Categoría: El Mundo

La explosión de una bomba causó la muerte de tres personas este martes en el caserío de Guachinte, que forma parte del municipio de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca, suroeste de Colombia, informaron las autoridades, que atribuyeron los ataques a disidencias de las FARC.

El explosivo fue instalado en una barrera de señalización vial y la explosión alcanzó a tres personas de la comunidad, según informaciones de la Alcaldía.

«En el puente de Guachinte se identificó un cilindro que acaba de detonar con víctimas de gravedad que están siendo atendidas en el hospital y tres personas fallecidas. La situación de emergencia se está atendiendo en este mismo momento», manifestó la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo.

La alcaldesa dijo que otro explosivo fue detonado en el sector de Potrerito, «cerca de la estación de Policía», dejando cinco personas heridas que fueron atendidas en el Hospital Piloto, además de «tres artefactos explosivos sin afectaciones materiales ni personas heridas en la zona urbana».

«Rechazamos enfáticamente el acto de violencia y estos recientes hechos que afectan la tranquilidad en nuestro país y nuestra región», concluyó.

Los ataques en Jamundí, municipio situado en las afueras de Cali, se producen horas después de que tres bombas estallaran en distintos barrios de esta ciudad, capital del Valle del Cauca, dejando al menos dos personas muertas y 36 lesionadas, 22 de las cuales fueron llevadas a distintos hospitales y clínicas.

En varios municipios del vecino departamento del Cauca también hubo hoy atentados con bombas y hostigamientos por parte de grupos armados ilegales que dejaron cinco muertos, dos de ellos policías.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, atribuyó los ataques a las disidencias de las FARC lideradas por Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’ que operan en el suroeste del país.

«Criminales de las disidencias de alias ‘Mordisco’ atacan a la población con atentados terroristas indiscriminados en Cauca y Valle del Cauca. Esto es un crimen de lesa humanidad. Su actuar denota que no les interesa la paz, la tranquilidad y bienestar de los campesinos y toda la población», manifestó el ministro.

Sánchez agregó que el «único objetivo» de ese grupo armado ilegal es «generar terror, desestabilizar el orden institucional y afectar grave y principalmente a la población civil, para poder seguir viviendo del narcotráfico y minería ilegal.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, renovó este martes, por 30 días, el estado de excepción para Quito, y siete de las 24 provincias del país decretado, «por grave conmoción interna».

La medida aplica para las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, así como para el Distrito Metropolitano de Quito, de la provincia de Pichincha.

En el decreto de renovación del estado de excepción declarado el pasado 12 de abril por 60 días, Noboa pide que se notifique a la ciudadanía de la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia y de la libertad de tránsito.

En el decreto, Noboa anota que la Ley de Seguridad Pública y del Estado define al estado de excepción como la respuesta a graves amenazas de origen natural o antrópico que afectan a la seguridad pública y del Estado, determinando que es un régimen de legalidad y, por lo tanto, no se podrán cometer arbitrariedades a pretexto de su declaración.

El pasado 5 de marzo, la Corte Constitucional ordenó la creación de una comisión -a lo que no ha respondido el Ejecutivo- compuesta por diferentes instituciones estatales para evitar que se perpetúe el estado de excepción decretado contra el crimen organizado, medida que Noboa ha mantenido por más de un año en varias zonas.

El tribunal advirtió de la necesidad de encontrar la fórmula para enfrentar a las bandas criminales dentro del ordenamiento jurídico ordinario sin recurrir al estado de excepción.

Ecuador, que atraviesa una crisis de inseguridad, está bajo la declaratoria hecha por Noboa el 9 de enero de 2024 de «conflicto armado interno» contra el crimen organizado, vinculado con el narcotráfico.

Ese día, Noboa declaró a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales para facilitar que las fuerzas estatales las neutralicen.

En repetidas ocasiones, la Corte había señalado que la declaración de «conflicto armado interno» esgrimida por Noboa no era suficiente razón para declarar el estado de excepción contra el crimen organizado y que esta debía estar fundamentada en hechos comprobables.

Por ello, el máximo tribunal de garantías en Ecuador había declarado inconstitucionales algunos estados de excepción y otros los había suavizado ya que, en la mayoría de los casos, implicaban la suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad de la correspondencia, libertad de reunión e incluso en ocasiones libertad de tránsito con toques de queda nocturnos.

Pese a los estados de excepción, continúan los hechos violentos en el país y este martes fueron asesinadas, en menos de una hora, siete personas (cinco en los exteriores de un mercado) en la provincia costera del Guayas, una de las más afectadas por la violencia en el país.

Miles de rusos acuden estos días a la plaza Roja a despedirse de Lenin, entre rumores de que el Kremlin planea retirar la momia del fundador de la Unión Soviética aprovechando la reforma del mausoleo, que acaba de cumplir 100 años.

«Es posible que el mausoleo no se abra nunca más. Usted sabe qué autoridades tenemos», comentó hoy a EFE Ígor, un joven que llevaba una insignia de Lenin en la chaqueta.

Las autoridades rusas aseguran que el mausoleo reabrirá sus puertas en 2027, pero la duda ha cundido en la prensa y las redes sociales, más aún con la reciente campaña de rehabilitación de Iósif Stalin.

Aunque las encuestas dicen que sólo un tercio de los rusos apoya la permanencia de Lenin en el mausoleo, el presidente ruso, Vladímir Putin, se ha cuidado mucho de abrir un debate público, aduciendo que esto provocaría una escisión en la sociedad y supondría una humillación para muchos de los nacidos en la URSS.

Colas soviéticas

Cientos de personas hacían cola esta mañana en una de las cuestas empedradas que conduce a la plaza Roja, ya que el mausoleo sólo abre tres horas, de martes a jueves.

Estas hileras de gente no se veían desde tiempos soviéticos, cuando el edificio de mármol que acoge el cuerpo embalsamado de Lenin era de obligada visita para menores y mayores.

Entre las murallas del Kremlin y el Museo Histórico se podían ver este martes a pocos ancianos y muchos rusos de mediana edad y jóvenes, además de turistas chinos e indios.

Poco importa que, en realidad, el turista únicamente pueda observar la momia durante unos pocos segundos y esté prohibido tanto pararse ante la momia como sacarle fotos.

«Hemos leído sobre Lenin en los libros de texto. Es sorprendente que haya tantos rusos en la cola. Se ve que es algo inspirador para ellos. Para nosotros, en cambio, es sólo una atracción turística», señaló a Efe una turista proveniente de Nueva Delhi.

La reforma -que busca restaurar las paredes en estado ruinoso y el revestimiento exterior en un proyecto de 20 millones de rublos ($250,000)-, no incluirá a la momia, que permanecerá todo el tiempo en el mausoleo, que sólo abandonó durante la Gran Guerra Patria (1941-45), cuando fue trasladada a Siberia.

Siempre hay una primera vez

Llama la atención la cantidad de moscovitas que integran la cola. «He leído que cerrará durante dos años. Hacía mucho que queríamos venir y nunca nos decidíamos», comentó Olga.

«Se lo propuse a mi hija y aceptó. Aunque, sinceramente, no sabemos quién está dentro del mausoleo, si es Lenin o no», dijo entre risas.

Algunos vienen de regiones en la parte europea de Rusia, pero otros viajaron desde antiguas repúblicas soviéticas, como Kazajistán.

«Es mi primera vez en Moscú. No podía imaginar que me encontraría una cola tan larga. Fuimos educados desde la infancia en las ideas de Lenin», señaló Serguéi.

Mientras la hermana que lo acompaña considera que la momia es un «experimento científico» -el Centro de Biotecnologías y Medicina puede conservarla de manera prácticamente indefinida-, él opina que gracias a que sigue en el mausoleo, «aún lo recordamos».

«Muchas cosas empiezan a olvidarse. Mientras siga la momia en el mausoleo, se conservará su memoria. Ya ni siquiera se celebra el día de la revolución socialista», comenta.

Masha, una mujer residente en la capital, también está a favor de que permanezca en su lugar: «A mí no me molesta. Que se quede donde está».

Lenin se va, Stalin regresa

El debate se ha exacerbado con las críticas a Lenin por parte de Putin, que le acusa de allanar el camino para el estallido del actual conflicto con Ucrania.

Además, mientras el legado de Lenin es mancillado, su sucesor es rehabilitado e incluso el metro inauguró recientemente un controvertido bajorrelieve con una estatua de más de dos metros de Stalin.

«Yo creo que la momia hay que sacarla y enterrarla. El cuerpo debe recibir cristiana sepultura», comentó Natalia, oriunda de la región de Tula.

En cambio, Ígor, que se declara comunista, pero trabaja para la Iglesia ortodoxa, considera que «Lenin está más cerca de la cristiandad que nuestra Iglesia», que demanda desde hace años el enterramiento del líder bolchevique.

«Está enterrado en un sarcófago bajo tierra. Todo según la tradición. Formalmente, no hay motivo para retirarlo. Todos en la iglesia quieren retirarlo. Se pueden venerar reliquias de todo tipo y, en cambio, aquí no pueden dormir ni comer, ya que hay que enterrar a Lenin como sea», señala.

Además del patriarca Kiril, están a favor de la retirada de la momia los liberales, las organizaciones de derechos humanos y los ultranacionalistas rusos, que recuerdan que tanto su viuda, Nadezhda Krúpskaya, como la amante de Lenin, Inessa Armand, se oponían a la momificación.

Rusia lanzó durante la pasada noche contra Ucrania 315 drones, entre ellos 250 aparatos no tripulados kamikaze Shahed, y siete misiles, según ha revelado el presidente Volodímir Zelenski, que ha dicho también que las ciudades de Kiev y Odesa estuvieron entre los principales objetivos del bombardeo.

«El de hoy ha sido uno de los mayores ataques contra Kiev, Odesa, y la región de Dnipró y Cherníguiv también», dijo Zelenski, que explicó que los drones y los misiles -entre los que había dos misiles balísticos norcoreanos- provocaron daños en edificios residenciales y en infraestructuras urbanas.

El parte de la Fuerza Aérea ucraniana , que identificó impactos directos en 11 localizaciones y caídas de fragmentos de misiles y drones en otras 16, muestra que 213 de los drones kamikaze Shahed lanzados por Rusia fueron derribados y otros 64 neutralizados con interferencias electrónicas. También fueron interceptados los siete misiles.

Según el presidente ucraniano, una maternidad de Odesa estuvo entre los objetivos rusos del ataque de anoche, que provocó varios muertos y al menos 13 heridos.

Zelenski volvió a pedir nuevas sanciones contra Moscú «para forzar a Rusia a la paz».

«Ataques rusos con misiles y con drones Shahed ahogan los esfuerzos de EE.UU. y de otros países en el mundo para forzar a Rusia a la paz», declaró el presidente ucraniano en su mensaje, publicado en redes sociales.

El excandidato presidencial y dirigente opositor venezolano, Edmundo González, remarcó este martes que «Venezuela vive una situación particularmente dramática» en lo que respecta a los Derechos Humanos y reclamó nuevamente a «las democracias del mundo» que ejerzan cada vez mayor presión contra el régimen de Nicolás Maduro.

«Necesitamos que los organismos internacionales y las democracias del mundo reconozcan, condenen y penalicen los delitos y crímenes de lesa humanidad que este régimen criminal comete dentro y fuera de Venezuela», instó González durante su intervención en el Foro Memoria y Justicia, desde la sede del Parlamento Europeo, en Madrid.

González hizo un repaso de la «atmósfera de terror» que se respira en Venezuela, especialmente después de las elecciones del 28 de julio del año pasado, cuando la ciudadanía expresó en las urnas «un mandato claro y soberano» que el Gobierno de Maduro, ha dicho, intenta ocultar con una «terrible oleada represiva», Con todo, el dirigente de la oposición confía en que «la lucha del pueblo venezolano» dé «muy pronto sus frutos» y celebra que el «peso abrumador» de las diversas restricciones del Gobierno no hayan logrado «distorsionar» la imagen que la ciudadanía tiene con respecto «al régimen criminal que los oprime».

También pariticipó la líder de la oposición María Corina Machado, quien a través de una grabación ha recordado a las «miles» de personas que fueron detenidas durante el pasado periodo electoral.

«Desde 2014 se han realizado más de 18.000 detenciones arbitrarias por motivo político (…) más de 2.000 fueron capturados en las elecciones del 28 de junio», ha asegurado. Machado también ha aprovechado para reprochar a la comunidad internacional que haya tardado «muchos años» en reconocer la verdadera naturaleza del Gobierno que preside Nicolás Maduro, al que ha calificado de «autocracia mafiosa» que comete «terrorismo de Estado». «Los fraudes electorales permitidos una y otra vez por el régimen le servían para lavarse la cara frente al mundo», dijo Machado, para quien los resultados del pasado 28 de julio «desmontaron» esa «farsa».

«No hay ya excusa para reconocer la verdad sobre cuál es la voluntad soberana del pueblo de Venezuela. Tampoco a esta altura es posible desconocer la verdadera naturaleza del régimen criminal», incidió la dirigente de la oposición.

El fiscal general de California, Rob Bonta, aseguró el lunes la presentación de una denuncia contra el presidente estadounidense, Donald Trump, y contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por el despliegue «ilegal» e «incendiario» de la Guardia Nacional en Los Ángeles.

Bonta explicó que el envío de tropas a la ciudad supone una violación de la Décima Enmienda de la Constitución, que determina los límites de las competencias federales.

«A primera hora de la mañana del domingo el presidente Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, federalizaron ilegalmente a 2,000 militares de la Guardia Nacional de California durante 60 días (…). Lo hicieron sin autorización del gobernador Newsom y contra el deseo de las fuerzas de seguridad», explicó.

Bonta afirmó que la movilización militar fue «innecesaria, contraproducente y, lo más importante, ilegal». «Federalizar a la Guardia Nacional de California supone un abuso de autoridad del presidente según la ley y no es algo que nos tomemos a la ligera», ha añadido el fiscal general.

Antes de la vía militar se podían haber tomado «varias medidas racionales, de sentido común, estratégicas, para zanjar los disturbios y evitar una escalada».

El domingo llegaron 300 militares a la zona de Los Ángeles, pero el Mando Norte del Ejército estadounidense ha confirmado este lunes la presencia de 1.700 efectivos sobre el terreno.

Bonta aseguró que las protestas «estaban casi disipadas» cuando llegaron los militares, el domingo. «Desde que Trump anunció su plan de desplegar tropas la situación escaló rápidamente con protestas durante la noche, (con) cierre de autopistas y gente en peligro», lamentó.

«Nunca sabremos lo que habría pasado si el presidente hubiera dejado a las autoridades estatales y locales seguir con su importante trabajo, el que ya estaban haciendo, el que son más que capaces de hacer», argumentó.

Bonta recordó que solo hay un precedente de federalización de la Guardia Nacional y fue hace 55 años, durante el mandato de Richard Nixon, cuando movilizó a los militares para facilitar el envío de correo durante una huelga postal.

El fiscal californiano explicó que esta es la 24ª demanda de California presentada contra el presidente en 19 semanas. «Tiene que ir a un tribunal y rendir cuentas», ha defendido. Trump «tiene que mirarse al espejo y asumir que el actor ilegal es él», ha remachado.

Además defendió la labor del gobernador de California, Gavin Newsom, a quien amenazan con detener desde instancias federales, y ha revelado que el propio Newsom instó a Hegseth anular el envío de las tropas y devolver el control al estado. «La petición fue ignorada», relató

«Las autoridades estatales y locales son las más adecuadas para evaluar las necesidades de recursos, salvaguardar la vida y la propiedad», explicaba la carta. «La decisión de desplegar a la Guardia Nacional sin formación ni órdenes apropiadas podría provocar una grave escalada de la situación», advertía.

Advertencia a los violentos

Bonta se dirigió también a los responsables de incidentes violentos: «Mi mensaje para ellos es que no participen en actividades ilegales». «Cumplid la ley. Si no cumplís la ley, os encontraremos e iremos a por vosotros y tendréis que rendir cuentas como ya saben quienes han sido arrestados», indicó.

En cualquier caso, ha subrayado que «la gran mayoría de la gente que ha participado en las protestas ha sido pacífica y legal». «Manifestarse pacíficamente contra una injustica o contra algo en lo que no creemos» es «un derecho nuclear y fundamental de los Estados Unidos de América», argumentó.

Los violentos «parece que son miembros de grupos externos, ajenos al tema principal contra el que se protesta».

Por último, ha destacado la preparación de las fuerzas de seguridad de Los Ángeles, que cuentan con los recursos necesarios y que solo si se agotan sería adecuado llamar a la Guardia Nacional.

Newson a Trump; “Actúe como presidente o finja”

El gobernador de California informó en su cuenta de X la presentación de la demanda contra el Gobierno estadounidense, al que acusó de haber «intensificado el caos y la violencia en Los Ángeles» y ha reiterado su petición de que resuelva «este problema de inmediato (y) anule la orden».

En este sentido, Newsom ha pedido a Trump y a Hegseth que rescindan esta medida «absurda, ilegal e inmoral». «Dejen que nuestros militares vuelvan a casa», ha declarado en una entrevista concedida al portal MeidasTouch News, en la que ha denunciado que éstos «están siendo utilizados como peones».

En un mensaje dirigido al inquilino de la Casa Blanca, ha pedido que «muestre algo de decencia, algo de humanidad». «Más importante aún, actúe como el comandante en jefe. Si quiere ser presidente, más vale que haga el papel de presidente. Al menos finja, haga lo correcto, apártese, y nosotros limpiaremos su desastre», ha agregado.

Newsom ha asegurado además que «la gente tiene miedo de caminar por las calles», en alusión a las actuaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que han desatado las protestas, y ha reconocido que «no (se) lo creía».

«En realidad creía que esto no era verdad, pero luego vi vídeos, están haciendo controles, comprobando las identificaciones de la gente. Nunca hemos visto este tipo de despliegue. Hay pánico masivo aquí en el condado más grande de la nación, en el estado más grande de la nación», ha señalado antes de denunciar que se haga contra «gente buena, trabajadora y decente». «Estos no son los criminales. Estos no son los matones», mencionó.

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido en un atentado el pasado sábado, «permanece en estado crítico» pero «estable», señaló este martes la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde está ingresado.

Según ese centro médico, «el paciente Miguel Uribe Turbay continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos, con todo el monitoreo y los cuidados que requiere, permaneciendo en estado crítico».

«En esa franja de complejidad se encuentra estable y las intervenciones realizadas en estas horas recientes mantienen su condición», agrega el parte médico, tercero que se emite sobre el político.

Uribe Turbay, de 39 años, fue atacado a tiros el sábado por la tarde cuando participaba en un mitin en el barrio bogotano de Modelia, y fue intervenido quirúrgicamente el mismo día en la Santa Fe, por las heridas sufridas en la cabeza y en una pierna.

«Continuamos realizando las acciones necesarias para mitigar el impacto de las lesiones que recibió», indica el parte médico, que agrega que «su gravedad y pronóstico siguen siendo las previamente reportadas».

Frente a la clínica permanecen decenas de seguidores del político y de su partido, el Centro Democrático, en la oposición, así como periodistas a la espera de noticias sobre su evolución.

La vigilia es permanente en la Santa Fe donde la esposa del senador, María Claudia Tarazona, y otros familiares han participado en cadenas de oración y recibido la visita de buena parte de la clase política del país.

El intento de asesinato ha sido condenado por la sociedad colombiana y por organismos internacionales en medio de reclamos al Gobierno para que garantice la seguridad de los candidatos de cara a las elecciones legislativas y presidenciales del año próximo.

La ciudad de Los Ángeles se adentró este lunes en la cuarta jornada de unas multitudinarias protestas de cientos de personas por las redadas contra inmigrantes indocumentados ordenadas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su decisión de desplegar a soldados.
El origen de las protestas
El estallido del malestar que se vive en Los Ángeles tuvo su origen el pasado viernes, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó varias redadas en distintos puntos de Los Ángeles que llevaron al arresto de al menos 44 personas en el distrito de Westlake, el centro y el sur de la metrópoli.

En respuesta, una multitud salió a manifestarse en contra de estas detenciones, lo que llevó a Trump a ordenar el despliegue a más de 2.000 soldados de la Guardia Nacional para repeler las protestas y resguardar el edificio federal de inmigración, ubicado en pleno corazón de Los Ángeles.

Estas tropas, compuestas por una fuerza de reserva de las Fuerzas Armadas se activa para misiones especiales y esta vez supuso la primera en 60 años que se despliegan sin la autorización previa del gobernador del estado en cuestión.

Esta controvertida decisión aumentó la tensión en las calles a lo largo del fin de semana, y la protesta de altos funcionarios californianos como el gobernador Gavin Newsom.
¿Porqué ondea la bandera de México en las protestas?
La bandera de países latinoamericanos, especialmente de México, se han convertido en un símbolo de defensa de las raíces de aquellos a los que Trump quiere expulsar de EE.UU..

Y es que el germen de las protestas, antes de trasladarse al centro de Los Ángeles, se gestó en Paramount, un pequeño municipio de poco más de 50.000 habitantes en el que reside una amplia comunidad latina y en donde, según el sitio web, «las estadísticas de delincuencia se encuentran en mínimos históricos».

Fue allí donde se registraron los primeros disturbios del sábado, tras el envío de la Guardia Nacional al estado más poblado del país y en donde más hispanos viven, con más de 15 millones de personas, según cifras del Gobierno.

Guerra abierta entre California y Trump
Las masivas protestas han desatado de nuevo la tormenta entre los funcionarios demócratas que lideran el estado y el presidente estadounidense, eternos rivales políticos con aristas opuestas acerca de cómo abordar la cuestión migratoria en el país.

Mientras Trump describe a Los Ángeles como una ciudad «invadida y ocupada por inmigrantes ilegales y criminales», las autoridades californianas defienden la riqueza que aporta la comunidad migrante al estado.

«Los Ángeles tiene una orgullosa historia de protestas pacíficas por los derechos de los inmigrantes. Debemos continuar ese legado; no caigamos en la trampa de la administración Trump. Protestemos pacíficamente. No se tolerarán los saqueos ni el vandalismo», avisó este lunes la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

Por su parte, el gobernador Newsom alegó que nunca solicitó el despliegue de Guardia Nacional, y que desde su llegada el conflicto no ha parado de escalar.

«No teníamos ningún problema hasta que Trump intervino. Esto constituye una grave violación de la soberanía estatal: exacerba las tensiones y desvía recursos de donde realmente se necesitan. Rescindan la orden», informó en un escrito.
Los focos de tensión se multiplican
Los esfuerzos de las autoridades de California derivaron este lunes en una demanda contra Trump por el despliegue «ilegal» de tropas, un movimiento que, según explicó el fiscal general de California, Rob Bonta, comporta un abuso de la autoridad.

Lejos de terminar, las protestas contra las deportaciones de Trump de Los Ángeles se han ido expandiendo a lo largo del fin de semana a otros puntos de California, como en San Francisco, donde más de 150 personas fueron arrestadas el domingo por la noche tras manifestarse contra el ICE.

También las autoridades de Nueva York detuvieron este lunes a 24 personas que se manifestaban en el vestíbulo de la Torre Trump contra las redadas de inmigrantes y las recientes restricciones de entrada al país impuestas por el mandatario a 19 países.

Las políticas anti-nmigrantes de Trump no toman por sorpresa a la sociedad estadounidense, ya que durante su primer mandato en la Casa Blanca (2017-2021) endureció gran parte de las leyes migratorias para detener el flujo de indocumentados al país y en la campaña para la presidente de este término fue una de sus promesas electorales.

Miguel Uribe Londoño, padre del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el sábado en Bogotá, aseguró este lunes que su hijo logró unir al país para repudiar la violencia, al tiempo que pidió seguir orando por su recuperación.

«Miguel, en medio del dolor y la consternación que nos embarga, ha logrado unir a este país en una sola voz que repudia la violencia. Miguel, con su lucha, nos está demostrando que lo más importante en este país es la seguridad, porque sin seguridad no hay nada», dijo a periodistas Uribe Londoño a las afueras de la Fundación Santa Fe, donde está ingresado el precandidato presidencial.

Uribe Turbay, de 39 años de edad y senador del partido uribista Centro Democrático, recibió el sábado dos disparos propinados por un adolescente que luego fue detenido, mientras pronunciaba un discurso en un acto de campaña en el barrio bogotano de Modelia.

Ese mismo día fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas, en la cabeza y en una pierna, en la Fundación Santa Fe, donde se debate entre la vida y la muerte.

«En este momento tan difícil en el que mi hijo Miguel está luchando por su vida, quiero dar las gracias. Gracias a quienes donaron su sangre. Gracias a los millones de colombianos y personas de todo el mundo por sus oraciones. Gracias a todos por sus conmovedoras demostraciones de afecto y solidaridad», agregó Uribe Londoño.

Igualmente aseguró que es hora de pasar a la acción. «Su ejemplo nos inspira; debemos pasar de la indignación a la acción. Delia (su esposa) y yo pedimos que sigamos orando por la vida de Miguel y que sigamos unidos en una sola causa: que Colombia vuelva a ser un país seguro y que haya paz y tranquilidad para todos».

Los médicos informaron hoy que Uribe Turbay continúa en «estado crítico» y ha tenido «escasa respuesta» tras las cirugías a las que fue sometido el sábado por las heridas que sufrió ese día en el atentado.

La ola de protestas que se ha desarrollado en diversos puntos de Panamá ha dejado un saldo de 34 miembros de la Fuerza Pública gravemente heridos en 45 días de protestas, según informó este lunes el Ministerio de Seguridad a través de un comunicado.

En la nota oficial se resalta que los «34 uniformados de la Fuerza Pública gravemente heridos es el resultado de las violentas protestas que se han prolongado por 45 días consecutivos» en Panamá.

Entre los heridos de gravedad, destaca la nota, está un agente del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), «quien ya fue sometido a una intervención quirúrgica y mañana (martes) deberá someterse a una segunda operación, luego de haber sido brutalmente atacado con un machete durante las protestas en la comunidad de Arimae, en Darién».

Precisamente, la comunidad de Arimae fue escenario la semana pasada de fuertes enfrentamientos entre agentes policiales y comunidades indígenas de la zona.

Estas manifestaciones se dan en rechazo a la Ley 462 de 2025 que reformó la Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá, y en demanda además de la liberación de líderes indígenas arrestados tras un caso de retención de una agente del Senafront.

«Estas agresiones han puesto en riesgo la integridad de quienes tienen la misión de proteger a la ciudadanía», señala el comunicado oficial.

En dichas protestas también se incluyen objeciones a un acuerdo de seguridad suscrito en abril pasado entre el Gobierno panameño y Estados Unidos.

El Ministerio de Seguridad también apunta que en cada cierre de calles, «los agentes han sido víctimas de faltas de respeto verbales en primera instancia», y que en algunos casos «han sido agredidos de inmediato con piedras, palos y otros objetos contundentes».

«En estas manifestaciones, las unidades policiales han intervenido para despejar las vías y garantizar el derecho al libre tránsito de miles de panameños», amplía la misiva.

A las protestas se han sumado, además de las comunidades indígenas, sectores como el sindicato de la construcción Suntracs, el sector bananero, farmacéuticos, supervisores de educación y médicos, quienes respaldan el paro indefinido convocado desde el pasado 23 de abril por el gremio de docentes del sector público, que se opone a la Ley 462 de la CSS, al considerar que compromete el futuro del sistema de pensiones.