Categoría: El Mundo

China pidió este viernes a Guatemala que se «dé cuenta de la tendencia general» y «tome pronto la decisión correcta», después de que el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, expresase este jueves su voluntad de llevar las relaciones con Taiwán a un «nuevo nivel», en el marco de su visita a la isla.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que «183 países en el mundo han establecido relaciones diplomáticas con China, lo que demuestra que adherirse al principio de «una sola China» responde a la voluntad popular y es la tendencia general».

El «principio de una sola China» es un pilar fundamental de la política exterior de Pekín, según el cual la República Popular China es el único representante legítimo de China en el ámbito internacional, y Taiwán constituye una «parte inalienable» de su territorio. Sin embargo, no todos los países que mantienen relaciones diplomáticas con Pekín adoptan plenamente esta postura.

«Taiwán es una parte inalienable del territorio chino, y el Gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China», subrayó Lin, al tiempo que advirtió de que «la utilización por parte de las autoridades taiwanesas» de las relaciones diplomáticas «son artimañas que no pueden detener la tendencia histórica de que China finalmente se 'reunifique'».

Lin añadió que el establecimiento de relaciones diplomáticas con China estaría «en línea con el interés fundamental de la nación y el pueblo guatemaltecos».

Arévalo y su homólogo taiwanés, William Lai, firmaron el jueves en Taipéi una carta de intención para impulsar la cooperación en materia de semiconductores, un acuerdo que permitirá «profundizar los lazos bilaterales» y «abrir nuevas oportunidades de colaboración» entre ambas partes.

El mandatario centroamericano manifestó que su Gobierno no solo busca llevar las relaciones con Taiwán a «un nuevo nivel», sino también impulsar la cooperación en ciencia y tecnología, economía, educación y medicina, así como «avanzar juntos hacia el desarrollo sostenible y la integración global».

Este viaje, el primero del presidente guatemalteco a Taiwán desde que asumió el cargo en enero del año pasado, es particularmente importante para la isla, cuyo reconocimiento internacional se ha visto reducido en los últimos años debido a la creciente presión diplomática de China.

Actualmente, Taiwán tan solo conserva el apoyo diplomático de doce Estados: siete latinoamericanos y caribeños, tres oceánicos, un africano (Esuatini, la antigua Suazilandia) y un europeo (Ciudad del Vaticano).

El diputado ruso Dmitri Nóvikov afirmó hoy que el magnate estadounidense Elon Musk, enzarzado en una guerra abierta con el presidente de EE.UU., Donald Trump, podría recibir asilo político en Rusia en caso de necesidad.

«Creo que Musk (…) no necesitará asilo político, aunque si lo necesitara, Rusia podría, por supuesto, proporcionárselo», dijo Nóvikov a la agencia TASS.

El legislador comunista respondió así a una pregunta sobre si Rusia acogería a Musk tal y como lo hizo hace años con el exanalista de la CIA Edward Snowden en 2013.

Mientras, el expresidente ruso y actual subjefe del Consejo de Seguridad del país, Dmitri Medvédev, bromeó en su canal de Telegram con la posibilidad de «mediar» entre Musk y Trump.

«Estamos dispuestos a facilitar un acuerdo de paz entre D (Donald) y E (Elon) por un precio razonable y a aceptar acciones de Starlink como recompensa. ¡No peleen, chicos!», escribió Medvédev en X.

En tanto, el Kremlin rechazó comentar el asunto y aseguró que se trata de un «asunto interno de Estados Unidos.»

«Es un asunto interno de Estados Unidos. No vamos a interferir en eso de ninguna manera ni a hacer comentarios al respecto», zanjó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

La alianza mantenida hasta ahora entre Trump y Musk derivó este jueves en una guerra abierta que comenzó tras reproches sobre el plan fiscal impulsado por el mandatario estadounidense y escaló con amenazas de anulación de contratos gubernamentales y acusaciones por parte del magnate de que Trump figura en la lista del pederasta Jeffrey Epstein.

El diputado ruso Dmitri Nóvikov afirmó hoy que el magnate estadounidense Elon Musk, enzarzado en una guerra abierta con el presidente de EE.UU., Donald Trump, podría recibir asilo político en Rusia en caso de necesidad.

«Creo que Musk (…) no necesitará asilo político, aunque si lo necesitara, Rusia podría, por supuesto, proporcionárselo», dijo Nóvikov a la agencia TASS.

El legislador comunista respondió así a una pregunta sobre si Rusia acogería a Musk tal y como lo hizo hace años con el exanalista de la CIA Edward Snowden en 2013.

Mientras, el expresidente ruso y actual subjefe del Consejo de Seguridad del país, Dmitri Medvédev, bromeó en su canal de Telegram con la posibilidad de «mediar» entre Musk y Trump.

«Estamos dispuestos a facilitar un acuerdo de paz entre D (Donald) y E (Elon) por un precio razonable y a aceptar acciones de Starlink como recompensa. ¡No peleen, chicos!», escribió Medvédev en X.

En tanto, el Kremlin rechazó comentar el asunto y aseguró que se trata de un «asunto interno de Estados Unidos».

«Es un asunto interno de Estados Unidos. No vamos a interferir en eso de ninguna manera ni a hacer comentarios al respecto», zanjó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

La alianza mantenida hasta ahora entre Trump y Musk derivó este jueves en una guerra abierta que comenzó tras reproches sobre el plan fiscal impulsado por el mandatario estadounidense y escaló con amenazas de anulación de contratos gubernamentales y acusaciones por parte del magnate de que Trump figura en la lista del pederasta Jeffrey Epstein.

El partido político Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora María Corina Machado, pidió este viernes a Estados Unidos que se «ajusten las medidas» sobre la restricción de visas a 19 países, entre ellos la nación caribeña, para que se enfoquen, dijo, en quienes «sostienen» a la dictadura de Nicolás Maduro.

«Creemos fundamental que se ajusten las medidas que restringen la movilidad de los venezolanos hacia territorio estadounidense, para que estén expresamente enfocadas hacia quienes sostienen a dicho régimen criminal en Venezuela o cometen actos ilegales fuera del país», señaló la formación en un comunicado publicado en X.

Asimismo, dijo confiar en las autoridades de Estados Unidos para que consideren esta «distinción fundamental en la aplicación de su política migratoria, para evitar así que personas inocentes sean objeto de potenciales injusticias».

«Los venezolanos son víctimas de un régimen criminal que ha forzado su desplazamiento masivo. Miles de nuestros ciudadanos huyen de una tiranía que les niega acceso a sus bienes, documentos y derechos básicos, dejándolos en total vulnerabilidad», añadió.

Vente Venezuela reafirmó su compromiso con la «liberación de Venezuela», y agradeció a la Administración de Donald Trump por su «respaldo a la causa democrática y la lucha contra la tiranía de Nicolás Maduro, cuya salida es la única garantía para el retorno» de los venezolanos y la «estabilidad de la región».

El decreto presidencial de Estados Unidos, anunciado el miércoles, prohíbe la entrada a EE.UU. de los ciudadanos de 12 países: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo (Brazaville), Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen.

A su vez, restringe la entrada de los ciudadanos de estos otros siete países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán, Venezuela.

La proclamación contempla varias excepciones, entre ellas las personas que ya tienen una visa vigente y están dentro del territorio estadounidense, a la vez que a los ciudadanos de estos países que tengan una residencia permanente en EE.UU. (la también llamada «green card») o doble nacionalidad.

También están excluidas las personas con visas diplomáticas, los atletas, entrenadores y miembros de equipos deportivos que viajen a importantes eventos como los Juegos Olímpicos o la Copa Mundial, y las personas de Afganistán con una visa especial.

La prohibición entra en efecto el próximo 9 de junio, de acuerdo con la orden, que establece además que, en un plazo de 90 días y cada 180 días, el secretario de Estado presentará un informe al presidente con su evaluación y recomendando si se debe continuarse, terminar, modificarse o complementarse.E

La alianza entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el empresario Elon Musk se fracturó de forma abrupta este jueves 5 de junio, tras un intercambio de acusaciones por el plan fiscal del Gobierno y amenazas públicas que escalaron a niveles personales y económicos.

El desencadenante fue el rechazo de Musk al plan presupuestario promovido por la administración republicana, al que calificó como una «abominación repugnante».

La propuesta ya fue aprobada en la Cámara Baja y se encuentra en proceso de ratificación en el Senado, también controlado por los republicanos. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, el proyecto podría sumar $2.4 billones a la deuda pública en la próxima década.

Trump expresó su «decepción» ante la prensa en el Despacho Oval, en presencia del canciller alemán, Friedrich Merz, y aseguró que Musk conocía al detalle el contenido de la ley.

«Estoy muy decepcionado porque Elon sabía los pormenores del proyecto de ley mejor que nadie», dijo el mandatario.

Musk reaccionó desde su red X minutos después. Afirmó no haber tenido conocimiento del texto final mientras lideraba el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), cargo que dejó el 30 de mayo. «Lo aprobaron tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo», escribió.

El enfrentamiento escaló desde las críticas al presupuesto hasta señalamientos personales y amenazas contractuales. Trump afirmó que la mejor forma de ahorrar dinero público era cancelar los subsidios y contratos con empresas de Musk. «¡Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciera!», expresó en su plataforma Truth Social.

Entre esos contratos destacan uno de $5,900 millones con la Fuerza Espacial para lanzamientos satelitales y otro por $2,890 millones con la NASA, adjudicado a SpaceX para desarrollar la nave lunar Starship HLS.

Musk respondió anunciando el retiro de la nave Dragon, utilizada por EE.UU. para llevar personal y carga a la Estación Espacial Internacional. Además, calificó a Trump de «ingrato» y aseguró que sin su apoyo financiero, el presidente no habría ganado las elecciones de 2024. Musk donó $250 millones a su campaña.

El mandatario contraatacó acusando a Musk de haber perdido el control. «Le quité su Mandato de Vehículos Eléctricos… ¡y simplemente se volvió LOCO!», escribió.

El choque de egos llevó a Musk a preguntar en una encuesta si ha llegado el momento de crear un nuevo partido político, una propuesta que sus seguidores apoyaron de forma mayoritaria, y también respaldó con un «sí» el mensaje donde un internauta apostaba por que esta pelea la iba a ganar Musk. La tensión alcanzó su punto más alto cuando Musk apoyó en X una publicación que pedía la destitución de Trump y su reemplazo por el vicepresidente JD Vance.

El dueño de X recrudeció su ofensiva al afirmar que la razón por la que el Ejecutivo no ha difundido aún los archivos de Jeffrey Epstein, que se suicidó en agosto de 2019 en una cárcel de Nueva York semanas después de ser arrestado por cargos de tráfico sexual, es porque Trump figura en ellos.

Ambos personajes, conocidos por su influencia global y personalidad mediática, pasaron del respaldo público mutuo a una confrontación abierta que ha generado efectos económicos inmediatos, incluida la pérdida de $150,000 millones en valor de mercado de Tesla y una caída del 14 % en sus acciones.

Lo que empezó como una alianza estratégica en 2024, que llevó a Musk al Despacho Oval como jefe del DOGE y asesor presidencial, terminó con una confrontación pública que evidencia lo volátil de las alianzas políticas en la era digital. Ambos siguen siendo figuras con enorme proyección global, pero su ruptura dejó daños políticos, personales y económicos de gran magnitud.

La alianza entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el empresario Elon Musk se fracturó de forma abrupta este jueves 5 de junio, tras un intercambio de acusaciones por el plan fiscal del Gobierno y amenazas públicas que escalaron a niveles personales y económicos.

El desencadenante fue el rechazo de Musk al plan presupuestario promovido por la administración republicana, al que calificó como una «abominación repugnante».

La propuesta ya fue aprobada en la Cámara Baja y se encuentra en proceso de ratificación en el Senado, también controlado por los republicanos. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, el proyecto podría sumar $2.4 billones a la deuda pública en la próxima década.

Trump expresó su «decepción» ante la prensa en el Despacho Oval, en presencia del canciller alemán, Friedrich Merz, y aseguró que Musk conocía al detalle el contenido de la ley.

«Estoy muy decepcionado porque Elon sabía los pormenores del proyecto de ley mejor que nadie», dijo el mandatario.

Musk reaccionó desde su red X minutos después. Afirmó no haber tenido conocimiento del texto final mientras lideraba el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), cargo que dejó el 30 de mayo. «Lo aprobaron tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo», escribió.

El enfrentamiento escaló desde las críticas al presupuesto hasta señalamientos personales y amenazas contractuales. Trump afirmó que la mejor forma de ahorrar dinero público era cancelar los subsidios y contratos con empresas de Musk. «¡Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciera!», expresó en su plataforma Truth Social.

Entre esos contratos destacan uno de $5,900 millones con la Fuerza Espacial para lanzamientos satelitales y otro por $2,890 millones con la NASA, adjudicado a SpaceX para desarrollar la nave lunar Starship HLS.

Musk respondió anunciando el retiro de la nave Dragon, utilizada por EE.UU. para llevar personal y carga a la Estación Espacial Internacional. Además, calificó a Trump de «ingrato» y aseguró que sin su apoyo financiero, el presidente no habría ganado las elecciones de 2024. Musk donó $250 millones a su campaña.

El mandatario contraatacó acusando a Musk de haber perdido el control. «Le quité su Mandato de Vehículos Eléctricos… ¡y simplemente se volvió LOCO!», escribió.

El choque de egos llevó a Musk a preguntar en una encuesta si ha llegado el momento de crear un nuevo partido político, una propuesta que sus seguidores apoyaron de forma mayoritaria, y también respaldó con un «sí» el mensaje donde un internauta apostaba por que esta pelea la iba a ganar Musk. La tensión alcanzó su punto más alto cuando Musk apoyó en X una publicación que pedía la destitución de Trump y su reemplazo por el vicepresidente JD Vance.

El dueño de X recrudeció su ofensiva al afirmar que la razón por la que el Ejecutivo no ha difundido aún los archivos de Jeffrey Epstein, que se suicidó en agosto de 2019 en una cárcel de Nueva York semanas después de ser arrestado por cargos de tráfico sexual, es porque Trump figura en ellos.

Ambos personajes, conocidos por su influencia global y personalidad mediática, pasaron del respaldo público mutuo a una confrontación abierta que ha generado efectos económicos inmediatos, incluida la pérdida de $150,000 millones en valor de mercado de Tesla y una caída del 14 % en sus acciones.

Lo que empezó como una alianza estratégica en 2024, que llevó a Musk al Despacho Oval como jefe del DOGE y asesor presidencial, terminó con una confrontación pública que evidencia lo volátil de las alianzas políticas en la era digital. Ambos siguen siendo figuras con enorme proyección global, pero su ruptura dejó daños políticos, personales y económicos de gran magnitud.

Al menos tres personas murieron y más de 20 resultaron heridas tras un ataque aéreo de gran escala lanzado por el Ejército ruso contra Kiev, capital de Ucrania, según confirmaron este jueves las autoridades del país europeo, en el marco de la guerra iniciada por Moscú en febrero de 2022.

La Fiscalía ucraniana detalló que las víctimas mortales eran miembros de los equipos de rescate que respondían a las emergencias provocadas por el bombardeo. También confirmó daños en edificios residenciales y apertura de una investigación por presuntos crímenes de guerra.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificó el hecho como un “ataque masivo” y afirmó que las fuerzas rusas utilizaron más de 400 drones y 40 misiles en ofensivas simultáneas en distintas regiones del país. “Rusia no cambia su forma de actuar. Algunos de los misiles fueron interceptados, pero no todos”, lamentó el mandatario en un mensaje divulgado en redes sociales.

Zelenski urgió a Estados Unidos, Europa y a la comunidad internacional a “actuar de forma decisiva” para detener la agresión rusa. “Rusia debe rendir cuentas. Si alguien no presiona para detener la guerra, se convierte en cómplice”, declaró.

El ministro del Interior, Igor Klimenko, confirmó que entre las víctimas fatales figuran tres rescatistas y señaló que la ofensiva tuvo como blanco tanto infraestructura crítica como civil. Los bombardeos afectaron también otras ciudades como Lutsk, Leópolis, Ternópil, Chernígov y Kremenchuk.

El jefe adjunto del Ministerio de Exteriores, Andri Sibiga, acusó al Kremlin de responder con violencia tras la destrucción de aviones rusos por parte de Ucrania. “Mientras nosotros atacamos objetivos militares legítimos, Rusia bombardea edificios residenciales y civiles”, sostuvo.

Sibiga recalcó que “no se puede equiparar al agresor con quien se defiende”, al tiempo que reiteró el llamado a imponer más sanciones contra Moscú y reforzar las defensas ucranianas.

Además de las víctimas en Kiev, autoridades locales reportaron al menos 15 heridos en la región de Volin y otros diez en Ternópil. Hasta el cierre de esta nota, el Gobierno ruso no se ha pronunciado sobre los objetivos de la operación militar.

Al menos tres personas sufrieron heridas en un ataque ruso con drones y misiles sobre diversas zonas de Ucrania, que además provocaron incendios en edificaciones, informaron este viernes en la madrugada autoridades en Kiev.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo que tres personas resultaron heridas y que se registraron incendios en los distritos de Holosiivskyi y Darnytskyi.

Por su parte, el jefe de la Administración Militar de Kiev, Tymur Tkachenko, acusó a Rusia de atacar zonas residenciales y que prueba de ello son los daños ocasionados a un edificio en el distrito de Solomyansky.

El ataque ruso ocurrió después de una operación desarrollada por Ucrania el pasado domingo contra bases de la aviación estratégica de Rusia.

Fuentes de la OTAN informaron el miércoles a la prensa que en el marco de la operación Telaraña, Kiev habría dañado 40 aviones y de ellos 10 o 13 habrían resultado destruidos.

El Estado Mayor ucraniano confirmó el martes que un total de 41 aviones rusos fueron destruidos en el ataque contra la retaguardia rusa -dos de los cinco aeródromos están en Siberia- organizado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).

Según el propio SBU, en la operación fue destruido más de un tercio de los portadores de misiles de crucero con un coste para Rusia de unos 7.000 millones de dólares.

En un primer comentario oficial de Rusia sobre el ataque ucraniano, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, dijo este jueves que el líder ruso, Vladímir Putin, abordó precisamente ese asunto el miércoles en su conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El Kremlin aseguró entonces que serían los militares rusos los que decidan cómo y cuándo responder al ataque ucraniano contra la aviación estratégica de Rusia.

Un juez estadounidense invalidó una ley que permitía a estudiantes universitarios en Texas pagar su matrícula en estas instituciones con la misma tarifa que los residentes del estado («in-state tuition»), lo que afectaría a más de 70,000 jóvenes, tras una demanda del Gobierno del presidente Donald Trump.

El congresista Joaquín Castro, demócrata que representa a San Antonio, denunció que este fallo «lastimará a los texanos», además de recordar que fue un gobernador republicano, Rick Perry, quien pasó esta ley en 2001.

La Corte de Distrito del Norte de Texas declaró la legislación «inconstitucional e inválida» tras el recurso que presentó el miércoles el Departamento de Justicia por considerar que el estado estaba «discriminando de manera inconstitucional» a los ciudadanos estadounidenses en «beneficio» de los extranjeros.

«La colegiatura estatal para los inmigrantes ilegales finalmente ha terminado en Texas, algo a lo que le doy fuertemente la bienvenida después de presentar legislación para terminar esta práctica en varias sesiones», publicó este jueves el senador estatal Brandon Creighton, quien compartió la orden del juez.

El gobernador del estado, el republicano Greg Abbott, sostuvo que el fallo del juez aplica de manera permanente para Texas, donde hay cerca de 73,000 estudiantes indocumentados en educación superior, casi una quinta parte de los 408,000 con este estatus a nivel nacional, según la organización Higher Ed Immigration Portal.

La sentencia del juez costaría a Texas un estimado de $460 millones en salarios que se perderán por el debilitamiento de la fuerza laboral, según aseguró United We Dream, una de las mayores organizaciones de migrantes de EE.UU. y que pidió organizarse para reinstaurar la normativa.

«La decisión de ayer es el último de los ataques en contra de los estudiantes que han crecido en Texas y que llaman este estado su hogar», expresó en un pronunciamiento.

El programa, establecido en 2001 con la aprobación de una ley conocida como Texas Dream Act, permitía que ciertos jóvenes que no son ciudadanos estadounidenses, pero que viven en Texas y se graduaron de secundaria en el estado, puedan pagar la misma matrícula universitaria que los residentes legales.

En Estados Unidos, los estudiantes de otros estados deben pagar una matrícula mucho mayor («out-of-state tuition») cuando van a una universidad en otra región, pero esta ley daba a los jóvenes sin estatus migratorio que vivían en Texas la oportunidad de acceder a la educación superior con la tarifa local, que es más barata.

Hugo Aguilar Ortiz será el primer presidente en México de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elegido por voto popular, un abogado con raíces indígenas pero sin experiencia previa en el Poder Judicial y cercano al gobierno oficialista.

El próximo presidente del Supremo, quien era el candidato número 34 de las 84 en la lista para la SCJN, durante su campaña se hacía llamar a sí mismo ‘el candidato indígena’, pues tiene sangre mixteca al haber nacido en 1973 en San Agustín Tlacotepec, ubicado en el sureño estado de Oaxaca.

Con maestría en derecho constitucional, el abogado, que tomará posesión el 1 de septiembre ante el Senado de la República y fue postulado por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, será el segundo indígena en representar el máximo puesto de la corte, después del expresidente Benito Juárez (1858-1872), de origen zapoteco, quien ocupó el mismo cargo en 1857.

Juárez, como figura histórica e indígena, ha tenido un papel central en la narrativa de la justicia de la ‘Cuarta Transformación’, como se conoce el movimiento liderado político por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha mostrado su optimismo ante la posibilidad de que algún representante de los pueblos originarios esté al frente del máximo órgano de justicia en México.

Cercano al oficialismo y al zapatismo

Hasta antes de su elección, Aguilar ocupó el cargo de coordinador general de derechos indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), donde fue uno de los supervisores de las controvertidas consultas indígenas para los megaproyectos del Tren Maya y el Corredor Interoceánico (ambos en el sureste de México), obras emblemáticas del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

En estas consultas realizadas en 2019, Aguilar fungió como moderador para establecer acuerdos entre estas poblaciones y el Gobierno mexicano con el fin de garantizar la distribución justa y equitativa de los beneficios.

Su perfil de negociador es un aspecto que ha destacado en otros cargos, como cuando fue subsecretario de derechos indígenas en la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno de Oaxaca durante la administración del gobernador Gabino Cué (2010 – 2016).

Posteriormente, el funcionarioc lideró hasta 2018 la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

Aguilar Ortiz, egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), se involucró desde joven en los movimientos indígenas, defendiendo asuntos relacionados con los pueblos originarios, particularmente en casos agrarios y conflictos en sistemas normativos.

En 1996, asimismo, fue parte del cuerpo asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), un cargo que lo llevó a la redacción de propuestas que, posteriormente, se integrarían parcialmente a la reforma del artículo segundo de la Constitución de México, reformado en 2001 y que establece el reconocimiento, la protección y la autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Durante casi 15 años más, Aguilar continuó con su labor de asesoría y defensa a cerca de 30 comunidades indígenas mixtecas, mixes y zapotecas, todas dentro de su estado natal, incluso llegó a marcar criterios jurisprudenciales en la SCJN.

Por esta trayectoria, se le concedió el Premio Nacional a la Juventud Indígena en 2001.