Categoría: El Mundo

Giovanni Brusca, uno de los mayores sicarios de Cosa Nostra, la mafia de Sicilia, y el hombre que pulsó el detonador de la bomba que mató al juez Giovanni Falcone y su escolta, además de contar con más de 150 homicidios confesados, es un hombre libre, tras 25 años de prisión y cuatro de libertad condicional.

Brusca fue condenado inicialmente a cadena perpetua, pero su pena fue reducida por cooperar con la justicia, gracias a una ley que impulsó el propio Falcone, por lo que «tras haber cumplido los cuatro años de libertad condicional, es ahora un hombre libre», confirmaron a EFE fuentes judiciales.

Ahora, con 68 años, el que uno de los hombres más próximos colaboradores del histórico «capo» Salvatore «Totó» Riina seguirá viviendo lejos de Sicilia bajo una identidad falsa y sujeto al programa de protección debido a su colaboración con la Justicia.

Apodado Scannacristiani (Matacristianos) y «U’ Verru» (el cerdo en siciliano), Brusca salió de la cárcel romana de Rebibbia el 31 de mayo de 2021 bajo un programa de protección oficial.

A finales de mayo transcurrieron los 4 años de libertad condicional que le impusieron los magistrados de vigilancia, la última deuda con la justicia del jefe de la familia mafiosa de San Giuseppe Jato, culpable de hasta 150 asesinatos y que decidió colaborar con la justicia en procesos como el que se intento esclarecer la relación del Estado con Cosa Nostra.

Poco después de su detención, el 20 de mayo de 1996, Brusca confesó su papel decisivo en la matanza de Capaci, en la que fueron asesinados Falcone, su mujer y tres agentes de su escolta el 23 de mayo de 1982 con 500 kilos de explosivos colocados bajo la autopista de la isla de Sicilia (sur de Italia).

En sus declaraciones ante los jueces aseguró que fue él quien apretó el detonador.

«Es una noticia que me duele, pero así es la ley, una ley que mi hermano quería y que, por lo tanto, debe ser respetada», dijo al conocer la noticia Maria Falcone, hermana del famoso juez asesinado y convertida ella misma en un símbolo de la lucha contra la mafia tras conocer en 2021 su salida de la cárcel bajo libertad condicional.

Entre otros delitos de extrema crueldad confesados por Brusca figura también el asesinato del pequeño Giuseppe di Matteo, el hijo de 13 años del «arrepentido» Santino di Matteo, secuestrado el 23 de noviembre de 1993 y estrangulado el 11 de enero de 1996, tras lo cual su cuerpo fue disuelto en ácido.

El presidente de EE.UU.

Donald Trump, prohibió los viajes a territorio estadounidense desde 12 países, incluyendo a Haití, y restringió parcialmente la entrada de ciudadanos de otras siete naciones, entre ellas Cuba y Venezuela, alegando problemas de seguridad nacional.

Trump firmó el miércoles la orden ejecutiva que prohíbe la entrada de inmigrantes de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen y limitado las procedentes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

La prohibición entra en efecto el próximo 9 de junio, de acuerdo con la orden, que establece además que en un plazo de 90 días y cada 180 días, el Secretario de Estado presentará un informe al Presidente con su evaluación y recomendando si se debe continuar, terminar, modificarse o complementarse.

De acuerdo con la orden del mandatario, los 12 países con prohibición total «son deficientes en cuanto a la detección y el control y representan un riesgo muy alto para los Estados Unidos».

«No podemos permitir una migración abierta desde ningún país en el que no podamos realizar una evaluación y un control seguro y confiable. Por eso hoy firmo una nueva orden ejecutiva que impone restricciones de viaje a países como Yemen, Somalia, Haití, Libia y muchos otros», indicó el presidente.

En un video en la página de X de la Casa Blanca, Trump indicó que el reciente incidente en Colorado, contra judíos, es un ejemplo de los peligros «extremos» que representa para EE.UU. la entrada de extranjeros que no han sido examinados adecuadamente, así como de aquellos que llegan aquí como visitantes temporales y se quedan más tiempo del permitido por sus visas.

«En el siglo XXI, hemos visto un ataque terrorista tras otro perpetrado por extranjeros que se quedaron más tiempo del permitido por sus visas y que provienen de lugares peligrosos de todo el mundo» dijo y culpó por ello al presidente demócrata Joe Biden por sus «políticas de puertas abiertas».

Aseguró que debido a ello ahora hay «millones y millones» de inmigrantes sin estatus legal en el país y recordó que durante su primer mandato también emitió prohibiciones de viaje, a nacionales de países musulmanes, «una de nuestras políticas más exitosas y fueron clave para prevenir grandes ataques terroristas extranjeros en suelo estadounidense».

«No permitiremos que lo que ocurrió en Europa le suceda a Estados Unidos», afirmó y recordó que al retornar en enero a la Casa Blanca pidió al Secretario de Estado que realizara una revisión de seguridad en las regiones de alto riesgo y formulara recomendaciones sobre amenazas a la seguridad nacional.

Se consideró la presencia a gran escala de terroristas, la falta de cooperación en materia de seguridad de visas, la imposibilidad de verificar la identidad de los viajeros y los registros inadecuados, entre otros.

El presidente indicó que la lista está sujeta a revisión en función de si se realizan mejoras materiales y, asimismo, se pueden agregar nuevos países a medida que surjan amenazas en todo el mundo.

Un terremoto de magnitudstrong 5 sacudió esta madrugada la provincia china de Yunnan (sur), dejando 5,988 personas damnificadas y daños en 179 viviendas, aunque de momento no se ha informado de víctimas mortales.strong

El movimiento se registró a las 4:31 hora local (20:31 GMT del miércoles), con epicentro a 10 kilómetros de profundidad y a 318 kilómetros de la ciudad de Kunming, capital de Yunnan, según el Centro de Redes Sismológicas de China.strong

Las autoridades locales del condado de Eryuan, el más afectado, activaron un protocolo de respuesta de emergencia para asistir a los damnificados, con la movilización de 169 efectivos especializados y 34 vehículos, informó el medio estatal CCTV.strong

Pese a que hasta las 11:00 hora local no se habían reportado víctimas mortales ni heridos, sí se registraron daños materiales de diversa consideración en las zonas más cercanas al epicentro, recogió el diario local The Paper.strong

De acuerdo con los datos disponibles, strong5,988 personas se vieron afectadas por el sismo y 3.936 fueron evacuadas de forma preventiva. En total, se han contabilizado daños parciales en 179 viviendas, principalmente en forma de grietas en muros, desprendimiento de tejas y derrumbe parcial de cercas.strong

Las autoridades locales han instalado tres centros de alojamiento temporal y han distribuido de forma urgente 150 tiendas de campaña, 600 camas plegables, 600 mantas y 600 colchones para atender a las personas evacuadas, según The Paper.strong

En Yunnan, con una superficie comparable a la de Paraguay y 47 millones de habitantes, se registraron unos 2.900 damnificados y el derrumbe de más de 800 viviendas por el terremoto que golpeó la nación vecina de Birmania el pasado marzo, un sismo que dejó más de 3.600 muertos en dicho país.

El dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Félix Maradiaga dijo este miércoles que el codictador de Nicaragua, Daniel Ortega, tiene un «aislamiento enfermizo del mundo civilizado» y un «profundo desprecio por el derecho internacional», tras anunciar que expulsará del país a los embajadores acreditados en Managua que se «entrometan» en sus asuntos internos.

«Las más recientes declaraciones del dictador Daniel Ortega, amenazando con expulsar a cualquier diplomático que «se entrometa en los asuntos internos» de Nicaragua, no son otra cosa que una confirmación de su aislamiento enfermizo del mundo civilizado y su profundo desprecio por el derecho internacional», señaló Maradiaga -quien fue excarcelado y expulsado a Estados Unidos por las autoridades nicaragüenses el 9 de febrero de 2023 junto a otras 221 personas- en una declaración.

«Este tipo de amenazas no son nuevas, sino parte de un patrón sistemático de agresión a la comunidad internacional que se ha atrevido a denunciar sus crímenes», agregó el también presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua.

Maradiaga recordó que Ortega ha expulsado a embajadores, cerrado oficinas de derechos humanos, disuelto más de 5,670 organizaciones de la sociedad civil —incluyendo universidades, congregaciones religiosas y organizaciones humanitarias—, «y ahora lanza improperios musicales como si una canción de propaganda pudiera sustituir el principio de legalidad internacional».

«Lo más grotesco de este discurso es que se atreve a hablar de soberanía quién ha hipotecado la nación a intereses extranjeros», continuó.

Según el dirigente opositor, «Ortega no ha tenido reparo alguno en permitir la injerencia descarada de regímenes autoritarios como Cuba, Rusia y China en los asuntos más sensibles del Estado nicaragüense».

«Ha entregado datos, infraestructura estratégica, y hasta territorio nacional, en nombre de alianzas ideológicas que no buscan el bien de Nicaragua, sino el control absoluto de su pueblo», denunció.

Maradiaga instó a la comunidad internacional «a no ceder ante la intimidación» y añadió: «No es momento de retroceder, sino de redoblar esfuerzos para que Nicaragua vuelva a ser una república libre, no un enclave del capricho dictatorial».

La frágil democracia de Honduras enfrenta el reto de que sus instituciones garanticen elecciones transparentes, legítimas y pacíficas, indicó este miércoles el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), en un análisis sobre los comicios primarios e internos de marzo, y los generales de noviembre.

Con elecciones «transparentes, legítimas y pacíficas» se evitaría «que se profundice la desconfianza ciudadana y se abran las condiciones para una precrisis o crisis política nacional», advirtió el Cespad, un organismo no gubernamental.

En las elecciones primarias del pasado 9 de marzo, los tres partidos mayoritarios, Libertad y Refundación (Libre, en el poder), Nacional y Liberal, escogieron a sus candidatos para cargos de elección popular en las generales del 30 de noviembre, en la que competirán cinco partidos.

Conforme al cronograma, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó el 29 de mayo a los comicios de noviembre para elegir a un presidente de la República, tres vicepresidentes, 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Parlamento Centroamericano.

El Cespad señaló que el inicio de este proceso «ocurre en un contexto cargado de tensiones, caracterizado por la fragilidad institucional, la desconfianza ciudadana y la falta de señales claras de corrección respecto a las fallas evidenciadas en las recientes elecciones primarias».

«Lejos de representar un punto de inflexión, los meses posteriores al proceso del 9 de marzo han estado caracterizados por la continuidad de los riesgos ya advertidos: falta de consensos políticos, decisiones técnicas condicionadas por intereses partidarios, improvisación operativa, vacíos normativos, debilidades en fiscalización y una creciente polarización», resalta el estudio.

El análisis también identifica los principales riesgos que persisten o emergen en torno a las elecciones generales, sistematiza las lecciones aprendidas del proceso primario y presenta recomendaciones concretas dirigidas a los actores institucionales responsables del desarrollo del proceso.

«Más que una evaluación retrospectiva, se trata de una lectura crítica y prospectiva que busca contribuir a la toma de decisiones oportunas, sustentadas en evidencia, con el fin de evitar la repetición o agravamiento de una crisis electoral que podría tener consecuencias profundas para la estabilidad democrática del país», agrega.

Las elecciones de noviembre serán las duodécimas desde que el país centroamericano retornó al orden constitucional, en 1980, después de casi dos décadas de regímenes militares.

Según el estudio del Cespad, uno de los riesgos proyectados hacia las elecciones generales de noviembre, es la deficiente planificación, acreditación y capacitación del personal operativo electoral, especialmente de los custodios informáticos, custodios electorales y miembros de las juntas receptoras de votos.

Además, advierte que si no se toman las medidas correctivas oportunas, en noviembre se podrían repetir «una serie de fallos logísticos e institucionales» que se registraron en los comicios primarios e internos de marzo, cuando en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del país, el material electoral no llegó a algunas mesas hasta en horas de la noche.

En Tegucigalpa, por ejemplo, muchas maletas con material electoral anduvieron circulando por la ciudad en autobuses del servicio urbano contratados a última hora, cuando la custodia, vigilancia y distribución de todo el material le corresponde a las Fuerzas Armadas, que se pusieron a disposición del CNE con un mes de anticipación, conforme a ley.

El análisis del Cespad recoge más de una decena de capítulos, entre los que sobresalen riesgos de gestión institucional, déficit en la capacitación de custodios y miembros de las juntas receptoras de votos; falta de creación de protocolos especiales y reglamentos técnicos que rijan el proceso; riesgos operativos y logísticos, fallas logísticas en la entrega de materiales electorales y aumento de la violencia electoral.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no podrá detener por un periodo de doce meses a inmigrantes liberados de un centro de detención en California por orden de un juez durante la pandemia de la covid 19, según un acuerdo aprobado este miércoles por un tribunal federal.

Las personas detenidas entre el 23 de marzo de 2020 y el 11 de mayo de 2023 en la cárcel migratoria de Adelanto (California) y que fueron liberadas como parte de la demanda colectiva Hernández Román v. Wolf, contarán con ciertas protecciones contra una nueva detención por parte del ICE, informó hoy la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

En la demanda, presentada en 2020 por la ACLU, los defensores de los inmigrantes denunciaron las condiciones peligrosas del centro ubicado al este de Los Ángeles y con capacidad para albergar más de 1.900 inmigrantes.

Como resultado de la querella legal la cárcel, manejada por la compañía privada GEO Group, redujo drásticamente el número de inmigrantes recluidos. Para finales de 2024, el centro de detención de Adelanto solo albergaba a tres personas.

En ese sentido, Eva Bitrán, directora de derechos de los inmigrantes de la Fundación ACLU del Sur de California, dijo en un comunicado que la liberación fue un exitoso “experimento natural” sobre lo que sucede cuando se deja en libertad a inmigrantes mientras se juzgan sus casos.

“Las personas pueden estar con sus familias, su salud mejora y se presentan ante el tribunal y cumplen con las condiciones de su liberación”, agregó la abogada, que instó al ICE a cerrar el centro de detención definitivamente.

Según el acuerdo aprobado, el ICE solo puede volver a detener a un inmigrante amparado por la orden judicial si no cumplió con las condiciones de la libertad condicional, fue arrestado por conducta delictiva que amenaza la seguridad pública o tenía una condena particularmente grave antes de su liberación.

ACLU recomendó a los inmigrantes amparados por esta decisión llevar consigo una copia del acuerdo en caso de que ICE intente detenerlo.