Categoría: El Mundo

Con un tono menos hostil hacia Volodimir Zelenski que en las últimas semanas, Donald Trump recibe este viernes al presidente ucraniano en una visita que va mucho más allá de un acuerdo que firmarán sobre minerales estratégicos.

El presidente estadounidense, que rompió con la política de su predecesor Joe Biden de apoyar a Kiev y protagonizó un sorprendente acercamiento a Vladimir Putin, recibirá a Zelenski en torno a las 11H00 (16H00 GMT).

El impredecible Trump restó importancia el jueves a los comentarios que hizo la semana pasada sobre el presidente ucraniano, a quien llamó «dictador».

«¿Dije eso?», comentó haciéndose el sorprendido. «No puedo creer que lo dijera. Siguiente pregunta», agregó el mandatario republicano, quien más tarde afirmó sentir «mucho respeto» por su homólogo ucraniano.

Pero este cambio de tono, ¿se debe al acuerdo que firmará con Zelenski? No se sabe, pero lo cierto es que en política nada agrada más al expromotor inmobiliario que concluir un «acuerdo» ventajoso.

El acuerdo marco permite a Estados Unidos acceder a los recursos del subsuelo ucraniano, como exigía Trump, en compensación por la ayuda militar y financiera desembolsada durante los últimos tres años.

«Vamos a cavar, cavar, cavar», adelantó el republicano de 78 años el jueves.

El acuerdo no es exactamente como quería el presidente estadounidense, quien había pedido que se mencionara un monto de $500,000 millones que el texto final no contiene.

Establece un fondo conjunto de inversión en metales, hidrocarburos e inversiones.

El texto tampoco prevé garantías absolutas de seguridad para Ucrania.

«Pero la idea es que con una inversión conjunta en los recursos del país, Estados Unidos seguirá involucrado en la seguridad y la estabilidad», señalan Gracelin Baskaran y Meredith Schwartz en una nota de análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

El propio Trump sostuvo el jueves que este acuerdo funcionaría como una especie de «red de seguridad».

«No creo que nadie vaya a meterse en problemas si estamos (en Ucrania) con muchos trabajadores» para explotar minerales, agregó el presidente estadounidense.

Ucrania posee alrededor del 5 % de los recursos mineros del mundo, pero los que Trump codicia están en su mayoría sin explotar, son difíciles de extraer o se hallan bajo control ruso, en territorios ocupados.

Lo que está en juego durante la visita de Zelenski va mucho más allá del manganeso y el grafito.

Ucrania y Europa han seguido con preocupación el acercamiento entre Trump y Putin, quienes hablaron por teléfono largo y tendido el 12 de febrero e iniciaron negociaciones para poner fin a la guerra.

El jueves, el presidente estadounidense reiteró que confía en el presidente ruso, a pesar de las reiteradas advertencias de Londres y París sobre la fragilidad de cualquier tregua que no vaya acompañada de un sólido aparato de control y seguridad, garantizado por Estados Unidos.

Dijo estar convencido de que Putin «cumplirá su palabra» en caso de un alto el fuego.

Trump se niega a culpar a Moscú por la guerra e incluso acusó a Ucrania.

Cerró por completo la puerta a una adhesión de Ucrania a la OTAN, diciendo que hay que «olvidarse» de esa perspectiva.

Pero el presidente estadounidense consideró el jueves que, en caso de un acuerdo de paz, Kiev podría recuperar algo de territorio. «Intentaremos recuperar tanto como sea posible», declaró, y alabó «la valentía» con la que lucharon las tropas ucranianas.

El magnate y ahora también funcionario de gobierno Elon Musk dijo el viernes que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, algún día seguirá los pasos de su jefe Donald Trump como «futuro presidente».

«El mejor vicepresidente de la historia y nuestro futuro presidente», expresó el multimillonario tecnológico Musk en su red social X.

Musk, la persona más rica del mundo y el principal donante de Trump durante la campaña presidencial de 2024, ya había publicado otro mensaje casi igual la semana pasada: «El mejor vicepresidente de la historia y, ojalá, nuestro futuro presidente».

Desde que asumió el cargo el mes pasado, Trump lo puso a Musk al mando del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y le dio amplia autoridad para encontrar formas de recortar el gasto gubernamental y reestructurar y desmantelar las agencias federales.

Si bien está clasificado como «empleado especial del gobierno» y «asesor principal del presidente», Musk ha sido visto con más frecuencia al lado de Trump durante sus primeras semanas en el cargo que Vance.

Vance es el tercer vicepresidente más joven de la historia del país y uno de los menos experimentados, ya que anteriormente solo cumplió un mandato como senador estadounidense.

El joven político es un escritor de gran éxito y su visión de Trump ha cambiado significativamente desde el primer período del presidente en la Casa Blanca.

Los mensajes de Musk llegan en un momento en que Trump, que ya cumplió un primer periodo en la Casa Blanca de 2017 a 2021, ha insinuado regularmente un posible tercer mandato.

El papa Francisco ya no se encuentra en estado «crítico», pero sigue con «pronóstico reservado», confirmó este viernes una fuente vaticana, cuando se cumplen dos semanas de su hospitalización por una doble neumonía.

«El cuadro sigue siendo complejo. Ya no está en estado crítico (…), pero el pronóstico sigue siendo reservado», indicó esta fuente, precisando que el pontífice argentino de 88 años «continúa con su tratamiento y la fisioterapia respiratoria».

El líder espiritual de 1,400 millones de católicos en el mundo fue ingresado en el hospital Gemelli de Roma el 14 de febrero por una bronquitis, que derivó en una doble neumonía.

Pero todas las alarmas saltaron el pasado fin de semana cuando se deterioró la salud del primer papa latinoamericano y, el martes por la noche, el Vaticano explicó que su estado era «crítico pero estable».

El último informe médico, difundido el jueves por la noche, informó que su salud seguía «mejorando», pero que «dada la complejidad del cuadro clínico», se requerían «más días de estabilidad» antes de modificar su pronóstico.

Aunque el «pronóstico reservado» se aplica especialmente a los casos más graves, los médicos también lo usan en casos en los que no pueden determinar un pronóstico exacto ante la imprevisible evolución del estado del paciente.

Esta hospitalización, la cuarta y más larga desde 2021, genera preocupación por los problemas previos que debilitaron su salud en los últimos años: operaciones en el colon y el abdomen, y dificultades para caminar.

Y ha reabierto los interrogantes sobre su capacidad para desempeñar sus funciones, máxime cuando el derecho canónico no prevé ninguna disposición en caso de un problema grave que pueda afectar a su lucidez.

Noche «tranquila»

Jorge Bergoglio, que en los últimos tiempos descartó la idea de dimitir, pudo retomar a inicios de semana su trabajo desde el hospital, autorizando canonizaciones y nombrando obispos, aunque sin realizar apariciones públicas.

«El papa se levantó, desayunó y leyó los diarios», indicó este viernes la fuente vaticana. Poco antes, la Santa Sede informó que, «como en los días anteriores», pasó una noche «tranquila».

A medida que se suceden las oraciones en el mundo por su pronta recuperación, otro de los interrogantes es cuándo realizará su primera aparición pública desde su hospitalización.

En julio de 2021, el pontífice salió a un balcón del hospital Gemelli para pronunciar el tradicional Ángelus días después de su ingreso. Por el momento, se desconoce si hará lo mismo este domingo, tras ausentarse los dos precedentes.

Francisco ya anuló su audiencia prevista el sábado con motivo del Jubileo y tampoco participará en la misa con motivo del Miércoles de Ceniza, el 5 de marzo, que presidirá el cardenal Angelo de Donatis.

Esta información indica que su hospitalización podría prolongarse todavía. Según el diario Il Messaggero, «el Vaticano se prepara para gestionar una larga ausencia» del soberano pontífice.

Pero en pleno «año santo» católico, celebrado habitualmente cada cuarto de siglo y que atrae a millones de peregrinos a Roma, muchos fieles no dudan en desplazarse hasta las puertas del hospital para acercarse a su líder espiritual.

«Quisiéramos poder entrar todos a besarle los pies al papa, pero representa muchísimo estar aquí aunque sea», aseguró el jueves a la AFP Flor Mercado García, una mujer de 66 años, que acudió a Gemelli junto a un grupo de peregrinos mexicanos.

Mu00e1s de 200 migrantes partieron este jueves en lanchas desde Miramar, un nuevo punto de salida hacia Colombia por el Caribe panameño, sin que el gobierno logre aún manejar un flujo migratorio creciente provocado por la política antimigratoria de Estados Unidos.

El gobierno aseguró que hasta ahora van unos 2,200 migrantes que se han devuelto en su mayoría desde México en las últimas semanas. Hace unos días salieron cientos desde muelles de Cartí, en la comarca indígena caribeña de Guna Yala, rumbo a la población colombiana de Necoclí, en el golfo de Urabá.

«Nuestra travesía es dura otra vez, nos extorsionan, nos roban. La misma historia de cuando sale uno de Venezuela es salir de México para acá», dijo a la AFP el venezolano Francisco, de 31 años, quien prefirió no dar su apellido, en el muelle de ese pequeño pueblo de la provincia de Colón.

Tras el naufragio de una lancha de migrantes que partió de Cartí, en el que murió una niña, las autoridades indígenas pidieron al gobierno y los organismos internacionales organizar el flujo y suspender la llegada masiva por su territorio autónomo, pues no tenían condiciones para acoger a tanta gente.

En conferencia de prensa, el presidente José Raúl Mulino, dijo este jueves que el número de migrantes que regresa desde el norte, en su mayoría venezolanos, «va en ascenso».

«Estamos muy compenetrados en colaborar, sobre todo con nuestro otro vecino que es Costa Rica (…) con todo este cúmulo de personas que tenemos nosotros que ayudar a ingresar a Panamá con respecto a sus derechos humanos, etc. (…) han entrado 2,200 personas del norte para el sur», afirmó Mulino.

De Costa Rica, donde son excluidos en un centro de migrantes en la frontera con Panamá, llegan en autobuses a cercanías de los muelles panameños para tomar las lanchas, pues los vuelos humanitarios anunciados hace semanas aún no se realizan.

Mulino indicó que Panamá está «haciendo esfuerzos muy concretos» para que el gobierno de Colombia permita llegar a los migrantes venezolanos hasta la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. Desde allí podrían ingresar a su país.

«No se pudo»

En su retorno, los migrantes, muchos sin documentos, optan por el mar para esquivar la peligrosa selva del Darién, en la frontera con Colombia, que cruzaron cuando iban con la meta de llegar a Estados Unidos.

«Aquí voy para atrás otra vez de una decepción, (tenía) esperanza de darles una mejor vida para mis hijas, pero bueno, no se pudo», dijo el venezolano Darwin González, de 46 años, en el muelle de Miramar.

Varios migrantes aseguraron a la AFP que en el camino de retorno deben pagar cientos de dólares en transporte. Solo la lancha a la frontera con Colombia cuesta unos $250.

«Hemos gastado como casi $2,000 más o menos para regresar y economizando. O sea, comiendo una sola comida al día, comiendo pan, refresquito, galletita», dijo a la AFP la venezolana Milagros Rubio, de 44 años, quien viaja con tres familiares.

Mu00e1s de 300,000 migrantes, mayoritariamente venezolanos, cruzaron la jungla del Darién en 2024. En lo que va del año han pasado hacia el norte 2.633, un 96% menos que en igual lapso de 2024, según cifras oficiales panameñas.

Amo de la marihuana en los años 80, Rafael Caro Quintero es uno de los capos históricos de México. Aunque pagó con cárcel parte de sus culpas, una sombra nunca dejó de perseguirlo: el asesinato del agente estadounidense Enrique «Kiki» Camarena en 1985.

De 72 años, el «Narco de Narcos» fue extraditado este jueves a Estados Unidos con otros 28 señalados criminales, un castigo que evadió más de dos años con argucias y aduciendo un deterioro de salud.

Fundador del cártel de Guadalajara, que hizo negocios con el extinto capo colombiano del cártel de Medellín, Pablo Escobar, tenía una debilidad por las joyas y la ropa fina. También era reconocida su habilidad para los negocios y moverse en el bajo mundo, lo que lo llevó a fundar su propia organización.

A los 14 años se inició en el cultivo de marihuana en su natal Badiraguato (Sinaloa), cuna de otro de los mayores narcotraficantes mexicanos, Joaquín «El Chapo» Guzmán, preso a perpetuidad en Estados Unidos.

Una prisión en ese país es ahora el destino de Caro Quintero, a quien Estados Unidos tenía entre ceja y ceja por la tortura y homicidio de Camarena en 1985, acusación que siempre negó.

Debido a ello, Washington puso un precio a su cabeza de 20 millones de dólares, la suma más alta que haya ofrecido por un capo mexicano. El caso Camarena es «el más doloroso» para la DEA, dijo este jueves a la AFP el exjefe de operaciones internacionales del organismo, Mike Vigil.

«Para nosotros es personal», había dicho a la AFP con tono severo el zar antidrogas de Nueva York, Ray Donovan, en 2019.

Como otros capos, Caro Quintero justificó su deriva criminal en la pobreza y falta de oportunidades.

«Era huérfano, murió mi papá, yo tenía 14 años y había que darles de comer a mis hermanos, así empezó todo», relató en 2016 a la revista Proceso para justificar su incursión en el cultivo de marihuana y amapola (materia prima de la heroína).

Su peor error –

A finales de los años 70, Caro Quintero se alió con Miguel Ángel Félix Gallardo («El Jefe de Jefes») y Ernesto Fonseca Carrillo para fundar el cártel de Guadalajara, uno de los pioneros del narcotráfico en México.

El «Narco de Narcos» llegó a ser así el mayor exportador mexicano de marihuana y su fortuna fue calculada en unos 500 millones de dólares.

Luego el cártel amplió sus negocios a la cocaína, gracias a los tratos con Pablo Escobar.

Aunque posaba como agricultor honesto, Caro Quintero, cuya vida ha sido retratada en varias «narcoseries», ya estaba en la mira de Estados Unidos por presuntos nexos con autoridades mexicanas.

Entre 1982 y 1984, «Kiki» Camarena, estadounidense de origen mexicano, se infiltró en el cártel, lo que condujo a la destrucción de 2.500 acres de marihuana del «Narco de Narcos» en una hacienda conocida como el Rancho Búfalo (Chihuahua, norte).

Según las autoridades estadounidenses, en su deseo de venganza contra la DEA, Caro Quintero ordenó la tortura y muerte de Camarena, cuyo cuerpo fue encontrado en una zanja en marzo de 1985 junto con el del piloto mexicano Alfredo Zavala.

«No lo secuestré, no lo torturé y no lo maté», aseveró el capo a Proceso en la clandestinidad.

El homicidio de Camarena golpeó las relaciones entre Estados Unidos y México y radicalizó la lucha antidrogas, lo que detonó la caída del capo y su organización.

Caro Quintero fue detenido en abril de 1985 en Costa Rica y condenado a 40 años de prisión por el doble crimen, aunque en agosto de 2013 fue liberado por un tecnicismo legal. Luego, Estados Unidos pidió su extradición por la muerte de Camarena y por cargos de narcotráfico, actividad que nunca abandonó, según la DEA.

«Si algún criminal mata a un agente nuestro, entonces vamos a perseguirlo por todo el mundo hasta que sea capturado», sostiene Mike Vigil. La sentencia finalmente se cumplió.

Cientos de científicos y expertos fueron despedidos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), una agencia estadounidense responsable de la previsión meteorológica, el análisis climático y la conservación marina, informó el jueves un congresista demócrata.

«Cientos de científicos y expertos de la NOAA acaban de recibir la noticia que todos los trabajadores federales han estado temiendo», escribió el representante por California, Jared Huffman, en una declaración.

Los despidos se producen mientras el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk promulga reducciones radicales en la fuerza laboral federal, medidas que pueden exceder la autoridad legal, según sus críticos.

La NOAA ha estado en la mira de los ideólogos conservadores detrás del Proyecto 2025, un plan de gobierno que parece estar siguiendo la nueva administración del presidente Trump. El plan, desarrollado por la Heritage Foundation, describe a la NOAA como uno de los «principales impulsores de la industria de alarmas sobre el cambio climático» y pide el desmantelamiento de la agencia.

Para Huffman, «la purga del gobierno de científicos, expertos y funcionarios de carrera y el recorte de programas fundamentales costará vidas».

Los defensores del medio ambiente se hicieron eco de esas preocupaciones. «Los despidos masivos de Trump en la NOAA son un acto de sabotaje dirigido a una de nuestras agencias federales más importantes», dijo Miyoko Sakashita, directora de océanos del Centro para la Diversidad Biológica.

En las calles de Nueva York, el venezolano Omar Vírguez camina con el rostro cubierto por un pañuelo. Incluso en esta metrópoli progresista estadounidense, un «santuario» impermeable a las redadas prometidas por Donald Trump contra la inmigración clandestina, cunde el «miedo».

Durante los últimos días, la preocupación se ha ido convIrtiendo en paranoia a partir del acercamiento político de Eric Adams, el alcalde demócrata de la mayor ciudad de Estados Unidos, con el nuevo presidente republicano, quien prometió desde su última campaña electoral realizar la mayor ola de deportaciones de la historia del país.

«Tengo miedo, como todos los inmigrantes, porque no sabemos qué va a pasar con nosotros», dice a la AFP Omar Vírguez, de 42 años, recién llegado desde Venezuela en busca de «una vida mejor».

«Cuando veo a la policía, me escondo», confiesa este enfermero de profesión.

Esta tarde de febrero, un mes después de la investidura de Trump, Vírguez salió de su centro de acogida para apoyar una manifestación «contra el ICE», la policía de inmigración, pero se mantuvo alejado del cordón policial ocultando su rostro con una bandana.

En esta ciudad cosmopolita de 8,3 millones de habitantes y que acogió a 232.000 inmigrantes desde 2022, las organizaciones defensoras de indocumentados están en pie de guerra desde que el alcalde demócrata empezó a socavar el estatuto de ciudad «santuario».

Adoptado hace varios años en virtud de una legislación local, éste estatuto restringe la cooperación de la ciudad con el gobierno federal en materia migratoria, en particular con su policía de fronteras.

Tarjetas rojas –

Adams quiere colaborar con la administración Trump, por ejemplo, integrando la labor de su policía a la del ICE, y aconseja a lugares históricamente inviolables (escuelas, hospitales, iglesias) que no se opongan a la intrusión de los agentes federales.

Con Trump, «siempre tenemos ese miedo en la cabeza: cuándon nos van a detener y pedirnos los papeles», señala preocupado Víctor, un trabajador ilegal de la numerosa comunidad hispana, en una de las iglesias de Manhattan que se erigen como baluarte contra las redadas anunciadas.

A la entrada de la iglesia luterana Trinity, un cartel sostiene: «Las fuerzas del orden, ICE y DHS (Departamento de Interior) no pueden entrar sin una orden judicial».

«Ya no hay respeto por estos lugares», dice la pastora Alyssa Kaplan, quien subraya la «angustia» de los extranjeros alojados en el lugar de culto.

Un perro labrador permanece atento en la entrada para «avisar» si aparece la «migra».

Como muestra del pánico que se apodera progresivamente de la ciudad, las asociaciones se ven desbordadas por las peticiones de «tarjetas rojas», cartillas distribuidas en 19 idiomas para enumerar los derechos de los inmigrantes en caso de ser abordado en controles.

En las escuelas de Nueva York, muchos alumnos para los que el inglés no es su lengua materna han desaparecido en los últimos días, lamenta Yari Michel, profesora en el distrito de Brooklyn y delegada del sindicato de profesores de primaria, UFT (United Federation of Teachers).

«Los niños están asustados. Nuestros hijos necesitan saber qué hacer si el ICE llega a su casa, si se les acercan en la calle», prosigue la impulsora de un colectivo local de «defensa de los inmigrantes».

«Miedo palpable»

Para esta profesora, no hay duda de que la administración Trump, que a principios de febrero ordenó retirar los cargos penales por corrupción contra el alcalde de Nueva York, lo hizo «a cambio de que Adams permita las deportaciones masivas».

Adams lo niega categóricamente. El lunes volvió a asegurar que Nueva York es «una ciudad santuario».

Pero, advirtió, repitiendo la retórica de Washington: «si vienes aquí pensando que puedes cometer un delito, estás en el lugar equivocado».

De momento, pese a las declaraciones, la ola prometida no se ha desatado, ni en Nueva York ni en el resto de Estados Unidos.

Pero el «miedo es palpable», observa Amy Vázquez, una estudiante mexicano-estadounidense de 21 años que de repente se ha convertido en cabeza de familia.

Sus padres, una camarera y un carpintero mexicanos que viven en Nueva York desde hace 20 años, «lo han puesto todo a mi nombre para asegurarse de que si los deportan, me den la custodia de mi hermana de 10 años, que me den el coche, etc», detalla la joven nacida en Estados Unidos.

La comunidad latinoamericana se «organiza» o simplemente evita salir a la calle, aunque sólo sea para hacer las compras. «Da mucho miedo», asegura la estudiante.

«No quiero llegar un día a casa de la universidad y encontrarme con que ya no están», dice mientras trata de contener las lágrimas.

El gobierno de Nicaragua anunció este jueves su decisión de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en rechazo al informe de expertos del organismo que lo acusa de represión y de acabar con el Estado de derecho en el país centroamericano.

«Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarnos del Consejo de Derecho Humanos y de toda actividad relacionada con este Consejo y todos sus mecanismos satélites», dijo en medios oficialistas Rosario Murillo, copresidenta de Nicaragua junto a su esposo, Daniel Ortega.

El informe anual del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua aseguró que el gobierno «eliminó los pocos controles institucionales que quedaban» y creó un «poder ejecutivo con dominio absoluto» y una «maquinaria de represión» con la reforma constitucional que entró en vigor el 18 de febrero.

Según el reporte, «el gobierno reclutó a excombatientes, militares y policías retirados, jueces y empleados públicos, para que se unieran» a un ejército de decenas de miles de encapuchados que vigilan y reprimen a la población.

Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar una «dictadura familiar», junto a su esposa, de 73 años.

Ambos aumentaron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de abril de 2018, que consideraron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington y cuya represión, en la que según el Grupo e la ONU participó el ejército, la policía y paramilitares, dejó más de 300 muertos.

«El autodenonimado Grupo de Experto, la Oficina del Alto Comisionado y el Consejo de Derechos Humanos se han convertido en caja de resonancia de quienes atentaron contra la paz y tranquilidad», agregó, en referencia a los manifestantes y a los miles de exiliados tras las protestas.

«Para Nicaragua estos irrespetuosos mecanismos perdieron su naturaleza y esencia. No los reconocemos y no nos vemos siendo parte o cómplice de atropellos contra la soberanía, la igualdad de los Estados, la dignidad de los pueblos», aseguró Murillo.

Autoridades de México anunciaron la extradición este jueves de 29 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos, en medio de crecientes presiones del gobierno de Donald Trump para que su vecino detenga el contrabando de fentanilo.

La entrega fue anunciada por la secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General, que sin embargo no precisaron los nombres de los extraditados que estaban encerrados en varias cárceles mexicanas.

Medios mexicanos aseguran que entre los extraditados figura el veterano narcotraficante Rafael Caro Quintero, a quien Estados Unidos reclama por el homicidio del agente de la DEA Enrique «Kiki» Camarena» en 1985.

De acuerdo con esas versiones, también fueron entregados los hermanos Omar y Miguel Ángel Treviño Morales, exlíderes del extinto y sanguinario cártel de los Zetas.

Estas extradiciones ocurren el mismo día en que autoridades mexicanas tienen previsto reunirse en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios estadounidenses para dialogar sobre comercio y el combate del narcotráfico.

Este encuentro se enmarcan en los esfuerzos del gobierno mexicano para evitar que Washington imponga aranceles del 25 % a las importaciones mexicanas a partir del 4 de marzo.

Trump acusa a México y Canadá, sus socios en el acuerdo de libre comercio T-MEC, de permitir el tráfico de drogas y de migrantes irregulares a su territorio.

En un comunicado, las autoridades mexicanas señalaron que las extradiciones fueron solicitadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

«Esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones», apuntaron.

Elon Musk, el multimillonario nombrado por el presidente Donald Trump para recortar el número de funcionarios, sugirió este jueves que los congresistas cobren más para desalentar la corrupción.

Aunque oficialmente es solo un asesor, Trump le ha otorgado un enorme poder para recortar el gasto federal y la burocracia, como parte de una comisión de eficiencia conocida como DOGE.

«Podría tener sentido aumentar la remuneración para el Congreso y los altos funcionarios del gobierno para reducir la incitación a la corrupción, ya que esta última podría ser hasta 1,000 veces más costosa», publicó Musk en su plataforma social X.

Aunque los congresistas de ambos partidos generalmente se muestran reacios a aumentar los salarios, reconocen que mantener sueldos competitivos es la mejor forma de garantizar que el servicio público no se convierta en un privilegio exclusivo de los ricos.

El jefe de Tesla y SpaceX se ha lanzado en una amplia reestructuración del aparato federal, y ha comenzado a desmantelar varias agencias gubernamentales, a las que acusa de fraude y derroche.

Los congresistas estadounidenses cobran $174,000.

Su salario normalmente se ajusta al alza anualmente para seguir la inflación, pero desde 2009 los propios congresistas decidieron congelar estas subidas.

Elon Musk protestó en diciembre contra un borrador presupuestario en el Congreso que incluía por primera vez en 15 años un «ajuste en función del costo de la vida», y por lo tanto abría la puerta a un aumento salarial de los parlamentarios.

«Cualquier congresista de la Cámara o el Senado que vote a favor de este escandaloso proyecto de gastos merece perder» su escaño, declaró entonces.

El hombre más rico del mundo logró torpedear el texto y la nueva versión adoptada incluía de nuevo un congelamiento de la remuneración de los congresistas.
Numerosos parlamentarios, tanto republicanos como demócratas, están a favor de un aumento salarial.

Alegan que un buen salario es la mejor manera de atraer nuevos talentos a la política, teniendo en cuenta el elevado costo de las campañas electorales en Estados Unidos.