Categoría: El Mundo

Donald Trump hubiera sido condenado por su presunto intento de anular el resultado de las elecciones de 2020 si no hubiera sido elegido presidente cuatro años después, afirma un informe del fiscal especial Jack Smith publicando por medios estadounidenses este martes.

La opinión del Departamento de Justicia de Estados Unidos «de que la Constitución prohíbe la acusación y el procesamiento de un Presidente es categórica y no depende de la gravedad de los delitos imputados, la solidez de las pruebas del Gobierno o los méritos de la acusación, que la Fiscalía respalda plenamente», dice el informe.

«De no haber sido por la elección del señor Trump y su inminente regreso a la presidencia, la oficina» del fiscal especial consideraba «que las pruebas eran suficientes para obtener y sostener una condena en el juicio», señala el informe.

Esta última acusación se refería a la sesión del Congreso convocada el 6 de enero de 2021 para certificar la victoria electoral del presidente Joe Biden, que terminó siendo objeto de un violento ataque por una turba de partidarios del republicano.

Smith, que fue el fiscal especial designado para investigar a Trump, abandonó la causa penal federal contra el mandatario entrante después de que éste ganara las elecciones presidenciales de noviembre.

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Poco después de la publicación del informe la madrugada del martes, Trump contraatacó en su plataforma Truth Social, llamando a Smith «trastornado», y añadiendo que «fue incapaz de procesar con éxito al opositor político de su ‘jefe’,Joe Biden el Deshonesto».

Trump continuó su mensaje contra el fiscal afirmando: «Así que termina escribiendo otro ‘Informe’ basado en informaciones» que un grupo de «políticos corruptos y matones destruyeron y borraron ilegalmente, porque demostraba que yo era totalmente inocente».

«Para mostrar lo desesperado que está el trastornado Jack Smith, publicó sus falsos hallazgos”, agregó Trump en otro post.

Los abogados de Trump habían instado anteriormente al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, a no publicar el informe, calificando el plan de publicarlo de «ilegal, hecho de mala fe y contrario al interés público».

El informe de Smith detalla los supuestos intentos de Trump para persuadir a legisladores y líderes republicanos a nivel estatal para «cambiar los resultados» de las elecciones de 2020.

«El señor Trump contactó a legisladores y funcionarios estatales, los presionó con falsas afirmaciones de fraude electoral en sus estados y los instó a tomar medidas para ignorar los recuentos de votos y cambiar los resultados», según el informe publicado por el Departamento de Justicia.

Melania Trump dijo que piensa residir principalmente en la Casa Blanca cuando vuelva a Washington como primera dama el próximo lunes, acallando las especulaciones de que podría dividir su tiempo entre otras residencias.

Cuando el actual presidente electo Donald Trump asumió el cargo por primera vez en 2017, su esposa no se fue a vivir inmediatamente con él al 1600 de la Avenida Pensilvania, sino que se quedó en Nueva York hasta que su hijo Barron, que entonces tenía 11 años, terminó el curso escolar.

«Estaré en la Casa Blanca», dijo Melania Trump al programa «Fox & Friends» en una entrevista emitida el lunes.

«Y cuando necesite estar en Nueva York, estaré en Nueva York. Y cuando necesite estar en Palm Beach, estaré en Palm Beach», añadió.

Los Trump tienen un lujoso apartamento en Manhattan y una mansión en el complejo Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

Melania Trump estuvo ausente durante gran parte de la campaña electoral de 2024, así como durante el juicio en Nueva York en el que su marido fue declarado culpable de 34 delitos graves. Pero su perfil público aumentó hacia el final de la campaña y desde que Trump ganó el pasado 5 de noviembre.

Como primera dama, Melania Trump prevé impulsar su campaña «Be Best» para el bienestar de los niños, una causa algo indefinida que promovió sólo esporádicamente durante el primer mandato de su marido.

«Continuaré con Be Best y también ampliaré Be Best», declaró al programa.

También estrenará una película biográfica, tras publicar en octubre sus memorias. La idea fue suya, dijo.

Según ella, sus prioridades son «ser madre, ser primera dama y ser esposa».

Barron, que estudia en la universidad en Nueva York, «vendrá de visita», añadió.

«Tal vez algunas personas me vean como la esposa del presidente, pero yo me valgo por mí misma, soy independiente», contó Melania Trump.

«No siempre estoy de acuerdo con lo que dice o hace mi marido», agregó. «Le doy mi consejo, y a veces me escucha, a veces no, y no pasa nada».

El Tribunal Constitucional de Corea del Sur inicia este martes el juicio de destitución del presidente Yoon Suk Yeol, suspendido de sus funciones por la Asamblea Nacional por haber impuesto el mes pasado una ley marcial.

En la noche del 3 de diciembre, el dirigente conservador sumió al país en su peor crisis política en décadas al suspender el orden civil y enviar al ejército al parlamento para intentar evitar infructuosamente que los diputados revocaran la medida.

Yoon se encuentra atrincherado desde entonces en su residencia de Seúl, haciendo caso omiso de las citaciones de interrogatorio y usando su guardia presidencial para evitar el arresto por parte de los investigadores que lo acusan de insurrección.

Suspendido de sus funciones tras la aprobación de una moción de destitución en la Asamblea Nacional, el cargo de Yoon está ahora en manos del Tribunal Constitucional, que dispone de seis meses para ratificar o rechazar la decisión tomada por los diputados.

La primera de las cinco audiencias previstas en el juicio está programada para este martes a las 14H00 (05H00 GMT). Las siguientes tendrán lugar los días 16, 21 y 23 de enero y el 4 de febrero.

Los abogados de Yoon señalaron que el dirigente no comparará en la primera audiencia por cuestiones de seguridad, pero que pretende asistir en fechas posteriores si estas preocupaciones se resuelven.

«Han surgido temores por su seguridad y posibles incidentes. Por ello, el presidente no podrá acudir al juicio el 14 de enero», afirmó su abogado Yoon Kab-keun a la AFP.

El procedimiento puede avanzar en su ausencia.

El tribunal dispone de 180 días desde el 14 de diciembre, cuando recibió el caso, para decidir si el presidente vulneró la Constitución al imponer la ley marcial.

«El caso se centra únicamente en la situación de la ley marcial, con lo que los hechos no son particularmente complejos», dijo el jurista Kim Nam-ju a la AFP.

«Como la mayoría de personas implicadas ya han sido encausadas y los hechos se han establecido, no parece que vaya a tomar mucho tiempo», agregó.

Sin embargo, el equipo legal de Yoon reclama que el tribunal agotó los 180 días de margen, especialmente para examinar «qué condujo a la declaración de la ley marcial».

En su declaración televisada a principios de diciembre, el presidente justificó la medida por las amenazas de Corea del Norte y la presencia de elementos antiestatales en la Asamblea Nacional, dominada por la oposición.

Intento de arresto

Al margen de su destitución, Yoon se enfrenta a una causa por insurrección, un delito que en Corea del Sur puede acarrear la cadena perpetua o la pena capital.

El equipo conjunto de la Oficina de Investigación de la Corrupción (OIC) y de la policía encargada del caso prepara un segundo intento de arresto del presidente, sobre el que pende una orden de captura.

A principios de mes, los investigadores abortaron un primer intento de arresto al toparse dentro de la residencia de Yoon con cientos de miembros armados de su guardia presidencial.

Los medios especulan que pueden volver a intentarlo esta semana y la agencia de noticias local Yonhap informó de un encuentro este martes entre la OIC, la policía y los servicios de seguridad de la presidencia.

La oficina anticorrupción dijo que está preparando exhaustivamente este segundo intento y la prensa ha informado de que la policía está movilizando mil agentes para llevarlo a cabo.

Mientras, en la residencia de Yoon en el centro de Seúl, sus servicios de seguridad refuerzan el recinto con alambradas de púas y han bloqueado algunas vías de acceso con autobuses.

La empresa Blue Origin, propiedad del fundador de Amazon Jeff Bezos, canceló nuevamente el lanzamiento inaugural de su enorme cohete New Glenn el lunes por la noche después de enfrentar problemas climáticos.

La compañía dijo que apuntaría a la madrugada del jueves, con una nueva ventana de tres horas a partir de las 01H00 (06H00 GMT).

Bautizado New Glenn, en honor a un legendario astronauta, el cohete de 98 metros de alto, equivalente a un edificio de 32 pisos, tenía previsto despegar de Cabo Cañaveral en una ventana de lanzamiento a las 06H00 GMT del lunes, y luego apuntó a la madrugada del martes.

Estos plazamientos son frecuentes en la industria aeroespacial.

El lanzamiento, inicialmente previsto para el domingo, ya había sido pospuesto un día debido a las condiciones «desfavorables» en el mar.

Con esta misión, bautizada NG-1, el magnate Bezos apunta directo al hombre con la mayor fortuna del mundo, Elon Musk, cuya empresa SpaceX domina el mercado de lanzamientos orbitales con sus cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy.

Estos sirven al sector comercial, al Pentágono y la agencia espacial estadounidense (NASA), incluyendo el transporte de astronautas desde y hacia la Estación Espacial Internacional (EEI).

«Durante los últimos años, SpaceX ha sido prácticamente el único jugador, y ahora, tener un competidor (…) Es genial», dijo a la AFP G. Scott Hubbard, un funcionario retirado de la NASA.

En paralelo, SpaceX planea el próximo ensayo orbital de Starship –su gigantesco cohete de nueva generación– justo el día siguiente, subiendo las apuestas en su naciente rivalidad.

Blue Origin ya tiene experiencia desde hace años en llevar a turistas al espacio durante unos minutos gracias a sus cohetes New Shepard, mucho más pequeños. Pero hasta ahora no ha llevado ningún vuelo en órbita.

El objetivo es «alcanzar la órbita. Todo lo demás será un plus», había dicho David Limp, el CEO de la compañía.

Físicamente, New Glenn supera al Falcon 9 de 70 metros de alto y está diseñado para cargas útiles mayores.

Su capacidad en términos de masa está entre la del Falcon 9 y su hermano mayor, el Falcon Heavy, pero tiene la ventaja de un compartimiento útil más ancho, ideal para cargas más voluminosas.

Blue Origin ya tiene un contrato con la NASA para el lanzamiento de dos sondas hacia Marte a bordo del New Glenn. El cohete también apoyará el despliegue del proyecto Kuiper, un satélite diseñado para competir con la red de internet de Starlink.

Por ahora, sin embargo, SpaceX mantiene el liderazgo en esta carrera espacial, mientras que otros competidores como United Launch Alliance, Arianespace y Rocket Lab, van muy rezagados.

Como Musk, Bezos siente una pasión de toda la vida por el espacio. Pero mientras Musk sueña con colonizar Marte, Bezos imagina trasladar la industria pesada fuera del planeta a plataformas espaciales flotantes para preservar la Tierra, «el origen azul de la humanidad».

Bezos fundó Blue Origin en 2000, dos años antes de que Musk creara SpaceX, pero adoptó un desarrollo más cauteloso, en contraste con la filosofía de sus rivales.

«Ha habido impaciencia en la comunidad espacial con el muy deliberado enfoque de Blue Origin», asegura Scott Pace, un analista de las políticas espaciales en la universidad George Washington y exmiembro del Consejo Nacional Espacial.

Si New Glenn tiene éxito, agrega Pace, le dará al gobierno estadounidense una «redundancia diferente», un respaldo valioso si falla un sistema.

La cercanía de Musk con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado preocupaciones sobre potenciales conflictos de intereses, en especial por el astronauta privado Jared Isaacman –socio de Musk– quien se prevé que sea el próximo jefe de la NASA.

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) suspendió este lunes la revocatoria del arresto domiciliario del periodista José Rubén Zamora, lo cual evita que sea regresado a prisión, donde estuvo dos años por una cuestionada acusación de lavado de dinero, según su equipo de defensa.

La Cámara de Amparo y Antejuicio de la CSJ otorgó un recurso de amparo a favor del periodista, e invalidó así una orden emitida en noviembre por la sala de apelaciones para que Zamora, en arresto domiciliario desde octubre, volviera a la cárcel, aseguró a la AFP Jovita Tzul, abogada defensora.

«Ya no vuelve (a prisión). Se queda en casa», confirmó a la AFP desde Miami José Zamora, hijo del periodista.

Zamora había comparado este lunes a una audiencia en otra instancia sobre el acatamiento de la sala de apelaciones, pero las juezas decidieron suspenderla a la espera de la resolución de la Cámara de Amparos de la Corte.

La organización Reporteros Sin Fronteras celebró en la red social X la resolución al considerar que es «es un paso fundamental hacia la libertad total e incondicional del fundador» del diario El Periódico.

Zamora, de 68 años, estuvo preso en la cárcel del cuartel Mariscal Zavala, en el norte de Ciudad de Guatemala, desde el 29 de julio de 2022 hasta octubre pasado, en un proceso que organismos internacionales y varios gobiernos consideran un ataque contra la prensa. por parte del gobierno anterior.

El periodista fue arrestado en 2022 tras publicar en su diario El Periódico casos de corrupción que salpicaban al entonces presidente derechista Alejandro Giammattei (2020-2024). El Periódico cerró en 2023, mientras estaba en prisión.

«Terrorismo de Estado»

Una sala de apelaciones revocó el 15 de noviembre el arresto domiciliario que se le había concedido en octubre, lo que fue condenado por organismos de prensa internacionales y el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo.

Al concluir la audiencia más temprana, Zamora aseguró que el Estado ha gastado enormes sumas en un proceso en su contra por supuesto lavado de dinero, que es un caso montado con multas de «persecución política», mientras que corruptos o narcotraficantes no son perseguidos por la fiscalía.

«Con gente civilizada, decente, correcta, inician cualquier persecución política con diferentes prácticas de arbitrariedades y de terrorismo de Estado, (…) sin embargo, son alcahuetas del narcotráfico», insistió.

No obstante, aseguró que continuará defendiendo que es «inocente» sea bajo arresto domiciliario o en la prisión en caso de ser devuelto. «Voy a enfrentar a estos jueces y fiscales corruptos», afirmó.

La ultraderechista Fundación contra el Terrorismo es querellante en el proceso contra Zamora que sigue la fiscalía, cuyos principales titulares están sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarlos «corruptos» y «antidemocráticos».

El hijo de Zamora reconoció que la fiscalía y la Fundación Contra el Terrorismo podrán apelar «cada vez se les hace más difícil» mantener la persecución contra su padre.

El presidente Joe Biden afirmó este lunes que deja un Estados Unidos «más fuerte», durante un discurso centrado en Ucrania, Gaza y China, en el que hizo equilibrio de su política exterior antes de ceder el cargo al republicano Donald Trump.

«Estados Unidos es «más fuerte, nuestras alianzas son más fuertes, nuestros adversarios y competidores son más débiles, (y) no hemos ido a la guerra para que estas cosas sucedan», afirmó en el Departamento de Estado.

Los miembros de la alianza militar de la OTAN ahora «pagan su parte justa», aseguró.

Trump ha criticado repetidamente a los países de la Alianza Atlántica, y en un momento dado dijo que animaría a Rusia a hacer «lo que le dé la gana» con los aliados que no paguen lo que les corresponden.

En el pasado el republicano también ha expresado admiración por el presidente ruso, Vladimir Putin, pero Biden se burló del líder ruso sobre su situación en Ucrania.

«Cuando Putin invadió, pensó que conquistaría Kiev en cuestión de días. La verdad es que, desde que empezó esa guerra, yo soy el único que se plantó en el centro de Kiev, no él», soltó.

Biden se convirtió en el primer presidente estadounidense en ejercicio en ir una zona de guerra no controlada por las fuerzas estadounidenses cuando realizó una visita a la capital de Ucrania en 2023.

Afirmó que Estados Unidos y sus aliados no pueden «abandonar» a Ucrania, a la que Washington ha enviado millas de millones de dólares en ayuda militar desde que comenzó la guerra en 2022.

«Queda más por hacer», afirmó el octogenario demócrata, y aseguró que Putin «no ha logrado ninguno de sus objetivos estratégicos».

Trump ha prometido alcanzar un acuerdo de paz «en 24 horas», pero en Kiev se teme que pueda forzar un alto el fuego que haga que Ucrania ceda territorio a Moscú.

«Nunca nos superarán»

En el balance de sus cuatro años de mandato sobre política exterior no podía faltar China, una de sus prioridades.

El demócrata está convencido de que «Estados Unidos está ganando la competición mundial» frente al coloso asiático en una nueva era de economía y tecnología globales.

«Según las últimas predicciones, a la vista de la trayectoria actual de China, nunca nos superarán. Punto», sostuvo, pero presumió de haber gestionado de forma «responsable» las relaciones con Pekín.

«Hemos creado líneas de comunicación entre el presidente Xi (Jinping) y yo y entre los líderes de nuestros ejércitos para evitar malentendidos. Hemos encontrado formas de colaborar para abordar el cambio climático, para reducir el flujo de fentanilo en Estados Unidos», precisó.

El presidente saliente se feliz de que las muertes por sobredosis de droga disminuyan en Estados Unidos y presumió de que se ha incautado más fentanilo en la frontera «en dos años que en los cinco años juntos anteriores».

Trump ha decidido declarar la guerra el fentanilo y amenaza con imponer aranceles muy altos a México, Canadá y China hasta que, según él, tomen medidas contra este opioide sintético que causa estragos en Estados Unidos.

El discurso de Biden fue más cómico sobre la guerra en Gaza, ya que parte del Partido Demócrata critica su apoyo incondicional a Israel. Aún así era optimista.

«Lo correcto» en Afganistán

«En la guerra entre Israel y Hamás, estamos a punto de que una propuesta que presentó en detalle hace meses finalmente se haga realidad», afirmó.

Biden defendió la retirada de Afganistán, que cayó en manos de los talibanes en 2021.

«Poner fin a la guerra fue lo correcto», estimó.

Por último, el presidente de 82 años instó a la administración Trump a continuar con las políticas de energía verde impulsadas por él porque los negacionistas del clima están «completamente equivocados».

El miércoles Biden pronunciará su discurso de despedida a la nación desde el despacho oval.

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora, en arresto domiciliario por una cuestionada acusación de lavado de dinero, afirmó este lunes que no teme volver a la prisión y continuar enfrentando a jueces y fiscales «corruptos» que controlan el sistema de justicia de su país.

«Sigo declarándome inocente. Aquí o en Mariscal (cárcel militar) voy a enfrentar a estos jueces y fiscales corruptos», dijo Zamora al concluir una audiencia en un tribunal que decide si debe volver a prisión o permanecer en el arresto domiciliario en que está desde octubre pasado.

La audiencia fue suspendida por trámites legales pendientes y se deberá fijar otra fecha para resolver la decisión de una sala de apelaciones que el 15 de noviembre revocó el arresto domiciliario, lo que fue condenado por organismos de prensa internacionales y el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo.

La defensa de Zamora apeló esa revocatoria, lo que está pendiente de resolverse y por ello el periodista sigue en su vivienda, con prohibición de salida del país y obligación de presentarse cada semana en la fiscalía.

Zamora, de 68 años, estuvo preso en la cárcel del cuartel Mariscal Zavala, en el norte de Ciudad de Guatemala, desde el 29 de julio de 2022 hasta octubre pasado, en un proceso que organismos internacionales y varios gobiernos consideran un ataque contra la prensa. por parte del gobierno anterior.

El periodista fue arrestado tras publicar en su diario El Periódico casos de corrupción que salpicaban al entonces presidente derechista Alejandro Giammattei (2020-2024). Su medio cerró en 2023, mientras estaba en prisión.

Zamora aseguró que el Estado ha gastado enormes sumas en un proceso en su contra por supuesto lavado de dinero, que es un caso montado con multas de «persecución política», mientras que corruptos o narcotraficantes no son perseguidos por la fiscalía.

«Con gente civilizada, decente, correcta, inician cualquier persecución política con diferentes prácticas de arbitrariedades y de terrorismo de Estado, (…) sin embargo, son alcahuetas del narcotráfico», insistió.

«Seguiré, de alguna manera, con tranquilidad y serenidad, recibiendo las infamias de Fundaterror (Fundación contra el Terrorismo) y otros monigotes que no se cansan de tirar veneno e insultar; pero, eventualmente, me va a tocar a mí perseguirlos a ellos legalmente en su debido proceso”, puntualizó.

La ultraderechista Fundación contra el Terrorismo es querellante en el proceso contra Zamora que sigue la fiscalía, cuyos principales titulares están sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarlos «corruptos» y «antidemocráticos».

Al menos 46 periodistas tuvieron que partir de Nicaragua al exilio en 2024 y cuatro fueron detenidos, según un informe publicado este lunes en Costa Rica por la ONG Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).

Los cuatro capturados fueron Fabiola Tercero, en «paradero desconocido» desde su aprehensión y allanamiento de su casa en julio de 2024; Henry Briceño, posteriormente «expulsado» hacia Costa Rica con su familia; y Leo Cárcamo y Elsbeth D’Anda, ambos en prisión, de acuerdo con FLED.

«En los últimos meses de 2024, el gobierno intensificó su represión mediante desapariciones forzadas, destierros y detenciones arbitrarias dirigidas contra medios y periodistas independientes», comentó la oenegé, que opera desde el exilio en Costa Rica.

Al cierre de 2024, suman 283 profesionales de los medios forzados a exiliarse «para proteger sus vidas y las de sus familias» desde las protestas antigubernamentales de 2018, destacó la FLED en su informe, titulado «Prensa independiente en Nicaragua: 2024, resiliencia y valentía ante la represión estatal».

Hace una semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, pidió al gobierno de Nicaragua liberar en forma «inmediata» a Cárcamo, detenido en noviembre pasado.

Ese mismo mes fue capturado D’Anda, luego de que informara en un canal de televisión local sobre alzas en precios de alimentos.

La situación de la prensa empeoró en Nicaragua tras las protestas de 2018 que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según la ONU, y que el gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, consideran un intento de golpe de Estado. orquestado por Washington.

Ortega reformó en 2024 la ley de ciberdelitos, que elevó las penas y abrió la vía para condenar a personas por publicaciones en las redes sociales.

Además una reforma a la Constitución aprobada por el Congreso establece que el Estado «vigilará» a la prensa ya la Iglesia para que no respondan a «intereses extranjeros».

Desde 2018, medio centenar de medios de comunicación independientes o críticos del gobierno ha cerrado en Nicaragua y sus bienes han sido confiscados, según denuncias de Reporteros sin Fronteras (RSF) y otras organizaciones de prensa internacionales.

Un acuerdo de tregua en Gaza está

«cerca y puede cerrarse» en la última semana del mandato del presidente estadounidense saliente

Joe Biden, declaró este lunes el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

«Estamos cerca de un acuerdo y puede cerrarse esta semana. No estoy haciendo una promesa o predicción, pero está al alcance de la mano», dijo Sullivan a periodistas.

El demócrata presiona para lograr un acuerdo entre Israel y el grupo militante palestino Hamás antes de dejar el cargo el 20 de enero y entregar el poder al republicano Donald Trump.

Sullivan dice tener más esperanzas para un acuerdo ahora que en ocasiones anteriores.

«Es porque las brechas se han reducido fundamentalmente», explicó.

Se han logrado avances para el canje de rehenes en manos de Hamás y prisioneros palestinos en poder de Israel, y sobre cómo se «posicionarían» las fuerzas de Israel en Gaza, precisó.

Sullivan lo atribuyó a que Israel ha logrado sus objetivos militares en Gaza y Hamás ha sufrido «pérdidas catastróficas».

«Cuando se combinan esos dos factores, creemos que es el momento adecuado para llegar a un acuerdo y cerrarlo», dijo Sullivan.

La guerra en Gaza entre Israel y Hamás estalló después del ataque lanzado por islamistas en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Ese día, los combatientes de Hamás mataron a 1.210 personas en el sur de Israel, en su mayoría civiles, y secuestraron a otras 251, según un balance de AFP basado en cifras oficiales israelíes.

De los 251 secuestrados, aún quedan 94 personas retenidas en Gaza, de las cuales 34 fueron declaradas muertas por el ejército israelí.

La campaña de represalia lanzada por Israel en Gaza ha matado a más de 46,000 personas, también civiles en su mayoría, según el Ministerio de Salud del territorio gobernado por Hamás.

Campesinos y obreros afines al expresidente Evo Morales llegaron este lunes a La Paz, luego de una marcha de cuatro días, para protestar por la crisis económica y anunciaron su intención de ir hasta la plaza de Armas, donde el presidente Luis Arce tiene sus oficinas.

«Queremos que el gobierno de una vez por todas resuelva, que regule los precios en el tema de la canasta familiar», expresó durante la marcha Leonardo Loza, senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) y estrecho colaborador de Morales.

Centenares de personas comenzaron la manifestación el viernes desde el poblado de Patacamaya, a unos 100 km al sur, con rumbo a La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

La marcha se produce en medio de las irreconciliables posiciones entre Morales y Arce, que se disputan el liderazgo del oficialismo y la candidatura presidencial de la izquierda para las elecciones de agosto, aunque el exmandatario y líder cocalero fue inhabilitado por la justicia.

Vladimir Chapi, campesino de 40 años del poblado andino de Pacajes del departamento de La Paz, llegó después de cuatro días de caminata a la sede de gobierno y pidió «la nivelación de precios de la canasta familiar y que se libere a nuestros presos».

Según los sectores que marchan, unas 150 personas continúan con detención preventiva, tras los bloqueos de caminos de los seguidores de Morales contra Arce que se produjeron entre octubre y noviembre de 2024.

La marcha no cuenta con la presencia del expresidente Morales, de 65 años, quien la sigue a la distancia, resguardado en su fortín político en el Chapare, una zona cocalera del centro del país.

Contra él pesa una orden fiscal de aprehensión que la policía no ha podido cumplir hasta ahora, en el marco de una investigación por su presunta relación con una menor de edad en 2015 y con la que según la fiscalía tuvo una hija.

Loza, uno de los líderes de la movilización, anticipó la intención de los manifestantes de llegar hasta la plaza de Armas, cuyo acceso está restringido desde la mañana por un fuerte contingente policial.

«Vamos a entregar, llegando a la Plaza Murillo, nuestro pliego petitorio que viene desde anteriores movilizaciones», señaló.

«Esta marcha exige comida, exige alimento, que no suban los precios de la canasta familiar», insistió Loza.

La inflación cerró en 2024 con un acumulado anual de 9,9%, el más alto en los últimos 16 años.

También piden una solución a la escasez de combustibles y de dólares en el mercado financiero, que se ha agudizado desde el año pasado a raíz de que el gobierno casi ha agotado sus reservas internacionales para subvencionar la importación de diésel y gasolina.