos anunciados en marzo «buscan incorporar preferencias ideológicas» en planes aprobados por el HHS y basados en pruebas, lo que en su opinión contradice el objetivo del programa TPP y deja su futuro en un plano incierto.

  • Trump nomina como embajador ante la ONU a Mike Waltz, su exasesor de Seguridad Nacional

    Trump nomina como embajador ante la ONU a Mike Waltz, su exasesor de Seguridad Nacional

    El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves el nombramiento de Mike Waltz como embajador de Estados Unidos ante la ONU, después de que se filtrara en los medios que iba a sacar del Ejecutivo a su hasta ahora asesor de Seguridad Nacional como consecuencia del escándalo «Signalgate».

    «Desde su tiempo en el campo de batalla, en el Congreso y como mi asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz ha trabajado arduamente para priorizar los intereses de nuestra nación. Sé que hará lo mismo en su nuevo cargo», dijo el líder republicano en su plataforma, Truth Social.

    En este tiempo, añadió, el secretario de Estado, Marco Rubio, ejercerá como asesor de Seguridad Nacional mientras «mantiene su firme liderazgo» en su Departamento.

    «Me honra profundamente continuar mi servicio para el presidente Trump y nuestra gran nación», dijo Waltz en X tras el anuncio del mandatario.

    El cambio de rol se produce después de que la prensa adelantara que Trump planeaba echar tanto a Waltz como a su adjunto, Alex Wong.

    El supuesto desencadenante fue el escándalo bautizado como «Signalgate», que salió a la luz después de que Waltz incluyera, aparentemente por error, al editor jefe de la Revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a una sala de chat de la aplicación Signal en la que durante cuatro días varios miembros del gabinete chatearon sobre los preparativos de un ataque militar efectuado en Yemen el 15 de marzo.

    En dicho chat el secretario de Defensa, Pete Hegseth, acabó revelando información sensible, incluyendo objetivos, activos militares desplegados y, con dos horas de antelación, el cronograma de un ataque sobre rebeldes hutíes, lo que pudo poner en peligro a militares estadounidenses.

    El propio Waltz reconoció el error cuando el caso salió a la luz: «Asumo toda la responsabilidad. Yo creé el grupo. Es vergonzoso. Vamos a llegar al fondo del asunto», dijo en la cadena Fox News.

    Pero según el diario Wall Street Journal (WSJ), Trump y altos cargos del Ejecutivo estaban descontentos con él ya antes de esa polémica.

    Altos cargos gubernamentales apuntan que a Waltz se le había apartado ya de negociaciones clave, como la de la búsqueda de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, y aunque estaba previsto que el pasado martes acompañara a Trump en Míchigan en el acto para conmemorar los primeros 100 días de su segundo mandato, finalmente no acudió.

    Trump había nominado anteriormente como embajadora ante la ONU a la legisladora republicana Elise Stefanik, pero dio un paso atrás a finales de marzo alegando la estrecha mayoría que los conservadores tienen en la Cámara Baja.

    A diferencia de su hasta ahora cargo como asesor de Seguridad Nacional, para ejercer como embajador Waltz sí deberá pasar la aprobación del Senado, donde los republicanos tienen la mayoría.

  • Mulino reitera en este 1 de mayo la soberanía panameña sobre el Canal y augura más empleo

    Mulino reitera en este 1 de mayo la soberanía panameña sobre el Canal y augura más empleo

    El presidente panameño, José Raúl Mulino, reiteró este jueves la

    <soberanía de Panamá sobre el Canal interoceánico y auguró que quienes buscan un empleo "pronto" lo

    conseguirán, en un mensaje por el Día del Trabajador, que este país celebra inmerso en una huelga indefinida

    impulsada por los sindicatos de maestros y obreros de la construcción.

    «A toda la fuerza laboral del Canal de Panamá gracias por hacerlo crecer en plena eficiencia, y tengan plena

    seguridad de que el Canal seguirá siendo panameño», expresó Mulino en un video difundido en su cuenta de X y en

    otras de instituciones públicas panameñas.

    El presidente de EE.UU., Donald Trump, tiene meses diciendo que va a recuperar para su país el Canal,

    argumentando una supuesta influencia china dado que dos de los cinco puertos que lo rodean son operados por una

    empresa de Hong Kong, lo que el Gobierno de Mulino ha negado afirmando que a la vía por la que pasa alrededor

    del 3 % de comercio mundial solo la controla Panamá.

    EE.UU. construyó el Canal en el siglo pasado y lo explotó hasta su traspaso a Panamá el 31 de diciembre de

    1999.

    La administración panameña amplió la vía mediante un proyecto de 5,500 millones de dólares que está en

    servicio desde 2016 y que ha multiplicado sus ingresos y valor estratégico.

    El jefe de Estado panameño también se dirigió «a todos los panameños que trabajan y a los que buscan empleo

    y muy pronto lo conseguirán» para desearles «un feliz día», en un mensaje en el que mencionó proyectos de

    infraestructura cuyo desarrollo retomó su Administración, iniciada en julio pasado.

    De acuerdo con las cifras oficiales, la tasa de desempleo en Panamá es del 9.5 %, mientras que la de

    economía informal alcanza el 49.3 %.

    «Quiero felicitar a cada mujer y hombre trabajador, cada uno de ustedes es parte fundamental del motor que

    mueve nuestra Patria», dijo Mulino que también agradeció «a los maestros que quieren un país mejor» para los

    estudiantes panameños «que son el presente y el futuro de nuestra nación».

    Los sindicatos de docentes del sector público iniciaron el pasado 23 de abril una huelga indefinida de

    labores contra una reforma de la seguridad social ya vigente, y el pasado día 28 se sumó el sindicato de la

    construcción Suntracs, el mayor del país.

    Esta medida de fuerza se ha cumplido de manera irregular, con muchas escuelas abiertas recibiendo a

    profesores y alumnos y proyectos de construcción operando.

    La organización civil Sal de las Redes también está convocando manifestaciones de calle contra iniciativas del

    Gobierno y rechazó un llamado del presidente a dialogar.

    Mulino ha pedido a todos los sectores del país trabajar para impulsar la economía y el desarrollo, porque

    Panamá «no está para pararlo por caprichos, no necesitamos más paros, más protestas, sino todo lo

    contrario.

  • La presidenta de Honduras alerta que el sistema electoral del país «en riesgo»

    La presidenta de Honduras alerta que el sistema electoral del país «en riesgo»

    La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, advirtió este jueves que el sistema electoral del país «se encuentra en riesgo» y exhortó a la ciudadanía, en especial a la clase trabajadora, a exigir la celebración de elecciones generales «libres, justas, pacíficas y democráticas» el próximo 30 de noviembre.

    “Hoy que se encuentra en riesgo nuestro sistema electoral por las irresponsables declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (Cossette López), hago un llamado a todos los sectores de la sociedad, especialmente a las clases trabajadoras, a exigir la organización y realización de las elecciones generales el domingo 30 de noviembre, libres, justas, pacíficas y democráticas”, afirmó Castro en un mensaje transmitido en cadena nacional con motivo del Día del Trabajo.

    Las declaraciones de la mandataria surgen luego de que López, representante del opositor Partido Nacional en el CNE, asegurara la semana pasada que no existen condiciones para garantizar el proceso electoral de noviembre.

    «Si ustedes me preguntan hoy a mí, montar unas elecciones generales está muy difícil desde el Consejo Nacional Electoral, sea o no una situación que se ha solventado, lo cierto es que hoy en el CNE no existen condiciones para que podamos avanzar con la tranquilidad que se estaba avanzando», aseguró López en una comparecencia ante una comisión del Parlamento hondureño que investiga las irregularidades registradas durante los comicios primarios de marzo pasado.

    Durante su alocución, Castro reafirmó su compromiso con la democracia y el proceso de refundación que impulsa desde su llegada al poder en 2022.

    “A democracia nos hace libres. Hoy reafirmo mi compromiso con ustedes: seguiré cumpliendo, seguiré luchando y defendiendo este proceso de refundación y socialismo democrático que iniciamos juntos”, aseguró la presidenta hondureña.

    En esta jornada electoral, los hondureños serán convocados a elegir un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano.

    La persona que salga electa será la sucesora de Xiomara Castro, quien concluirá su mandato el 27 de enero de 2026.