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La alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró este jueves que su gobierno establecerá un protocolo de circulación de vehículos que transportan materiales peligrosos tras la explosión de un camión de gas la tarde del miércoles en la alcaldía de Iztapalapa, que hasta ahora deja ocho fallecidos y 94 heridos.

En conferencia, Brugada instruyó a la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, a que se elabore un protocolo en conjunto con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), institución encargada de regular a este tipo de empresas.

El accidente despertó inquietud en el Senado mexicano, donde, a través de un comunicado, la congresista Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México, urgió a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) intervenir para frenar el riesgo que representan los camiones de doble remolque.

Y es que, advirtió, el 70 % de la flota de carga en el país es obsoleta.

“En nuestras carreteras circulan a diario camiones que pueden pesar más de 113 toneladas sin condiciones óptimas de seguridad. Esto representa una amenaza evidente que no podemos seguir permitiendo”, concluyó la senadora.

Este mismo jueves la Fiscalía capitalina informó que la causa de la explosión del camión de gas tiene dos líneas de investigación, y la primera es el exceso de velocidad que tiene que ver directamente con el conductor, quien permanece hospitalizado, aunque se encuentra «en calidad de detenido» por su presunta responsabilidad en los hechos.

Por su lado, la compañía transportadora Silza, propietaria del camión de gas que explotó en el Puente de la Concordia, expresó en un comunicado que la unidad involucrada contaba con póliza de seguros vigentes, incluido el de responsabilidad civil, por daño ambiental, entre otras coberturas para el transporte de material peligroso.

Además, destacó que las aseguradoras correspondientes ya han comenzado a responder por los daños materiales, personales y sociales derivados del incidente.

Silza aclaró que está en colaboración de manera plena y transparente con las autoridades locales y federales, apoyo confirmado por la fiscalía de la capital.

Cabe destacar que las investigaciones para dar claridad a los hechos continúan en coordinación con ASEA, órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Hasta ahora, las autoridades han informado de ocho fallecidos por la explosión ocurrida la tarde del miércoles cuando un camión cisterna con capacidad de 49,500 litros volcara y posteriormente provocará una explosión de enormes dimensiones en la transitada calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, oriente de la capital.

Del total de 94 personas lesionadas, 22 se encuentran en estado crítico, seis graves, 39 delicadas y 19 fueron dadas de alta; las víctimas están internadas en 19 hospitales.

El Gobierno capitalino precisó que ofrecerá un apoyo inicial de emergencia, que consistirá en una ayuda monetaria para que los familiares de las víctimas puedan atender, de forma integral, cualquier situación que se presente.

Al menos seis universidades históricamente afroamericanas (conocidas como HBCUs, en inglés) de varios estados de Estados Unidos recibieron amenazas este jueves y pusieron a sus estudiantes en alerta, en medio de un clima de tensión tras el asesinato en la víspera del comentarista conservador Charlie Kirk.

Hampton University y Virginia State University en Virginia, Southern University en Luisiana y Alabama State University, en Alabama, pusieron a sus estudiantes bajo confinamiento.

En Georgia, la universidad Clark Atlanta pidió a sus alumnos ponerse a resguardo luego de recibir mensajes intimidantes, mientras que el Spellman College, también históricamente afroamericano, decidió tomar precauciones por su cercanía física al centro educativo, según informaron medios locales.

En un comunicado enviado al medio local WBRZ, el FBI aseguró que estaba al tanto de las amenazas pero señaló que no tenía información para pensar que son «creíbles».

«Seguiremos trabajando con nuestras agencias de seguridad locales, estatales y federales para recopilar, compartir y actuar sobre la información relacionada con amenazas a medida que llegue a nuestra atención», agregó la agencia.

Estas amenazas llegan el día después de que Charlie Kirk, un activista y comentarista político de ultraderecha de 31 años, fuera asesinado en el campus de la universidad Utah Valley.

Las autoridades están investigando el asesinato y el FBI anunció este jueves que ofrecerá hasta 100.000 dólares a quien entregue información veraz que conduzca a la captura de potenciales sospechosos.

Kirk era conocido por sus posicionamientos de ultraderecha, en contra de políticas progresistas en temas como inmigración, derechos LGBTQ+, justicia racial y control de armas.

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, insistió este jueves en señalar a Ecuador como el «principal exportador de cocaína» hacia Estados Unidos y Europa, al tiempo que llamó «narcopresidente» al jefe de Estado ecuatoriano, Daniel Noboa, a quien acusa de ser socio de una empresa que supuestamente envía esta droga de manera «oculta» a esos destinos.

En un congreso del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez afirmó que «casi toda la totalidad» de la cocaína producida, principalmente, en Colombia, así como en Perú y Bolivia, se transporta a Ecuador, de cuyos puertos sale «en contenedores de cambures (bananas)».

«¿Quién es socio de la principal empresa de transporte de bananos de Ecuador? Su presidente, y por eso necesitaban el fraude electoral contra la presidenta Luisa González (excandidata correísta), porque es el principal centro de exportación de cocaína hacia el norte, Estados Unidos y Europa», señaló.

En ese sentido, la también ministra de Hidrocarburos indicó que la cocaína «se oculta dentro del contenedor, en la mercancía, y esto pasa por Panamá y, de allí, (va a) Europa y Estados Unidos».

El pasado lunes, Rodríguez acusó a EE.UU. de convertir a Colombia en «el primer productor de cocaína del planeta» y señaló que hoy «el principal exportador» es Ecuador, e hizo mención a la reciente visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a este país.

En cambio, la vicepresidenta venezolana insiste en que su país no produce ni tiene «centros de acopio» de drogas, y que tampoco representa «una de las principales rutas» para el transporte de narcóticos.

EE.UU. acusa al mandatario Nicolás Maduro, a quien no reconoce como un presidente legítimo, de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por Washington como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, que ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe y del aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del líder chavista.

Rodríguez instó a EE.UU. a que «calibren el GPS, porque la droga sale por el Pacífico».

Además, consideró esos señalamientos relacionados con el narcotráfico como excusas para justificar una «agresión armada».