Categoría: El Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que se ha completado el proceso de intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia, según lo acordado en el proceso de negociación entre ambos países.

«Se acaba de completar un importante intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania. Entrará en vigor en breve. Felicitaciones a ambas partes por esta negociación. ¿Podría esto resultar en algo importante?», dijo Trump en un breve mensaje en su red Truth Social, en el que no da más detalles sobre el asunto.

Este proceso no ha sido confirmado, por el momento, por los gobiernos de Ucrania y Rusia, que llegaron a un acuerdo recientemente para realizar el mayor intercambio de prisioneros desde que comenzó la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que Moscú había entregado su lista a Kiev y esperaba su respuesta. Más tarde, Peskov informó de que Rusia había recibido también la lista de prisioneros ucraniana.

Y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó el miércoles que su administración ya había elaborado la lista de nombres de los prisioneros de guerra ucranianos cautivos en Rusia que deben entrar en el intercambio.

Rusos y ucranianos acordaron llevar a cabo el mayor canje de prisioneros desde el inicio de la guerra en febrero de 2022 en sus primeras negociaciones directas en tres años, que acogió la ciudad turca de Estambul.

Además, Rusia anunció tras el fin de las conversaciones un acuerdo con Ucrania para estudiar un futuro alto el fuego y una posible cumbre entre los presidentes de ambos países.

La segunda ronda de las negociaciones directas entre las partes podría celebrarse en el Vaticano, aunque Moscú y Kiev hasta el momento no han confirmado esa información.

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó este viernes el retorno al país de 390 de los 1,000 prisioneros de guerra cuyo canje fue acordado con Ucrania durante las primeras negociaciones directas con Kiev en tres años.

Según el parte castrense, se trata de 270 militares y 120 civiles.

«El 23 de mayo, conforme con los acuerdos ruso-ucranianos alcanzados el 16 de mayo en Estambul, 270 militares rusos, así como 120 civiles, incluyendo a habitantes de la región de Kursk capturados por las Fuerzas Armadas de Ucrania, fueron devueltos del territorio controlado por el régimen de Kiev», señaló Defensa.

La nota agrega que Rusia también entregó a Ucrania a 270 militares y 120 civiles.

«Está previsto que el intercambio a gran escala iniciado por la parte rusa continúe en los próximos días», subraya.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que el proceso de intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia se había completado.

«Se acaba de completar un importante intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania. Entrará en vigor en breve. Felicitaciones a ambas partes por esta negociación. ¿Podría esto resultar en algo importante?», dijo Trump en un breve mensaje en su red Truth Social, en el que no dio más detalles sobre el asunto.

Moscú y Kiev anunciaron ayer que habían intercambiado las listas de mil prisioneros de cada país para ser canjeados en el marco del actual intercambio, el mayor desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.

El

gobierno de Ciudad de México revisa los protocolos de seguridad de los integrantes del gabinete tras el asesinato de dos funcionarios cercanos a la alcaldesa Clara Brugada,

ocurrido el martes 21 de mayo en plena vía pública, en el sur de la capital mexicana.

Brugada indicó el jueves en conferencia de prensa que se está evaluando si los funcionarios que lo ameriten deben recibir mayor seguridad. “Los compañeros de Gobierno que por su trabajo requieran seguridad, eso ya está. Se estará analizando si se requiere más o no”, explicó la mandataria.

Las víctimas, identificadas como

Ximena Guzmán, de 42 años, secretaria particular, y José Muñoz, de 52, coordinador de asesores, fueron asesinadas a balazos cerca de las 7:00 a.m. del martes, en la avenida Tlalpan, alcaldía Benito Juárez. La Fiscalía General de Justicia de la capital señaló que el ataque fue ejecutado con “un importante grado de planeación”.

De acuerdo con la fiscalía, al menos cuatro personas participaron en el crimen y los responsables cambiaron de vehículo en múltiples ocasiones antes de huir al Estado de México. Ni Guzmán ni Muñoz contaban con escoltas, aunque habían sido capacitados en protocolos de autocuidado.

Clara Brugada, quien asumió la jefatura de Gobierno en octubre de 2024, subrayó que la ciudad mantiene “una estrategia de seguridad sólida” y que el ataque ocurrió en un contexto de disminución de homicidios y delitos de alto impacto. “No significa un aumento en la inseguridad ni una ola de homicidios”, afirmó, y agregó que mayo de 2025 reporta un promedio de 1.8 homicidios diarios, frente a los 2.2 entre enero y abril.

El asesinato es el de mayor perfil en la capital desde el atentado de junio de 2020 contra Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad Ciudadana, durante la administración de Claudia Sheinbaum. En ese ataque murieron dos escoltas y una civil.

El crimen ocurre en medio de una ola de violencia que afecta al país, aunque el Gobierno federal asegura que los homicidios han disminuido 24.9 % en los primeros siete meses del mandato presidencial de Claudia Sheinbaum, iniciado el 1 de octubre de 2024.

La

alcaldesa pidió evitar especulaciones sobre el móvil del crimen y garantizó que no habrá impunidad. “Debe quedar claro que no va a haber impunidad”, reiteró Brugada, al responder también a las declaraciones del senador estadounidense Marco Rubio, quien afirmó que la violencia política en México “es real”.

Brugada pidió esperar los resultados de las investigaciones antes de emitir juicios.

El famoso productor estadounidense

Dave Shapiro y Daniel Williams, exbateria del grupo The Devil Wears Prada, se encuentran entre los fallecidos en el accidente de una avioneta en la que viajaban seis personas registrado ayer en San Diego (California), según medios locales.

Las autoridades investigan aún en el lugar del siniestro las causas que lo provocaron y el número de víctimas mortales, aunque varios medios locales hablan de que no ha habido supervivientes entre los seis ocupantes de la avioneta.

El aparato era pilotado por Shapiro, un popular agente musical, instructor de vuelo y propietario de la agencia de contratación Sound Talent Group y del sello Velocity Records.

Dos de los trabajadores de esta empresa viajaban también en la aeronave.

Antes de despegar, Williams incluso publicó varias fotos en Instagram subiendo al avión con Shapiro y sentado en la cabina.

El grupo de metalcore The Devil Wears Prada confirmó la muerte de Williams en su página de Instagram, compartiendo varias fotos de Williams y Shapiro juntos y el mensaje «sin palabras. Te debemos todo. Te amaremos por siempre».

El avión Cessna 550 de Shapiro se estrelló a 3 kilómetros al sur del Aeropuerto Ejecutivo Montgomery-Gibbs de San Diego, según un comunicado de la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés.

Los datos del vuelo muestran que la aeronave despegó del Aeropuerto de Teterboro, cerca de la ciudad de Nueva York, la noche del miércoles y se detuvo brevemente para repostar en Wichita, Kansas, antes de continuar hacia San Diego.

El accidente provocó además la evacuación de aproximadamente un centenar de residentes tras causar un enorme incendio en la zona que causó heridas a ocho personas.

«Se confirmaron al menos dos muertos, ocho heridos y aproximadamente diez edificios dañados», indicó el Departamento de Policía de San Diego en X en un mensaje poco después de producirse el accidente.

«Los daños son significativos. Fueron de gran peligro para la vida, y gracias a Dios, nadie en tierra murió», dijo, por su parte, en una rueda de prensa el representante del distrito 7 del ayuntamiento de San Diego Raúl Campillo.

Shapiro fue miembro fundador de la Organización Nacional de Talentos Independientes (NITO) cuyos miembros han emitido un comunicado expresando sus condolencias.

“Nos entristece profundamente el fallecimiento de Dave Shapiro y sus dos colegas. Dave fue un visionario en la industria musical y socio fundador de Sound Talent Group», señala la nota.

La temporada de huracanes del Atlántico 2025 podría ser «potencialmente intensa», advirtieron el jueves expertos del Instituto Caribeño de Meteorología e Hidrología (CIMH), al presentar su pronóstico durante un foro regional celebrado en Barbados.

Según el climatólogo Cédric Van Meerbeeck, se estima que entre el 1 de junio y el 30 de noviembre se formarán 19 tormentas con nombre, de las cuales al menos nueve alcanzarían categoría de huracán y cuatro de ellos serían huracanes mayores. El CIMH aseguró tener un 70 % de certeza en estas previsiones.

Van Meerbeeck comparó estas cifras con el promedio anual de 14 tormentas y siete huracanes. Además, citó datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, que proyecta entre seis y 10 huracanes, y hasta 19 tormentas con nombre para este año, un pronóstico por encima de la media histórica.

«La tendencia muestra que no será una temporada inactiva ni poco preocupante», subrayó Van Meerbeeck. La Universidad Estatal de Colorado también advirtió una probabilidad del 56 % de que un huracán de gran intensidad impacte el Caribe, en comparación con el promedio histórico de 47 %.

Ken Graham, director del Servicio Nacional de Meteorología de EE.UU., afirmó que la previsión para 2025 indica un 60 % de probabilidad de una temporada superior a la media, un 30 % de que sea normal y solo un 10 % de que sea inferior. Esta temporada podría incluir ciclones como Andrés, Barry, Chantal, Dexter, Erin, Fernand, Gabrielle, Humberto, Imelda, Jerry, Karen, entre otros.

Graham explicó que las temperaturas oceánicas más cálidas están directamente asociadas con una mayor actividad ciclónica. Durante 2024 se registraron 18 tormentas y 11 huracanes, cinco de los cuales impactaron Estados Unidos; el más devastador fue Helene, que dejó más de 200 muertes en estados del sur como Georgia, Florida y Carolina del Norte.

El anuncio del pronóstico coincidió con la reciente aprobación del presupuesto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluye recortes de casi 30 % a NOAA y $646 millones a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA). Además, la Administración de Trump pidió desde marzo la reducción de 1,000 empleados en NOAA, equivalente al 20 % de su plantilla.

Pese a ello, Laura Grimm, administradora interina de NOAA, aseguró que el Centro Nacional de Huracanes cuenta con personal completo. «Nuestra prioridad es proteger vidas humanas y estamos listos para comenzar la temporada», afirmó.

El pronóstico fue presentado desde Luisiana, como parte de la conmemoración por los 20 años del huracán Katrina, uno de los más letales en la historia de EE.UU., con 1,392 muertes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este jueves que el sistema sanitario en la Franja de Gaza está «al borde del colapso», ante la intensificación de los ataques por parte del Ejército de Israel, y la creciente escasez de alimentos, agua, medicamentos, combustible y refugio.

Según los datos difundidos por la OMS, al menos el 94 % de los hospitales del enclave palestino presentan daños o han sido destruidos. De los 36 centros hospitalarios que había antes del conflicto, solo 19 continúan operando, y únicamente de forma parcial. En la última semana, cuatro hospitales clave cerraron debido a bombardeos cercanos o por órdenes de evacuación.

El organismo internacional alertó que el norte del territorio ha quedado «prácticamente desprovisto de toda atención médica», mientras que los pocos hospitales que siguen abiertos en el sur están colapsados y podrían cerrar en cualquier momento debido a la presión y la inseguridad.

Actualmente, solo hay disponibles 2,000 camas hospitalarias para una población que supera los 2 millones de habitantes, una cantidad que la OMS calificó de «extremadamente insuficiente» para cubrir las necesidades médicas. Además, 40 camas están ubicadas en hospitales dentro de zonas de evacuación y podrían perderse, mientras que otras 850 se encuentran en riesgo si las condiciones empeoran.

«La destrucción es sistemática. Se rehabilitan y reabastecen hospitales, solo para quedar expuestos a hostilidades o ser atacados de nuevo. Este ciclo destructivo debe terminar», denunció la OMS en su comunicado. También recalcó que «los centros sanitarios nunca deben ser militarizados» y reiteró que «no son un objetivo».

La organización concluyó que cada cierre hospitalario representa una pérdida crítica para la población gazatí y un revés para los esfuerzos humanitarios por preservar lo que queda del sistema de salud.

El Gobierno del presidente Donald Trump está buscando eliminar un acuerdo judicial, logrado hace más de 25 años, que obliga a las autoridades a ofrecerles protecciones a los menores migrantes que están bajo custodia federal.

Con un recurso presentado hoy ante un tribunal en California, la Administración republicana pide que se elimine «por completo» el llamado «Acuerdo Flores» que desde 1997 establece normas mínimas para el trato de menores migrantes.

Entre ellas, garantizarles un acceso a servicios de salud y educación, mantenerlos en instalaciones que tengan una licencia para cuidar a menores de edad y liberarlos rápidamente a un familiar o representante legal.

El pacto legal también ha permitido a los abogados defensores de los inmigrantes sacar a la luz los retos que enfrentan los menores bajo custodia federal, incluidos niños que ingresan a EE.UU. acompañados de un familiar o tutor legal.

En el documento presentado hoy, el Gobierno de Trump alega que el acuerdo no le permite implementar las políticas migratorias que quisiera e impone la voluntad del judicial por encima del Ejecutivo.

En concreto, los abogados del Gobierno culpan al acuerdo Flores de haber «cambiado el panorama migratorio» al quitar algunos factores que disuadían a las familias de entrar de manera irregular a EE.UU.

A su vez, señala que las condiciones en los centros de detención para migrantes han mejorado «sustancialmente» desde que el acuerdo se firmó.

Esta es la segunda vez que Trump intenta levantar las protecciones a los menores migrantes: un intento para disolver este acuerdo durante su primer mandato (2017-2021) fue frenado por un tribunal de apelaciones.

Una solicitud similar hizo la Administración de Barack Obama (2009-2017) tras el aumento de niños solos que ingresaron al país en 2014.

El acuerdo lleva el nombre de Jenny Flores, una menor de 15 años que huyó de la guerra civil en El Salvador y tras cruzar la frontera en 1985, enfrentó un duro trato por las autoridades migratorias, que incluyó un registro al desnudo y estar encerrada en un centro juvenil durante meses sin educación, recreación y otros apoyos mientras esperaba la deportación.

La expulsión se logró evitar después de que la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones demandaran al Gobierno estadounidense y comenzara un litigio que cobijó a todos los niños y derivó en el acuerdo.

El Gobierno de Estados Unidos ha dado 72 horas a la universidad de Harvard para proporcionar información sobre actividades «violentas» y protestas en las que hayan participado sus alumnos si quiere recuperar su programa de matriculación de extranjeros, revocado hoy por la Administración del presidente Donald Trump.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, indicó a la institución en una carta que podía reinstaurar su certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio si cumplía con una serie de requisitos en 72 horas.

Entre otras cosas, el DHS pide a la prestigiosa institución académica que facilite vídeos, imágenes o audios de protestas y actividades «ilegales» y «violentas» que hayan tenido lugar dentro o fuera del campus en los últimos cinco años y en las que hayan participado alumnos con visas de los tipos J1 y F.

Noem incidió en que este es «un mensaje claro para Harvard y todas las universidades, de que la Administración Trump hará cumplir la ley y erradicará los males del antisemitismo y el antiamericanismo en la sociedad y los campus».

En un comunicado divulgado esta mañana, el DHS especificó que Harvard «ya no puede matricular a estudiantes extranjeros y que los actuales deben transferirse o perderán su estatus legal», al alegar que la universidad ha permitido «que agitadores antiestadounidenses y proterroristas acosen y agredan físicamente a personas, entre ellas muchos alumnos judíos».

La revocación de su capacidad para matricular a extranjeros supone una escalada de la tensión entre el Gobierno y la universidad, que el pasado abril demandó a la Administración republicana con el fin de recuperar su financiación federal, congelada por incurrir en supuestas conductas antisemitas.

Harvard es una de las universidades -además de Columbia y Princeton, entre otras- que han visto amenazada su financiación por informes del «Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo», creado por Trump, por presuntamente aplicar políticas de «discriminación positiva» o por no dar cabida a lo que el Gobierno Trump califica como «diversidad de ideas».

Las acusaciones de antisemitismo vertidas por Trump hacen referencia sobre todo a las protestas propalestinas que tuvieron lugar el año pasado en la Universidad de Columbia (Nueva York) y que se extendieron a otros centros universitarios estadounidenses.

Un juez federal bloqueó temporalmente este jueves la orden ejecutiva del presidente de EE.UU., Donald Trump, que desmantela el Departamento de Educación y exigió la reincorporación de los miles de empleados despedidos.

El magistrado Myong Joun falló en Boston a favor de una demanda presentada por una coalición de 21 estados de gobiernos demócratas, la Federación Americana de Maestros y dos distritos escolares de Massachusetts, que pedían detener la orden de Trump firmada el pasado 20 de marzo.

La decisión impide temporalmente la implementación de la orden ejecutiva, mientras se desarrolla el caso.

Los demandantes argumentaron que Trump «no tiene ninguna autoridad» para cerrar agencias, como el Departamento de Educación, autorizadas por el Congreso.

La orden ejecutiva implementó el despido de cerca de la mitad de la plantilla del Departamento de Educación y la transferencia «inmediata» de la gestión de préstamos estudiantiles y los servicios de educación especial fuera del Departamento.

Joun escribió en su fallo que la orden revela «ampliamente que la verdadera intención» de la Administración Trump «es desmantelar el departamento sin una ley que lo autorice».

La decisión del juez representa un nuevo revés para la Casa Blanca en su meta de deshacerse de este departamento aprobado en el Congreso en 1979, a pesar de la oposición republicana.

La Casa Blanca anunció enseguida que impugnará la decisión, a su vez que cargó contra el juez, siguiendo con la práctica del presidente Trump de criticar las órdenes judiciales en contra de sus medidas, dijo en un comunicado Madi Biedermann, subsecretaria adjunta de comunicaciones del Departamento de Educación.

«Me alienta el fallo judicial de hoy que restituye a los empleados despedidos en sus puestos mientras nuestro caso avanza», dijo en un comunicado el fiscal de California, Rob Bonta, que encabezó la demanda.

El demócrata dijo que seguirán luchando para revertir de forma permanente el desmantelamiento del Departamento de Educación.

La fiscal general de Arizona, Kriss Mayes, que hace parte de la demanda, dijo que la querella legal busca proteger la financiación y los servicios de los que dependen múltiples escuelas.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés) informó este jueves que actualizó su programa de verificación de estatus legal de extranjeros, lo que permitirá a las autoridades estatales y locales comprobar la ciudadanía de votantes naturalizados.

La actualización del programa de Verificación Sistemática de Extranjeros para el Acceso a los Derechos (SAVE, en inglés) hace parte de la campaña del presidente, Donald Trump, para «evitar» que los extranjeros inelegibles voten en las elecciones estadounidenses, según dijo en un comunicado.

Como parte de la iniciativa, USCIS estableció un acuerdo con la Administración del Seguro Social para permitir que se usen los datos de esta agencia y de este modo verificar la ciudadanía de los votantes.

Trump echó mano de la antigua retórica republicana sobre el fraude electoral para firmar una orden ejecutiva. Por esta razón, todo aquel que quiera registrarse para votar en las elecciones federales deberá aportar documentos que demuestren su ciudadanía, entre otros cambios.

El mandatario dijo en numerosas ocasiones que hubo fraude electoral en los comicios presidenciales de 2020, en los que perdió contra el expresidente Joe Biden (2021-2025), y, en concreto, aseguró que los ciudadanos votaron de manera ilegal, aunque no hay pruebas de ello.

Establecido en 1987, SAVE se utiliza tradicionalmente como un sistema de apoyo de gobiernos estatales y locales para verificar la elegibilidad en los beneficios o servicios solicitados por un inmigrante.

Estados como Florida solicitaron usar este programa con el objetivo de identificar a no ciudadanos registrados para votar.

USCIS animó a “todos” los gobiernos estatales y locales a registrarse en el uso SAVE para la verificación de la elegibilidad legal al momento de votar.

SAVE es un programa diferente al E-Verify que permite a los empleadores verificar el estatus migratorio de sus trabajadores.