Categoría: El Mundo

  • Trump ofrece a Canadá protección gratis bajo su «cúpula dorada» si se une a Estados Unidos

    Trump ofrece a Canadá protección gratis bajo su «cúpula dorada» si se une a Estados Unidos

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este martes a Canadá protección gratuita bajo su «cúpula dorada», un sistema de defensa avanzado que planea tener listo en 2029, si se une a Estados Unidos como estado número 51.

    «Le dije a Canadá, que quiere ser parte de nuestra fabuloso Sistema de Cúpula Dorada, que le costará $61,000 millones si se mantiene como una nación separada pero desigual, pero le costará CERO DÓLARES si se convierte en nuestro querido estado 51», escribió Trump en Truth Social.

    «¡Están considerando la oferta!», aseguró en el mismo mensaje.

    Las declaraciones de Trump se producen después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, dijera que Canadá está sufriendo «los peligros de la sobredependencia económica y en materia de seguridad» de EE.UU., y que prevé aumentar su integración con la industria de defensa europea.

    En una entrevista en la radiotelevisión pública, CBC, Carney destacó que por cada dólar que Canadá gasta en defensa, el 75 % va a parar a EE.UU., algo que no le parece «inteligente», por lo que anticipó que su Gobierno diversificará el gasto y dirigirá más hacia sus socios europeos.

    Ante la ambición anexionista de Trump, del que criticó que use la «la fuerza económica», Carney solicitó a Carlos III su presencia en la apertura de la 45 legislatura del país para reforzar la soberanía canadiense.

    La semana pasada, Trump estimó que la «cúpula dorada», que se presenta como más avanzada que la «cúpula de hierro» de Israel, tendrá un coste aproximado de $175,000 millones y proyectó que esté finalizada para el final de su mandato en 2029.

    El presidente aseguró después que Canadá «quiere ser parte» del sistema y que estaba dispuesto a incluir al país a cambio de la «apropiada» compensación económica, y el Gobierno canadiense confirmó que estaba en conversaciones con el de EE.UU. para participar.

  • Panamá declara el estado de emergencia en provincia caribeña por protestas y huelga

    Panamá declara el estado de emergencia en provincia caribeña por protestas y huelga

    El Gobierno de Panamá declaró el martes el estado de emergencia en la provincia caribeña de Bocas del Toro (Caribe), que desde hace semanas registra fuertes protestas con bloqueos viales y donde la principal bananera del país anunció despidos masivos a sus trabajadores en huelga tras pérdidas millonarias.

    La declaración del estado o plan de emergencia fue aprobada este martes por el Gabinete (Consejo de Ministros) a través de la Resolución 48, la cual contempla la creación de una «Comisión de Alto Nivel para atender la situación causada por la huelga bananera y los cierres de vías en la provincia».

    El estado de emergencia en la provincia supone que los integrantes de la comisión de alto nivel «se encargarán de autorizar contrataciones mediante procedimiento excepcional que soliciten los ministerios para las compras y proyectos que consideren cruciales para la recuperación económica de Bocas del Toro», según explicaron las autoridades panameñas.

    Actualmente, en Bocas del Toro «hay en ejecución 21 proyectos del Gobierno Nacional, en renglones de agua, saneamiento, transporte, turismo, deportes y vivienda», según un comunicado oficial del Gobierno.

    Las autoridades indicaron que «la declaratoria de estado de emergencia no implica la suspensión de garantías fundamentales ni de derechos constitucionales de ningún ciudadano».

    El sector bananero de esa provincia se sumó a la huelga promovida por el principal sindicato del país, Suntracs, y otros docentes contra varias iniciativas del Gobierno de José Raúl Mulino, en concreto para rechazar una ley que reforma la Seguridad Social porque, consideran, es lesiva para sus jubilaciones y con carácter «neoliberal».

    Las huelgas comenzaron hace más de un mes y desencadenaron protestas y cerca de 30 obstrucciones y cierres en las principales carreteras del país. La policía ha lanzado gas lacrimógeno para reabrirlas, causando la denuncia de uso desmedido de la fuerza por parte de los manifestantes.

    «La declaración del estado de emergencia no implica bajo ninguna circunstancia intervenir en la apertura de estos bloqueos que tienen (en) las comunidades» de Bocas del Toro, afirmó en rueda de prensa el ministro panameño de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

    Orillac, que integra la comisión con los ministros de Salud, Trabajo, Seguridad y Desarrollo Agropecuario, añadió que esto es más bien para «reactivar la provincia, específicamente vamos a tratar de que sea de la mejor forma y sin que cause ningún tema de violencia por parte de las actuaciones que nosotros tengamos».

    También dijo que «no recuerda que se haya puesto fecha específica (de duración) al plan de emergencia porque esta situación, obviamente, no sabemos qué tiempo pueda tomar».

    La bananera Chiquita y Bocas del Toro
    Pese a que las protestas se han registrado a lo largo de todo el país, Bocas del Toro registra la situación más grave: parte de esa provincia, fronteriza con Costa Rica, es insular, por lo que los bloqueos la mantienen aislada y las autoridades han creado un puente humanitario para llevar provisiones.

    Además, esa zona caribeña es dependiente económicamente del sector turismo -siendo uno de los principales destinos del país- y el bananero.

    Allí, Chiquita Panamá, filial de la estadounidense Chiquita Brands, anunció ayer la suspensión «hasta nuevo aviso» de sus operaciones «administrativas, siembra, empaque y exportación» debido a la huelga «injustificada» de sus trabajadores, alegando que tomaron la decisión por causas de «fuerza mayor ajena al control de la empresa».

    La medida se suma, además, al despido de casi 5.000 de sus trabajadores en huelga, después de un frustrado diálogo entre el Gobierno y el sindicato. El Ejecutivo, inclusive, había anunciado que estaba trabajando en mejoras de la ley especial que rige la Seguridad Social de los trabajadores bananeros.

    La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, dijo hoy durante el anuncio del plan de emergencia que el tema laboral en estas últimas semanas es «bastante complejo» pues en este momento, anotó, tienen «4.900 suspensiones de trabajos tanto de Chiquita como de Ilara Holding, que son las empresas bananeras que son las mayores generadoras de empleo».

    Muñoz agregó que lo que pretende el plan de emergencia es «incentivar y buscar empleos para el resto de la comunidad (en Bocas del Toro), entendiendo que es un golpe difícil para esta comunidad que depende mayormente de la actividad económica de las bananeras».

    Chiquita Panamá anunció pérdidas por más de 75 millones de dólares y que el «abandono total» de las fincas provocó «daños irreversibles en la producción», tras solicitar en diversas ocasiones el reintegro a los puestos laborales.

    También, informó a los trabajadores despedidos que podían retirar sus liquidaciones, pero sin un aparente éxito ya que apenas diez bananeros han recogido sus cheques, según informaron medios locales hace días.

  • EEUU retira la recomendación de vacunarse contra la COVID-19 a los niños sanos y las mujeres embarazadas

    EEUU retira la recomendación de vacunarse contra la COVID-19 a los niños sanos y las mujeres embarazadas

    El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., anunció este martes que la vacuna contra la covid-19 dejará de ser recomendada para niños sanos y mujeres embarazadas, quedando fuera del calendario oficial de inmunización de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

    «Con efecto inmediato, la vacuna para niños sanos y mujeres embarazadas ha sido retirada del calendario recomendado de los CDC», afirmó Kennedy Jr. en un video publicado en su cuenta de X. Acompañado del director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), Jay Bhattacharya, y el comisionado de la FDA, Marty Makary, defendió la decisión como una medida basada en «el sentido común y la buena ciencia».

    La decisión se produce después de que la Administración Trump, en su segundo mandato, cuestionara los refuerzos promovidos por el gobierno de Joe Biden, al considerar que no existían datos clínicos suficientes que justificaran su uso repetido en menores de edad.

    Kennedy, conocido por su postura crítica hacia las vacunas, calificó en el pasado a la vacuna contra la covid-19 como «la más letal jamás fabricada» y ha vinculado la vacunación con el aumento de casos de autismo, pese a que múltiples estudios científicos han desmentido esa relación. Aunque negó ser antivacunas durante una comparecencia en el Senado, su gestión al frente del Departamento de Salud ha generado polémica por este tipo de posturas.

    Cambio en la política de inmunización

    Bajo su liderazgo, el Departamento de Salud también anunció su intención de desarrollar una «vacuna universal» utilizando virus desactivados, una tecnología considerada obsoleta por muchos expertos. La iniciativa busca reemplazar el proyecto NextGen, impulsado por la anterior administración, que destinó más de $5,000 millones al desarrollo de inmunizaciones de nueva generación contra la covid-19. La nueva línea de investigación ha sido promovida como una alternativa «más segura», según argumenta el actual equipo de gobierno.

    La decisión también se enmarca en un discurso político que ha ganado fuerza con el regreso al poder del presidente Donald Trump, cuya administración culpa a China de ser responsable de la pandemia por una presunta fuga de laboratorio en Wuhan. Esta teoría, considerada una conspiración por la comunidad científica internacional, ha sido reiterada en los discursos del actual gabinete.

  • Los desastres naturales causan diez veces más pérdidas económicas de las que se calcula

    Los desastres naturales causan diez veces más pérdidas económicas de las que se calcula

    Los desastres naturales causan hasta 2,3 billones de dólares en pérdidas económicas reales, diez veces más de lo que se calcula como costes directos por los efectos multiplicadores que tienen y los daños que provocan a los ecosistemas, revela un informe producido por Naciones Unidas y hecho público este martes.

    El estudio alerta de que estos costos seguirán creciendo a medida que se intensifique la crisis climática y que los países en desarrollo cargarán con la peor parte, entre otras razones por la deuda que deben contraer para sufragar los gastos de respuesta y rehabilitación en los que tienen que incurrir luego de cada catástrofe.

    Asimismo, se muestra cómo las decisiones que se tomen ahora, especialmente en cuanto a planificación territorial, inversiones y modelo energético, determinarán la exposición de las poblaciones a futuros riesgos.

    Uno de los ejemplos más alarmantes que se menciona es el rápido derretimiento del glaciar Thwaites (Antártida), que podría provocar un aumento del nivel del mar de más de medio metro, lo que a su vez amenazaría infraestructuras costeras que tienen un valor superior a los 1,8 billones de dólares.

    Además, tal situación afectaría gravemente a estados insulares como Kiribati y las Islas Marshall, así como a megaciudades costeras como Nueva York o Yakarta, indica el informe.

    Otro efecto del aumento en la frecuencia e intensidad de los desastres naturales es el aumento de los costes de las primas de seguros, la disminución de las coberturas y que las compañías de seguros empiecen a retirarse de ciertos lugares porque no les resulta rentable seguir ofreciendo seguros allí.

    Un ejemplo de ello está ocurriendo en Australia, donde más de medio millón de viviendas podrían quedar sin seguro en 2030 por el importante riesgo de inundaciones.

    Frente a este escenario, el informe evidencia que los recursos aún se destinan mayoritariamente a la respuesta de emergencia: el 96% de los 137.000 millones de dólares destinados a la asistencia para el desarrollo relacionada con desastres entre 2005 y 2017 se uso en socorro, reconstrucción y rehabilitación.

    Solo el 4 % (unos 5.200 millones) se invirtió en prevención y preparación, precisa el informe.

    Entre las mayores desigualdades que exhibe el informe llama la atención que las pérdidas directas de 69.570 millones de dólares sufridas en 2023 por desastres en Norteamérica representaba solo el 0,23 % de su PIB, mientras que las pérdidas de 4.300 millones registradas en Micronesia equivalían ese mismo año al 46,1% de su PIB.

    «Esto demuestra el enorme peso relativo de los desastres en las economías pequeñas y vulnerables», advierte la ONU.

    Las conclusiones de este informe serán debatidas en una reunión que mantendrá en junio en Ginebra la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres para definir estrategias que impulsen inversiones eficaces en prevención y adaptación a desastres.

  • Amnistía Internacional denuncia que Hamás persigue y tortura a los manifestantes en Gaza

    Amnistía Internacional denuncia que Hamás persigue y tortura a los manifestantes en Gaza

    Amnistía Internacional (AI) aseguró este miércoles que los servicios secretos de Hamás han intimidado, amenazado y acosado, incluso con interrogatorios y palizas, a civiles que han ejercido su derecho a la protesta pacífica en la Franja de Gaza.

    Se trata de denuncias recogidas por AI en los últimos dos meses de hechos producidos en el marco de las protestas de gazatíes por el «genocidio de Israel» y la reciente escalada de bombardeos en Gaza, y que también clamaban en contra de Hamás, que gobierna en el enclave.

    «Estas protestas han atraído a cientos, si no miles, de palestinos. Los manifestantes han coreado eslóganes y portado pancartas criticando a las autoridades de Gaza dirigidas por Hamás, y algunas personas han pedido el fin del gobierno de Hamás», comenta Amnistía. También ha habido protestas en el campo de refugiados de Yabalia, en el barrio de Shuja’iya de Ciudad de Gaza y en Jan Yunis.

    La directora de Investigación, Incidencia Política y Campañas de AI, Erika Guevara-Rosas, pidió a las autoridades de Hamás «poner fin de inmediato a todas las medidas represivas contra los palestinos que expresan valiente y abiertamente su oposición a las prácticas de Hamás en Gaza».

    «Los informes sobre palizas, amenazas e interrogatorios son extremadamente alarmantes y constituyen graves violaciones del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica», añadió la responsable, quien consideró «aberrante y vergonzoso» que a las «atrocidades» que están sufriendo en la Franja se junten estas intimidaciones.

    La organización de derechos humanos habló con más de una decena de personas que participaron en las protestas y les relataron que después de participar, hubo gente que fue citada fuera del protocolo regular y les pegaron con palos y en algún caso les amenazaron con matarles.

    «Las fuerzas de seguridad llegaron amenazando y pegándonos, acusándonos de ser traidores, solo por protestar», dice uno de los testimonios.

    En otro, se relata como a otro joven le pegaron en el cuello con palos, le gritaron, le acusaron de traidor y de colaborar con la inteligencia israelí: «Perdí a mi familia en una de las peores masacres de esta guerra; cinco hermanos y sus hijos fueron asesinados. Es horrible que te señalen de colaborador, que te cuestionen tu patriotismo, después de que te arranquen a tu familia», dice.

    La mayoría de los testimonios también relatan que les avisaron y amenazaron para que no volvieran a salir a protestar. Amnistía Internacional recordó que desde que Hamás llegó al poder en 2007 en la Franja de Gaza, estableció un sistema paralelo de seguridad e impuso restricciones a las protestas, sobre todo en 2019 cuando detuvo de forma regular a disidentes para torturarlos.

    «Incluso durante el genocidio en curso de Israel, los servicios de seguridad de Hamás siguieron coartando la libertad de expresión, incluso tachando de traidores a quienes los criticaban», apuntó la organización, con sede en Londres.

  • Juez acusa al Gobierno de Trump de estar «creando caos» con expulsiones de migrantes

    Juez acusa al Gobierno de Trump de estar «creando caos» con expulsiones de migrantes

    Un juez federal en Massachusetts acusó al Gobierno de Donald Trump de estar «creando caos» con el envío de un grupo de migrantes al este de

    África, violando una orden que les impedía expulsar a las personas a países donde pueden ser torturados.

    El magistrado Brian Murphy negó un recurso presentado por los abogados de la Administración republicana para reconsiderar el caso y pausar una orden en donde les instruye a evaluar los casos de los migrantes, aunque estén por fuera del territorio estadounidense.

    En un documento emitido el lunes en la noche, Murphy acusó al Gobierno de tergiversar las instrucciones del tribunal y de estar «creando el mismo caos que critican».

    La semana pasada, el Gobierno envío a ocho migrantes, entre ellos dos cubanos y un mexicano, en un vuelo con destino a Sudán del Sur, según denunciaron los abogados de varias organizaciones en defensa de los derechos humanos.

    En una rueda de prensa, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se negó a confirmar el paradero de los migrantes, pero posteriormente funcionarios del Gobierno informaron al juez Murphy que el vuelo aterrizó en Yibuti.

    Los expulsados tienen antecedentes penales en EE.UU. -por delitos que van desde homicidio hasta posesión ilegal de una arma de fuego- y permanecen en custodia de las autoridades estadounidenses, según informó DHS.

    El juez Murphy ordenó al Gobierno que se les realizara entrevistas de miedo creíble a estos migrantes en el exterior, para determinar si pueden recibir una protección conocida como la Convención contra la Tortura, que evita sean enviados a un país donde pueden ser sujetos a abusos.

    El caso en Massachusetts es el más reciente choque entre el Gobierno republicano y el poder judicial, a raíz de las medidas cada vez más agresivas para cumplir con la promesa de Trump de llevar a cabo «deportaciones masivas».

    La ley estadounidense estipula que el Gobierno no puede deportar a migrantes a terceros países donde podrían ser torturados.

    Los migrantes en este caso son originarios de Cuba, Laos, México, Birmania, Vietnam y Sudán del Sur.

    Los tribunales y las organizaciones en defensa de los derechos humanos han acusado al Gobierno de ignorar el debido proceso y algunos expertos legales alertan de que el país está acercándose a una «crisis constitucional».

    Para acelerar las deportaciones, Washington busca acuerdos con otros países para que acepten a los migrantes expulsados.

    A mediados de marzo, EE.UU. envió a más de 200 personas, en su mayoría venezolanos, a una megacárcel en El Salvador, donde aún permanecen incomunicados de sus familiares y abogados.

    Trump y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, llegaron a un acuerdo -que no ha sido mostrado al público- para que el país centroamericano reciba a los migrantes por un periodo inicial de un año a cambio de un pago de 6 millones de dólares.

  • EEUU suspende las citas para conceder visados a estudiantes extranjeros

    EEUU suspende las citas para conceder visados a estudiantes extranjeros

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio,ordenó a las embajadas estadounidenses suspender todas las citas para conceder visados a estudiantes extranjeros mientras la Administración Donald Trump sopesa una medida para revisar de forma más exhaustiva los perfiles de los solicitantes en redes sociales.

    «Con efecto inmediato, al prepararse la ampliación de la revisión y verificación de antecedentes en redes sociales, las secciones consulares no deberían añadir más citas para visados de estudiante o visitantes de intercambio hasta emitirse nuevas directrices», ha señalado Rubio en una directiva recogida por Bloomberg.

    Este anuncio se produce días después de que la Administración Trump intentara prohibir la matriculación de estudiantes extranjeros en la Universidad de Harvard, a la que acusa de ser un caldo de cultivo de antisemitismo y conductas «proterroristas» a favor de la causa palestina, si bien un tribunal federal paralizó la orden.

    A mediados de abril, el diario «The New York Times» adelantó que Washington había ordenado a los funcionarios revisar las cuentas de redes sociales de algunos solicitantes de visado en el marco de la campaña contra las protestas propalestinas en los campus universitarios estadounidenses.

  • Migrantes en sur de México enfrentan aumento de enfermedades mentales, alerta activistas

    Migrantes en sur de México enfrentan aumento de enfermedades mentales, alerta activistas

    Migrantes que se encuentran varados en la frontera sur de México, uno de los epicentros de la crisis migratoria global, enfrentan un aumento de enfermedades mentales debido al cambio en las políticas migratorias de EE.UU. que se suman al estrés por la falta de empleos y por los trámites para obtener documentos, alertaron activistas.

    Fabiola Díaz Rovelo, directora de la Fundación Chiapaneca de Mujeres Migrantes (Chimumi), detalló que en las últimas semanas han visto un incremento de hasta 50 % en enfermedades trastorno esquizofrénico, postraumático, ansiedad y angustia, tanto en hombres como mujeres migrantes que son atendidos por esta institución.

    La activista expuso que en las últimas semanas han atendido a unas 100 mujeres con casos de depresión que van de un nivel moderado a grave.

    “Es crítica (la situación) para ellos, donde puede haber muerte accidental por inanición que no comen nada, porque no toman agua, no se hidratan y sufren un paro cardíaco o un infarto cerebral”, afirmó.

    La especialista, indicó que las nacionalidades que enfrentan esta situación, principalmente son personas hondureñas, salvadoreñas y mujeres haitianas a quienes, tristemente, sus consulados los echan a las calles.

    Tapachula, una ciudad con una alta presencia de migrantes, carece de hospitales o clínicas de atención para personas con estos padecimientos.

    Apenas a mediados de este mes, la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) de México reportó un aumento de más del 36 % en pacientes de salud mental migrantes que sufrieron algún tipo de violencia extrema en el primer trimestre de 2025, respecto a los últimos tres meses de 2024.

    El incremento, señaló la ONG, se debe a la continua “violencia perpetrada por actores armados a lo largo de la ruta migratoria que atraviesa Centroamérica y México y al impacto de la restrictiva política migratoria aplicada por Estados Unidos y otros gobiernos en la región”.

    Nayeli Sedeño, migrante de Venezuela, contó a EFE que su situación es crítica, pues vive con angustia y con miedo, ya que personas como ella tienen que salir a las calles a buscar el sustento diario, donde no siente seguridad.

    “Nos hemos enfrentado a vivir en la calle porque quedamos sin dinero y nosotros mismos nos sustentamos trabajando y pidiendo (dinero) para seguir el camino”, afirmó.

    Esta mujer quien viaja con tres niños, pidió a los mexicanos más humanismo, menos discriminación y empleo para trabajar como cualquier otra persona.

    La dirigente de la Organización de Mujeres en Movimiento por la Liberación Nacional, Isabel Méndez Hernández, manifestó que desde que la persona decide dejar a su familia, sus propiedades y su país, empiezan los traumas.

    “Ha impactado en un 100 % definitivamente ha habido muchas muertes, violaciones, asaltos y lamentablemente no se han cumplido sus metas por los cambios de gobierno en Estados Unidos, de ahí ya viene el retroceso y es traumático todo lo que dejaron y vendieron por un sueño americano y que luego sean discriminados”, manifestó.

    La situación en la frontera sur de México refleja la situación migratoria que se ha agravado desde la llegada de Trump al poder quien, de acuerdo con información del diario The Washington Post, tendría como objetivo la deportación de al menos 1 millón de personas este año, más del doble que el récord de 400,000 deportaciones efectuadas en 2011 por el Gobierno del entonces presidente Barack Obama (2009-2017).

    El endurecimiento de la política migratoria es una de las medidas en las que más énfasis está poniendo desde que Trump asumió la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero pasado.

  • Al menos 5 muertos y 6 desaparecidos tras explosión en planta química del este de China

    Al menos 5 muertos y 6 desaparecidos tras explosión en planta química del este de China

    Al menos cinco personas murieron, seis permanecen desaparecidas y otras 19 resultaron heridas leves tras una explosión ocurrida este martes en una planta química de la ciudad de Gaomi, en la provincia oriental china de Shandong, informaron fuentes oficiales.

    El incidente se produjo en un taller de la empresa Youdao Chemical, especializada en la producción de pesticidas y compuestos intermedios, recogió la televisión estatal CCTV.

    Las autoridades locales activaron de inmediato un mecanismo de respuesta de emergencia a nivel provincial.

    Equipos de bomberos, policía y personal médico se encuentran desplegados en la zona, mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños.

    En un comunicado publicado por el Departamento de Gestión de Emergencias de Gaomi confirmó el balance provisional de víctimas y aseguró que “las tareas de localización de los desaparecidos, tratamiento de los heridos, atención a familiares y control ambiental están en marcha”.

    La empresa afectada, filial del grupo industrial Haomai, fue fundada en 2019 y cuenta con más de 300 empleados.

    Su planta, ubicada en el parque químico de Renhe, abarca unas 47 hectáreas y opera con tecnologías de alto riesgo, incluyendo procesos de nitración, cloración y diazotación.

    El Gobierno provincial de Shandong ordenó una investigación exhaustiva para esclarecer las causas del suceso.

    Imágenes difundidas en redes sociales chinas mostraban columnas de humo sobre la zona afectada, aunque no se ha informado de daños ambientales significativos hasta el momento.

    Los accidentes industriales continúan siendo frecuentes en China debido, en parte, a controles de seguridad insuficientes o deficientemente aplicados.

    En marzo, una explosión en una planta biotecnológica en la vecina provincia de Jiangsu dejó cuatro muertos y cuatro heridos.

  • Trump se dispone a cancelar todos los fondos federales destinados a la Harvard

    Trump se dispone a cancelar todos los fondos federales destinados a la Harvard

    La administración del presidente Donald Trump se dispone a cancelar todos los contratos federales restantes del gobierno federal con la Universidad de Harvard, por un valor estimado de 100 millones de dólares, según una carta que se enviará este martes a las agencias federales y que recogen medios locales.

    El Comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones, Josh Gruenbaum, ordena en la misiva a las agencias federales que revisen sus contratos, rescindan aquellos que consideren no cruciales, y que, de ser necesario, los transfieran a otros proveedores.

    «La Administración de Servicios Generales de EE.UU. (GSA) está ayudando a todas las agencias federales en la revisión para la rescisión o transición de sus contratos del gobierno federal con la Universidad de Harvard y sus filiales», dice un borrador de la carta, publicado hoy por The New York Times.

    «Esta revisión se alinea con la directiva de la administración de que todos los servicios federales contratados defiendan y promuevan firmemente las prioridades estratégicas de la agencia», añade la carta.

    De acuerdo con el rotativo, la última carta, fechada este martes, se entregará hoy a las agencias federales.

    La misiva instruye a las agencias a responder antes del 6 de junio con una lista de las cancelaciones de contratos.

    No obstante, los contratos de servicios considerados críticos no se cancelarían de inmediato, sino que se transferirían a otros proveedores.

    En tanto, la carta es el último ejemplo del plan del presidente de los Estados Unidos de reforzar el control a una de las universidades más prestigiosas del país Harvard atacando su salud financiera.

    Desde el mes pasado, la administración Trump ha congelado cerca de $3,200 millones en subvenciones y contratos con Harvard y, además, le ha prohibido matricular a estudiantes internacionales, aunque esta última orden ha sido de momento paralizada por un juez.

    El Gobierno de EE.UU. ha presentado sus acciones contra Harvard como una lucha por los derechos civiles, ya que ha acusado a la universidad de tener un sesgo «woke» (progresista), de seguir aplicando consideraciones raciales en sus políticas de admisión y de tolerar comportamientos antisemitas en el campus.

    La carta de Gruenbaum alega que Harvard ha continuado con «la discriminación racial (es decir, contra la población blanca), incluso en su proceso de admisión y en otras áreas de la vida estudiantil» y dice que el gobierno está «al tanto de los recientes eventos en la Universidad de Harvard que incluyen acciones antisemitas que sugieren que la institución tiene una preocupante falta de consideración por la seguridad y el bienestar de los estudiantes judíos».

    Por su parte, Harvard ha optado por acudir a la vía legal: el mes pasado, presentó una demanda que busca la restauración de los fondos federales, y la semana pasada solicitó a un tribunal federal que restablezca su derecho a matricular a estudiantes internacionales.

    La semana pasada, la jueza Allison D. Burroughs restableció temporalmente el derecho de Harvard a matricular a estudiantes internacionales, y una audiencia el jueves determinará si dicha orden debe extenderse.

    La universidad cuenta con unos 6,800 estudiantes internacionales, lo que representa el 27 % de su matrícula total. El presidente de Harvard, Alan M. Garber, calificó la cancelación de su capacidad para matricular a estudiantes internacionales como un golpe potencialmente devastador.