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La guerra entre Israel y Hamás retrasó 60 años el desarrollo en Gaza, y será difícil encontrar las decenas de miles de millones de dólares necesarios para su reconstrucción, afirma el director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en una entrevista con la AFP.

Cerca de dos tercios de todos los edificios del estrecho territorio palestino están destruidos o dañados por los intensos bombardeos del ejército israelí, y el retiro de unos 42 millones de toneladas de escombros será un trabajo peligroso y complejo, advirtió Achim Steiner, entrevistado en el marco del Foro Económico de Davos que se celebró hasta el viernes en esta estación de invierno en Suiza.

«Probablemente entre el 65 y 70% de los edificios de Gaza han quedado completamente destruidos o dañados», explicó el responsable, «pero también estamos hablando de una economía destruida, en la que estimamos que se han perdido en este conflicto unos 60 años de desarrollo en 15 meses».

«Todas las infraestructuras y servicios básicos simplemente no existen», recalcó el jefe del PNUD.

Ninguna de estas cifras impresionantes incluye la dimensión del costo humano que ha tenido este conflicto. «La desesperación no es algo que se recoja en las estadísticas».

«Años y años»

El frágil acuerdo de tregua entre Israel y el movimiento islamista y su carácter «volátil» hacen difícil predecir cuánto tiempo tomará la reconstrucción, y por el momento la ONU está dando prioridad a la ayuda de emergencia.

«Cuando hablamos de reconstrucción, no hablamos de uno o dos años», subraya Steiner.

«Hablamos de años y años para lograr siquiera los inicios de la reconstrucción, no sólo de la infraestructura física, sino también de toda una economía», insiste.

Señala que «la gente tenía ahorros. Ten&iacutean préstamos. Habían invertido en empresas. Y todo eso se ha perdido. Así que estamos hablando de la fase física y económica, e incluso, en cierto modo, de la fase psicosocial de la reconstrucción».

Sólo la fase de reconstrucción física costaría «decenas de miles de millones de dólares», calcula, añadiendo que «nos enfrentamos a una enorme dificultad para movilizar fondos a esta escala».

Destrucción «extraordinaria»

El enorme volumen de escombros que hay que retirar y reciclar plantea desafíos enormes.

«No se trata simplemente de cargarlos y transportarlos a algún sitio. Estos escombros son peligrosos. A menudo todavía hay cadáveres que pueden no haber sido recuperados. Hay municiones sin explotar, minas», explica Achim Steiner.

«Una opción es el reciclaje. Es posible reciclar estos materiales en gran medida y utilizarlos en el proceso de reconstrucción», afirma.

Según Steiner, una solución provisional puede ser que se trasladen los escombros a vertederos y depósitos temporales donde luego podrán transportarse para ser tratados y eliminados de manera permanente.

Mientras tanto, si se mantiene la tregua y se consolida, se necesitarán enormes cantidades de infraestructuras provisionales.

«Prácticamente todas las escuelas y hospitales han resultado gravemente dañados o destruidos», sostiene el responsable del PNUD.

En Gaza «lo que ha habido es de una destrucción física extraordinaria».

Estados Unidos suspendió la emisión de pasaportes con el género «X» para las personas que se identifican como no binarias, tras un decreto del presidente Donald Trump durante su primer día de mandato, informó su administración.

«El departamento de Estado no entrega más pasaportes estadounidenses con la mención X», dijo a la AFP un portavoz del Departamento de Estado.

En consecuencia se suspendió el procesamiento de solicitudes de pasaportes con esa mención, precisó el viernes el responsable.

«Las directrices relativas a los pasaportes con la mención de sexo X emitidos previamente se anunciarán» y se publicarán en la página web del Departamento de Estado, agregó.

Tras su investidura el pasado lunes, Trump firmó un decreto según el cual su administración reconoce la existencia de solo dos géneros definidos al nacer.

«A partir de hoy, la política gubernamental de Estados Unidos es que hay solo dos géneros: masculino y femenino», afirmó Trump en su discurso en el Capitolio tras convertirse en el 47º presidente de su país.

El decreto, que prevé «restaurar la verdad biológica», también estipula que «los fondos federales no deben utilizarse para promover la ideología de género».

Entre las medidas figura la de eliminar el género «X» para las personas que se reconocen como no binarias «en los documentos oficiales del gobierno, incluidos los pasaportes y las visas (que) reflejarán fielmente el sexo» de nacimiento, precisó un responsable del nuevo gobierno.

La posibilidad de que sean emitidos documentos con el género X se autorizó durante la administración del demócrata Joe Biden.

El primer pasaporte estadounidense con el género «X» fue entregado en octubre de 2021 por el departamento de Estado, que entonces precisó que «X» estaba reservado a «personas no binarias, intersexo» y más ampliamente a aquellas que no se reconocen dentro de los criterios que estaban propuestos hasta ese entonces.

Durante su campaña Trump arremetió contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión en el gobierno federal y sector empresarial, y prometió poner fin a lo que denominó como un «delirio transgénero» en Estados Unidos.

Asimismo anunció que ordenaría a todas las agencias federales suspender las ayudas para tratamientos hormonales para la transición de género y planteó prohibir que las mujeres transgénero participen en competencias deportivas femeninas. Esta prohibición ya está en vigor en colegios la mitad de estados del país.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes la congelación durante 90 días de los fondos de ayuda exterior, con excepción de Israel y Egipto, según un memorando interno enviado a funcionarios y embajadas estadounidenses en el extranjero y recogido por medios estadounidenses.

La orden, enviada por el secretario de este Departamento, Marco Rubio, presuntamente afecta desde la asistencia para el desarrollo hasta la ayuda militar al exterior a todos los países excepto a Israel y a Egipto. Es decir, quedaría excluida, entre otras, Ucrania, país que recibió miles de millones de dólares en ayuda militar durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2024).

La medida implica la paralización con efecto inmediato de la asistencia en el exterior. «Las decisiones sobre si continuar, modificar o terminar los programas se tomarán después de esta revisión», señala el informe, según informó la cadena estadounidense CNN.

Un funcionario estadounidense citado por la misma cadena aseguró que si bien esperaban que hubiera recortes en la asistencia, no esperaban una paralización tan inmediata.

En su primer día en el cargo como presidente, Trump emitió una orden ejecutiva por la que detuvo la asistencia al desarrollo exterior de Estados Unidos durante 90 días para evaluar «la eficiencia programática y la coherencia con la política exterior de Estados Unidos».

Trump afirmó que «la industria y la burocracia de la ayuda exterior de EEUU no están alineadas con los intereses estadounidenses y en muchos casos son antitéticas a los valores estadounidenses».

Setenta palestinos llegaron el sábado a Egipto en autobuses tras ser liberados por Israel en el marco del acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza, anunció un medio de comunicación próximo al estado egipcio.

Los detenidos palestinos fueron «expulsados» por Israel y serán trasladados a hospitales egipcios para recibir tratamiento, indicó la cadena Al Qahera News.

Imágenes transmitidas el sábado mostraron a algunos de los prisioneros, vistiendo ropa deportiva gris, bajando de dos autobuses en el lado egipcio del cruce fronterizo de Rafah con Gaza.

Después de transitar por Egipto los presos «elegirán residir en Argelia, Turquía o Túnez», indicó Amin Shuman, jefe del comité de asuntos de prisioneros palestinos.

«Es un sentimiento indescriptible», comentó uno de los liberados a Al Qahera News, sonriendo y saludando desde la ventana del autobús.

Los prisioneros transferidos desde la prisión de Ktziot, en el desierto de Negev en Israel, hacia Egipto, forman parte de un grupo de 200 palestinos liberados el sábado a cambio de cuatro mujeres israelíes, cautivas en Gaza, liberadas por Hamás.

Cuatro mujeres militares israelíes fueron liberadas el sábado y regresaron a su país, tras más de 15 meses de cautiverio en Gaza, en el segundo canje con detenidos palestinos previsto por el acuerdo de tregua entre Israel y Hamás.

Las cuatro militares fueron entregadas primero a la Cruz Roja, que las transfirió al ejército israelí.

Israel tiene que liberar durante el día a 200 palestinos detenidos en sus cárceles, según fuentes palestinas, conforme al acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, tras más de 15 meses de guerra.

Antes de subir a los vehículos de la Cruz Roja, las cuatro fueron presentadas en un escenario en una plaza de Ciudad de Gaza, donde decenas de combatientes armados y con pasamontañas se reunieron a esperar este segundo canje de rehenes, según constató un periodista de AFP.

Las cuatro jóvenes, con uniforme caqui, saludaron sonrientes a la multitud. Poco después, cruzaron la frontera y pudieron reunirse con sus familias, indicó el ejército israelí. Ahí serán sometidas a varios exámenes médicos.

Casi una semana después de la entrada en vigor del alto el fuego, respetado globalmente hasta ahora, el movimiento islamista palestino publicó el viernes el nombre de las cuatro soldados de 19 y 20 años que liberará este sábado.

En Tel Aviv, una multitud reunida en la llamada «plaza de los rehenes» manifestó su júbilo tras la liberación de las cuatro militares.

Entre los 200 presos palestinos que serán excarcelados figuran 120 condenados a cadena perpetua, de los cuales 70 tendrán que exiliarse fuera de los Territorios Palestinos, indicaron a AFP dos fuentes palestinas bajo anonimato.

Los autobuses que los transportan partieron de la prisión de Ofer, en Cisjordania ocupada, y de la de Ktziot, en el desierto del Néguev.

La organización Club de Prisioneros Palestinos, que defiende sus derechos, informó que Israel liberará este sábado al palestino detenido durante más tiempo sin interrupción. El canje ocurre en el marco de la tregua por fases que puso pausa a más de 15 meses de guerra.

El ejército israelí dijo el sábado estar muy preocupado por la situación de los dos últimos niños rehenes, de una familia de origen argentino, que permanecen en la Franja de Gaza.

Se trata de Shiri Bibas y sus hijos, Kfir y Ariel Bibas, de 2 y 5 años, secuestrados con su madre el día del ataque.

El pasado domingo, en el primer día de tregua, ya fueron liberadas tres jóvenes israelíes a cambio de 90 palestinos, en su mayoría mujeres y menores.

El ataque de Hamás de octubre de 2023 resultó en la muerte de 1.210 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP a partir de datos oficiales israelíes.

Además, 251 personas fueron secuestradas, de las que 91 permanecen en Gaza, aunque 34 estarían muertas, según el ejército israelí.

Hamás ha informado del deceso de otros rehenes, pero Israel no lo ha confirmado.

La ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza dejó al menos 47.283 muertos, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud de la Franja, que la ONU considera fiables. También devastó el territorio y provocó un desastre humanitario.

Cuando los numerosos gazatíes desplazados por el conflicto vuelven a sus casas, muchos no encuentran más que escombros. «No tenemos ningún lugar donde instalarnos por la destrucción», dijo la palestina Theqra Qasem.

Al menos la tregua ha permitido la entrada en menos de una semana de varios miles de camiones de ayuda humanitaria al pequeño territorio.

Sin embargo, esta asistencia corre peligro por la ofensiva legal de Israel contra la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), a la que acusa de contar con infiltrados de Hamás.

El viernes, Israel ordenó esta agencia que cese sus operaciones en Jerusalén «a más tardar el 30 de enero».

El jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, dijo en X que esta decisión puede «sabotear el alto el fuego en Gaza, destrozando de nuevo las esperanzas de quienes han pasado por incontables sufrimientos.

La expulsión de migrantes en situación irregular en Estados Unidos puede ser acelerada para aquellos que entraron al país sin pasar por un control o mediante un juicio en una corte migratoria.

¿Quién puede ser detenido? ¿Cómo transcurre el proceso?

¿Quién?

El presidente republicano Donald Trump declaró el estado de emergencia nacional en la frontera con México y se propone llevar a cabo una deportación masiva de migrantes, máxima prioridad de su segundo mandato y su gran promesa electoral.

También invoca la Ley de enemigos extranjeros de 1798 para «eliminar la presencia de todas las pandillas», como la venezolana Tren de Aragua.

Un extranjero puede ser expulsado de Estados Unidos si entró ilegalmente al país, cometió un delito, quebrantó las leyes de inmigración o está involucrado en actos delictivos que amenazan «la seguridad pública», según datos oficiales.

«El proceso generalmente comienza con un arresto por la policía local o federal antes de ser transferidos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas», conocido como ICE, afirma New Frontier Immigration Law, un bufete de abogados en su página web.

La poderosa Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) recuerda que, en general, el migrante debe mostrar los documentos de inmigración, si los tiene, y en caso contrario pedir «permanecer en silencio» o «consultar a un abogado».

Si es detenido «diga que desea permanecer en silencio y solicite un abogado de inmediato. No le dé ninguna explicación«, afirma.

Si ha sido arrestado por la policía, «tiene derecho a hacer una llamada local» y si lo es por ICE, «tiene derecho a comunicarse con su consulado», explica ACLU.

¿Qué pasa cuando es detenido?

El migrante detenido puede permanecer en un centro de detención hasta el juicio en una corte migratoria o hasta que sea expulsado, según la legislación estadounidense.

Aquellos que no han pasado por un control migratorio al entrar al país pueden ser expulsados rápidamente, lo que se conoce como orden de deportación acelerada, sin pasar por una corte migratoria.

Otros pasan por una corte, lo que alarga el proceso.

El juez examina el caso

A veces el extranjero puede pedir asilo, un ajuste de estatus o solicitar la cancelación de la remoción.

En ocasiones el Departamento de Seguridad Interior (DHS) puede dejar en libertad a un extranjero previo pago de una fianza, mientras el proceso de inmigración continúa.

Si ordena la deportación, el migrante tiene la posibilidad de salir del país por su cuenta (salida voluntaria).

Pero «los criterios de elegibilidad son muy estrictos» para las salidas voluntarias, precisa New Frontier Immigration Law.

Algunas órdenes de deportación se pueden apelar.

«Pueden apelar ante la Junta de Inmigración, aunque en algunos casos también se puede hacer ante la Corte Suprema. Sin embargo, mientras todo eso sucede, lo cual puede tomar meses, los acusados estarán encarcelados, incluso aquellos que tienen opción de fianza», señala el bufete migratorio en su portal.

¿Cómo son deportados?

En muchos casos, si los acusados son de México, son transportados hasta la frontera más cercana, señala New Frontier Immigration Law.

Según información gubernamental, la mayoría de las personas son expulsadas por avión y Estados Unidos corre con los gastos.

Los que cometieron delitos no violentos pueden acogerse a un programa llamado Rapid REPAT, que les permite salir de prisión rumbo a sus países.

Se desconoce si Cuba, Venezuela y Nicaragua están dispuestos a recibir a sus migrantes y cuántos acogerán los demás países de América Latina y bajo qué condiciones.

Desde que los talibanes volvieron al poder en Afganistán, en 2021, promulgaron una serie de leyes inspiradas en su visión ultrarrigorista del islam, que excluyen a las mujeres progresivamente del espacio público.

Esta semana, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó órdenes de detención contra altos dirigentes talibanes del país por persecución de las mujeres, un crimen contra la humanidad.

Educación

Afganistán es el único país del mundo que prohíbe a las niñas estudiar más allá de la escuela primaria.

En el año escolar 2022 prohibieron a las adolescentes asistir a la secundaria, antes de impedirles que fueran a la universidad al año siguiente.

Expulsadas de las facultades, muchas estudiantes optaron por el último sector al que podían acceder: las escuelas de enfermeras y parteras.

Pero en diciembre los responsables de escuelas de ciencias de la salud informaron a AFP que sus establecimientos ya no podrán acoger más mujeres por orden del guía supremo, Hibatulá Akhundzada. Este dirigente es objeto de una de las dos órdenes de detención solicitadas por el fiscal de la CPI el jueves.

Trabajo

En tres años la tasa de empleo de las mujeres en el servicio público pasó del 26% «a cero», según la ONU.

Si bien muchas emprendedoras crearon negocios, sobre todo pequeñas empresas de costura o servicios de catering, los salones de belleza fueron cerrados, privando de trabajo a peluqueras, manicuras y cosmetólogas.

A finales de diciembre, el ministerio de Economía afgano reiteró a las oenegés nacionales e internacionales que no pueden trabajar con mujeres, después de un primer anuncio en diciembre de 2022.

Existir en el espacio público

En virtud de las nuevas leyes para «prevenir el vicio y promover la virtud» decretadas hace tres años, las mujeres afganas ya no pueden ir a los parques, a los gimnasios, ni salir prácticamente de sus casas sin acompañante masculino.

Se les prohíbe cantar o declamar poesía. Una ley anunciada a finales de julio las incita también a «ocultar» su voz y sus cuerpos fuera de casa.

Algunas emisoras de radio y televisión locales ya dejaron de emitir voces femeninas.

El Ministerio de Asuntos de la Mujer fue eliminado y sus locales se convirtieron en los del Ministerio de Prevención del Vicio y Promoción de la Virtud, a cargo de vigilar si se respetan las tradiciones talibanas.

El gobierno de Donald Trump ordenó el viernes a las agencias federales de Estados Unidos que comiencen a despedir a los funcionarios que trabajan en puestos relacionados con programas de diversidad, después de haberlos puesto en baja retribuida a principios de esta semana.

«Cada jefe de agencia, departamento o comisión tomará medidas para poner fin, en la medida máxima permitida por la ley, a todas las oficinas y puestos» encargados de promover la diversidad y la justicia ambiental «en un plazo de 60 días», decía un memorando de la Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos, en referencia a los puestos de trabajo destinados a impulsar la «diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad».

A principios de esta semana, el presidente republicano había ordenado a los jefes de las agencias gubernamentales que presentaran un plan escrito para reducir los empleados en las oficinas de los programas de diversidad, inclusión y equidad (DEI), antes del cierre de las actividades del viernes.

La referencia a la justicia ambiental parece ser nueva.

El sitio web de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) la define como «el trato justo y la participación significativa de todas las personas, independientemente de sus ingresos, raza, color, origen nacional, afiliación tribal o discapacidad, en la toma de decisiones» de la agencia y otras actividades federales que afectan a la salud humana y el medio ambiente.

Durante la campaña presidencial del año pasado, Trump vilipendió las políticas de DEI en el gobierno federal y el mundo corporativo, diciendo que discriminaban a las personas blancas, en particular a los hombres.

El magnate republicano también demonizó durante la campaña el reconocimiento de la diversidad de género y atacó a la población transgénero, especialmente a las mujeres transgénero en el deporte.

Trump ha prometido acabar con las políticas de apoyo a las personas transgénero, al asegurar que solo reconocerá oficialmente dos géneros en Estados Unidos.

El gobierno de Colombia lanzó una ofensiva militar contra guerrilleros del ELN en la frontera con Venezuela que desde hace una semana libran una sangrienta arremetida que deja

más de 80 muertos y 38,600 desplazados.

«Ya hubo un primer combate del ejército contra efectivos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) (…). La orden es copar el territorio», informó este viernes el ministro de Defensa, Iván Velásquez, desde la fronteriza ciudad de Cúcuta.

Acompañado de altos mandos militares, Velásquez aseguró que más de 9.000 efectivos están desplegados en la zona para contener una ola de violencia que recuerda las peores épocas del conflicto armado colombiano.

Los primeros combates «se presentaron el día de ayer en la tarde en el suroriente de El Tarra», en la región limítrofe del Catatumbo, detalló de su lado el comandante del Ejército, Luis Emilio Cardozo.

Desde el 16 de enero, miles de personas escapan de la guerra en el noreste del país, donde rebeldes del ELN atacan a civiles y se enfrentan con disidentes de las FARC que no firmaron la paz en 2016.

La Defensoría del Pueblo estima que el desplazamiento actual es el mayor desde 1997, cuando comenzó el registro.

«Antes de terminar el primer mes del año se superó el número de personas afectadas por desplazamientos masivos en todo 2024» cuando fueron 25,611, indicó la defensora Iris Medina este viernes.

Periodistas de la AFP en esas zonas críticas registraron cómo los guerrilleros imponen un régimen de terror para ganar el control de estas montañas estratégicas para la producción de cocaína, a donde hasta ahora no llegaba la fuerza pública.

La orden es «actuar con todas nuestras capacidades para algunos, para que esa amenaza no continúe», lanzó Velásquez.

Cooperación de Venezuela

Durante la primera semana, las Fuerzas Militares se habían concentrado en rescatar a los pobladores de las zonas críticas en helicópteros.

Debido a la embestida, el presidente de izquierda Gustavo Petro suspendió las negociaciones de paz con el ELN y declaró el «estado de conmoción interior» en el Catatumbo.

La Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra la cúpula rebelde. Según inteligencia militar «algunos de ellos» podrían estar en Venezuela.

El ministro de Defensa dijo haberse reunido con su par venezolano, Vladimir Padrino, en la ciudad venezolana de San Cristóbal, fronteriza con Colombia.

«Estamos en el fortalecimiento de las relaciones indispensables de los mandos militares y policiales (…). Venezuela está de acuerdo con colaborar, está dispuesta», indicó Velásquez.

Las zonas más pobladas del departamento Norte de Santander se están transformando en enormes campamentos de desplazados, que llegan con niños y ancianos.

La política de «paz total» del mandatario no ha logrado su objetivo de apagar el prolongado conflicto colombiano y, en cambio, una escalada de violencia en varios puntos del país ha dejado más de 100 muertos en una semana.

Para la oposición, Petro es indulgente con las organizaciones ilegales, lo que les ha permitido fortalecerse.

En 2024, los desplazamientos habían disminuido con respecto al año anterior, con 54.665 personas afectadas, según la defensora Medina.

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó este viernes a Estados Unidos que solicitar asilo es un «derecho universalmente reconocido» de cara a las deportaciones masivas anunciadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

«El derecho a buscar asilo es un derecho universalmente reconocido e instamos a todos los estados a asegurar una gobernanza de fronteras humana y basada en los Derechos Humanos», ha indicado la portavoz de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, en una rueda de prensa celebrada en Ginebra.

Esto incluye, según Shamdasani, asegurar el derecho de los migrantes «a evaluaciones individualizadas de sus circunstancias particulares», a la «protección contra la expulsión colectiva y la devolución, así como contra la «detención arbitraria».

En este sentido, reiteró que «todos los estados tienen derecho a ejercer su jurisdicción a lo largo de sus fronteras internacionales», si bien «deben hacerlo de conformidad con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos».

Shamdasani indicó además que los migrantes, especialmente los que están indocumentados, «se encuentran entre los más vulnerables de cualquier sociedad, en países de todo el mundo, incluidos los de Estados Unidos». Así, ha reiterado que los Derechos Humanos deben estar «en el centro de cualquier acción gubernamental».

Por su parte, el portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Matthew Saltmarsh, ha recordado que personas que necesiten protección internacional «no deben ser devueltas a lugares donde se encuentren en peligro».

«Los solicitantes de asilo deben, por supuesto, tener acceso a procedimientos justos y eficientes para determinar sus solicitudes. Las personas que huyen de conflictos, persecuciones y violencia necesitan vías eficaces para buscar seguridad», ha señalado.

De igual forma, Saltmarsh ha recalcado que «el reasentamiento de refugiados es una medida crucial para salvar vidas de las personas más expuestas» al peligro, incluyendo «supervivientes de la violencia o la tortura» en sus países de origen.