Categoría: El Mundo

  • Juez estadounidense ordena repatriar a salvadoreño deportado por error desde EEUU al CECOT

    Juez estadounidense ordena repatriar a salvadoreño deportado por error desde EEUU al CECOT

    El juez federal de distrito, Paula Xinis, ordenó este viernes al gobierno de Estados Unidos gestionar de forma inmediata el regreso de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado por error a su país natal, donde fue recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en Tecoluca, informó la agencia de noticias Associated Press.

    La Xinis, del Tribunal de Distrito de EE.UU. de Maryland, ordenó al Gobierno federal repatriar a Estados Unidos a García a más tardar a las 23:59 del lunes 7 de abril.

    La magistrada calificó la deportación como “un acto ilegal” y cuestionó duramente la actuación del gobierno en una tensa audiencia judicial.

    Ábrego García, de 29 años, vivía legalmente en Maryland y contaba con una resolución favorable desde 2019 que le otorgaba protección ante posibles persecuciones de pandillas en El Salvador. A pesar de ello, el mes pasado fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y trasladado a un penal salvadoreño, lo cual contraviene directamente el fallo de un juez migratorio.

    Durante la audiencia, el abogado del Departamento de Justicia, Erez Reuveni, reconoció que Ábrego “no debió haber sido deportado” y admitió no tener respuestas sobre quién autorizó su arresto o por qué fue enviado a ese penal.

    “También estoy frustrado de no tener respuestas”, señaló Reuveni ante la insistencia de la jueza Xinis.

    La defensa del salvadoreño, liderada por el abogado Simon Sandoval-Moshenberg, denunció que, aunque la Casa Blanca ha hecho pronunciamientos públicos sobre el caso, no ha habido “ningún paso concreto con el gobierno de El Salvador para enmendar el error”.

    Sandoval-Moshenberg también negó que existan pruebas que vinculen a su cliente con pandillas, como afirma el gobierno estadounidense, que lo ha señalado de pertenecer a la MS-13. La acusación, explicó, se basa en la declaración de un informante confidencial de 2019, sin pruebas verificables.

    Ábrego García había sido autorizado por el Departamento de Seguridad Nacional para trabajar en EE. UU. como aprendiz en una empresa metalúrgica, y estaba en proceso de obtener su licencia profesional.

    “Será una victoria cuando Kilmar esté en casa con su familia”, expresó Sandoval-Moshenberg.

    El propio Reuveni solicitó a la jueza 24 horas para intentar coordinar la repatriación sin una orden judicial directa, petición que fue recibida con escepticismo. “Los buenos clientes escuchan a sus abogados”, respondió la jueza.

    Jennifer Vásquez Sura, ciudadana estadounidense y esposa de Ábrego García, no ha podido hablar con su esposo desde su deportación. El matrimonio tiene un hijo en común, además de los dos hijos de ella. Vásquez Sura participó en una manifestación en Maryland donde pidió justicia para su esposo y cientos de migrantes más. “Es un viaje que nadie debería sufrir, una pesadilla interminable”, afirmó.

    “Si tuviera todo el dinero del mundo, lo gastaría en una sola cosa: una llamada para escuchar la voz de Kilmar otra vez”, agregó entre lágrimas.

    “Kilmar, si me puedes oír, te extraño tanto, y estoy haciendo todo lo posible por ti y nuestros hijos”, agregó Jennifer.

    Mientras la Casa Blanca asegura que su expulsión fue un “error administrativo”, la polémica crece por lo que organizaciones defensoras de derechos humanos califican como una señal de vulnerabilidad del sistema migratorio. La audiencia por su regreso continuará en los tribunales federales de Greenbelt, Maryland.

  • Nicaragua disuelve una ONG que dirigía un antiguo asesor de Ortega y otros 7 organismos

    Nicaragua disuelve una ONG que dirigía un antiguo asesor de Ortega y otros 7 organismos

    La dictadura de Nicaragua canceló este jueves la personería jurídica a otras ocho asociaciones que funcionan como organismos sin fines de lucro, incluida la Fundación Centro para la Promoción, la Investigación y el Desarrollo Rural y Social (Cipres), que dirigió un antiguo asesor del dictador Daniel Ortega.

    La disolución de esas asociaciones, con lo que suman más de 5,660 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ilegalizadas desde diciembre de 2018, fue aprobada en Managua por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.

    La cartera del Interior explicó que cerró de forma unilateral unas siete ONG, entre ellas la Cipres, que dirigió Orlando Núñez Soto, un antiguo asesor para asuntos sociales del presidente Ortega, por obstaculizar el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro y por incumplimientos a las leyes que los regulan, y otra porque solicitó su disolución voluntaria.

    La Cipres obtuvo su personalidad jurídica el 5 de abril de 1990 por el primer Gobierno sandinista (1979-1990), que también encabezó Ortega, y que creó cientos de organismos entre el 25 de febrero de ese año, cuando el líder sandinista perdió las elecciones, y el 25 de abril, cuando entregó el poder a Violeta Barrios de Chamorro.

    Entre las ocho ONG canceladas se encuentra también la Asociación Centro Cristiano Siloe, la Asociación Asamblea de Iglesias Pentecostales de Jesucristo, la Asociación de Educadores para la Formación Integral Técnica y Profesional, la Asociación Evangélica Ministerios Unidos Elías, la Fundación Román y Reyes o Fundación Santiago, el Ministerio Evangelístico el Dios de los hechos, y la Asociación Ministerio Interdenominacional Monte de Sion.

    Con el cierre de estas ocho ONG suman más de 5,660 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018 en el país centroamericano, y en la mayoría de los casos han ordenado traspasar los bienes de esos organismos al Estado.

    Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria».

    Diversos países y organizaciones internacionales han acusado al régimen sandinista de violar los derechos humanos de la población en medio de esta crisis en la que además de organizaciones, han sido cerrados por la dictadura medios de comunicación e instituciones académicas.

  • Rubio: Los groenlandeses quieren ser independientes de Dinamarca y EEUU ofrece asociación

    Rubio: Los groenlandeses quieren ser independientes de Dinamarca y EEUU ofrece asociación

    El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este viernes que los groenlandeses quieren ser independientes y “alejarse de Dinamarca”, y que su país está dispuesto a “intervenir” y ofrecerles “una asociación”.

    “Los groenlandeses van a tomar una decisión. Ellos son los que quieren alejarse de Dinamarca. Ellos son los que quieren ser independientes, no nosotros. A nosotros no se nos ocurrió esa idea. Ellos lo hicieron, y si toman esa decisión,entonces Estados Unidos estaría preparado, potencialmente, para intervenir y decir, vale, podemos crear una asociación con vosotros”, dijo Rubio en unas declaraciones a la prensa en Bruselas.

    Rubio, que canceló su rueda de prensa programada tras participar en una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN para hablar con un grupo de periodistas acreditados ante el Departamento de Estado, agregó que aún “no estamos en esa fase”.

    Preguntado por el interés de Estados Unidos de tomar el control de Groenlandia, territorio autónomo dependiente de otro aliado de la OTAN, Dinamarca, Rubio dejó claro que su país “no se ha anexionado nada” y que “va a depender de los groenlandeses”.

    Recordó que, en su reciente visita a la isla, el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, “dejó claro que va a respetar la autodeterminación de los groenlandeses”.

    “En algún momento, los groenlandeses han dejado claro que quieren ser independientes de Dinamarca, así que Dinamarca debe centrarse en el hecho de que los groenlandeses no quieren ser parte de Dinamarca”, señaló Rubio.

    Agregó que «nosotros no les dimos esa idea; llevan mucho tiempo hablando de ello”.

    “Cuando tomen esa decisión, la tomarán, y entonces lo que no vamos a hacer es dejar que China venga entonces y diga, vamos a ofrecerles un montón de dinero y que se conviertan en dependientes de China”, explicó.

    Preguntado por el comentario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que no descarta el uso de la fuerza militar para hacerse con Groenlandia, Rubio aclaró que lo que quiso decir es que no iba a “descartar nada si Groenlandia es invadida por una potencia extranjera, como China, Rusia o cualquier otra”.

    En los márgenes de la reunión ministerial de la OTAN, Rubio mantuvo jueves un encuentro bilateral con el ministro danés de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, tras el cual aseguró en un comunicado que se reafirmó la “sólida relación” entre EE. UU. y Dinamarca.

    Según se especificó en la nota, hablaron de las prioridades comunes, incluido el aumento del gasto en defensa de la OTAN y el reparto de la carga, y de hacer frente a las amenazas que se ciernen sobre la Alianza, incluidas las que plantean Rusia y China, entre otros asuntos, como la guerra en Ucrania.

    No obstante, Rasmussen indicó este viernes a través de redes sociales que, en una reunión “honesta y directa” con Rubio, dejó “muy claro que las afirmaciones y declaraciones sobre la anexión de Groenlandia no solo son inaceptables e irrespetuosas”, sino que además “suponen una violación del derecho internacional”.

    La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que visitó el miércoles y el jueves la isla por primera vez desde que Trump declaró su interés en Groenlandia, dijo ayer que las fronteras son «inviolables» y que no es posible tomar otros países.

    «Uno no se puede anexionar otros países, ni siquiera con el argumento de la seguridad internacional», dijo entonces Frederiksen en una rueda de prensa con el presidente groenlandés en funciones, Múte B. Egede, y Jens-Frederik Nielsen, ganador de las recientes elecciones legislativas y que le sucederá en el cargo en unos días.

  • Consejo de la ONU extiende investigación sobre crímenes de guerra en Ucrania

    Consejo de la ONU extiende investigación sobre crímenes de guerra en Ucrania

    El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes la prórroga por un año de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, creada para examinar posibles violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

    Con 25 votos a favor, 18 abstenciones y cuatro en contra (Burundi, China, Etiopía y Sudán), la resolución insta a Rusia a detener de inmediato los abusos y violaciones en territorio ucraniano. Asimismo, exige la retirada «rápida y verificable» de las tropas rusas de Ucrania.

    El documento también demanda el fin de los traslados forzosos y la deportación ilegal de civiles, incluidos niños, hacia Rusia y Bielorrusia, así como la suspensión de las ejecuciones de prisioneros de guerra y civiles. Además, condena el reclutamiento forzado de habitantes en zonas ocupadas por el ejército ruso.

    La resolución reafirma «su sólido compromiso con la soberanía, la independencia política, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente».

    Entre los países que apoyaron la medida están España, Francia, Alemania, Japón, Suiza y Países Bajos. Mientras tanto, Brasil, Cuba, Sudáfrica y Colombia optaron por la abstención.

  • Una semana del terremoto de 7.7 en Birmania: más de 3,100 muertos y 17 millones de afectados

    Una semana del terremoto de 7.7 en Birmania: más de 3,100 muertos y 17 millones de afectados

    Los equipos de rescate continúan trabajando, con pocas esperanza ya de encontrar supervivientes entre la devastación, cuando este viernes se cumple una semana del terremoto de magnitud 7.7 en Birmania (Myanmar) y se contabilizan más de 3,100 muertos, 17 millones de afectados y 21,000 viviendas destruidas o dañadas.

    Un potente terremoto y 300 réplicas

    El temblor golpeó el viernes a las 12:50 hora local y a 10 kilómetros de profundidad en la región de Sagaing, en el centro-norte del país, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, sigla en inglés), que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

    El epicentro se localizó unos 17 kilómetros al noroeste de Mandalay, la segunda ciudad de Birmania, y a 14 kilómetros de la ciudad de Sagaing.

    Unos 10 minutos más tarde, otro seísmo de magnitud 6.7 sacudió a 10 kilómetros de profundidad con el epicentro 19 kilómetros al sur de Sagaing.

    Desde entonces, se han producido al menos 300 réplicas, incluidas 10 de magnitudes entre 5 y 5.9 de acuerdo con el Departamento de Meteorología tailandés.

    Victimas y personas afectadas

    El terremoto en Birmania ha dejado 3,145 muertos, 4,589 heridos y 221 desaparecidos, según los últimos datos ofrecidos por la junta militar que tomó el poder en el golpe de Estado de 2021.

    Además, hay unos 17 millones de personas afectadas, incluidos 9 millones especialmente damnificados cerca del epicentro, en 57 municipios, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, siglas en inglés).

    La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que los supervivientes se enfrentan a un alto riesgo de brotes de cólera, una enfermedad bacteriológica causada por deficientes sistemas de saneamiento y falta de agua potable.

    Daños y ciudades más afectadas

    El seísmo, por el que seis regiones fueron declaradas en emergencia, causó el colapso o daños parciales en al menos 21,783 viviendas, 805 edificios de oficinas, 1,690 pagodas, 1,041 escuelas, 921 monasterios y conventos, 312 edificios religiosos, 48 hospitales y clínicas y 18 hectáreas de cultivos, según los datos de la junta.

    Solo en Mandalay, una de las ciudades más afectadas por el terremoto con 1,5 millones de habitantes, alrededor de 9,000 personas sin hogar se han asentado en albergues improvisados o refugios temporales establecidos por organizaciones humanitarias.

    Otras ciudades gravemente golpeadas son Naipyidó y Sagaing, esta segunda destruida en un 70 %, según la Cruz Roja.

    Ayuda y equipos de rescate

    Al menos 1,485 rescatistas de 15 países: China, India, Rusia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Malasia, Emiratos Árabes Unidos, Laos, Bielorrusia, Turquía, Bután, Filipinas, Bangladés e Indonesia, se han desplegado en las zonas afectadas por el terremoto.

    Los pedidos de ayuda internacional por parte de una decena de organizaciones humanitarias para apoyar a las víctimas del seísmo superan los 160 millones de dólares (145 millones de euros).

    La Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) lleva la batuta con un llamamiento para recabar unos $113 millones. La Organización Internacional de Migraciones (OIM) espera por su parte reunir $17 millones, mientras que la OMS ha dicho que requiere 8 millones.

    Impacto a 1,000 kilómetros en Bangkok

    El impacto del terremoto se sintió a miles de kilómetros en países como Tailandia, China e India.

    En Bangkok, situado unos 1,000 kilómetros al sureste del epicentro, murieron 22 personas, incluidas 15 en un edificio en obras que se derrumbó con unos 300 trabajadores.

    Las autoridades tienen pocas esperanzas de encontrar con vida a los 79 desaparecidos que continúan bajo los escombros.

  • La Justicia de Israel pone bajo arresto domiciliario a dos asesores de Netanyahu investigados

    La Justicia de Israel pone bajo arresto domiciliario a dos asesores de Netanyahu investigados

    Un tribunal de Israel rechazó este viernes la solicitud de la Policía y decidió poner bajo arresto domiciliario a dos asesores del primer ministro,

    Benjamin Netanyahu, investigados por entregar presuntamente información favorable a Qatar a varios medios de comunicación de Israel en el marco de un entramado conocido como escándalo «Catargate».

    Yonatan Urich y Eli Feldstein tendrán que someterse a dicha medida cautelar al menos hasta el próximo 22 de abril mientras avanzan las pesquisas y a pesar de que la corte rechazó la petición de las fuerzas de seguridad, que buscaban alargar su detención.

    Ninguno de los dos podrá ahora contactar con terceros vinculados al caso, lo que incluye a Netanyahu, durante un periodo de 60 días. También tienen prohibido salir del país en los próximos dos meses, según informaciones del diario «The Times of Israel».

    El juez Menachem Mizrahi arremetió además contra los investigadores de la Policía, a los que acusó de utilizar el caso para investigar a los asesores por la presunta filtración de documentos clasificados de la oficina del primer ministro, otro caso en el que Feldstein se había visto también involucrado.

    Feldstein, que lleva bajo arresto domiciliario desde diciembre de 2024, fue imputado a su vez junto al reservista del Ejército Ari Rosenfeld, que también fue acusado de «transferir información clasificada» obtenida cuando trabajaba para la Inteligencia militar israelí.

    Ambos fueron acusados de filtrar estas informaciones para influir en la opinión pública en relación con el proceso de negociación para lograr la liberación de los rehenes, unas acciones con las que buscaban favorecer los intereses del primer ministro israelí.

  • Congresista republicana pide intervenir en Honduras para evitar un «fraude» electoral

    Congresista republicana pide intervenir en Honduras para evitar un «fraude» electoral

    La congresista republicana

    María Elvira Salazar solicitó este jueves al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que garantice que las elecciones presidenciales de Honduras del próximo 30 de noviembre sean «libres y justas» porque, en su opinión, hay «un alto riesgo de fraude».

    «Si fracasamos a la hora de actuar, puede que tengamos que añadir un cuarto régimen rebelde a la troika comunista de Cuba, Venezuela y Nicaragua», afirmó la congresista en la misiva.

    Salazar, de origen cubano, aseguró que la presidenta hondureña, Xiomara Castro, y su esposo, el exmandatario Manuel Zelaya, han sumido al país en el «caos» y que tienen un estilo de gobernar similar al del expresidente venezolano Hugo Chávez.

    «Asegúrese de que las elecciones en Honduras se desarrollen de manera limpia y transparente, y sobre todo, no deje que las roben. La estabilidad del continente depende de ello», le pidió a Rubio, el primer secretario de Estado latino de la historia.

    Las primarias del pasado 9 de marzo, cuyos resultados oficiales se conocerán a más tardar el 8 de abril, se desarrollaron entre varias irregularidades, como la llegada tardía del material electoral en algunos centros de votación en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

    El Gobierno de Estados Unidos instó la semana pasada a los involucrados en las elecciones primarias «a actuar con responsabilidad y a respetar el papel del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las Fuerzas Armadas mientras se finaliza el conteo de votos».

  • Juez contempla declarar al Gobierno Trump en desacato por envío de migrantes a El Salvador

    Juez contempla declarar al Gobierno Trump en desacato por envío de migrantes a El Salvador

    Un juez federal en

    Washington D.C. abrió este jueves la posibilidad de declarar al Gobierno de Trump en desacato por haber enviado a más de 200 migrantes,

    en su mayoría venezolanos, a una megacárcel en El Salvador.

    Durante una audiencia esta tarde, el juez James Boasberg se mostró escéptico ante los argumentos del abogado del Gobierno y señaló incluso que es posible que la Administración haya actuado «de mala fe» para acelerar los vuelos y evitar el escrutinio judicial.

    «Si realmente hubieran creído que todo lo que hicieron ese día fue legal y podía sobrevivir a una demanda, no creo que hubieran actuado de la manera que lo hicieron», indicó Boasberg.

    Trump invocó el pasado 14 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para deportar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, que surgió en cárceles venezolanas.

    Los aviones no dieron marcha atrás y aterrizaron en El Salvador, desatando una batalla legal sin precedentes en la que el incluso el presidente Donald Trump sugirió llevar a un juicio político al juez Boasberg.

    En la audiencia, el juez increpó al abogado del Gobierno sobre la sucesión de eventos del día en que despegaron los vuelos e indicó que la Administración decidió acelerar la expulsión de los migrantes para evitar que los tribunales se interpusieran.

    «Estuvieron dispuestos a hacer esto lo más rápido posible para evitar una orden judicial y arriesgaron subir a personas a esos aviones que no deberían estar ahí», insistió el juez.

    Decenas de familiares de los migrantes, ahora detenidos e incomunicados en la mega prisión CECOT, notoria por denuncias de abusos a los derechos humanos, han señalado que sus seres queridos no tienen récord criminal y han defendido que están siendo encarcelados injustamente.

    El abogado del Gobierno indicó no tener conocimiento sobre los funcionarios que tomaron, en últimas, la decisión de seguir adelante con los vuelos pese a que la organización ACLU había presentado ya una demanda y el letrado defendió que la Administración actuó dentro de la legalidad.

    El juez Boasberg aclaró que no espera tomar una decisión sobre este caso esta semana y llamó a las partes a una nueva audiencia el próximo martes.

    El caso, enmarcado en la agresiva política migratoria del Gobierno Trump, que ha asegurado que la banda criminal transnacional Tren de Aragua está «invadiendo» el país, está haciendo que se cuestione la separación de poderes en EE.UU.

  • Aterriza en Venezuela segundo avión estadounidense en una semana con migrantes deportados

    Aterriza en Venezuela segundo avión estadounidense en una semana con migrantes deportados

    Otro grupo de migrantes venezolanos retornó este viernes a su país en un avión estadounidense, el segundo tras el que aterrizó en la nación caribeña el domingo, como parte de los acuerdos entre Caracas y Washington para recibir a deportados, un vuelo que se suma a los dos de la estatal Conviasa que llegaron el jueves.

    La aeronave aterrizó en el aeropuerto Simón Bolívar, ubicado en la localidad costera de Maiquetía y que da servicio a Caracas, con 208 personas, entre ellas 2 niños, 30 mujeres y 176 hombres, dijo el ministro de Transporte, Ramón Velásquez, en una transmisión de la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

    El funcionario indicó que en el estudio hecho por las autoridades migratorias venezolanas han «detectado» que en el vuelo llegan «algunas personas con antecedentes», sin dar mayores detalles.

    «Todos ellos, apenas lleguen a ser verificados, estarán siendo direccionados de acuerdo a la condición con la cual están llegando», sostuvo Velásquez, quien prometió que los retornados recibirán un «trato humanitario».

    Además, anticipó que esperan dar, «más adelante, un parte más preciso de la condición en la cual vienen» estos repatriados.

    Se trata del tercer vuelo con migrantes que llega a suelo venezolano en menos de 24 horas, después de los dos aviones de la estatal Conviasa, uno procedente de Honduras y otro de México, que transportaron este jueves a 198 y 313 personas, respectivamente, según informaron las autoridades locales.

    Este segundo avión estadounidense llegó al país caribeño después de que Washington notificara a los socios de la petrolera estatal venezolana Pdvsa, entre ellos la española Repsol, que sus permisos para exportar crudo y derivados del país caribeño quedaban cancelados.

    El régimen de Nicolás Maduro, quien juró para un tercer mandato el pasado 10 de enero tras su cuestionada reelección, insistió en que cualquier sanción será «enfrentada, controlada y superada».

    Además, el chavismo exigió al Gobierno de El Salvador que libere a los más de 200 venezolanos que están en una cárcel, después de que Estados Unidos los deportara y vinculara con la banda transnacional Tren de Aragua, que nació en un centro penitenciario de Venezuela y que el Gobierno de Donald Trump considera organización terrorista.

    Con estos venezolanos, suman 719 los repatriados en menos de 24 horas.

    En total, 2,190 venezolanos han retornado a su país desde el pasado febrero, como parte, según Caracas, de una nueva fase del programa gubernamental de repatriación Vuelta a la Patria, creado en 2018, y en coordinación con EE.UU. y otros países, como México y Honduras.

  • Noboa y González están en empate técnico a 10 días de votación en Ecuador, según encuesta

    Noboa y González están en empate técnico a 10 días de votación en Ecuador, según encuesta

    El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, y la candidata del correísmo, Luisa González, están en empate técnico a diez días de la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, según una encuesta publicada este jueves, que le da una pequeña ventaja a González de entre 0,4 y 0,5 puntos.

    El sondeo de la firma Comunicaliza da un 50,3 % de votos válidos para González frente a un 49,7 % para Noboa, con un margen de error en el sondeo del 1,42 %.

    En votos emitidos, la candidata de la Revolución Ciudadana (RC), el partido que tiene como líder al expresidente Rafael Correa (2007-2017) obtiene el 41,5 %, y el candidato y líder de Acción Democrática Nacional (ADN) recibe 41,1 %, mientras que los votos blancos y nulos son un 8 % y los indecisos todavía se sitúan en 9,5 %.

    La encuesta se realizó entre el 2 y 3 de abril a través de internet a 4.763 personas mayores de 16 años de las veinticuatro provincias del país, con un margen de error del 1,42 % y un nivel de confianza del 95 %.

    Desde este viernes ya no pueden publicarse nuevas encuestas hasta una vez finalizada la votación que tendrá lugar el domingo 13 de abril, de acuerdo a la normativa electoral ecuatoriana, que solo permite difundir sondeos hasta diez días antes del sufragio.

    En la primera vuelta, celebrada el 9 de febrero, Noboa obtuvo el 44,15 % de los votos válidos y González recibió el 44 %, con una diferencia entre ambos de menos de 17.000 votos.

    Los dos finalistas de la contienda presidencial aglutinaron más del 88 % de los votos válidos, lo que reflejó una gran división y polarización en Ecuador entre estos dos candidatos, dentro de una papeleta donde había otras catorce opciones.

    Al término de la primera vuelta, tanto Noboa como González denunciaron, sin aportar pruebas, presuntas irregularidades que no fueron respaldadas por las misiones internacionales de observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes concluyeron que no había indicios que invitaran a pensar en un fraude.

    Para este balotaje, el actual mandatario ha anticipado que reconocerá una eventual derrota si no hay sospecha alguna de fraude, mientras que González ha acusado al Consejo Nacional Electoral (CNE) de estar al servicio de Noboa y ha anticipado que movilizarán a sus simpatizantes para reclamar que abren 44.000 urnas si hace falta.