Categoría: El Mundo

La

fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, aseguró este lunes que la investigación por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay apunta a un grupo criminal organizado y confirmó que las autoridades están enfocadas ahora en esclarecer quiénes fueron los autores intelectuales del ataque.

«Somos perfectamente conscientes de que este muchacho que fue aprehendido es apenas un ejecutor material», afirmó Camargo en una rueda de prensa, donde agregó que su «propósito es poder establecer quién determinó esa acción criminal».

La fiscal explicó que se trata de una investigación de gran escala que cuenta con al menos 180 funcionarios entre investigadores de la Fiscalía, agentes de inteligencia y miembros de la Policía Nacional: «Estamos realizando una investigación juiciosa, transparente y seria, con todas nuestras capacidades», aseguró.

Durante la indagación las autoridades trazaron el recorrido completo del menor de 15 años que disparó contra el senador del partido Centro Democrático desde su casa hasta el parque en Modelia, donde ocurrió el atentado, y luego su ruta de escape.

Penas de hasta ocho años de cárcel

El adolescente se encuentra actualmente en un hospital siendo tratado por una herida de bala en su pierna y bajo estrictas medidas de protección debido a amenazas recibidas tras la difusión de su identidad en redes sociales.

Este lunes a mediodía tendrá lugar la audiencia donde se le imputarán los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, según dijo la Fiscalía en la rueda de prensa, donde agregó que el joven «podría exponerse a una pena de 8 años» de cárcel.

Hasta ese momento, su custodia «está garantizada» por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) y la Dirección de Protección de la Policía, «no será internado en un centro para menores porque no se puede garantizar su seguridad en esas condiciones», por lo que la fiscal propondrá moverlo a «una zona especial del búnker de la Fiscalía, aislado de población adulta y bajo vigilancia permanente», explicó Camargo.

La fiscal también confirmó que se realizaron análisis de balística a la pistola incautada en el lugar, que pudieron confirmar que fue adquirida en Arizona (Estados Unidos) en 2020.

«La Policía ya identificó dónde fue adquirida el arma y se investiga cómo llegó a Colombia y en qué otros hechos delictivos podría haber estado involucrada», indicó.

El director de la Policía Nacional, Carlos Fernando Triana, agregó que a esta operación se han sumado capacidades de inteligencia militar, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Dirección de Inteligencia de la Policía y cooperación de comunidades para obtener información clave.

«Esta capacidad tiene un solo fin: esclarecer de forma rápida y contundente los hechos que lamentablemente sucedieron», apuntó.

La fiscal reiteró que ya se han realizado 23 entrevistas, incluyendo testigos presenciales y familiares del menor, y se han examinado más de 1.000 videos: «Estamos perfilando a quienes podrían ser los determinadores del crimen. Buscamos una cadena de responsabilidad completa».

El senador Uribe Turbay, herido el sábado en un acto político, permanece en estado crítico en la Fundación Santa Fe de Bogotá. La gravedad del ataque ha sacudido al país y ha encendido alarmas sobre la seguridad en el proceso electoral hacia 2026.

La

comunidad de Los Ángeles se resistió este domingo a doblegar su defensa de los indocumentados, a pesar de las amenazas del Gobierno de Donald Trump de más redadas migratorias y la represión de las protestas con los soldados de la Guardia Nacional.

Una multitud se reunió el domingo, por tercer día consecutivo, en el centro de Los Ángeles para manifestarse en contra de las redadas masivas a migrantes de parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), que ha dejado más de 100 personas arrestadas y la militarización de la ciudad.

Las tensiones se intensificaron después de que Trump ordenara el despliegue de 2,000 soldados de la Guardia Nacional en la ciudad, para resguardar el edificio federal de inmigración ubicado en el centro de Los Ángeles.

La orden del presidente se ejecutó amparada en una controvertida disposición federal, que pasó por alto al gobernador de California, Gavin Newsom, en un hecho sin precedentes en los últimos 60 años.

Los manifestantes hoy se enfrentaron a gritos con unas dos docenas de soldados y a centenares de agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), a los que acusaron de traicionar a la comunidad con consignas de «debería darles vergüenza».

Para dispersar la congregación, el LAPD declaró la manifestación de este domingo como una «asamblea ilegal», lo que generó que los disidentes se tomaran la Autopista 101, donde bloquearon el tráfico por varias horas a lo que la policía respondió con el uso gases lacrimógenos.

Amenaza de más redadas

Estos enfrentamientos le sirvieron a Trump para justificar el despliegue de las tropas como algo esencial en procura de restablecer la ley y el orden en la ciudad; y, a través de su red social, aseguró que las protestas desatadas durante este fin de semana solo fortalecían su determinación para seguir deportando, tras calificar a Los Ángeles como una ciudad «invadida y ocupada por inmigrantes ilegales y criminales».

Las tensiones entre la Administración Trump y el gobierno de California se intensificaron en la mañana cuando Tom Homan, conocido como el «zar de la frontera», amenazó con arrestar a la alcaldesa de la Los Ángeles, Karen Bass, y a Newsom, «si se exceden» en sus competencias.

En una entrevista con NBC, Newsom retó a Homan a arrestarlo. «¡Ven por mí! Eso no me impedirá defender a California», dijo.

El dilema de los demócratas

Este domingo se hizo más evidente el dilema que enfrentan tanto el gobernador como la alcaldesa: por un lado, deben lograr el retiro de las tropas de la Guardia Nacional, garantizar un espacio seguro para que los manifestantes se expresen pacíficamente y apoyar a la comunidad migrante; por otro, deben contener los actos de vandalismo provocados por una minoría.

Newsom pidió hoy formalmente a la Casa Blanca la retirada del «despliegue ilegal de tropas en el condado de Los Ángeles» y que estas fueran devueltas a su mando o sino presentará una demanda mañana lunes.

«No teníamos un problema hasta que Trump se involucró. Esta es una grave violación de la soberanía del Estado», afirmó el gobernador.

Por su parte, Bass también criticó al Ejecutivo estadounidense, al afirmar que el despliegue de soldados no responde a motivos de seguridad pública, sino a una agenda política.

Los dos funcionarios demócratas también urgieron por manifestaciones pacíficas, el gobernador dijo a los manifestantes: «No le den a Trump lo que quiere», al referirse a los actos vandálicos, mientras la alcaldesa dijo que la ciudad «no necesita ser destrozada» por unos pocos violentos.

Y es que, a pesar que la manifestación de este domingo pasó en relativa calma, un grupo de jóvenes se enfrentaron con la policía de la ciudad que se vio obligada a usar la fuerza montada, después que destruyeran varias patrullas y al menos cinco taxis autónomos, que fueron incendiados.

Jim McDonnell, jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, aseguró, en una conferencia de prensa, que estaba convencido de que las personas que ejercían actos de violencia no eran las mismas que participaban pacíficamente en las protestas durante el día.

«Son personas que van encapuchadas. Algunos los llaman anarquistas, pero son personas que nos encontramos de forma rutinaria», declaró McDonnell.

La tensión promete seguir este lunes cuando están programadas dos manifestaciones: una contra la prohibición de entrada a extranjeros de 12 países y la otra la que exige la liberación del líder sindical David Huerta, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios y Trabajadores de Servicios Unidos Oeste (SEIU-USWW), detenido el viernes pasado cuando respondió a una redada migratoria en un empresa del centro de Los Ángeles.

El

senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay continúa en «estado crítico» y tuvo respuesta tras las cirugías a las que fue sometido el sábado por las heridas que sufrió ese día en un atentado, informaron hoy los médicos.

«La Fundación Santa Fe de Bogotá, bajo la autorización de la familia, se permite informar que el paciente Miguel Uribe Turbay continua en estado crítico y tuvo escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos realizados», señaló ese centro médico en un comunicado.

Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido uribista Centro Democrático, recibió el sábado dos disparos que le propinó un adolescente, que luego fue detenido, cuando pronunciaba un discurso en un acto de campaña en el barrio bogotano de Modelia.

Ese mismo día fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas, en la cabeza y en una pierna en la Fundación Santa Fe, uno de los centros médicos más prestigiosos de Colombia, donde el político se debate entre la vida y la muerte.

«Su situación reviste la máxima gravedad. Por lo tanto, el pronóstico continúa siendo de carácter reservado», agrega el parte médico de este lunes, firmado por el doctor Adolfo Llinás Volpe, director médico de la Santa Fe.

A la espera de un milagro

También este lunes, la esposa de Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, expresó su angustia en un mensaje en las redes sociales en las que manifestó que se necesita «un milagro».

«Les pido de todo corazón que no paren de rezar. Miguel necesita un milagro», escribió Tarazona y acompañó su mensaje de una fotografía en la que sostiene la mano de su esposo.

El intento de asesinato de Uribe Turbay ha causado consternación en el país donde distintos sectores han expresado su temor a que el proceso electoral de 2026 sea un regreso a los años más oscuros de la violencia política, como lo fue la campaña para las elecciones presidenciales de 1990 en la que fueron asesinados tres candidatos.

En esa campaña cayeron bajo las balas Luis Carlos Galán Sarmiento (agosto de 1989), Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez, en marzo y abril de 1990, respectivamente.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, dijo anoche, tras un consejo de seguridad al que asistió el presidente Gustavo Petro, que las autoridades trabajan con tres hipótesis sobre los motivos del atentado.

«Podríamos agruparlas en tres grandes grupos: si fue directamente por tratarse de Miguel Uribe Turbay, o si fue por ser político y todo lo que va alrededor de su partido político o si se trata de desestabilizar al Gobierno nacional a través de atentados a algunos miembros que piensen diferente a este Gobierno», manifestó el ministro.

Los abogados de Kilmar Ábrego García, el inmigrante salvadoreño regresado a EE.UU. después de ser deportado de forma errónea a su país, acusaron el domingo al Gobierno del presidente Donald Trump de incumplir la orden de un tribunal federal que requería que el inmigrante fuera traído de vuelta a Maryland.

En un documento judicial presentado este domingo en la Corte del Distrito de Maryland, los defensores del inmigrante pidieron a la jueza Paula Xinis iniciar un proceso de desacato contra el Ejecutivo estadounidense.

Los abogados argumentaron que la orden establece que Ábrego debería ser traído a Maryland, donde tiene su proceso civil y reside su familia, pero él ha sido enviado a una cárcel de Tennessee, donde permanece recluido para enfrentar una acusación de tráfico de indocumentado presentada en Nashville.

El retorno de Abrego fue anunciado el viernes pasado por la fiscal de EE.UU., Pam Bondi, quien presentó una serie de cargos contra el inmigrante por presuntamente haber transportado a indocumentados desde Texas hacia Maryland y otros estados desde el 2017 hasta este año.

Los abogados se refirieron a esta acusación como el «último acto de desacato» del Gobierno Trump, que presentó los cargos a un gran jurado en secreto después de decir a la jueza Xinis, quien ha estado a cargo del caso civil, que no podía traerlo de regreso desde El Salvador.

“Durante los últimos dos meses, el poder ejecutivo ha actuado no solo en desacato a múltiples órdenes judiciales, sino también en abierto desafío hacia su rama de gobierno equivalente, el poder judicial”, escribieron los juristas en el documento entregado a la corte.

El caso de Ábrego, quien tenía un estatus legal que lo protegía de la deportación pero fue enviado junto a más de 230 inmigrantes a El Salvador, ha enfrentado a la Administración Trump con el poder judicial en lo que algunos expertos califican como una «crisis constitucional».

Las autoridades se habían negado a facilitar el regreso de Ábrego al país, a pesar de las órdenes emitidas por la Corte Suprema y la jueza Xinis, que concluyeron que su deportación fue ilegal.

Ahora el Ejecutivo estadounidense ha optado por acusar a Abrego de cargos federales, que surgieron a raíz de un encuentro del inmigrante con agentes de policía en Tennessee en 2022, cuando viajaba con varias personas, que se presume eran indocumentadas, según detalla el documento judicial. Por su parte, los abogados de Ábrego han negado que su cliente sea culpable de esos cargos.

De ser encontrado culpable de los cargos, Ábrego enfrentaría una pena máxima de 20 años de prisión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el domingo a Los Ángeles como una ciudad «invadida y ocupada por inmigrantes ilegales y criminales», y aseguró que las recientes protestas contra las redadas migratorias «refuerzan» su voluntad de deportar masivamente a indocumentados.

«Estos disturbios ilegales solo refuerzan nuestra determinación», publicó Trump en Truth Social, donde también anunció que ordenó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; al secretario de Defensa, Pete Hegseth; y a la fiscal general, Pam Bondi, tomar «todas las medidas necesarias para liberar a Los Ángeles de la invasión migratoria y poner fin a estos disturbios».

Las declaraciones del mandatario ocurren tras tres días consecutivos de protestas en la ciudad, iniciadas luego de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ejecutara al menos siete redadas masivas el pasado viernes.

En respuesta, Trump autorizó el despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional, quienes este domingo ya patrullaban puntos clave como el edificio federal del centro de Los Ángeles. La medida fue tomada sin el consentimiento del gobernador de California, Gavin Newsom, en un hecho sin precedentes en los últimos 60 años.

El gobernador Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, instaron a la población a manifestarse de forma pacífica. «No le den a Trump lo que quiere», escribió Newsom en su cuenta de X (antes Twitter), mientras enviaba una carta al secretario de Defensa solicitando revocar la decisión y devolver la Guardia Nacional al control del estado.

En la misiva, Newsom alegó que la activación de la fuerza federal se hizo sin consulta previa y violando el memorándum presidencial que establece coordinación con los gobiernos estatales. «No hay necesidad de desplegar a la Guardia Nacional en Los Ángeles (…) hacerlo así es una grave violación de la soberanía estatal diseñada para agravar la situación», afirmó el gobernador.

Durante la jornada del domingo, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), quienes declararon la protesta como «asamblea ilegal» para dispersar a la multitud. Hasta el cierre de esta nota, no se reportaban arrestos.

La intervención federal generó una ola de reacciones. Un bloque de 22 gobernadores demócratas calificó la decisión como «un alarmante abuso de poder», y criticó las declaraciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien no descartó el envío de marines. «Amenazar con enviar marines a barrios estadounidenses erosiona la confianza pública y deja ver que la Administración Trump no confía en las fuerzas del orden locales», afirmaron en un comunicado conjunto.

«Apoyamos al gobernador Newsom, quien ha dejado claro que la violencia es inaceptable y que las autoridades locales deben poder ejercer su trabajo sin interferencias ni intimidación federal», concluyó el mensaje firmado por los gobernadores.

Las críticas contra la Administración del presidente Donald Trump por desplegar miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles sin la autorización del gobernador de California, Gavin Newsom, arreciaron el domingo, cuando supone la primera vez en 60 años que el Ejecutivo estadounidense impone esta orden a su discreción.

Trump anunció el despliegue de 2,000 soldados de la Guardia Nacional de California para, según él, contrarrestar manifestaciones focalizadas, que ya fueron controladas y no representaban ningún problema de seguridad, contra las redadas migratorias en Los Ángeles, el condado más poblado de Estados Unidos con cerca de 10 millones de habitantes.

Por el contrario, los defensores de los derechos civiles han advertido que la decisión del Gobierno Trump representa “una amenaza” para la metrópoli.

“Esta es una peligrosa escalada que pone en riesgo a las comunidades estadounidenses y a nuestra democracia”, dijo en un comunicado Neera Tanden, directora ejecutiva del Centro para el Progreso Americano.

Tanden advirtió que la decisión de Trump busca exacerbar las tensiones, en contravía de la seguridad de los californianos.

Esta es la primera vez en 60 años que un presidente estadounidense despliega la Guardia Nacional de cualquier estado sin contar con la autorización del gobernador a cargo, que es el comandante en jefe de las fuerzas militares estatales.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) condenó el despliegue de las tropas y dijo que estudia imponer una demanda.

La administración republicana tomó la decisión a pesar de que funcionarios electos, la Policía y el alguacil de Los Ángeles confirmaron que las protestas, que en su mayoría se mantuvieron pacíficas, estaban contenidas.

La mayor queja de Trump es el “supuesto” daño del edificio federal que alberga la cárcel migratoria de Los Ángeles, que luce con grafitis contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo este domingo en un comunicado que el despliegue de las tropas, que se ubicaron esta mañana frente al edificio federal de Los Ángeles, “es una escalada caótica”.

“El miedo que siente la gente en nuestra ciudad ahora mismo (por los soldados) es muy real; se siente en nuestras comunidades y en nuestras familias, y pone en riesgo nuestros vecindarios. Esto es lo último que nuestra ciudad necesita”, agregó la alcaldesa demócrata.

Tom Homan, el conocido como «zar de la frontera» designado por Trump, amenazó el domingo con arrestar a Bass y Newsom, «si se exceden» en sus competencias sobre el despliegue de soldados, en la que negó la afirmación previa del gobernador demócrata de que la Administración Trump estaba creando un «espectáculo».

Para el historiador Miguel Tinker Salas, las amenazas de Homan hacen parte del show mediático con el que se pretende “desestabilizar” a California, según dijo a EFE.

El catedrático de Pomona College advierte que Homan no tiene ninguna autoridad para ordenar un arresto de estos funcionarios electos.

Hina Shamsi, directora del Proyecto de Seguridad Nacional de ACLU, también acusó a la Administración de generar un riesgo “legal y ético” para las tropas “socavando imprudentemente” el principio democrático de que las fuerzas armadas no deben vigilar a los ciudadanos.

Este domingo, una veintena de soldados de la Guardia Nacional de California, la mayoría con apellidos hispanos, cuidaban uno de los garajes de acceso al complejo federal, que incluye la cárcel de inmigración de ICE en el centro de la ciudad.

El acceso al espacio público dentro del complejo de edificios federales no estaba cerrado al público, lo que permitió a activistas mostrar su apoyo a los detenidos que golpeaban las ventanas para confirmar que escuchaban los cánticos de respaldo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló el domingo que «no es con redadas y violencia» como se puede atender el fenómeno migratorio en Estados Unidos, tras las redadas de los últimos días en contra de migrantes en Los Ángeles, California, en las que, dijo, se reportó la detención de 35 mexicanos.

«No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio, no es con redadas y violencia como se va a atender el fenómeno migratorio», dijo Sheinbaum durante la inauguraron de áreas de especialidad en el Hospital del Niño en la ciudad de Cholula, estado de Puebla, centro del país.

«Es sentarnos y trabajar en una reforma integral migratoria que tome en cuenta a todos los mexicanos que están del otro lado de la frontera (…) siempre un llamado a la paz, a la no violencia, a no exacerbar ninguna forma violenta de manifestación», añadió.

El sábado, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expresó su «profunda preocupación» por los recientes operativos llevados a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en ciudades de Estados Unidos, en particular en Los Ángeles, California, que han resultado en la detención de decenas de migrantes, entre ellas, mexicanos.

También el sábado, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con “intervenir” para detener las protestas desatadas en Los Ángeles, en medio de una serie de redadas migratorias que han azotado la zona en los últimos dos días, lo que supone el uso de al menos 2.000 soldados de la Guardia Nacional de EE.UU..

En su discurso, Sheinbaum contó que el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, entró en contacto con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y con las autoridades de Estados Unidos «y nuestra demanda es para que se respeten los derechos humanos de los migrantes».

Remarcó que «las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos son hombres y mujeres de bien, honestos, que se fueron a Estados Unidos a buscar una mejor vida para ellos y sus familias, no son criminales».

También pidió reconocer el trabajo de los mexicanos en Estados Unidos. «El presidente Trump lo hizo, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) fue a la firma del tratado comercial en Estados Unidos, las palabras del presidente Trump fueron de reconocimiento al trabajo de los mexicanos en Estados Unidos. Eso es lo que queremos de parte del Gobierno de Estados Unidos”.

Refirió que a través de la red consular de México en Estados Unidos, el Gobierno mexicano ya entró en contacto con los 35 mexicanos detenidos y sus familias.

En México inquietan las deportaciones masivas de la Administración Trump porque los mexicanos son cerca de la mitad de los once millones de indocumentados en Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió este domingo a Los Ángeles como una ciudad «invadida y ocupada por inmigrantes ilegales y criminales» y aseguró que las protestas desatadas en respuesta a las redadas masivas de migrantes «fortalecen» su determinación de deportar.

«Estos disturbios sin ley sólo fortalecen nuestra determinación. Estoy ordenando a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; al secretario de Defensa, Pete Hegseth; y a la fiscal general, Pam Bondi (…) que tomen todas las medidas necesarias para liberar a Los Ángeles de la invasión de inmigrantes y poner fin a estos disturbios de inmigrantes», escribió el mandatario en Truth Social.

Los comentarios de Trump llegan en el tercer día consecutivo de protestas en la ciudad de Los Ángeles, después de que el viernes el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizara al menos siete redadas migratorias.

En respuesta a las manifestaciones desatadas, Trump ordenó el despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional y este domingo algunos de estos militares fueron desplegados frente al edificio federal, ubicado en el centro de Los Ángeles.

La orden del presidente se ejecutó amparada en una controvertida disposición federal que pasó por alto al gobernador de California, Gavin Newsom, en un hecho sin precedentes en los últimos 60 años.

Tanto Newsom, como la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, han hecho un llamado a la comunidad californiana a ejercer su derecho a protestar de forma pacífica.

«No le den a Trump lo que quiere», escribió Newsom en sus redes sociales.

Las protestas realizadas el domingo derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía local (LAPD), que calificaron la manifestación como una «asamblea ilegal», para poder dispersar a las multitudes, aunque no se han informado de arrestos.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, pidió a los manifestantes reunidos este domingo en el centro de Los Ángeles mantener las protestas contra las redadas masivas de migrantes pacíficas: «No le den a Trump lo que quiere», escribió en su cuenta de Instagram.

«Hablen alto. Permanezcan pacíficos. Mantengan la calma. No usen la violencia y respeten a los agentes de la ley que están haciendo todo lo posible por mantener la paz», ahondó el gobernador en su mensaje.

Newsom ha acusado a la Administración del presidente de EE.UU. Donald Trump de crear un «espectáculo» y sembrar el «caos» con las detenciones a migrantes realizadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en California desde el viernes.

Trump ordenó el despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional para sofocar las protestas aisladas en la ciudad tras intensas jornadas de redadas migratorias y este domingo algunos efectivos fueron desplegados en el edificio federal ubicado en el centro de Los Ángeles.

El gobernador también informó hoy que había solicitado formalmente a la Administración de Trump la retirada del «despliegue ilegal de tropas en el condado de Los Ángeles» y que fueran devueltas a su mando.

«No teníamos un problema hasta que Trump se involucró. Esta es una grave violación de la soberanía del Estado, inflamando tensiones mientras sacan recursos de donde realmente se necesitan. Rescinde la orden. Devuelve el control a California», afirmó Newsom en Instagram tras hacer pública una carta dirigida al secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth.

Esta es la primera vez en 60 años que un presidente estadounidense despliega la Guardia Nacional de cualquier estado sin contar con la autorización del gobernador a cargo, que es el comandante en jefe de las fuerzas militares estatales.

Al unísono de “qué vergüenza” cientos de personas se manifestaron el domingo en el centro de Los Ángeles por la presencia en la ciudad de la Guardia Nacional, enviada por el presidente Donald Trump, tras las protestas por las redadas migratorias ocurridas en el condado.

El mensaje sigue siendo el mismo de los últimos días, los manifestantes -entre los que se contaban familias completas con niños pequeños- se opusieron a los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y a la escalada de la Casa Blanca para presionar el poder del gobernador Gavin Newsom, con la presencia y el accionar de los militares.

“Mi mamá fue indocumentada y hoy vengo aquí para defender a nuestra gente”, indicó a EFE Beatriz Feliz, que vino acompañada de su hijo Randy, de 9 años.

La madre, ciudadana estadounidense con raíces mexicanas, dijo que quiere que su hijo aprenda a pelear por sus derechos. “No podemos tolerar que quieran militarizar la ciudad gastando recursos que se deberían invertir en cosas más importantes”.

La manifestación que comenzó frente al Ayuntamiento angelino se desplazó un kilómetro hasta donde se encontraban unas dos docenas de miembros de la Guardia Nacional al cuidado del ingreso del edificio federal, que alberga la cárcel de ICE, a los que increparon por obedecer al presidente.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) declaró la manifestación como “una asamblea ilegal”, lo que le permitió dispersar a los manifestantes, que en momentos le arrojaron confeti a la policía y alguna que otra botella de agua.

Al verse empujados por las autoridades angelinas, los manifestantes se tomaron la Autopista 101, donde bloquearon el tráfico por varias horas. Por su parte, la policía uso gases para dispersar a la multitud.

“Como pueden ver estamos tranquilos, sólo queremos expresar nuestro enojo por todo esto, queremos decirle a Trump que aquí no vamos a tolerar que venga a destruir a las familias”, dijo a EFE Isabella García, una terapeuta de 32 años, que vino con varios amigos a marchar.

Los manifestantes mostraron, con banderas de diferentes países -incluida la estadounidense-, la diversidad de la comunidad del condado, el más poblado de EE.UU., con alrededor de diez millones de habitantes. Se estima que cerca de un millón de estos es indocumentado, la gran mayoría trabajadores.

Para García ese es el mensaje “más importante” que se debe enviar a la Casa Blanca, “la mayoría de inmigrantes son trabajadores, no criminales”, por eso portaba un cartel en el que se leía: “Mi papá trabaja más que tú, presidente”.

Trump culpó este domingo a la «izquierda radical» de estar detrás de las protestas de Los Ángeles, al asegurar que a partir de ahora no se permitirá el uso de máscaras en las protestas.

“Es un pequeño dictador, no va poder desestabilizar a California, aquí estamos unidos y vamos a defender nuestros derechos civiles y uno de esos es el derecho a la protesta y el derecho de libre expresión”, indicó a EFE Pamela Smith, que asistió con su novio a la manifestación.

Hasta la tarde del domingo, el LAPD no había confirmado arrestos entre los manifestantes y trataba de sacar a las personas que protestaban de la autopista, una rutina a la que están acostumbrados los manifestantes que recurren a bloquear las grandes vías para llamar la atención en una ciudad cruzada por carreteras.

Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo en una conferencia de prensa que los angelinos pueden contar con ella para defenderlos. La demócrata llamó a la tranquilidad. «Los Ángeles siempre apoyará a todos los que consideran nuestra ciudad su hogar”, subrayó.

La burgomaestre agregó que protestar en paz es un derecho «de todos» en Estados Unidos.

Igualmente, Newsom instó a los manifestantes a mantener las protestas contra las redadas masivas de migrantes pacíficas: «No le den a Trump lo que quiere», escribió en su cuenta de Instagram.

«Hablen alto. Permanezcan pacíficos. Mantengan la calma. No usen la violencia y respeten a los agentes de la ley que están haciendo todo lo posible por mantener la paz», ahondó el demócrata que mantiene un pulso con la Casa Blanca, que ha amenazado con quitarle fondos a California, considerada por sí sola la cuarta economía del mundo.

Newsom respondió al advertir que los californianos “pagan las cuentas del gobierno federal” al enviar más de 80.000 millones de dólares en impuestos. “Quizás sea hora de recortar ese gasto”, acotó el gobernador californiano.