Categoría: El Mundo

La tormenta tropical Barbara, segunda de la temporada de ciclones, se formó durante las primeras horas de este domingo en el océano Pacífico, al sur de las costas del estado mexicano de Guerrero, y se prevé que aumente a huracán de categoría 1 el lunes, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

«Barbara mantiene su desplazamiento hacia el oeste-noroeste. Su amplia circulación ocasionará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en el oeste y sur del territorio mexicano», apuntó el SMN en su más reciente comunicado.

«Se prevé que el sistema se intensifique a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson en el transcurso de esta tarde-noche o en las primeras horas del día de mañana», añadió.

El SMN indicó que el meteoro se formó a las 03:00 hora local y se localiza a 275 kilómetros (km) al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 265 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En su trayectoria, Barbara registra vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora (km/h), rachas de 110 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 19 km/h.

Y su circulación y el arrastre de humedad que genera provoca lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima.

Además, señaló el SMN, se prevén vientos de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; además de oleaje de cuatro a cinco metros de altura en costas de Colima, Michoacán y Guerrero; y de tres a cuatro metros de altura en costas de Jalisco.

El SMN llamó a «extremar precauciones» a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones de Protección Civil.

A finales de mayo la tormenta tropical Alvin se apuntó como el primer ciclón de la temporada 2025, que inició el pasado 15 de mayo.

México prevé la posible formación de hasta 37 ciclones con nombre en los océanos Atlántico y el Pacífico en la temporada 2025, de los cuales cinco podrían impactar al país. De esa cifra, entre 16 y 20 sistemas podrían presentarse por el océano Pacífico y entre 13 y 17 por el Atlántico.

En la temporada de huracanes de 2024, tres ciclones golpearon a México por el Atlántico: el huracán Beryl y la tormenta Chris, en julio; y la tormenta Alberto, en junio, cuando dejó seis muertos en Nuevo León, norte de México.

Mientras que en el Pacífico el golpe vino con el huracán John, que tocó tierra el 23 de septiembre como categoría 3 y dejó 29 muertos en los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este sábado que su Gobierno no escatimará esfuerzos para descubrir a los mandantes del atentado en el que fue gravemente herido el senador y precandidato presidencial uribista Miguel Uribe Turbay y no descartó que su escolta haya fallado al protegerlo.

«Todos los protocolos de investigación al máximo nivel, con la más alta calidad profesional, trabajando en equipo entre todas las agencias de inteligencia, se tienen que concentrar a partir de ahora en descubrir quién es el asesino intelectual», manifestó Petro en una alocución al país en la que estuvo rodeado de autoridades policiales y militares.

El mandatario señaló que ha ordenado que se investigue incluso a la escolta del político porque puede haber ocurrido una falla en su seguridad, pues Uribe Turbay es una persona protegida por su actividad política.

«La verdad es aquí esencial. He ordenado que se investigue a la misma escolta», dijo Petro, quien consideró que «siempre que un asesino puede actuar sobre una persona protegida, previamente hay una falla de seguridad» de «servidores públicos» que «son pagados por el pueblo de Colombia».

Según el presidente, hay «unos protocolos de seguridad que indudablemente en este caso se incumplieron» y «habrá responsables, empezando por los responsables de su seguridad».

Uribe Turbay, de 39 años y uno de los más severos opositores a su Gobierno, recibió dos balazos y está «en estado crítico» en la Fundación Santa Fe de Bogotá, según el primer parte médico de esa institución, una de las más prestigiosas del país.

«El deber del Estado es cuidar a los miembros de la oposición de Colombia porque si ellos no tienen libertad y vida, pues tampoco Colombia tendrá libertad ni vida», añadió Petro.

Según el mandatario, «todas las hipótesis están abiertas, la investigación hasta ahora comienza» y añadió: «creo que avanzaremos rápido».

La Fiscalía colombiana dijo esta noche que Uribe Turbay recibió dos disparos cuando daba un discurso de campaña en el barrio Modelia, que hace parte de la localidad bogotana de Fontibón, que al parecer le fueron propinados por un joven de 15 años que fue arrestado minutos después en el lugar por la escolta del político.

Petro agregó que «la primera responsabilidad del Estado es cuidar la vida del menor, porque es un niño, y así nos parezca terrible, los niños se cuidan en Colombia».

El presidente recordó sus diferencias con el político uribista y con su familia, pero celebró que Uribe Turbay «sigue vivo» a pesar de la gravedad de sus heridas.

«Detrás de esa persona que se llama Miguel Uribe Turbay, cualquiera que sea su pensamiento político y sus posiciones, antes que nada es (una) persona, ser humano y por tanto tiene el derecho absoluto a vivir y que en un momento como estos todo lo que hagamos esté concentrado en que pueda seguir viviendo y abrazar a su familia y a sus hijos», manifestó.

Pocas democracias en el mundo han sufrido con tanta intensidad y frecuencia la tragedia de ver caer a sus candidatos presidenciales bajo las balas como Colombia.

A lo largo del último siglo, el país ha visto cómo líderes con opciones reales de alcanzar la jefatura del Estado han sido asesinados o atacados en plena campaña, en episodios que no solo han enlutado a la nación, sino que han alterado el rumbo político del país, truncado proyectos de reconciliación, exacerbado la violencia y sembrado un persistente escepticismo frente a las garantías electorales.

Desde el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, que encendió la chispa de una guerra no resuelta del todo, hasta el más reciente atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay este 7 de junio en Bogotá, cada ataque ha sido más que un crimen: ha sido un golpe al corazón mismo de la esperanza democrática.

Uribe Turbay, uno de los aspirantes presidenciales del partido uribista Centro Democrático, fue herido durante un mitin. El atentado ha reavivado los temores de una violencia política que parecía del pasado.

«Que este sea un momento para rechazar los mensajes de odio, de violencia, de intolerancia que se emiten con perversidad, y que podamos unirnos todos los colombianos ante los retos que hoy enfrentamos como nación», escribió el expresidente Iván Duque en la red social X.

Una historia atravesada por la violencia política

En la historia reciente del país, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 marcó un antes y un después. El líder liberal, carismático y popular, fue baleado en pleno centro de Bogotá y desató el llamado ‘Bogotazo’, un estallido de violencia que degeneró en una prolongado conflicto entre liberales y conservadores conocida como «La Violencia».

El historiador colombiano Jorge Orlando Melo ha descrito ese momento como «el punto de quiebre» de la modernidad política colombiana.

«La muerte de Gaitán destruyó las posibilidades de una salida democrática al conflicto social que se incubaba desde hacía décadas», escribió en uno de sus ensayos.

Casi medio siglo después, el país revivió otro capítulo trágico con el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, el 18 de agosto de 1989, en Soacha, localidad al sur de Bogotá.

Galán lideraba las encuestas y había hecho de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción su bandera. Fue asesinado por sicarios en una acción atribuida al cartel de Medellín con apoyo de sectores corruptos del Estado.

«La muerte de Galán fue un atentado contra la democracia colombiana», dijo entonces el presidente Virgilio Barco.

Menos de un año después, en 1990, dos candidatos presidenciales más fueron asesinados: Bernardo Jaramillo Ossa (22 de marzo) y Carlos Pizarro Leongómez (26 de abril).

Tres años antes había corrido la misma suerte Jaime Pardo Leal (1987). Todos eran miembros o exmiembros de la Unión Patriótica o de la desmovilizada guerrilla del M-19.

La UP, surgida de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur, fue objeto de un exterminio sistemático. Más de 4.000 de sus militantes fueron asesinados.

«Lo que ocurrió con la Unión Patriótica fue un genocidio político», ha sostenido la senadora Aída Avella, quien sobrevivió a un atentado en 1996 y ha llevado el caso a instancias internacionales.

En el caso de Carlos Pizarro, excomandante del M-19 y firmante de la paz, su asesinato dentro de un avión comercial, antes de despegar, marcó un nuevo golpe para las esperanzas de reconciliación. El joven político había dicho semanas antes en una entrevista con la revista Semana: «Si yo muero, será por lo que represento, no por lo que he hecho».

Impunidad y memoria

Muchos de estos crímenes han permanecido sin esclarecer completamente, alimentando teorías y desconfianza pública. El asesinato del excandidato presidencial conservador Álvaro Gómez Hurtado en 1995, por ejemplo, fue reivindicado en 2020 por la guerrilla de las FARC, aunque su familia sigue sosteniendo que fue un crimen de Estado.

«No creemos esa versión», dijo en su momento Mauricio Gómez Escobar, hijo del excandidato conservador.

Democracia en riesgo

El informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) de Colombia ha advertido que la violencia contra líderes políticos, especialmente en regiones periféricas, sigue siendo una amenaza latente. Entre 2021 y 2023, más de 800 líderes sociales y políticos fueron asesinados, muchos de ellos vinculados con procesos electorales locales.

Para el analista León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación, «la violencia política en Colombia ha sido una herramienta de las élites y de grupos armados para mantener o alterar el poder. No es un fenómeno del pasado».

El atentado contra Miguel Uribe revive esos fantasmas. Su apellido, Turbay, está ligado a una dinastía política. Su abuelo, Julio César Turbay Ayala, fue presidente entre 1978 y 1982, y su madre, Diana Turbay, fue secuestrada y asesinada en 1991 por la mafia del narcotráfico.

La abrupta ruptura entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el actualmente hombre más rico del mundo, Elon Musk, propicia un escenario donde ambos tienen que perder: nuevas dudas sobre el recorrido de su megaproyecto fiscal para el primero, y gran impacto económico en el imperio tecnológico del segundo.

Hasta el jueves, Trump y Musk habían colaborado estrechamente, pues el empresario sudafricano incluso donó más de 250 millones para la reelección del republicano y se llamaban mutuamente «amigos», pero su salida del Departamento de Eficiencia Gubernamental empezó a plantear dudas sobre su relación que se evidenciaron hace tres días.

Musk intensificó sus ataques contra el bautizado por Trump como «gran y hermoso» proyecto de ley que persigue importantes recortes fiscales, y la situación acabó de saltar por los aires cuando el cofundador de Tesla acusó al mandatario de ocultar la 'lista de Jeffrey Epstein' porque su nombre aparece en la misma, lo que desembocó en un aluvión de reproches personales.

El presidente ha amenazado con cancelar los multimillonarios contratos que empresas de Musk tienen con la Casa Blanca, y ha asegurado que estará «un tiempo» sin hablar con el también propietario de X.

Musk sugirió que desmantelaría la nave espacial SpaceX Dragon de la NASA, pero cinco horas después se retractó. También borró el mensaje que relacionaba a Trump con Epstein.

Contratos multimillonarios de Musk, en el aire

Los contratos federales comprometidos con el entramado empresarial de Musk son clave a la hora de analizar quién pierde en este desencuentro.

Y es que, según The New York Times, las compañías de Musk se beneficiarán de al menos 3.000 millones de dólares a través de casi cien contratos con diecisiete agencias diferentes, incluyendo la NASA y el Departamento de Defensa, que dependen de SpaceX para el lanzamiento de satélites y otros servicios.

Por otra parte, Tesla, que tras la cruda disputa dialéctica perdió 152.400 millones de dólares de valor y cedió esta semana un 14 % en bolsa, dejará de ingresar 1.200 millones de dólares anuales, según JP Morgan, si finalmente se aprueba el proyecto de ley fiscal de Trump.

La tecnológica con sede en Texas -y considerada la empresa automotriz más valiosa del mundo- también recibió 2.760 millones de dólares el año pasado mediante compensaciones de créditos regulatorios por cumplir con las normativas de emisiones.

«El rápido deterioro de la amistad y la ahora 'gran disputa' entre Musk y Trump es asombroso y un shock para el mercado, generando gran temor entre los inversores de Tesla sobre lo que está por venir», interpretó Dan Ives, analista de la firma Wedbush Securities.

Regulaciones federales

Además, el imperio de Musk depende en gran medida de las regulaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el lanzamiento de cohetes, en el caso de SpaceX; de la supervisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) sobre los implantes cerebrales de Neuralink; o de la aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) sobre Tesla, que cotiza en bolsa.

SpaceX es la única empresa espacial estadounidense que transporta regularmente astronautas hasta y desde la Estación Espacial Internacional. En 2022, la NASA adjudicó a ésta cinco vuelos tripulados más a la estación espacial, lo que elevó el contrato a casi $5.000 millones.

Posible impacto en el «gran y hermoso» proyecto

Pero el colapso de la relación entre Trump y Musk también puede acarrear consecuencias para el mandatario y, a corto plazo, para su «gran y hermoso» megaproyecto de ley.

La medida, considerada por Musk como «una abominación terrible» por agravar el déficit estadounidense, está en trámite en el Senado antes de ser sometida a votación nuevamente por la Cámara Baja, donde pasó por un estrecho margen.

Ello podría reavivar ahora el sentimiento de rechazo de algunos republicanos que coinciden con el empresario sobre el impacto en la deuda y dejar el proyecto en la estacada.

Consecuencias en la élite tecnológica

La cercanía de los principales empresarios de firmas tecnológicas estadounidenses a Trump en su regreso fue ampliamente criticado, calificando este sistema -en el que ambas partes se beneficiaban- como de 'tecnofeudalismo'.

De continuar esta división entre Musk -principal representante de la élite tecnológica- y Trump, muchos de estos grandes empresarios, como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg o Tim Cook, podrían verse obligados a tomar partido por algún bando.

Con el caso antimonopolio del Departamento de Justicia contra Google siguiendo su curso, la Comisión Federal de Comercio que mantiene que Meta ha abusado de su poder al adquirir a competidores, y los aranceles a componentes tecnológicos presionando a empresas como Apple, no parece que Trump las tenga toda consigo en este aspecto.

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay salió de la cirugía a la que fue sometido en la noche del sábado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, tras ser herido gravemente en un atentado, pero su estado sigue siendo crítico, informaron personas de su entorno.

«Nos informa María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe: 'Miguel salió de la cirugía, lo logró'. Ahora un gran esfuerzo en su recuperación», escribió en X el representante a la Cámara Christian Garcés, miembro del partido uribista Centro Democrático, el mismo del político atacado.

Previamente, Tarazona había manifestado en la cuenta de X de su esposo: «Miguel está luchando en estos momentos por su vida. Pidamos a Dios que guíe las manos de los doctores que están atendiéndolo. Les pido a todos unirnos en una cadena de oración por la vida de Miguel».

La Fundación Santa Fe no ha informado hasta el momento sobre el resultado de la cirugía y, en un primer parte divulgado la noche del sábado, señaló que Uribe Turbay «ingresó en estado crítico» y estaba «en procedimiento neuroquirúrgico y vascular periférico».

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que acudió a la Fundación Santa Fe, confirmó a periodistas que Uribe Turbay superó la primera cirugía.

«Es una gran noticia lo que nos ha contado ya la clínica, que (Miguel Uribe) superó la primera intervención. Son momentos y horas críticas para que sobreviva. Hay que pedirle a Dios que guarde la vida de Miguel y supere esta situación», manifestó Galán, cuyo padre, el político liberal Luis Carlos Galán, fue asesinado en un atentado similar en 1989 cuando también buscaba la presidencia colombiana.

Atentado entre la multitud

Uribe Turbay, de 39 años, recibió dos impactos de bala disparados por un hombre que estaba entre un grupo de seguidores que escuchaba un discurso suyo en un acto político en un parque de Modelia, barrio de la localidad de Fontibón, en el oeste de la capital colombiana.

En las imágenes divulgadas en redes sociales se ve como el sicario, que según la Fiscalía es un menor de 15 años que fue arrestado minutos después del atentado, saca un arma y dispara en dirección a la cabeza del aspirante presidencial, que se desploma tras recibir un primer balazo.

Tras el atentado, el senador fue socorrido por sus colaboradores y llevado inicialmente a la Clínica Medicentro, donde recibió los primeros auxilios y, una vez estabilizado, fue conducido en ambulancia a la Fundación Santa Fe, uno de los centros médicos más prestigiosos del país.

El político, quien fue el senador más votado en las elecciones de 2022, es hijo de Diana Turbay, periodista que fue secuestrada y asesinada en 1991 por narcotraficantes al servicio de Pablo Escobar, y nieto del expresidente Julio César Turbay, quien gobernó el país entre 1978 y 1982.

Uribe Turbay, cercano al expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), con quien no tiene parentesco, es uno de los más severos críticos del actual Gobierno de Gustavo Petro, principalmente por el deterioro de la seguridad en el país y por su intención de convocar por decreto una consulta popular para aprobar en las urnas la reforma laboral que rechazó el Senado.

La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) advirtió este sábado que podrían meterla presa, para evitar que compita en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires que se celebrarán en septiembre próximo.

En un acto en la provincia argentina de Corrientes (noreste), Fernández, quien preside el opositor Partido Justicialista (PJ, peronista), afirmó que se han desatado los «demonios» desde que hace unos días anunció que se presentará como candidata a legisladora provincial en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre.

«Salió el anuncio y se desataron los demonios y comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa. Eso es lo que uno lee. No hay que enojarse, hay que estar atentos a que me metan presa», sostuvo la exmandataria.

«Todo esto con editoriales que dicen «está acabada, acorralada». Si estoy tan así, ¿Por qué no me dejan competir y entonces me derrotan políticamente? Dale, mirá cómo tiemblo», desafió Fernández.

Medios locales especulan con la posibilidad de que la Corte Suprema de Argentina se pronuncie en forma inminente y confirme una sentencia en contra de Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En diciembre de 2022, un tribunal oral impuso esa pena a Fernández en la denominada «causa Vialidad» por irregularidades en la concesión de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz (sur) a compañías del empresario Lázaro Báez durante su Gobierno.

Por su parte, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó, en noviembre de 2024, la condena contra la expresidenta, quien apeló el fallo ante el Supremo.

En el acto de este sábado en Corrientes, Fernández recordó que en septiembre de 2022, cuando el juicio oral por esta causa estaba en su fase final, un hombre intentó dispararle en el rostro mientras ella saludaba a militantes a las puertas de su apartamento en Buenos Aires.

«Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. Lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo, que tiene una identidad y que tiene una historia en la Argentina», aseveró la expresidenta.

Fernández, de 72 años, también criticó el modelo económico de severo ajuste del Gobierno del ultraderechista Javier Milei.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este sábado con “intervenir” para detener las protestas desatadas en Los Ángeles, en medio de una serie de redadas migratorias que han azotado la zona en los últimos dos días, lo que supone el uso de al menos 2,000 soldados de la Guardia Nacional de EE.UU.

“Si el gobernador Gavin Newscum (apodo que usa el mandatario para referirse a Newsom), de California, y la alcaldesa Karen Bass, de Los Ángeles, no pueden hacer su trabajo, que todos saben que no pueden, entonces el Gobierno federal intervendrá y resolverá el problema”, dijo el mandatario en un mensaje de Truth Social.

La advertencia se dio poco después que Tom Homan, nombrado por Trump como zar de la frontera, dijera en una entrevista con la cadena Fox que la Casa Blanca desplegará a la Guardia Nacional de EE.UU. en las calles de Los Ángeles, tras dos días de protestas generadas por múltiples redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en lugares de trabajo.

Por su parte Newsom dijo este sábado en un comunicado que «el Gobierno federal está tomando el control de la Guardia Nacional de California y desplegará 2,000 soldados».

«Esta medida es deliberadamente provocativa y solo intensificará las tensiones», agregó el demócrata, tras criticar las redadas que comenzaron el viernes.

Este sábado las manifestaciones se concentraron en la ciudad de Paramount, donde más de 50 vehículos federales realizaron un operativo migratorio en una empresa.

Activistas y miembros de la comunidad protestaron tratando de evitar las detenciones, pero por más de dos horas los agentes federales repelieron a los manifestantes con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras.

Se registraron múltiples personas heridas entre los manifestantes golpeados por balas de goma y las granadas.

Las autoridades utilizaron tácticas militares para dispersar a los manifestantes para poder sacar a los detenidos.

El Departamento de Seguridad Interna se ha quejado por la respuesta, que generó algunos actos vandálicos y grafitis contra el edificio federal y los vehículos de las agencias migratorias el viernes en la noche, tras la primera jornada de operativos migratorios en al menos siete locaciones de la ciudad de Los Ángeles.

La ACLU estudia demandar a Trump

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) dijo este sábado que estudia presentar una demanda contra el Gobierno del presidente Donald Trump por ordenar el despliegue de alrededor de 2,000 soldados de la Guardia Nacional de EE.UU. en Los Ángeles, en respuesta a las protestas por las redadas migratorias.

Victor Leung, director legal y de defensa de la ACLU del Sur de California, dijo en un comunicado que el despliegue “infundado” de la Guardia Nacional por parte de la Administración Trump “es una clara represalia” contra California, un bastión para las comunidades inmigrantes y equivale “a una declaración de guerra” contra todos los habitantes del estado.

Leung subrayó que “no hay ninguna razón” para desplegar la Guardia Nacional contra los angelinos, quienes “están legítimamente” indignados por el ataque del gobierno federal a las comunidades inmigrantes y ejercen con justicia su derecho amparado en la Primera Enmienda para protestar por la separación violenta de las familias.

“Tenemos la intención de presentar una demanda, exigir responsabilidades a esta administración y proteger a nuestras comunidades de futuros ataques”, puntualizó el activista.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este sábado con “intervenir” para detener las protestas desatadas en Los Ángeles, en medio de una serie de redadas migratorias que han azotado la zona en los últimos dos días, lo que supone el uso de al menos 2,000 soldados de la Guardia Nacional de EE.UU.

“Si el gobernador Gavin Newscum (apodo que usa el mandatario para referirse a Newsom), de California, y la alcaldesa Karen Bass, de Los Ángeles, no pueden hacer su trabajo, que todos saben que no pueden, entonces el Gobierno federal intervendrá y resolverá el problema”, dijo el mandatario en un mensaje de Truth Social.

La advertencia se dio poco después que Tom Homan, nombrado por Trump como zar de la frontera, dijera en una entrevista con la cadena Fox que la Casa Blanca desplegará a la Guardia Nacional de EE.UU. en las calles de Los Ángeles, tras dos días de protestas generadas por múltiples redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en lugares de trabajo.

Por su parte Newsom dijo este sábado en un comunicado que «el Gobierno federal está tomando el control de la Guardia Nacional de California y desplegará 2,000 soldados».

«Esta medida es deliberadamente provocativa y solo intensificará las tensiones», agregó el demócrata, tras criticar las redadas que comenzaron el viernes.

Este sábado las manifestaciones se concentraron en la ciudad de Paramount, donde más de 50 vehículos federales realizaron un operativo migratorio en una empresa.

Activistas y miembros de la comunidad protestaron tratando de evitar las detenciones, pero por más de dos horas los agentes federales repelieron a los manifestantes con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras.

Se registraron múltiples personas heridas entre los manifestantes golpeados por balas de goma y las granadas.

Las autoridades utilizaron tácticas militares para dispersar a los manifestantes para poder sacar a los detenidos.

El Departamento de Seguridad Interna se ha quejado por la respuesta, que generó algunos actos vandálicos y grafitis contra el edificio federal y los vehículos de las agencias migratorias el viernes en la noche, tras la primera jornada de operativos migratorios en al menos siete locaciones de la ciudad de Los Ángeles.

La ACLU estudia demandar a Trump

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) dijo este sábado que estudia presentar una demanda contra el Gobierno del presidente Donald Trump por ordenar el despliegue de alrededor de 2,000 soldados de la Guardia Nacional de EE.UU. en Los Ángeles, en respuesta a las protestas por las redadas migratorias.

Victor Leung, director legal y de defensa de la ACLU del Sur de California, dijo en un comunicado que el despliegue “infundado” de la Guardia Nacional por parte de la Administración Trump “es una clara represalia” contra California, un bastión para las comunidades inmigrantes y equivale “a una declaración de guerra” contra todos los habitantes del estado.

Leung subrayó que “no hay ninguna razón” para desplegar la Guardia Nacional contra los angelinos, quienes “están legítimamente” indignados por el ataque del gobierno federal a las comunidades inmigrantes y ejercen con justicia su derecho amparado en la Primera Enmienda para protestar por la separación violenta de las familias.

“Tenemos la intención de presentar una demanda, exigir responsabilidades a esta administración y proteger a nuestras comunidades de futuros ataques”, puntualizó el activista.

El senador colombiano Miguel Uribe Turbay, uno de los aspirantes presidenciales del partido uribista Centro Democrático para las elecciones de 2026, «está luchando en estos momentos por su vida» tras ser herido de gravedad este sábado en un atentado a tiros en Bogotá, informó su esposa, María Claudia Tarazona.

«Miguel está luchando en estos momentos por su vida. Pidamos a Dios que guíe las manos de los doctores que están atendiéndolo. Les pido a todos unirnos en una cadena de oración por la vida de Miguel», expresó la esposa del senador en un mensaje publicado en la cuenta de X del congresista.

Este es el primer mensaje publicado por un allegado del senador, a la espera de que salga un parte médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá (FSFB), a donde fue trasladado tras haber sido atendido inicialmente en la Clínica Medicentro, al oeste de la ciudad.

Frente a la Fundación Santa Fe se han congregado decenas de seguidores del senador en una cadena de oración a la que se han sumado políticos de distintos partidos.

Uribe Turbay, de 39 años, recibió varios impactos de bala cuando realizaba un acto de campaña en un parque de la localidad de Fontibón, en el oeste de Bogotá, y fue trasladado herido de gravedad a la Clínica Medicentro por sus colaboradores.

El congresista es un político cercano al expresidente Álvaro Uribe y uno de los más severos críticos del presidente colombiano, Gustavo Petro, especialmente por el deterioro de la seguridad en el país.

El senador, quien fue el congresista más votado en las elecciones de 2022, es hijo de Diana Turbay, periodista que fue secuestrada y asesinada en 1991 por narcotraficantes al servicio de Pablo Escobar, y nieto del expresidente Julio César Turbay, quien gobernó el país entre 1978 y 1982.

Soy Maria Claudia Tarazona, esposa de Miguel.

Miguel está luchando en estos momentos por su vida. Pidamos a Dios que guíe las manos de los doctores que están atendiéndolo.

Les pido a todos unirnos en una cadena de oración por la vida de Miguel.

Pongo mi Fe en Dios

— Miguel Uribe (@MiguelUribeT) June 8, 2025

El aspirante a candidato presidencial del partido Centro Democrático y senador de Colombia, Miguel Uribe Turbay, de 39 años, sufrió un ataque de bala mientras se encontraba en un mitin en Bogotá.

El político, perteneciente al partido del expresidente Álvaro Uribe, recibió los disparos en mitad del saludo a simpatizantes que se encontraban en el evento político que ha tenido lugar en la localidad de Fontibón en la capital colombiana.

«Sujetos armados le dispararon por la espalda mientras participaba en un evento de campaña sobre las 5.00 PM», ha indicado en un comunicado el partido Centro Democrático.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la detención de una persona que habría participado en el atentado contra Uribe y ha indicado que «toda la red hospitalaria» de la capital esta «en alerta» por si requiriera un traslado. Tras el ataque, ha sido llevado al hospital y aún no han trascendido detalles de su estado de salud.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que recompensará con hasta 3,000 millones de pesos colombianos (unos 640.000 euros) a quien otorgue información acerca de los responsables del atentado.

«Este acto de violencia es un ataque no solo contra la integridad personal del senador, sino también contra la democracia, la libertad de pensamiento y el ejercicio legítimo de la política en Colombia. Todo acto que pretenda acallar mediante la intimidación o la violencia a quienes participan en la vida pública es inaceptable y merece el más profundo repudio por parte del Estado y la ciudadanía», ha sostenido el Gobierno de Colombia en un comunicado.

Detenido presunto autor

Las autoridades colombianas detuvieron este sábado en Bogotá a la persona que presuntamente disparó contra el senador Miguel Uribe Turbay, uno de los aspirantes presidenciales del partido uribista Centro Democrático (derecha), quien está herido de gravedad y es atendido en una clínica de la capital.

«El senador Miguel Uribe está siendo atendido de urgencia, luego de ser víctima de un atentado en horas de la tarde en (la localidad de) Fontibón. La persona que disparó fue capturada. Toda la red hospitalaria de Bogotá está en alerta en caso de requerir un traslado», expresó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en la red social X.

«Toda mi solidaridad con el senador Miguel Uribe y su familia», añadió el alcalde de Bogotá.

El senador, quien fue el congresista más votado en las elecciones de 2022, es hijo de Diana Turbay, periodista que fue secuestrada y asesinada en 1991 por narcotraficantes al servicio de Pablo Escobar, y nieto del expresidente Julio César Turbay, quien gobernó el país entre 1978 y 1982.