Categoría: El Mundo

El plan fiscal y presupuestario impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encontró este miércoles nuevos obstáculos a su vuelta a la Cámara de Representantes, donde los republicanos no han conseguido garantizar los votos suficientes para que sea aprobado.

La primera barrera fue logística: las tormentas registradas en diferentes puntos del país, que provocaron la cancelación y retrasos de vuelos y trenes, ha dificultado que algunos legisladores puedan llegar a tiempo a Washington.

Los desacuerdos entre los republicanos presentes también hicieron que los votos de procedimiento se alargaran y que el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, pidiera a sus legisladores que regresaran temporalmente a sus oficinas mientras prosiguen las negociaciones que permitan desbloquear la situación y volver a personarse.

Un grupo de senadores republicanos moderados han expresado su preocupación por los recortes que el plan contempla al plan médico Medicaid para personas de bajos recursos y el programa de asistencia para la compra de alimentos SNAP, y por los efectos que estas limitaciones tendrían en sus comunidades.

En 2026, en Estados Unidos habrá elecciones de medio mandato en las que se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 senadores, por lo que a medio plazo ya hay quien empieza a evaluar el impacto que su postura al respecto pueda tener en sus posibilidades de reelección.

Hasta que los votos de procedimiento no tengan lugar no se puede avanzar hacia la votación en sí.

Trump no ha cesado de utilizar su red social, Truth Social, como plataforma para urgir a su aprobación: «Ofrece el mayor recorte de impuestos de la historia y deja de pedirle a las familias trabajadoras que paguen las malas decisiones de Washington», dijo por ejemplo este miércoles.

La intención del mandatario de tenerlo en su despacho para ratificarlo para el 4 de julio, día en que se conmemora la independencia del país, también afronta en la Cámara de Representantes la previsible oposición de la bancada demócrata.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, ha prometido que su grupo hará «todo» lo que pueda para evitar que el llamado «gran y hermoso» proyecto de ley llegue a buen puerto.

«Eso es lo que vamos a hacer: presentarnos hoy, presentarnos mañana, presentarnos esta semana, presentarnos la semana que viene, presentarnos este año, el año que viene, hasta que acabemos con esta pesadilla nacional en Estados Unidos de América y continuemos nuestra marcha hacia una unión más perfecta», señaló este miércoles en una conferencia de prensa.

El plan recibió el visto bueno del Senado el martes y desde ahí regresó a la Cámara Baja, donde había sido validado en mayo, para su voto final.

En el Senado, el vicepresidente del país, JD Vance, facilitó el paso de la norma con la más estrecha de las mayorías (51-50) al emitir el desempate para destrabar un maratoniano proceso de votación de más de 24 horas.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, calificó este miércoles como «absurda» y «política de la más barata» la acusación penal en su contra por un delito de concusión en el manejo de fondos donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y por la cual el Congreso analizará si le levanta el fuero.

«Era cuestión de tiempo para que la Corte Plena, vestida con la toga de la institucionalidad, hiciera política de la más barata enviándole la brasa caliente de la acusación absurda que se montó (el fiscal general) Carlo Díaz a la Asamblea Legislativa para que me levanten el fuero», declaró Chaves en su conferencia de prensa semanal.

Según Chaves, los 15 magistrados de la Corte Plena que votaron el martes a favor de trasladar el expediente a la Asamblea Legislativa «enterraron la credibilidad aún más profundo» del Poder Judicial, mientras que a los 7 que votaron en contra expresó su «admiración».

El presidente calificó la acusación como una «novela» con «castillo, brujas, traiciones y hasta un bufón», así como con una «espía estrella», en referencia a su exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien sacó a la luz una serie de audios sobre el caso.

«Ni la corte ni el fiscal buscan justicia. Lo que buscan es sacarse un clavo que yo estoy orgullosísimo de haber clavado, que es que este Gobierno ha expuesto las estructuras de grandes privilegios de los grupos poderosos en contubernio con la cúpula del Poder Judicial», dijo el mandatario.

La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica remitió el martes al Congreso una solicitud para el levantamiento del fuero de Chaves, con el objetivo de que sea procesado por un presunta concusión, que es un delito contra los deberes de la función público.

Para que el fuero sea levantado se requiere una mayoría calificada, es decir, 38 de los 57 diputados del Congreso.

La acusación señala la responsabilidad del presidente en un delito de concusión en la contratación aparentemente a la medida para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencia de opinión para la Presidencia en el periodo 2022-2026, con 405.000 dólares donados por el BCIE.

La acusación de la Fiscalía también involucra al actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, quien para el momento de los hechos investigados se desempeñaba como Jefe de Despacho del presidente Chaves, y Federico Cruz, quien fue asesor de campaña electoral y personal del presidente, y además se ha identificado como amigo del mandatario.

Según la acusación, el comunicador Cristian Bulgarelli, propietario de la empresa, habría sido la persona que redactó los requisitos de contratación.

«Previo al proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y varias reuniones en Casa Presidencial, donde instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elabora los términos de referencia de su contrato», detalla la acusación de la Fiscalía General.

En junio de 2024 el BCIE informó que sancionó con un veto de siete años a Bulgarelli y la empresa por «la comisión de las prácticas prohibidas de fraude y colusión» en este caso.

El caso salió a la luz pública en diciembre de 2023 cuando el diario La Nación realizó una serie de publicaciones basadas en audios que le facilitó la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien ejerció ese cargo por cuatro meses desde el inicio del Gobierno del presidente Chaves.

El periodista salvadoreño Mario Guevara deberá pagar una fianza por cargos atribuidos a infracciones de tránsito cometidas en Georgia, Estados Unidos, antes de seguir su proceso ante migración y recobrar su libertad, informaron sus abogados este miércoles.

Guevara, quien fue detenido el 14 de junio en Doraville, al noreste de Atlanta por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), recibió la libertad bajo fianza de parte de un juez el 1 de julio.

Sin embargo, debe solventar los «cargos por goce de tránsito» en el condado de Gwinnett, aseguró el abogado del comunicador, Zach Gaeta.

«Lo buenos es que esos cargos no son cargos serios, son totalmente cargos de tránsito», especificó el abogado, que detalló que las multas corresponden a delitos como «manejar de una manera peligrosa, por haber cruzado una luz roja y también por usar su celular mientras que manejaba».

Dichas multas impidieron que Guevara fuera liberado, debido a que debe saldarlas para luego seguir con el proceso de migración.

En ese proceso sería trasladado desde Doraville a Gwinnett y, una vez haya cancelado las multas, deberá pagar la fianza impuesta por su detención en la protesta.

«Tiene que cumplir con esos cargos primero» antes de que le den la libertad, señaló el abogado, en un proceso que debería durar 48 horas luego de ser enviado al condado de Gwinnett.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos desmintió el 20 de junio que el periodista salvadoreño Mario Guevara hubiera sido puesto bajo la custodia de las autoridades migratorias debido a su profesión.

El Ministerio Público de Honduras (Fiscalía) incautó este miércoles documentación en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como parte de una investigación por el presunto uso indebido de fondos públicos para financiar actividades políticas del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).

El portavoz de la Fiscalía, Yuri Mora, confirmó que la intervención fue ejecutada por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) para verificar el destino y la forma de asignación de recursos por parte de esa secretaría de Estado.

La investigación se centra en el presunto desvío de fondos del Programa de Administración Solidaria, que provocó la renuncia del titular de la Sedesol, José Carlos Cardona, ocurrida la semana anterior.

La renuncia de Cardona se produjo pocos días después de que se viralizara un video en el que, presuntamente, mantiene una conversación telefónica con la diputada Isis Cuéllar sobre el uso de recursos estatales con fines políticos.Crecen presiones para suspender a vicepresidenta del Parlamento El caso ha intensificado la presión pública, incluyendo demandas para suspender a la diputada Isis Cuéllar, vicepresidenta del Parlamento hondureño, también señalada en las supuestas irregularidades.

En redes sociales, la candidata presidencial oficialista, Rixi Moncada, exigió este miércoles la «suspensión inmediata» de Cuéllar tanto de sus funciones legislativas como de su militancia en Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, quien es el esposo y principal asesor de la presidenta del país, Xiomara Castro.

Moncada también instó a los diputados del partido a renunciar al fuero parlamentario que los protege de ser investigados por la Fiscalía.

«Sin excusas, (deben) rendir cuentas ante el MP (Fiscalía) y los tribunales de justicia. Sin privilegios», subrayó Moncada, quien pidió además detener la aprobación de nuevos recursos del fondo social.

Como parte de la investigación, las autoridades examinan 40 cheques emitidos por la Sedesol a través del Fondo de Administración Solidaria, aprobado por el Parlamento hondureño, por un monto total de 4.7 millones de lempiras (unos $180 mil), correspondientes a los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025.

El fondo total aprobado asciende a 950 millones de lempiras (aproximadamente $38.5 millones de dólares). Graves fallas en manejo de fondos
La Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción señaló la semana anterior que los documentos presentados por la Sedesol evidencian «deficiencias relevantes» en los procesos administrativos y financieros, incluyendo irregularidades en la emisión de cheques, debilidades en los controles internos y vacíos en la liquidación de los fondos asignados.

El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, declaró el lunes que tras la divulgación del video ordenó a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) iniciar una investigación de oficio.

Zelaya aseguró que esta investigación continuará de forma independiente, sin interferir con las auditorías del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) ni de la Secretaría de Transparencia.
«De encontrarse responsabilidad penal, las personas involucradas serán llevadas ante los tribunales, no podemos permitir que nuestros impuestos sean utilizados para fines distintos a su propósito legítimo y transparente», advirtió el fiscal.

Los fondos investigados estaban destinados a financiar proyectos de infraestructura menor, obras sociales y becas, que debían ser ejecutados por organizaciones comunitarias, juntas de agua, patronatos, alcaldías y otras instancias locales.

Autoridades mexicanas detuvieron este miércoles a dos presuntos integrantes de un grupo delictivo vinculado con el Cartel del Golfo en el central estado de Querétaro, quienes se dedicaban a la distribución de drogas y a homicidios en la región.

De acuerdo con fuentes oficiales, los detenidos fueron identificados como Felipe Jesús Ceballos Tovar, alias ‘Franco 6’ y Marcelino Luna Rodríguez, alias ‘Brócoli’.

«Los detenidos son identificados como generadores de violencia en Querétaro y Guanajuato, y ambos cuentan con orden de aprehensión por delincuencia organizada. Se aseguraron cinco camionetas de lujo, dosis de droga y equipos electrónico», precisaron las fuentes.

Ceballos Tovar era el líder del grupo criminal tras la detención de José Francisco Contreras Gómez, alias ‘Alfa 1’, ocurrida en marzo de 2025, y se desempeñaba como jefe de plaza de la zona de Santiago de Querétaro y todo el corredor de San Miguel de Allende, hasta los límites con Celaya, Guanajuato.

«También se le vincula con el reclutamiento de personas para la organización delictiva y la distribución de droga a células de narcomenudistas en Querétaro», señalaron las fuentes.

En un comunicado paralelo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), apuntó que el arresto de ambos sujetos fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación, que tenían como objetivo desarticular células criminales que operan en la región y evitar que realicen actividades ilícitas en contra de la población.

Los agentes ubicaron inmuebles donde se resguardaban los dos sujetos e implementaron vigilancias fijas y móviles, además de realizar entrevistas ciudadanas, con lo que se recabaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó los mandamientos para intervenir los domicilios.

Fue así que lograron la detención de los presuntos criminales, quienes cuentan con orden de aprehensión por delincuencia organizada. También se aseguraron camionetas de lujo, dosis de droga y equipos telefónicos.

En el operativo participaron agentes de la SSPC y de las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), así como de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con especialistas, diversos grupos criminales se disputan el control del estado, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación, de Los Caballeros Templarios, de los Beltrán Leyva, de Santa Rosa de Lima y el del Golfo.

El arresto cobra relevancia porque el Cartel del Golfo y el Jalisco Nueva Generación son dos de las seis agrupaciones mexicanas que Estados Unidos designó como terroristas en febrero, además del Cartel de Sinaloa, el del Noreste, la Familia Michoacana y los Carteles Unidos.

A pesar de la creciente militarización en México, la organización civil México Evalúa afirmó este miércoles que los municipios pueden jugar un papel clave en la construcción de entornos seguros, al «impulsar una pacificación real y duradera desde el ámbito local».

Al presentar el informe ‘La otra vía. Análisis de políticas públicas municipales de seguridad pública, 2021-2024’, Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, afirmó que «sí existe otra vía frente a la militarización en los procesos de construcción de seguridad ciudadana».

«Cuando hay condiciones para la coordinación intergubernamental, amplias capacidades institucionales y un desarrollo comunitario bastante consolidado, la pacificación real, sostenida y desde lo local es muy plausible», aseguró el funcionario de México Evalúa.

Vargas recapituló que pese a que en 2012 la estrategia de seguridad en México apostó por lo local, «en años recientes, la consolidación de la militarización invisibilizó a los municipios, borrándolos prácticamente de la atención pública e institucional».

El miembro de la ONG señaló que esto ha tenido «efectos muy negativos», pues «invisibiliza el comportamiento diferenciado de la violencia delictiva, dificulta los diagnósticos precisos y obstaculiza la implementación de políticas efectivas».

Por ello, Vargas dijo que este estudio es una «apuesta» por recuperar esta visión de la construcción de la seguridad desde lo local, «no desde el idealismo, sino desde la evidencia».

Por su parte, Yair Mendoza, investigador del Programa de Seguridad de México Evalúa, precisó que el objetivo central de la investigación fue identificar las acciones de los gobiernos municipales para contener la incidencia delictiva entre 2021 y 2024.

Mendoza explicó que se analizaron 2,238 acciones municipales, de las cuales 54 % fueron penales -como el fortalecimiento operativo y el endurecimiento de sanciones-, y un 46 % fueron no penales -como atención a víctimas, proximidad policial y fortalecimiento del sentido de comunidad-.

Mientras que, para el análisis de la incidencia delictiva, el investigador indicó que se construyó un indicador agregado de delitos de alto impacto, en el cual se consideró la extorsión, el secuestro, el homicidio doloso, el feminicidio, el narcomenudeo y los robos de vehículos, negocios y transportistas.

Este indicador, expuso Mendoza, identificó que solamente 13 municipios lograron reducciones en su incidencia delictiva agregada: Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), Tlaxcala (Tlaxcala), Guadalajara (Jalisco), Saltillo (Coahuila), Colima (Colima), Morelia (Michoacán), Pachuca (Hidalgo), Durango (Durango), La Paz (Baja California), Otón P. Blanco (Campeche), Xalapa (Veracruz), Cuernavaca (Morelos) y Toluca (Estado de México).

El investigador detalló que de estos municipios capitales, seis mostraron un sesgo en favor de políticas preventivas de tipo penal y seis de tipo no penal.

Así, México Evalúa identificó que aunque no hay una única fórmula para reducir la incidencia delictiva, «establecer estrategias mixtas entre políticas preventivas de tipo penal y no penal parece brindar mejores resultados», dijo Mendoza.

Además, el investigador del Programa de Seguridad de México Evalúa destacó que los municipios con reducción delictiva suelen tener continuidad administrativa, coordinación intergubernamental, arraigo comunitario y una criminalidad acotada.

«En este sentido, este estudio propone una ruta distinta a lo instituido hasta el día de hoy para mejorar las condiciones de seguridad en los centros neurálgicos de las entidades federativas», señaló Mendoza.

El experto resaltó la necesidad de «reinstalar al municipio como protagonista en la construcción de condiciones de seguridad», así como en la tarea de «superar la dependencia de las fuerzas armadas y apostar por la profesionalización de la policía local».

El huracán Flossie, activo en el océano Pacífico, redujo su intensidad de categoría 3 a 2 en la escala Saffir-Simpson, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su más reciente reporte, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) precisó que a las 09.15 de la mañanal fenómeno meteorológico ubicado al oeste del país se localizó a 380 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 445 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

La borrasca registra vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 215 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 17 km/h.

La previsión para la jornada indica que el ciclón provocará lluvias muy fuertes en Sinaloa y Nayarit, y fuertes en el sur Baja California Sur, en la costa, el oeste y el sur de Jalisco, así como en Colima.

Se esperan vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 2,5 a 3,5 metros de altura en costas de Baja California Sur, Nayarit, Jalisco y Colima.

Las autoridades piden atender a los avisos de los servicios mexicanos ante las precipitaciones que podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano; de los cuales entre cuatro y seis podrían ser de categoría 3, 4 e incluso 5. Hasta ahora se han formado seis tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Laila, Erick y Flossie.

El último huracán registrado en el país fue Erick, el cual tocó tierra en el sur de México el jueves 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles. EFE

Como parte de su plan para recortar el presupuesto de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés), el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, quiere modificar medio centenar de sus regulaciones, lo que incluye simplificar y flexibilizar la verificación de antecedentes para comprar armas.

Según informan este miércoles varios medios estadounidenses, el controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) ha estado enviando personal para revisar el funcionamiento del ATF, del cual quiere eliminar a unos 540 de sus inspectores, dos tercios del total.

También revisar unas 50 de sus normativas, lo que incluye, por ejemplo, la destrucción de archivos de dueños de armas de fuego pasados 20 años (en la actualidad deben guardarse de manera permanente) o extender el periodo de revisión de antecedentes previo a la compra de un arma de fuego de 30 a 60 días.

Todo esto busca reducir el volumen de burocracia con el que carga esta oficina que depende del Departamento de Justicia, el cual ha propuesto ya una reducción de presupuesto para la ATF del 25 % para el próximo ejercicio fiscal, que arranca en octubre.

Lea además>>>>>>>>El dalái lama traza la ruta para encontrar a su reencarnación, en un claro desafío a China

La fiscal general, Pam Bondi, incluso ha llegado a proponer fusionar la ATF con la Administración de Control de Drogas (DEA).

Estas medidas de recorte burocrático aumentan el riesgo de que se creen lagunas relativas a los antecedentes y datos de las personas que posean y quieran comprar armas, según argumentan asociaciones para el control de armas de fuego.

Y a esto se suma el plan para simplificar el formulario 4473 -el que requiere la ATF para iniciar el proceso de revisión de antecedentes- de las siete páginas actuales a tan solo tres, según adelantó el diario The Washington Post.

De acuerdo con los últimos datos de la ONG Gun Violence Archive, desde el inicio del año han fallecido en EE.UU. 7,358 personas en incidentes con armas de fuego y 13,203 han resultado heridas, mientras que se han producido 192 tiroteos masivos, un término que incluye un mínimo de cuatro personas heridas o fallecidas, sin contar al agresor.
De entre las víctimas, 503 adolescentes (entre los 12 y los 17 años) se cuentan entre los fallecidos desde que arrancó el 2025, mientras que 1.424 han resultado heridos.

Más de 4,000 personas han sido asesinadas en Haití en los primeros seis meses de 2025, según un informe reciente de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH). Las cifras representan un aumento del 24 % en comparación al mismo período del año anterior.

«La BINUH registró 4,026 víctimas de homicidio intencionado, entre ellas 376 mujeres, 21 niñas y 68 niños», informó Miroslav Jenča, secretario general adjunto de la ONU para Europa, Asia Central y las Américas, durante una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la situación en el país caribeño.

En paralelo, la violencia generada por las pandillas ha forzado el desplazamiento interno de 1,3 millones de personas, según datos del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos. Esta cifra triplica la de 2023 y es seis veces mayor que la registrada en 2022.

Jenča, quien visitó recientemente Haití, advirtió que la capital del país, Puerto Príncipe, se encuentra «a todos los efectos paralizada por las bandas y aislada». Añadió que, de no mediar una intervención más decidida de la comunidad internacional, «el colapso total de la presencia estatal en la capital podría convertirse en un escenario muy real».

Pese al panorama, el Consejo Electoral Provisional de Haití, con respaldo de BINUH y otros organismos de Naciones Unidas, mantiene como meta celebrar elecciones en febrero de 2026. No obstante, «existen divergencias claras entre las partes interesadas» que dificultan la viabilidad del proceso si persiste la violencia, subrayó Jenča.

En la misma sesión del Consejo de Seguridad, la directora general de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Ghada Waly, afirmó que «los grupos delictivos organizados han tomado el control casi total de la capital, con aproximadamente el 90 % de Puerto Príncipe bajo su control».

Waly alertó sobre un escenario de «creciente degeneración», con la expansión del crimen hacia el este y sur del país, el cierre de la presa hidroeléctrica que provee el 30 % de la energía nacional y el incremento de grupos parapoliciales de autodefensa.

La funcionaria también denunció la «repatriación forzosa» de migrantes haitianos desde distintos países, lo cual aumenta la vulnerabilidad de estas personas, quienes regresan a zonas de alta inseguridad, sin servicios ni protección básica.

En un tema relacionado, este lunes un juez federal en Nueva York falló en favor de los haitianos amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) en EE.UU., permitiendo que continúen protegidos ante intentos de deportación iniciados durante la administración de Donald Trump.

Naciones Unidas reportó este martes un aumento alarmante de la violencia en Haití, con un incremento del 24 % en los homicidios intencionados durante el primer semestre de 2024. Según la Oficina Integrada de la ONU en Haití (BINUH), se registraron 4,026 víctimas, entre ellas 376 mujeres, 21 niñas y 68 niños.

El secretario general adjunto de la ONU para Europa, Asia Central y las Américas, Miroslav Jenča, presentó los datos durante una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la crisis haitiana, y advirtió que la capital, Puerto Príncipe, está prácticamente paralizada y sitiada por bandas criminales. «Sin una mayor acción internacional, el colapso total de la presencia estatal en la capital podría convertirse en un escenario muy real», alertó.

El número de desplazados internos alcanzó ya los 1.3 millones, cifra que triplica la de 2023 y multiplica por seis la de 2022, según datos del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos. La expansión de la violencia ha generado una crisis humanitaria cada vez más compleja.

Pese a la situación, el Consejo Electoral Provisional de Haití, con apoyo de la BINUH y otros socios de la ONU, mantiene planes para celebrar elecciones en febrero de 2026. Sin embargo, Jenča reconoció que persisten «profundas divisiones» entre actores clave, lo que podría hacer inviable el proceso si continúa la violencia.

En la sesión también intervino la directora general de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Ghada Waly, quien aseguró que los grupos criminales controlan alrededor del 90 % de Puerto Príncipe. «El crimen organizado se está expandiendo hacia el este y sur del país, mientras crece el número de grupos de autodefensa», precisó.

Waly advirtió además sobre el cierre de infraestructuras clave como la presa hidroeléctrica que provee el 30 % de la electricidad nacional, y denunció la repatriación forzada de migrantes haitianos a zonas de extrema inseguridad, sin acceso a servicios básicos.

En paralelo, un juez federal de Nueva York falló ayer a favor de miles de haitianos con estatus legal en Estados Unidos, permitiéndoles defender su permanencia frente al intento de la Administración Trump de terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS), que actualmente protege de la deportación a más de medio millón de personas.