Categoría: El Mundo

Los europeos están planificando un 10 % menos de viajes a Estados Unidos para este verano en comparación con el mismo periodo de 2024, reveló un informe de Tourism Economics citado por Bloomberg.

Las cifras reflejan la creciente incertidumbre provocada por las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los incidentes en la frontera y las advertencias de viaje emitidas por distintos gobiernos.

La caída es aún más pronunciada en el caso de Canadá, donde las reservas hacia su vecino del sur disminuyeron un 33 % para el período de mayo a julio. Este descenso coincide con el inicio del fin de semana del «Memorial Day», que tradicionalmente marca el comienzo no oficial de la temporada alta de viajes en Estados Unidos.

La misma fuente proyecta que las llegadas internacionales al país caerán 8.7 % en todo 2025. Además, estima una pérdida de $8,500 millones en gasto turístico, lo que representa un retroceso del 4.7 % en ingresos generados por visitantes internacionales.

En abril, las reservas para ingresar a territorio estadounidense bajaron 9.5 % respecto al mismo mes del año anterior. Para junio, se prevé una contracción del 10.8 %, y para julio, la caída llegaría al 13 %, según los datos analizados.

Ante este panorama, las aerolíneas estadounidenses han comenzado a tomar medidas. American Airlines y Delta Airlines retiraron sus previsiones de ganancias anuales, reflejando el impacto de la desaceleración en la demanda. En contraste, las compañías europeas muestran mayor estabilidad: Lufthansa reportó una demanda sostenida en rutas del Atlántico Norte, y Air France mantuvo sin cambios sus estimaciones de crecimiento, con una expansión de capacidad de hasta 5 %.

Por su parte, el consejero delegado del grupo IAG, Luis Gallego, reconoció una «ligera debilidad» en el mercado estadounidense, aunque aseguró que «es pronto para sacar conclusiones definitivas».

El Ministerio Público de Honduras acusó este viernes al exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Romeo Vásquez, quien se encuentra prófugo de la justicia, de haber recibido dinero del narcotráfico.

En un comunicado, la Fiscalía indicó que se ha presentado «requerimiento fiscal» contra Vásquez, por delito de lavado de activos agravado en perjuicio del orden socioeconómico del Estado de Honduras.

«La acusación se sustenta en prueba pericial que consiste en un material audiovisual (video) obtenido por el Ministerio Público, en la que se observa al imputado recibiendo dinero en efectivo de un reconocido narcotraficante, quien lideró uno de los carteles más violentos del país y posteriormente fue condenado en los Estados Unidos», añade el comunicado.

Señala además, sin precisar el monto de dinero que habría recibido Vásquez, ni el nombre del narcotraficante, que «el video fue sometido a un riguroso análisis técnico-científico en el Laboratorio de video forense de la Dirección de Medicina Legal, donde especialistas certificados internacionalmente confirmaron su autenticidad. Este material ha sido incorporado como prueba clave en el proceso».

La imputación contra el general Vásquez se fundamenta en prueba documental que se obtuvo a través de pericias financieras realizadas por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco) y que, «con base en estas evidencias, el Ministerio Público formaliza la acusación, reiterando su compromiso de combatir el crimen organizado con firmeza y estricto apego a la legalidad».

Vásquez habría recibido, al parecer hacia 2013, una cantidad de dinero en efectivo que introdujo en una bolsa de plástico, dijo a periodistas el portavoz de la Fiscalía, Yuri Mora.

La Fiscalía tampoco ha presentado el video que demostraría la culpabilidad del exjefe castrense, quien está prófugo de la justicia, luego de ser acusado, en enero, junto con otros dos generales, también retirados, del asesinato del joven Isis Obed Murillo, durante los incidentes violentos que se registraron en el país tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, al entonces presidente, Manuel Zelaya.

De los tres oficiales acusados, por la muerte de Murillo de un balazo en la cabeza, el 5 de julio de 2009, cuando Zelaya en un intento fallido, quiso aterrizar en Tegucigalpa, donde era esperado por miles de manifestantes que condenaron el golpe de Estado, dos guardan prisión, mientras que Vásquez anda prófugo desde marzo.

Desde entonces, y desde un lugar desconocido, que se asemeja a una zona montañosa, Vásquez ha venido declarando que Manuel Zelaya estaría queriendo mandarlo a matar, y cuestionando duramente al sistema judicial del país, principalmente de la Fiscalía.

En su último mensaje difundido en redes sociales, el jueves, Vásquez afirmó que el fiscal general, Johel Zelaya, «me quiere quitar hasta mi casa ilegalmente».

Según el portavoz de la Fiscalía, se está abriendo una investigación para conocer el origen de los bienes de Velásquez, quien era el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas cuando Manuel Zelaya fue derrocado.

El Gobierno de Texas está a un paso de prohibir en el estado todos los productos con tetrahidrocannabinol (THC), el principal componente psicoactivo del cannabis.

La iniciativa, impulsado por el vicegobernador del estado, el republicano Dan Patrick, ya recibió esta semana la aprobación del Congreso local y solo le quedan unos obstáculos técnicos para convertirse en ley.

En 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, el Congreso federal legalizó en todo el país la venta y producción del cáñamo, una de las variantes de la planta de cannabis, que contiene cantidades bajas del THC.

Desde entonces, se abrieron centenares de negocios en Texas y otras partes del país especializados en la venta de artículos de THC y es común ver desde gomitas hasta cigarrillos electrónicos (vapes) y bebidas de esta sustancia en gasolineras y licoreras.

La prohibición, que se formalizará si el gobernador, el republicano Greg Abbott, decide firmarla y no usar su poder de veto, supondrá un duro golpe para la incipiente industria cannábica en el estado.

Según un informe publicado en marzo, la producción y venta de productos de THC en Texas genera más de 5.500 millones de dólares anuales y le inyecta al estado unos 268 millones en impuestos.

La industria también es responsable de unos 53,300 puestos de trabajo, de acuerdo con el reporte encargado por la firma a favor del cannabis Whitney Economics.

Los defensores de la industria del THC señalan que, de entrar en vigor, esta nueva ley «desvastará a las pequeñas empresas, eliminará decenas de miles de empleos y le quitará miles de millones de dólares a la economía de Texas», según escribió Cynthia Cabrera, presidenta del Consejo de Negocios del Cáñamo, en un comunicado.

También advirtieron que irán un paso más allá y están dispuestos a presentar una demanda en contra de la prohibición: «La lucha no ha terminado», dijo Lucas Gilkey, director de la empresa manufacturadora de cáñamo Hometown Hero, en un video publicado en la plataforma X.

El vicegobernador de Texas, el principal defensor de la ley, considera que la industria canábica está promocionando sus productos a los menores de edad y destruyendo las «vidas de tejanos y sus familias».

«Están envenenando a nuestros niños y debemos prohibir el THC; no podemos regularlo, no hay suficientes policías», indicó Patrick, un ultraconservador, en un vídeo de la plataforma X.

Tanto él como algunos de los legisladores que apoyaron su propuesta en el hemiciclo acusaron a las empresas de THC de estar abriendo negocios «a pocos pasos» de las escuelas en el estado con el objetivo de atraer menores de edad.

La marihuana con fines lucrativos está legalizada en 24 de los 50 estados del país. El uso medicinal, sin embargo, está permitido en 47 estados, incluyendo Texas.

Una juez federal de Boston (Massachusetts) bloqueó hoy temporalmente la decisión de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, de paralizar las matriculaciones de estudiantes extranjeros en la Universidad de Harvard.

La orden de la juez responde a una moción presentada hoy por Harvard para pedir una pausa temporal de la anulación de su permiso para acoger a alumnos internacionales -que suponen la cuarta parte del estudiantado- por parte del Gobierno, al que además ha vuelto a demandar.

«Harvard ha demostrado que, a menos que su petición de restringir temporalmente (la orden de Trump) sea aceptada, sufrirá un daño inmediato e irreparable», apuntó la juez de distrito Allison D. Burroughs.

Burroughs fijó además para el próximo 27 de mayo a las 9:30 hora local una audiencia sobre el caso a la que deberán acudir representantes de ambas partes.

La orden de restricción temporal entrará en vigor de manera inmediata y probablemente se extenderá hasta la celebración de esta vista.

Horas después de darse a conocer esta noticia, Trump calificó en el Despacho Oval de «ridículo» que se le haya pagado a Harvard «miles de millones de dólares», y afirmó que en la universidad hay alumnos que «no pueden sumar dos más dos».

«¿Cómo puede alguien que no sabe sumar o tiene habilidades muy básicas entrar en Harvard? Luego ves a esas mismas personas gritando contra los Estados Unidos. Son antisemitas y no queremos alborotadores aquí», expresó el mandatario.

El Gobierno de Donald Trump prohibió ayer a Harvard matricular en adelante a estudiantes extranjeros, en una grave escalada en el conflicto que los enfrenta desde hace varios meses, y conminó a los actualmente inscritos a trasladarse a otras universidades so pena de perder su estatus migratorio.

La decisión fue comunicada en una carta remitida a Harvard y firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que indicaba que el programa de la Universidad para Estudiantes y Visitantes Extranjeros ha sido revocado.

La Universidad, la más prestigiosa de EEUU, respondió al Gobierno con una demanda en la que afirma que la certificación para recibir a extranjeros es «esencial» para que estos permanezcan legalmente en el país.

Y señaló que la revocación de este permiso ya ha «desbaratado innumerables programas académicos, laboratorios de investigación y clínicas y cursos».

Harvard ya demandó el pasado abril a la Administración republicana con el fin de recuperar su financiación federal, congelada (2.600 millones de dólares) por incurrir en supuestas conductas antisemitas.

La prestigiosa institución es una de las universidades que han visto amenazada su financiación por informes del «Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo», creado por Trump, por aplicar políticas de «discriminación positiva» o por no dar cabida a lo que el Gobierno califica como «diversidad de ideas.»

El Gobierno de Javier Milei publicó este viernes en el Boletín Oficial una serie de restricciones al acceso de periodistas a la sede del Ejecutivo, mediante un sistema de acreditaciones con requisitos más estrictos, cupos limitados, evaluación con puntaje mínimo, exigencia de documentación exhaustiva y normas de conducta reforzadas.

La nueva normativa establece que los trabajadores de prensa solo podrán transitar las áreas comunes del edificio para trasladarse desde los puntos de ingreso hasta los espacios habilitados para la realización de eventos o actividades periodísticas.

«La permanencia y circulación en pasillos, oficinas, despachos u otras zonas de la Casa de Gobierno que no estén explícitamente autorizadas a tal fin, se encuentra prohibida», explicita el decreto.

El acceso a conferencias de prensa también fue modificado: se limitará la cantidad de asistentes por evento, se establecerán condiciones formales de vestimenta y se requerirá el cumplimiento de normas de comportamiento dentro del recinto.

El moderador podrá limitar el tiempo de las preguntas y administrar el uso del micrófono, que deberá ser devuelto inmediatamente tras cada intervención, con lo cual queda anulada la posibilidad de eventuales repreguntas.

Además, se estableció un sistema de acreditación anual y eventual. Para la anual, los medios deberán presentar información detallada y respaldada por métricas verificables sobre su audiencia y cobertura geográfica, además de documentación sobre la trayectoria y vínculo laboral de los profesionales solicitantes.

También deberán firmar una declaración jurada sobre el cumplimiento de normas de convivencia y respeto institucional.

Para la acreditación eventual, válida por hasta cinco días, también se habilita la postulación de periodistas independientes, quienes deberán presentar un portafolio verificable, referencias editoriales y pruebas de producción regular en temas institucionales.

Uno de los puntos más controvertidos es la creación de una «matriz de evaluación objetiva» con un sistema de puntaje obligatorio para acceder a la acreditación, que incluye criterios como audiencia, especialización temática en temas de gestión gubernamental, trayectoria profesional, correcta entrega de toda la documentación solicitada, cobertura previa de actos oficiales y compromiso con el pluralismo.

Estos criterios serán evaluados por la Secretaría de Comunicación y Medios, que está a cargo del vocero presidencial, Manuel Adorni, y bajo la órbita de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y solo quienes obtengan un mínimo de 35 puntos serán habilitados para ingresar.

Estas modificaciones se inscriben en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el periodismo, marcado por declaraciones estigmatizantes, recortes presupuestarios en medios públicos, denuncias de censura indirecta y violencia ejercida contra los trabajadores de prensa durante las manifestaciones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este viernes que exista algún acuerdo con el gobierno de Donald Trump relacionado con el reforzamiento de la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, luego de que Washington decidiera declarar como área de defensa nacional una franja territorial limítrofe.

“Nosotros no vamos a hacer un acuerdo de ese tipo. Ellos tienen derecho a hacer en su país lo que determinen. Nosotros también tenemos derecho a decir que no estamos de acuerdo”, dijo la mandataria en su habitual conferencia matutina.

Sheinbaum reaccionó así a la decisión del Pentágono, que este mes estableció una nueva zona militarizada a lo largo de más de 100 kilómetros en la frontera con México, incorporándola a la base de Fort Bliss, cerca de El Paso, Texas.

Un día antes, la embajada de EE.UU. en Ciudad de México advirtió a los migrantes que ingresar sin autorización a estos territorios podría conllevar “multa, arresto, enjuiciamiento y encarcelamiento”.

En ese contexto, la presidenta reiteró su desacuerdo con el enfoque militarista y señaló que la migración debe tratarse desde una perspectiva social. “Nosotros creemos que la orientación debe ser distinta y lo planteamos siempre, pero de ninguna manera nosotros, imagínense, vamos a acordar una cosa así”, afirmó.

La medida estadounidense se suma al creciente protagonismo del Pentágono en los asuntos migratorios del país vecino. Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, las detenciones en la frontera han disminuido significativamente, pasando de 124,000 en diciembre a menos de 30,000 en febrero.

Durante su gestión, Trump ha promovido un enfoque duro en política migratoria, militarizando la frontera, ejecutando redadas, revocando beneficios y solicitando el despliegue de 10,000 efectivos de la Guardia Nacional mexicana para contener el flujo migratorio y de drogas.

China afirmó este viernes que la decisión del Gobierno estadounidense de prohibir a la Universidad de Harvard matricular a estudiantes for»áneos «solo dañar»á la imagen y la credibilidad internacional de Estados Unidos», en respuesta al veto anunciado por Washington, que afecta a miles de alumnos extranjeros, incluyendo m»as de 2,000 chinos.

«La cooperación educativa entre China y Estados Unidos es mutuamente beneficiosa», declaró hoy la portavoz de Exteriores Mao Ning, quien recalcó que Pekín «se opone firmemente a la politización de los intercambios educativos» y «rechaza los ataques infundados y difamaciones contra China».

La vocera también aseguró que el país asiático «proteger»á con firmeza los derechos e intereses legítimos de los estudiantes y académicos chinos en el extranjero.

Las declaraciones surgen tras el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU., que revocó el programa de estudiantes y visitantes extranjeros de Harvard, citando supuestos vínculos de la universidad con el Partido Comunista chino.

Pekín rechazó las acusaciones como infundadas y criticó las medidas adoptadas por Washington, a las que calificó de «ilegales», instando a su retirada lo antes posible.

Harvard, una de las universidades m»as prestigiosas del mundo, acoge actualmente a 10,158 estudiantes internacionales de 150 países, entre los cuales 2,126 proceden de China, según cifras del curso académico 2024/2025 divulgadas en la web de la oficina internacional del organismo.

La medida afecta tanto a nuevos solicitantes como a los actuales alumnos, que podrían perder su estatus legal en el país si no se transfieren a otra institución.

Las redes sociales del gigante asiático se hicieron hoy eco del anuncio, donde algunos de los estudiantes chinos que estudian en esa Universidad afirmaron estar «desconsolados» por el veto.

«Es un lugar maravilloso, con una escuela y un ambiente académico excelente… Es una pena que se tome como rehenes a los estudiantes y académicos que la visitan. Es vergonzoso», señala uno en la red social Weibo.

Cerca de 55,000 hondureños temen perder su Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) en Estados Unidos tras el fallo de la Corte Suprema que esta semana autorizó al presidente, Donald Trump, terminar con esta condición para 350,000 venezolanos.

Hondureños en Florida, segundo estado con la mayor cantidad de estos centroamericanos, expresaron a EFE su incertidumbre, pues el actual estatus vence el 5 de julio y, hasta ahora, no hay noticias sobre su renovación mientras la Administración de Trump insiste en restringir lo más posible el TPS.

Esto mantiene en el limbo a migrantes que viven de forma legal en Estados Unidos desde hace décadas, como Aarón Pineda, un hombre de 67 años que tiene este estatus desde que comenzó el programa para Honduras, en 1999, y trabaja como constructor en Miami.

«Nos sentimos preocupados por el caso de que estamos dándonos cuenta de que ya no se está moviendo el TPS, por el caso de que nos lo vayan a cancelar porque es el temor que tenemos porque, si lo cancelan, entonces tenemos problemas porque no vamos a tener licencia, no tenemos ni el permiso de trabajo», relató a EFE.

El fin del TPS, que Trump ya intentó cancelar para los hondureños en su primer mandato (2017-2021), rompería familias como la de Pineda, pues él está casado desde hace cuatro años con Carmen Moreno, quien también es de Honduras pero tiene otro estatus legal en Estados Unidos.

Para ella, es importante mantener este programa legal «para que la gente no ande con miedo y trabaje y aporte a la economía, también en Honduras, porque esta gente paga «taxes» (impuestos), de lo que ganan».

«Y (el TPS) sería, imagínese usted, lo único que defiende a la gente, el permiso», manifestó.

Más miedo

El temor entre los migrantes crece tras el fallo del lunes del Supremo, que permitió al Gobierno de Trump seguir con la eliminación del TPS para venezolanos, como decidió tras asumir el poder el 20 de enero, cuando la secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a beneficiarios como «desgraciados» y «criminales».

«Uno en este país llega a veces sin nada, pero tiene que sacar papeles cuando se da la oportunidad, pero sin oportunidad no se puede sacar ningún papel y entonces no se puede trabajar libremente, no puede trabajar sin permiso, tiene que estar escondido», lamentó Elmes Alemán, quien llegó a Estados Unidos en 1997 desde Tegucigalpa.

El fin del TPS afectaría en particular a los migrantes de Florida, donde vive uno de cada tres de los más de 1 millón de beneficiarios de Estados Unidos, según un reporte del Congreso.

Alemán tiene un negocio de construcción, por lo que defiende la aportación económica de quienes tienen TPS en Estados Unidos.

«La importancia del permiso, del apoyo a las autoridades, es muy importante, sabiendo que en este país se sabe que está hecho de inmigrantes, el inmigrante es el que hace el trabajo más incómodo, en el calor, bajo agua, más peligroso, que el gringo no hace», opinó.

Migrantes piden apoyo al país de origen

Ante la incertidumbre, Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre en Miami, pidió al Gobierno de Honduras abogar por la permanencia del TPS, al citar que las remesas de los hondureños en Estados Unidos representan más de la cuarta parte del producto interior bruto (PIB) del país centroamericano.

«Estamos en estado de indefensión, no tenemos un gobierno que nos cubra, que nos proteja», comentó el líder hondureño a EFE. «Hoy nos vemos solo entre nosotros como inmigrantes protegiéndonos y abogando a la buena voluntad de la Administración del presidente Trump, que nos pueda otorgar la extensión del TPS», agregó.

El secretario de Relaciones Exteriores de Honduras, Enrique Reina, aseguró el 5 de mayo en X que la Cancillería ha «realizado todas las gestiones pertinentes para apoyar a los compatriotas», incluyendo una reunión con la secretaria Noem.

La Administración de Donald Trump ha acusado a la Universidad de Columbia, en Nueva York, de violar la Ley Federal de Derechos Civiles al mostrar «una deliberada indiferencia ante el entorno hostil que enfrontan sus estudiantes judios».

En un comunicado, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. acusó al centro universitario, uno de los más prestigiosos del país, de violar el Titulo VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color y origen nacional en programas y actividades que reciben fondos federales.

Según la Oficina de Derechos Civiles (OCR) la Universidad de Columbia “ha fallado continuamente en la protección de los estudiantes judíos”, citando “extensos hallazgos de una investigación” realizada desde el 7 de octubre de 2023 hasta la fecha, cuando se produjo el ataque terrorista de Hamás contra Israel y el inicio de la guerra por el ejército israelí en Gaza.

“Los hallazgos documentan cuidadosamente el ambiente hostil que los estudiantes judíos de la Universidad de Columbia han tenido que soportar durante más de 19 meses, lo que ha afectado a su educación, seguridad y bienestar”, declaró Anthony Archeval, director interino de la Oficina de Derechos Civiles del HHS citado en el comunicado.

“Alentamos a la Universidad de Columbia a colaborar con nosotros para llegar a un acuerdo que refleje cambios significativos que realmente protejan a los estudiantes judíos”, subraya.

La OCR estima que el centro universitario no logró establecer mecanismos efectivos de denuncia contra el antisemitismo hasta el verano de 2024, no cumplió debidamente con sus propias políticas y procedimientos al responder a las quejas de estudiantes judíos y no investigó ni sancionó debidamente el vandalismo en sus aulas, que incluye la reiterada representación de esvásticas y otras imágenes de odio universalmente reconocidas, entre otras cosas.

Según la OCR, esta advertencia forma parte de una iniciativa más amplia del Grupo de Trabajo Conjunto multiinstitucional de la Administración para combatir el antisemitismo.

Durante el año pasado, manifestantes propalestinos en la Universidad de Columbia iniciaron una ola de manifestaciones que se propagó a los campus universitarios de todo el país y que culminó en campamentos y arrestos masivos.

El aviso de la administración se produce horas después de que la universidad neoyorquina celebrara uno de los actos de graduación de sus estudiantes que se vieron perturbados por las protestas de un centenar de activistas que manifestaron a sus puertas en apoyo a Palestina, con la quema de diplomas por parte de antiguos alumnos de la institución.

La universidad de Columbia se encuentra en negociaciones para recuperar los fondos federales que Trump le canceló tras acusarla de tolerancia con el antisemitismo y exigir realizar cambios a la hora de cumplir ciertos requisitos que en un principio aceptaron, como la contratación de agentes de seguridad en el campus, la prohibición de las mascarillas o la supervisión externa de sus programas de estudios palestinos.

El aviso también coincide con el anuncio del Gobierno de prohibir la también prestigiosa Universidad de Harvard matricular en adelante a estudiantes extranjeros, en una grave escalada en el conflicto que los enfrenta desde hace varios meses..

El presidente de Costa Rica,

Rodrigo Chaves, anunció el jueves que presentó una demanda penal contra dos periodistas que publicaron su número telefónico personal en la red social Facebook y calificó los hechos como «condenables e ilegales».

La Casa Presidencial informó en un comunicado que la demanda es contra los periodistas del medio televisivo Teletica Canal 7,

Álvaro Sánchez y Christian Montero, quienes habrían publicado el número telefónico del mandatario en su perfiles personales de Facebook.

«Sánchez tomó el número del presidente de un expediente judicial por una investigación abierta de la fiscalía, al cual tuvo acceso de manera ilegal. Evidencia adicional de como el Poder Judicial sigue filtrando información privada a Canal 7», indica el comunicado oficial.

El Gobierno indicó que «el número de teléfono personal es un dato de acceso restringido y tiene que protegerse como tal» y acusó al periodista Sánchez de utilizar sus redes sociales para hacer «ataques personales» contra Chaves con el «apoyo» de Teletica.

Por su parte, Teletica emitió un pronunciamiento en el que indica que las publicaciones del periodista en su perfil de Facebook son a título personal y responsabilidad exclusiva de él.

«Televisora de Costa Rica (Teletica) ni revisa, ni puede revisar, ni tiene conocimiento previo ni injerencia alguna en las publicaciones que realizan sus colaboradores en sus páginas personales», afirmó el medio de comunicación.

La Casa Presidencial envió una nota al presidente de Teletica, René Picado, en la que exige «sentar un precedente que sancione estas acciones inmorales de parte de sus funcionarios, a menos de que la empresa sea cómplice y actor directo en las mismas».

Teletica informó que respondió la nota y solicitó una audiencia con el presidente Chaves.

El presidente Chaves ha mantenido una tensa relación con los medios que han sido críticos a su labora, entre ellos Teletica, el diario La Nación y el medio digital CRHoy, y ha empleando términos contra algunos periodistas como «canalla». «maldito» y «sicario político», y además ha dicho que grupos de poder estaban acostumbrados a «quitar y poner» presidentes y ministros a través de los medios.

En su conferencia de prensa semanal que se transmite en redes sociales y el canal de televisión estatal, Chaves suele criticar y desacreditar a los medios, e incluso su equipo de comunicación emite una sección llamada «Dato mata mentira» en la que acusa a medios de comunicación de mentir en sus informaciones.

Costa Rica cayó del puesto 8 al 36 en el índice de libertad de prensa de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) durante el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves (2022-2026).

RSF detalló el pasado 2 de mayo en su más reciente informe que el Gobierno de Chaves «ha adoptado una línea de confrontación con algunos medios y periodistas críticos, lo que se manifiesta frecuentemente en ataques verbales», pero que «a pesar de los intentos del Ejecutivo por estigmatizar a la prensa crítica, los periodistas no sufren amenazas contra su integridad física, ni vigilancia o encarcelaciones».