La esposa, ciudadana estadounidense, de un salvadoreño de 29 años que, según admitió el gobierno de Trump, fue deportado por error a El Salvador, declaró temer por su seguridad en el CECOT donde se encuentra recluido, afirmando que su esposo es «un padre extraordinario» y «no un criminal».
Kilmar Ábrego García fue deportado a El Salvador el 15 de marzo y encarcelado en la prisión de máxima seguridad de ese país, conocida como CECOT, como parte de una serie de vuelos de deportación estadounidenses que han desatado una batalla legal de alto riesgo en los tribunales estadounidenses.
El gobierno de Trump ha reconocido en un tribunal federal que su deportación fue un «error administrativo», ya que un juez de inmigración le había otorgado protección legal para no ser enviado a El Salvador en 2019. Sin embargo, ha rechazado las solicitudes para que Ábrego García regrese, argumentando que Estados Unidos ya no tiene su custodia. También lo acusa de pertenecer a la MS-13, una pandilla criminal transnacional. Los abogados de Ábrego García han declarado en documentos judiciales que su cliente no tiene antecedentes penales, una conclusión que el gobierno no ha refutado.
Durante una entrevista con CBS News, Jennifer, esposa de Ábrego García, confirmó que su esposo había sido deportado de Estados Unidos y encarcelado en la prisión CECOT tras identificarlo en una foto publicada por el gobierno salvadoreño.
«Cuando la vi, me derrumbé de inmediato porque supe que era él», dijo. «Temí por su vida».
Jennifer dijo estar «muy preocupada» por el traslado de Ábrego García a CECOT, ya que alberga a algunos de los pandilleros más peligrosos de El Salvador. Después de todo, explicó, la razón por la que un juez de inmigración estadounidense le concedió en 2019 una suspensión de la deportación fue la preocupación de que pudiera ser perseguido por las pandillas en El Salvador.
«He visto noticias de esa prisión», dijo. «Sé que llevan a delincuentes allí. Y mi esposo no es un delincuente».
Ábrego García llegó a Estados Unidos en 2011, cuando tenía 16 años. Según documentos judiciales, entró al país ilegalmente, sin ser inspeccionado por funcionarios de inmigración.
En 2019, Ábrego García fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras un encuentro con la policía local frente a un Home Depot de Maryland. Los abogados de Ábrego García afirmaron que fue allí en busca de trabajo. Permaneció detenido por ICE durante meses, mientras un juez de inmigración revisaba su caso.
Los documentos judiciales muestran que un juez de inmigración inicialmente denegó la libertad bajo fianza de Ábrego García, en parte debido a la información presentada por el gobierno que, según afirmaba, lo vinculaba con la MS-13. La denegación de la fianza por parte del juez, confirmada por una junta de apelaciones de inmigración, mencionó información de un informante que el gobierno consideró creíble. Pero Ábrego García fue finalmente liberado de la custodia de ICE después de que otro juez de inmigración le otorgara una «suspensión de deportación», una clasificación legal que prohíbe a los funcionarios deportar a personas que demuestren tener mayor probabilidad de ser perseguidas en su país de origen. En su orden, el juez indicó que Ábrego García podría ser blanco de pandillas si era enviado a El Salvador.
Jennifer dijo que su esposo asistió regularmente a las reuniones de control con ICE después de ser liberado. Se convirtió en el principal sostén de la familia, agregó, y la ayudó a criar a su hijo discapacitado de 5 años, así como a dos hijos de una relación anterior. Trabajaba cinco días a la semana como metalúrgico mientras asistía a clases universitarias, dijo.
Sin embargo, el 12 de marzo, Ábrego García fue arrestado nuevamente por ICE. Jennifer dijo que conducía con su hijo discapacitado de 5 años cuando lo detuvieron. Dijo que se apresuró al lugar y que los funcionarios de ICE le informaron que el estatus de su esposo había «cambiado» y que le tomarían las huellas dactilares y lo detendrían. Durante los días siguientes, Jennifer contó que su esposo fue transferido a diferentes centros de detención migratoria, incluyendo algunos en Luisiana y Texas. Durante su última llamada telefónica, Jennifer relató que Ábrego García le dijo que lo deportarían a El Salvador y lo encarcelarían en CECOT.
Jennifer dijo que no podía creerlo. Le dijo a su esposo que no había razón para que Estados Unidos lo enviara a una prisión extranjera. Él le respondió que si no recibía otra llamada suya, sería porque lo habían deportado.
«Nunca llamó. Esperé y esperé. Nunca hizo esa llamada”, dijo Jennifer.
Jennifer dijo que no ha tenido noticias de su esposo desde esa llamada y que no ha encontrado la manera de comunicarse con él. Ahora está demandando al gobierno como parte de una demanda ante el tribunal federal de distrito en Maryland que exige que el gobierno estadounidense tome medidas para que Ábrego García regrese al país. Si bien ha admitido que deportó por error a Abrego García, la administración Trump ha defendido los méritos de su deportación y le ha dicho al tribunal federal en Maryland que se opone a su regreso a los Estados Unidos.
El Departamento de Justicia ha argumentado que los tribunales federales carecen de la autoridad para facilitar el regreso de Abrego García, ya que ahora se encuentra detenido por la Guardia Nacional.
Funcionarios de la administración Trump, incluida la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, han descrito a Ábrego García como un «líder» de la MS-13 implicado en la trata de personas. Los funcionarios aún no han revelado pruebas concretas que respalden esas afirmaciones.
Jennifer refutó enérgicamente las acusaciones de la Casa Blanca, afirmando que sabría si su esposo fuera pandillero. Documentos judiciales indican que Ábrego García tiene infracciones de tránsito, pero no cargos ni condenas penales en Estados Unidos.
«No es un delincuente. Mi esposo es una persona increíble. Un padre increíble”, dijo Jennifer.
