Categoría: El Mundo

Al menos 262 personas murieron y 66 resultaron heridas en ataques armados desde enero en Kenscoff, en las afueras de Puerto Príncipe, según un informe publicado este lunes por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

El 53 % de las víctimas eran miembros de la población y el 47 % personas asociadas a grupos criminales que formaban parte de la coalición armada Vivre Ensemble (Vivir Junto), que irrumpió en la zona en enero de este año.

Asimismo, alrededor de 200 viviendas fueron destruidas o incendiadas y más de 3.000 personas tuvieron que huir.

Los ataques contra Kenscoff «fueron de una brutalidad extrema, con el objetivo de sembrar el pánico entre la población», subrayó en un comunicado la representante especial para Haití de Naciones Unidas, la ecuatoriana María Isabel Salvador.

Según las Naciones Unidas, hombres, mujeres y niños fueron ejecutados dentro de sus casas, mientras que otros fueron asesinados en las carreteras y caminos cuando intentaban huir de la violencia.

Los cuerpos de las víctimas fueron quemados. También se cometieron actos de violencia sexual, en particular contra mujeres y niñas.

Las bandas criminales llevaron a cabo estos ataques para ampliar su control sobre las localidades montañosas de Kenscoff, con el fin de desestabilizar el municipio de Pétion-Ville, subrayó el informe.

Al extender su influencia en esta zona, las bandas criminales y quienes las apoyan también buscarían debilitar aún más a las autoridades en el poder.

El primer día de los ataques, el 27 de enero, las fuerzas de seguridad haitianas se desplegaron con retraso, subrayó el documento.

Sin embargo, posteriormente y a pesar de los limitados medios y del personal que operaba en varios frentes a lo largo de la capital, reforzaron gradualmente su presencia en el municipio de Kenscoff, con el apoyo de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), que lidera Kenia.

«Este despliegue ha permitido frenar el avance de los grupos criminales, pero aún no ha permitido restablecer el orden público», agregó el informe de la ONU.

Los primeros ataques se registraron en el municipio de Kenscoff, lo que demuestra la presencia continua de grupos criminales y su capacidad para instalar numerosas células en esta zona.

Desde el comienzo de los enfrentamientos, cuatro miembros de las fuerzas de seguridad han sido asesinados y otros cuatro han resultado heridos, además, un miembro de la MMAS también resultó herido, recordó el documento.

Nicolu00e1s Maduro, quien juru00f3 para un tercer mandato tras su cuestionada reelección en Venezuela, anunció este lunes que firmaru00e1 un decreto de emergencia económica, luego de que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, se lo propusiera ante los «momentos delicados» e «incertidumbre que vive la humanidad».

«Mañana firmaré el decreto constitucional de emergencia económica para proteger y defender la economía de toda Venezuela, y lo explicaré», indicó el líder chavista en su programa semanal u0027Con Maduro +u0027.

Maduro recordó que utilizó este recurso en otros años anteriores y explicó que ese decreto le permite asumir «funciones especiales, constitucionales, extraordinarias» para lo que consideró «la defensa de la economía venezolana en su impulso, en su desarrollo».

En el espacio televisivo, la vicepresidenta entregó a Maduro el documento con la propuesta para que, aseguró, tome las «riendas de la economía» y así «proteger la industria nacional, para garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales de la población y que la vida económica nacional siga su rumbo».

Venezuela enfrenta una subida de los aranceles del 15 % por parte de EE.UU. que se suma a otras medidas como los aranceles adicionales del 25 % a los compradores de crudo o gas venezolano y el fin de licencias a petroleras para operar en el país caribeño, como la estadounidense Chevron y la española Repsol.

El pasado viernes, Maduro aseguró que Venezuela seru00e1 «el primer país del mundo que va superar a los aranceles y la guerra comercial que ha declarado (el presidente estadounidense, Donald) Trump, contra el mundo».

El republicano abrió el pasado miércoles a una guerra comercial con el resto del mundo al anunciar un arancel mínimo del 10 % para casi todos los países que, en algunos casos como China o la Unión Europea, es todavía mayor.

Desde entonces, los mercados han experimentado caídas no vistas desde el inicio de la pandemia de covid-19, y los expertos advierten de una posible recesión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que «nadie» quiere vivir en la Franja de Gaza y afirmó que sería «algo bueno» que fuerzas estadounidenses asumieran el control del enclave palestino.

Durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el republicano insistió en que ve el enclave palestino como «un terreno inmobiliario increíblemente importante».

«Creo que es algo en lo que nos involucraríamos. Tener una fuerza de paz como la estadounidense controlando y apropiándose de la Franja de Gaza sería algo positivo», expresó el mandatario, quien ha sido acusado de buscar una «limpieza étnica» del enclave con su plan.

Trump definió la Franja como «un lugar fantástico donde nadie quiere vivir» porque se ha convertido en «una peligrosa trampa mortal».

El republicano abogó por «trasladar a los palestinos a diferentes países» y crear una «zona libre» donde la población no esté en riesgo.

«Israel nunca debió haber cedido Gaza, no sé por qué lo hicieron», dice Trump refiriéndose a la retirada de Israel de la Franja en 2005.

Según Netanyahu, el plan propuesto por Trump otorgaría a los palestinos «libertad para decidir» si quieren salir de la Franja, donde ahora están «retenidos» y no se les deja abandonar el territorio.

El primer ministro puso el ejemplo de otras zonas de conflicto como Ucrania y Siria donde, dijo, se dejaba a la gente huir de las zonas de combate.

Netanyahu también afirmó que está trabajando con Trump en la búsqueda de un nuevo acuerdo de liberación de rehenes y la Franja de Gaza que espera que «tenga éxito».

Según el primer ministro, este acuerdo permitiría «liberar a todos los rehenes, pero también eliminar la perversa influencia de Hamás en Gaza».

Israel ha recrudecido los ataques sobre el enclave palestino, donde han muerto casi 1.500 palestinos desde que el pasado 18 de marzo rompió el alto el fuego vigente desde enero.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos levantó este lunes la orden de un tribunal federal que bloqueaba las deportaciones sumarias de venezolanos por parte del Gobierno de Estados Unidos bajo la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que solo se ha usado en tiempos de guerra.

La Administración de Donald Trump había presentado un recurso de emergencia al máximo tribunal estadounidense después de que una corte del circuito federal de apelaciones mantuviera en vigor el bloqueo temporal que el pasado 15 de marzo el juez James Boasberg impuso al uso de esta normativa.

No obstante, el Supremo -que levantó la orden del juez con cinco votos a favor y cuatro en contra- anotó que los migrantes detenidos y sujetos a órdenes de expulsión tienen derecho a ser notificados y a la oportunidad de impugnar su deportación con «un tiempo razonable».

Además, señaló que los migrantes detenidos están confinados en Texas, por lo que la batalla legal contra su deportación se debe resolver ahí y no en un tribunal del Distrito de Columbia.

El Gobierno de EE.UU. argumentaba en su recurso que esta es una cuestión de seguridad nacional demasiado urgente como para ser resuelta en tribunales de menor instancia.

El escrito del Gobierno también señalaba que la Constitución deja claro que la competencia sobre seguridad nacional recae de manera indudable sobre el presidente y pide levantar el bloqueo judicial.

Trump ha asegurado que la banda transnacional Tren de Aragua, a la que acusa de haberse infiltrado en el Gobierno de Nicolás Maduro, está invadiendo el país.

Por ello, invocó el 15 de marzo la ley de Enemigos Extranjeros, norma de 1798 no usada desde la Segunda Guerra Mundial, que permite expulsar a extranjeros sin una vista judicial previa.

Ese mismo día, pese a la orden judicial de Boasberg, tres aviones fletados por el Gobierno estadounidense despegaron de Texas y entregaron a unos 200 venezolanos que fueron encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión salvadoreña de máxima seguridad.

La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió «hasta nueva orden» este lunes la orden de una corte inferior que ordenó el regreso a Estados Unidos de un migrante salvadoreño enviado por error a la c&aacutel;cel de máxima seguridad de El Salvador, después de que la Administración de Donald Trump lo pidiera.

«(La orden) queda suspendida hasta nueva orden del abajo firmante o del Tribunal», informó el Alto Tribunal en una declaración firmada por su presidente, el conservador John Roberts.

El tribunal alargó el plazo que tiene el Gobierno estadounidense para traer de regreso a Kilmar Armado Ábrego García, que según había dictaminado la jueza Paula Xinis en un tribunal de Maryland acababa este lunes.

Roberts ordenó, además de la pausa, que las partes aportasen más argumentos al tribunal antes de este martes a las 17:00 hora de Washington (21.00 GMT) para poder decidir sobre el caso.

El Gobierno estadounidense había apelado la decisión de la magistrada Xinis en el Tribunal de Apelación del Cuarto Distrito, pero esta corte declinó intervenir de inmediato, lo que propició que la Administración recurriera al Supremo.

El Ejecutivo señaló en su escrito que «la Constitución encarga al presidente, no a los tribunales federales de distrito, la conducción de la diplomacia exterior y la protección de la nación contra terroristas extranjeros, incluyendo su deportación».

Ábrego García, residente en el condado de Prince George en Maryland y casado con una estadounidense, fue puesto en la mira de las autoridades después de que en 2019 un informante asegurara que era miembro de la banda criminal MS-13 (Mara Salvatrucha). Aunque inicialmente se decretó que podía ser deportado, tras solicitar asilo un juez le concedió una suspensión de dicha orden, de acuerdo a la demanda.

Sin embargo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) lo detuvo el pasado 12 de marzo argumentando que su estatus había cambiado y lo enviaron a un centro de detención en Texas.

Desde allí fue enviado en uno de los tres aviones que el 15 de marzo transportaron a más de 200 venezolanos y decenas de salvadoreños a El Salvador, donde fueron confinados en el Cecot, la cárcel de máxima seguridad de ese país.

El Gobierno estadounidense admitió ante una corte que su envío a El Salvador fue un «error administrativo».

La Fiscalía General de Costa Rica presentó este lunes una acusación contra el presidente del país, Rodrigo Chaves, por presunta concusión (un delito contra los deberes de la función pública), relacionado a contrataciones de servicios de comunicación para el Gobierno con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

«Este delito sanciona con penas de 2 a 8 años al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial», explicó la Fiscalía General en un comunicado.

La acusación fue presentada este lunes por el fiscal general, Carlo Díaz, ante la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, que deberá analizarla y decidir, en un plazo no determinado, si traslada el asunto al Congreso para que discuta el levantamiento de la inmunidad del mandatario.

La Fiscalía General explicó que «investigó la contratación aparentemente a la medida para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencia de opinión para la Presidencia de la República de Costa Rica, correspondiente al período 2022-2026».

La acusación también involucra al actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, quien para el momento de los hechos investigados se desempeñaba como Jefe de Despacho del presidente Chaves.

El caso se refiere a aparentes irregularidades en la contratación de la empresa de comunicación RMC La Productora, propiedad de Cristian Bulgarelli, quien habría sido la persona que redactó los requisitos de contratación del concurso que realizó el BCIE para la adjudicación por unos 405.000 dólares en 2022.

En junio de 2024 el BCIE sancionó con un veto de siete años a Bulgarelli y la empresa por «la comisión de las prácticas prohibidas de fraude y colusión», pues «el proveedor aceptó públicamente haber elaborado los términos de referencia del proceso en coordinación y acuerdo con ex funcionaria del Ministerio de Comunicación de la República de Costa Rica».

El caso salió a la luz pública en diciembre de 2023 cuando el diario La Nación realizó una serie de publicaciones basadas en audios que le facilitó la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien ejerció ese cargo por cuatro meses desde el inicio del Gobierno del presidente, Rodrigo Chaves, en mayo de 2022.

La exministra Navarro dijo que grabó los audios para documentar «hechos que podrían ir contra la ley o la ética» y que los suministró a ese diario para «hacer lo correcto».

Según el Gobierno, fue la exministra Navarro quien llevó a Bulgarelli a Casa Presidencial y que el presidente no lo conocía.

El Gobierno presentó una denuncia penal contra Navarro y también contra el diario La Nación por la divulgación de los audios, pues los considera ilegales.

Ecuador se prepara para elegir a su nuevo gobernante este domingo en un contexto de profunda crisis de seguridad, con un promedio alarmante de un homicidio por hora registrado en los primeros meses de 2025, a pesar de los esfuerzos del gobierno por combatir el crimen organizado.

El presidente Daniel Noboa, quien busca su reelección, declaró una «guerra» contra la delincuencia y ha desplegado a los militares en las calles y las cárceles para intentar controlar la violencia desmedida. En febrero de 2025, el país reportó 736 homicidios, seguidos de 793 en enero, cifras que reflejan un incremento preocupante de la violencia justo antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que también se postula Luisa González, candidata correísta.

Esta nueva ola de violencia se presenta tras la declaración del «conflicto armado interno» en 2024, que inicialmente había conducido a una reducción del 15% en la criminalidad en comparación con 2023, año en que Ecuador tuvo una de las tasas de homicidios más elevadas de Latinoamérica, con casi 47 muertes violentas por cada 100,000 habitantes.

Luis de Guzmán, analista de seguridad, sostiene que la declaración de guerra fue «muy útil», dado el aumento de la violencia. Los homicidios ya no son únicamente entre bandas, sino que ahora también afectan a las fuerzas de seguridad y a civiles. «La respuesta más contundente era necesaria», afirma.

El especialista advierte que las calles de Ecuador se han convertido en un campo de batalla para el crimen organizado, creando una «guerra urbana» donde el enemigo se confunde con la población. De Guzmán propone continuar con la estrategia actual, pero también enfatiza la urgencia de invertir en tecnología y armamento para las fuerzas de seguridad, mejorar la inteligencia y atacar las finanzas de las bandas delictivas.

Sin embargo, Michelle Maffei, experta en prevención de crimen organizado, argumenta que la «hipermilitarización» ha resultado contraproducente, destacando la falta de medidas para prevenir que más jóvenes se unan a las organizaciones criminales. Maffei señala que centrarse solo en arrestar a los líderes está generando luchas internas y el surgimiento de grupos más violentos que buscan el control del narcotráfico.

Un caso emblemático es la disputa entre dos facciones de la organización criminal Los Tiguerones en la zona de Nueva Prosperina, Guayaquil, donde un enfrentamiento reciente dejó 22 muertos. Maffei alerta que, sin un cambio de enfoque, el país podría terminar 2025 con más de cincuenta grupos delictivos, complicando aún más el problema.

Los especialistas coinciden en que el próximo gobierno, ya sea de Noboa o González, debe fortalecer y reformar las instituciones de seguridad. Maffei sugiere comenzar por limpiar las Fuerzas Armadas y la Policía, afectadas por la corrupción, y redirigir el enfoque militar hacia las fronteras, por donde ingresan drogas y armas.

Además, plantea la necesidad de reformar la Unidad de Análisis Financiero y el Centro de Inteligencia Estratégica. De Guzmán también resalta la importancia de robustecer la administración tributaria y la Superintendencia de Compañías para combatir la criminalidad, junto con brindar educación y salud de calidad para ofrecer oportunidades de desarrollo.

«Sin estas medidas, seguiremos siendo una sociedad y un Estado que solo combate la violencia, mientras se descompone constantemente», concluye De Guzmán.

El papa Francisco enviará cuatro ambulancias a las zonas de guerra en Ucrania, en un nuevo «gesto de cercanía en uno de los lugares más dolorosos, azotado por la guerra desde hace tres años», informó este lunes el dicasterio para la Caridad del Vaticano.

Francisco volverá a enviar a su limosnero, el cardenal polaco Konrad Krajewsk, que junto a otros tres conductores llevarán las ambulancias «dotadas de todo el instrumental médico necesario para salvar vidas humanas en zonas de guerra».

«Por eso, en este tiempo de renacimiento pascual, el papa ha querido tener un gesto de cercanía en uno de los lugares más dolorosos, azotado por la guerra desde hace tres años: la martirizada Ucrania. Tres años que para el Santo Padre son un aniversario doloroso y vergonzoso para la humanidad», dice un comunicado del «ministerio» vaticano dedicado a la caridad.

La última vez que Francisco envió ambulancias fue en diciembre de 2024 cuando llevó a Ucrania para la Navidad un pequeño hospital móvil en el que también se pueden realizar intervenciones quirúrgicas.

La cadena de noticias Univisión reveló este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a la Corte Suprema frenar la orden de la jueza federal Paula Xinis para devolver al salvadoreño Kilmar Ábrego García al país norteamericano, luego de haber sido deportado a su país natal «por error».

La jueza Xinis giró la orden de regresar a Ábrego el viernes, sin embargo, ayer reiteró su decisión para que el salvadoreño esté en Estados Unidos nuevamente a más tardar este lunes 7 de abril por la noche.

La jueza Paula Xinisreiteró la orden al gobierno del presidente Donald Trump la cual exige que Ábrego García sea retornado a territorio estadounidense antes del lunes por la noche. La administración Trump argumentó que la Corte carece de competencia para ordenar acciones de política exterior, pero la magistrada insistió en que la deportación violó múltiples normas legales.

«Los acusados detuvieron a Ábrego García sin autoridad legal, lo mantuvieron en tres centros de detención, no lo presentaron ante ninguna autoridad migratoria y lo enviaron a El Salvador en contravención directa de una orden judicial de 2019», escribió Xinis en una opinión de 22 páginas publicada la madrugada del domingo.

Xinis también señaló que en El Salvador el migrante fue internado en el Cecot, una prisión que, según la jueza, «por diseño, priva a los detenidos de alimento, agua y refugio adecuados, fomenta la violencia y mezcla intencionalmente a miembros de pandillas rivales».

La jueza cuestionó además que el gobierno estadounidense haya calificado públicamente a Ábrego García como miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13), sin presentar pruebas ante el tribunal. Este señalamiento, advirtió, lo expone a represalias dentro del penal salvadoreño, donde también hay integrantes de bandas rivales como Barrio 18.

El caso ha provocado una ola de críticas desde distintos sectores, incluyendo miembros del Congreso, juristas y defensores de derechos humanos. La fiscal general Pam Bondi confirmó que el abogado del Departamento de Justicia que defendió la actuación del gobierno, Erez Reuveni, fue suspendido tras mostrarse frustrado por la falta de información y acciones para corregir el error.

Ábrego García vivía en Maryland desde 2012 y contaba con un permiso laboral. En 2019, un juez determinó que enfrentaría persecución de la pandilla Barrio 18 si regresaba a El Salvador, por lo que se le otorgó protección contra la deportación. Sin embargo, fue detenido nuevamente sin aviso y expulsado el mes pasado, sin comparecer ante un juez migratorio.

El Departamento de Justicia apeló la orden de Xinis ante la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, con sede en Richmond, Virginia, y solicitó una suspensión de emergencia. Hasta la mañana del domingo, el tribunal no había emitido resolución.

Mientras tanto, Jennifer Vásquez Sura,esposa de Ábrego García y ciudadana estadounidense, continúa liderando manifestaciones para exigir el retorno de su esposo.

El primer ministro israelí,

Benjamín Netanyahu, comenzó su visita a Estados Unidos, donde tiene previsto reunirse con Donald Trump, con una reunión con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en el marco de la subida global de aranceles que, en el caso de Israel, llegan al 17 %.

En un comunicado, la oficina de Netanyahu informó de su llegada este domingo por la noche junto con su esposa Sara a Washington, donde se espera que este lunes se reúna con Trump para discutir los aranceles, así como abordar la guerra en Gaza, Irán o la Corte Penal Internacional.

La reunión con Lutnick, que se produjo en la Blair House y donde también estaba el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, fue «cálida, cordial y productiva», según la nota.

El encuentro de Netanyahu, recién llegado de un viaje a Hungría, con Trump será el primer encuentro del presidente estadounidense con un mandatario extranjero desde que el republicano aumentara los aranceles globales.

El Gobierno de Netanyahu había intentado esquivar sin éxito esa represalia con un anuncio para eliminar todos los aranceles que Israel aplica a los productos estadounidenses.

Tras la decisión de Trump, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, apostó el jueves por «continuar con el diálogo» con Estados Unidos para tratar de «reducir el daño» de los nuevos aranceles.

Además de los aranceles, Netanyahu y Trump tratarán «los esfuerzos para el retorno de los rehenes (en Gaza), las relaciones entre Israel y Turquía, la amenaza iraní y la lucha contra la Corte Penal Internacional», según informó el Gobierno israelí.

Trump habló el jueves por teléfono con Netanyahu y con el primer ministro húngaro, Viktor Orban, mientras el líder israelí se encontraba en Budapest.

Coincidiendo con su viaje a Hungría, Orban anunció la salida de su país de la Corte Penal Internacional, que ha emitido una orden de arresto contra el prime ministro israelí por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza.

Israel ha recrudecido los ataques sobre Gaza, donde han muerto casi 1,500 palestinos desde que rompió el alto el fuego el pasado 18 de marzo.

En esa ocasión, Trump anunció su plan para tomar el control de la Franja de Gaza y expulsar del enclave a los palestinos, una idea repudiada por la comunidad internacional.