Categoría: El Mundo

Un grupo de 17 familiares del narcotraficante mexicano Joaquín «el Chapo» Guzmán, incluyendo a su exesposa Griselda López Pérez, madre de Ovidio Guzmán, se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses el pasado viernes 9 de mayo, al cruzar la garita de San Ysidro, en la frontera entre Tijuana y San Diego.

Según reportes del periodista Luis Chaparro y confirmaciones de medios como El Universal, los familiares fueron recibidos por agentes de la Oficina Federal de Investigación o Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y del servicio de Marshals de Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas, por su parte, no han aportado información del caso, en tanto que la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las autoridades estadounidenses deberían de informar sobre las posibles detenciones.

Griselda López, la segunda esposa de «el Chapo» y madre de Ovidio Guzmán López, conocido como «el Ratón», ligado a la fracción de «Los Chapitos» del Cartel Sinaloa y preso en Chicago, EE.UU., también ha sido señalada por su presunta participación en el trasiego de drogas y evasión de autoridades.

Este evento se suma a la reciente extradición de Ovidio Guzmán en septiembre de 2023 y a la entrega voluntaria de su hermano Joaquín Guzmán López en julio de 2024. Ambos enfrentan cargos por tráfico de drogas y se ha informado que están negociando acuerdos de culpabilidad con las autoridades estadounidenses.

La entrega de los familiares de «el Chapo» podría tener implicaciones significativas en las investigaciones sobre el Cartel de Sinaloa y sus líderes, especialmente en el contexto de las negociaciones de cooperación de los hijos del capo mexicano con las autoridades estadounidenses.

Un grupo de venezolanos, que serían cerca de 250, pueden estar en una situación de desaparición forzada en El Salvador en vista de la «completa incertidumbre» sobre su paradero y la situación en la que se encuentran tras ser deportados de Estados Unidos a ese país, dijo este martes la ONU.

«Hasta la fecha, ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han publicado listas oficiales de los detenidos, y su situación legal en El Salvador sigue sin estar clara», señaló a la prensa la portavoz de este organismo, Liz Throssell.

Comentó que «muchos de los familiares entrevistados por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresaron su profunda angustia por no saber dónde y en qué circunstancias están sus seres queridos».

En respuesta a varias preguntas de periodistas, la portavoz dijo que -en vista de que no se sabe lo ocurrido a esas personas y con las violaciones de los derechos humanos que se teme pueden estar ocurriendo en el centro de detención salvadoreño al que son enviados los deportados- se justifican la inquietud de que pueda tratarse de desapariciones forzadas, de acuerdo a lo que estipula el derecho humanitario internacional.

Según datos oficiales estadounidenses, citados por la portavoz, del 20 de enero al 29 de abril, 142,000 personas fueron deportadas desde Estados Unidos a distintas partes del mundo, a pero «la suerte y el paradero de al menos 245 venezolanos y unos 30 salvadoreños expulsados a El Salvador siguen sin esclarecerse».

Muchos de ellos fueron deportados en virtud del «Alien Enemies Act» (Ley de Enemigos Extranjeros) como presuntos miembros de grupos criminales y se supone que están detenidos en el centro de máxima seguridad CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo).

En esas instalaciones los detenidos reciben un «trato particularmente duro, sin acceso a representación legal o a sus familiares y sin otro contacto con el mundo exterior», sostuvo Throssell.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también indicó que ha obtenido información, a través de familiares y abogados, sobre más de cien venezolanos que estarían detenidos en el CECOT.

«Esta información indica que muchos de los detenidos no fueron informados de la intención del Gobierno de Estados Unidos de deportarlos para ser detenidos en un tercer país, que muchos no tuvieron acceso a un abogado y que no pudieron recurrir la legalidad de su deportación antes de ser expulsados», explicó.

En tal situación, varios derechos fundamentales están en cuestión, incluidos los derechos a las garantías procesales, a la protección frente a la detención arbitraria, a la igualdad ante la ley y a la protección contra la tortura.

«La forma en que algunos fueron detenidos y deportados, incluso encadenados, así como la retórica degradante contra las personas migrantes, también ha sido extremadamente preocupante», recalcó el organismo de la ONU.

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, presentó el lunes un plan migratorio al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para usar a elementos de la Guardia Nacional floridana como jueces para deportar inmigrantes y que la Patrulla de Carreteras estatal haga sus propias redadas migratorias.

La propuesta del gobernador pide autorización al Gobierno federal para usar como jueces migratorios al Cuerpo de Abogados Generales, una rama de justicia militar, de la Guardia Nacional de Florida para «ayudar a agilizar el procesamiento legal de inmigración».

Además, DeSantis expuso que 100 agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) ya asumieron como alguaciles adjuntos del Servicio de Marshals mediante el acuerdo 287(g), con el que podrán ejecutar órdenes judiciales federales y «remover a extranjeros criminales peligrosos».

«Lo que tenemos ahora con la FHP es que ellos pueden realizar operativos migratorios de manera completamente independiente al Gobierno federal, y no hay nadie más en el país donde estén haciendo eso», declaró en una rueda de prensa en Tampa.

Como ejemplo, citó la «Operación Marea Negra», el mayor operativo migratorio hecho en un solo estado de Estados Unidos, con un récord de 1.120 inmigrantes arrestados del 21 al 26 de abril en Florida, donde siete agencias locales colaboraron con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) federal.

«La ‘Marea Negra’ fue un cuerpo especial modelo donde estuvieron trabajando en conjunto estos agentes ahora en la FHP, ellos pueden hacer operaciones, pueden detener a ilegales, y pueden hacer todo lo que un agente de inmigración haría hasta el punto en el que los procesan para su deportación», describió el mandatario.

El gobernador informó del plan que entregó al Gobierno de Trump para contribuir con nuevos centros de detención de migrantes y expandir las aprehensiones.

Con ello, aseveró que «Florida será el líder en la lucha para aplicar la ley inmigratoria».

Uno de cada cinco residentes es inmigrante en Florida, donde hay unas 5 millones de personas nacidas en el extranjero, según la organización American Immigration Council.

Pero este estado ha sido líder en la aplicación de la política migratoria de Trump, pues DeSantis ha aprobado leyes estatales que prohíben las ciudades santuario e imponen multas de hasta 5.000 dólares y suspenden o destituyen a funcionarios que incumplan estas disposiciones.

Como resultado, más de 100 agencias gubernamentales y todos los condados en Florida han firmado acuerdos 287(g), además de varias decenas de ciudades, como Coral Gables, Hialeah, Miami Springs, West Miami, Key West, Orlando y Doral.

La Iglesia católica sigue siendo, hay que admitirlo, una fascinante paradoja. En estos tiempos de comunicación vertiginosa, con textos e imágenes que dan la vuelta al mundo en minutos por redes sociales, el humo blanco de una pequeña chimenea medieval colocada sobre los tejados de una basílica añeja anuncia al mundo —con pormenores guardados en secreto riguroso— la elección de un nuevo pontífice. ¡Toda una antigualla que desafía, para bien, los cánones del pensamiento posmoderno!

Recién el 8 de mayo, por la logia de San Pedro se asomó el Papa número 267 del catolicismo, dando su primer saludo y bendición a la ciudad de Roma y al orbe entero (Urbi et Orbi). Con la recuperación de la vestimenta papal tradicional —muceta y estola rojas, bordados en hilo de oro, cruz pectoral y roquete—, el nuevo pontífice recordó algo importante: la dignidad de las prendas pertenece al cargo, no a la persona. En otras palabras, nadie es más o menos humilde por recordar qué representa cada símbolo en el vestido de un papa.

León XIV tampoco quiso improvisar. Leyó directamente de unos papeles en los que había garrapateado las ideas que deseaba transmitir. No dio espacio a las espontaneidades riesgosas en un momento en que la emoción era evidente incluso en el propio rostro del pontífice. Había en ese semblante más asombro que alegría, más turbación que júbilo. ¡Y qué bueno que así fuera! No me imagino a ningún ser humano, en pleno uso de sus facultades mentales, que hoy pudiera estar deseando gobernar la Iglesia católica, tan dividida y perpleja como se encuentra. Ponerse por voluntad propia a la cabeza de 1.400 millones de personas sería un gesto de absoluta irresponsabilidad o insensatez.

Pero sin duda lo que más ha llamado la atención del papa León es el nombre elegido. Como la de los “juanes”, los “clementes”, los “píos” o los “benedictos”, la estirpe de los “leones” es muy apreciada en los anales del catolicismo. El primero de estos, san León I Magno, se ganó también el mote de “Grande” combatiendo a las perniciosas herejías del siglo V, mientras que el más reciente, León XIII, inauguró la llamada Doctrina Social de la Iglesia con una encíclica que trata “sobre las cosas nuevas” (Rerum Novarum) relativas a los desafíos políticos, sociales y económicos del mundo de la primera revolución industrial. Los eslabones al principio y al final de esta cadena de pontífices resaltan dos cualidades esperables en el sucesor de Pedro: claridad doctrinal y una mirada sensible al tiempo presente.

Muchos entusiastas de una Iglesia más (digamos) “progresista” corren a extraer las críticas puntuales que hace la Rerum Novarum de ciertas manifestaciones del liberalismo —no se olvide que apenas 20 años antes, en 1870, los Estados Pontificios habían sido tomados por las huestes liberales italianas—, pero se cuidan de mencionar la aprobación implícita que hace la encíclica de la propiedad privada, la libre competencia y la economía de mercado. Por otra parte, las condenas bastante explícitas al socialismo como vía errónea (intelectual, moral y política) constituyen uno de los grandes signos distintivos del magisterio social de León XIII, uno de cuyos contemporáneos fue el mismísimo Carlos Marx.

El cardenal Robert Francis Prevost, además, tiene formación agustiniana. Esto significa que su vocación ha sido marcada por una auténtica búsqueda de Dios en medio de un proceso de formación intensa y de ese sentido de misión comunitaria que la orden imprime a sus miembros. Doctrinalmente sólido, León XIV será un remanso de paz para quienes se sentían confundidos ante las ambigüedades de Francisco, pero también será capaz de hacerles notar sus errores prácticos a aquellos católicos demasiado rígidos con las formas y los métodos.

La rapidez con que este pontífice fue elegido (menos de un día y medio de cónclave) habla bien de la propuesta que pudo hacer formulado a sus colegas purpurados durante las Congregaciones Generales, sobre todo en lo referente al tipo de diálogo que la Iglesia necesita con urgencia. En su primera alocución habló más de “unidad” que de “sinodalidad”. Esto podría ser un anticipo del reconocimiento que hará al legado de su antecesor inmediato en cuanto a las nominaciones, pero tal vez no a los mecanismos empleados. O quizás querrá explicarlos mejor. O, sencillamente, trazar caminos inéditos hacia ese “encuentro”.

De lo que no puede caber duda es de la dimensión humana y ética que León XIV tratará de impulsar en su interlocución con los poderosos. En su natal Estados Unidos se conocen de sobra sus posturas sobre las políticas migratorias de Donald Trump. También las hemos conocido aquí en El Salvador, pues a escasos días de convertirse en papa, el 14 de abril, el entonces cardenal Prevost re-posteó un texto del escritor católico Rocco Palmo que dice: “Mientras Trump y Bukele usan el Despacho Oval para reírse de la deportación ilícita de un residente estadounidense…, el ahora obispo auxiliar de DC, Evelio (Menjívar Ayala), pregunta: ¿No ven el sufrimiento? ¿No les perturba la conciencia?”.

Ni Trump ni Bukele profesan la fe católica, pero se venden a sí mismos como defensores de una forma muy particular y hemipléjica de entender el cristianismo. Ninguna gracia debe hacerles, por tanto, que el ahora pontífice León XIV respalde la opinión de alguien que les considera moralmente responsables del daño que están causando a otros seres humanos.

El nuevo papa, entonces, parece dispuesto a asumir el reto de guiar la barca de Pedro sobre los mares procelosos de la historia, sin pretender olvidar que el milenario mensaje cristiano, con sus tradiciones y símbolos, sigue siendo una fascinante paradoja.

Un total de 83,4 millones de personas, una cifra nunca antes registrada, vivían a finales de 2024 lejos de sus hogares en sus propios países debido a conflictos y catástrofes naturales, según el informe anual del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC por sus siglas en inglés).

La cifra supone un aumento del 11 % con respecto al año anterior e indica que en seis años las cifras de desplazamiento interno se han duplicado, en un contexto de creciente violencia en todos los continentes y mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos a consecuencia del cambio climático.

Sudán, Siria y Colombia los más afectados

Un 90 % de estos desplazamientos (73,5 millones, un 10 % más que en 2023) fueron provocados por la violencia, con Sudán como el país más afectado por este tipo de éxodos, ya que dos años de guerra civil han obligado a 11,6 millones de personas a vivir lejos de sus casas, la cifra más alta nunca antes registrada en un solo país.

A continuación se sitúan Siria, con 7,4 millones de desplazados internos, aunque se espera que esta cifra baje este año tras la caída del régimen de Bachar al Asad en diciembre, mientras que Colombia, con 7,3 millones, podría en cambio aumentar estas cifras en 2025 con el creciente conflicto en la región nororiental de Catatumbo.

Los desplazados por catástrofes naturales a finales del pasado año eran 9,8 millones, un aumento del 29 % con respecto a un año antes, de los que uno de cada siete (1,3 millones) se encuentran en Afganistán, país que el año pasado se vio golpeado tanto por sequías como por inundaciones.

El segundo país con más desplazados por desastres es Chad (1,2 millones), seguido por Filipinas (un millón), Etiopía (757.000) y Somalia (733.000).

De todos los desplazados, casi la mitad se concentran en el África Subsahariana (38,8 millones), un 20 % en Oriente Medio y Magreb (16,6 millones), un 12 % en América (9,7 millones) y un 9 % en el sur de Asia (7,1 millones).

En Europa, principalmente a causa de la guerra en Ucrania, hay todavía 5,9 millones de desplazados internos, un 7 % del total, mientras que en Asia Oriental y Pacífico el número de personas lejos de sus hogares es de 5,2 millones, un 6 %.

«Estas cifras demuestran que el desplazamiento interno no es sólo una crisis humanitaria: es un claro reto político y de desarrollo que requiere mucha más atención de la que recibe actualmente», señaló la directora del IDMC, Alexandra Bilak, al presentarse estas cifras.

Casi 66 millones de movimientos en 2024

El pasado año, IDMC contabilizó 20,1 millones de movimientos de desplazados por conflictos, incluidos 5,3 millones en RDC, 3,7 millones en Sudán y 3,2 millones en Palestina, donde debido a los constantes ataques israelíes muchos civiles han tenido que desplazarse varias veces a lo largo del conflicto.

Además, los movimientos por desastres totalizaron el pasado año otra cifra récord, 45,8 millones, casi todos debido a inundaciones y tormentas, huracanes, ciclones o tifones, aunque en muchas ocasiones se trató de evacuaciones temporales, tras las cuales los desplazados pudieron regresar a su hogar.

Destaca en este indicador el hecho de que Estados Unidos ocupara el primer lugar, teniendo en cuenta las masivas evacuaciones llevadas a cabo durante los huracanes Helene y Milton en Florida: en total, los desplazamientos por catástrofes en ese país fueron 11 millones.

A continuación se situaron en la tabla Filipinas (casi 9 millones), India (5,4 millones), China (3,9 millones) y Bangladés (2,4 millones).

IDMC advirtió que el número de países en los que se registraron desplazamientos tanto por conflictos como por desastres se ha triplicado desde 2009, y que más de tres cuartas partes de los desplazados internos a finales de 2024 vivían en países muy vulnerables al cambio climático.

«Resolver el desplazamiento requiere tanto esfuerzos inmediatos para ayudar a las personas que lo han perdido todo como inversiones para abordar las vulnerabilidades, con el objetivo de que las personas no se vean obligadas a desplazarse», subrayó Bilak.

A los desplazados internos habría que añadir el también creciente número de personas que han huido de conflictos, crisis y desastres a otros países en condición de refugiados o solicitantes de asilo, y que según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ascendían a mediados de 2024 a 43,4 millones.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos aumentó en un 30 % los centros en los que tiene detenidos a migrantes durante los primeros seis meses del año fiscal 2025, según un análisis de la Universidad de Syracuse revelado este lunes.

Para el pasado mes de abril había al menos 144 centros que albergaban al menos un inmigrante detenido en Estados Unidos, lo que representa un aumento del 30 % con respecto a las 111 cárceles con migrantes que operaban en octubre de 2024, cuando comenzó el año fiscal en mención.

El reporte del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), un centro de investigación y análisis de la universidad neoyorquina, atribuyó el incremento de los centros de detención migratorios, en parte, a la cantidad de nuevos acuerdos firmados por el ICE con empresas privadas y agencias locales del orden público.

El Gobierno del presidente Donald Trump expandió los contratos con compañías privadas como Core Civic y Geo Group, a la vez que ha alcanzado acuerdos con docenas de agencias estatales y locales del orden público que les permiten retener a migrantes en cárceles locales de todo Estados Unidos.

Al menos cuatro centros de detención han albergado a un promedio de 1,500 personas desde el 1 de octubre de 2024.

La cárcel ubicada en Natchez (Misisipi) alberga el mayor número de inmigrantes detenidos con 2,168; le sigue Lumpkin (Georgia), con 1,717; Pearsall (Texas), con 1,663; y Winnfield (Luisiana), con 1,522 migrantes indocumentados bajo su custodia, dice el reporte.

En conjunto, estos cuatro centros albergan a más del 10 % de la población detenida por el ICE en un día cualquiera, según las cifras del control migratorio analizadas por TRAC.

Para el 20 de abril, el ICE tenía a 49,184 inmigrantes bajo su custodia en los centros de detención y mantenía monitoreados a 184,342 inmigrantes y grupos familiares bajo el programa de Alternativas a la Detención (ATD), según datos actualizados el 18 de abril de 2025.

La Cancillería de Venezuela calificó este lunes como un acto «hostil cargado de cinismo» y «propaganda» la nueva alerta de viaje emitida por Estados Unidos, en la que recomienda a sus ciudadanos no viajar al país caribeño y solicita a sus connacionales o residentes permanentes que ya estén en él que lo abandonen «de inmediato».

«La República Bolivariana rechaza de forma categórica la nueva alerta de viaje emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, un acto hostil cargado de cinismo, racismo y propaganda política, que busca alimentar la campaña de agresión permanente contra nuestro país», sostiene un comunicado publicado en Telegram por el titular de Exteriores, Yván Gil.

Este lunes, EE.UU. reeditó un aviso de viaje a Venezuela «para enfatizar el peligro extremo que corren los ciudadanos estadounidenses que viven o viajan» a la nación caribeña.

La advertencia recomienda a los estadounidenses no viajar ni permanecer en territorio venezolano «debido al alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria».

«Mientras intenta desacreditar a Venezuela con acusaciones infundadas, es el propio Gobierno estadounidense quien secuestra, encarcela y desaparece a migrantes, incluidos niños migrantes», reza la comunicación, que además reclama la entrega de una niña de dos años que Caracas denuncia fue apartada de su madre antes de que la mujer embarcara un vuelo de repatriación.

Según el Gobierno venezolano, dicha alerta «no busca proteger a nadie», sino que se trata, a su juicio, de una «herramienta de guerra psicológica y desinformación».

«Venezuela es un país de paz. Quienes deseen visitarnos con respeto y espíritu de hermandad encontrarán siempre abiertas las puertas de un pueblo digno, soberano y en revolución», afirma la nota.

Washington ha mantenido una alerta de viaje para Venezuela desde febrero de 2019.

EE.UU. argumenta que, al no tener personal diplomático en el país, su capacidad para proporcionar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses es limitada.

En marzo de este año, Venezuela emitió una «alerta de viaje» a sus ciudadanos que se desplacen o hagan tránsito por EE.UU. debido a «los riesgos y condiciones» que, asegura, «podrían enfrentar en ese país», tras la reciente deportación de migrantes a El Salvador, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros invocada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Autoridades mexicanas incautaron en la ciudad fronteriza de Tijuana, más de 5 toneladas de droga, entre ellas 3,328 kilos de fentanilo y 76.82 kilos de cocaína, pertenecientes al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informaron este lunes fuentes de seguridad.

El decomiso, indicaron, provocará una afectación económica a dicha organización estimada en unos $2.69 millones.

En un comunicado aparte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), precisó que el aseguramiento de la droga fue parte de un operativo conjunto con las Secretarías de Defensa (Defensa), de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN).

En el operativo también se incautaron 10 cartuchos útiles y tres vehículos, sin embargo, no hubo personas detenidas.

De acuerdo con la SSPC, el hallazgo ocurrió tras identificar un domicilio ubicado en el fraccionamiento García, donde se presumía se almacenaban sustancias ilícitas.

«Por lo que a través de vigilancias fijas, móviles y discretas se obtuvieron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó el mandamiento para intervenir el predio», apuntó.

Todo lo asegurado, señaló la dependencia, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, mientras que el inmueble quedó bajo resguardo policial.

El tráfico de drogas ha sido un tema crítico entre México y Estados Unidos desde la llegada de Trump a su segundo mandato, pues el gobernante estadounidense ha aumentado la presión sobre México, al asegurar que no hace lo suficiente para combatir el tráfico de drogas, especialmente fentanilo.

Asimismo, Washington incluyó en la lista oficial de terrorismo a seis grupos del narcotráfico de México: el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el de Sinaloa, del Golfo, del Noroeste, la Familia Michoacana y los Carteles Unidos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió este lunes la concesión de asilo político al exmandatario panameño Ricardo Martinelli, condenado por corrupción, porque, según indicó, su país «debe ser sitio de refugio y libertad» y el asilo es un «derecho universal» que trasciende ideologías políticas.

«Colombia ha sido tierra del asilo, es un derecho universal. No importa que sean de derecha, de izquierda, o que sean poetas, políticos o perseguidos», declaró Petro a medios colombianos en Pekín, donde este martes participará en la IV Reunión Ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y China.

Cuestionado por los periodistas por el historial judicial de Martinelli, el mandatario respondió: «En mi opinión, Colombia debe ser, como lo fue Panamá, un sitio de refugio, de libertad, de libre expresión«.

Martinelli salió de manera repentina el sábado en la noche de la embajada de Nicaragua en Panamá, donde se había refugiado en febrero de 2024 luego que la justicia confirmara su condena por blanqueo de capitales, y llegó a Colombia tras recibir asilo político.

La decisión de Petro de proteger al expresidente panameño desató críticas a nivel nacional, entre ellas del excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien en sus redes sociales cuestionó la medida y la tachó de una «gran vergüenza y desfachatez».

Petro resaltó que, en el pasado, Colombia ha otorgado asilo político «a perseguidos de (Daniel) Ortega en Nicaragua» y «a la oposición venezolana que se ha quedado en Colombia». También a chilenos y paraguayos, añadió.

«De derecha, de izquierda, no importa», insistió el presidente.

Petro agregó que Colombia quiere «atraer al pueblo panameño» y que ambos países «deben asociarse», pues planteó una «confederación de naciones que sea capaz de aprovechar con mucha soberanía su posición en su geografía y la historia».

Tras llegar a Bogotá el sábado pasado, Martinelli, quien gobernó Panamá entre 2009 y 2014, escribió en sus redes sociales que se sentía «feliz y contento». El exmandatario también publicó numerosos videos en restaurantes y discotecas bailando y celebrando su asilo en Colombia.

El asilo de Martinelli, de 73 años y con una extensa trayectoria empresarial, puso fin a un prolongado episodio diplomático entre Panamá y Nicaragua, que se inició en febrero de 2024 tras confirmarse su condena a más de 10 años de prisión y una multa millonaria por el caso «New Business», vinculado a la compra de un conglomerado de medios de comunicación con fondos públicos.

Además del caso «New Business», Martinelli enfrenta otras acusaciones en Panamá relacionadas con el escándalo de Odebrecht y en España por supuestos sobornos y por un caso de interceptación de comunicaciones en Mallorca.

Las autoridades mexicanas fallaron en capturar a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo mayor del narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, quien logró huir por un túnel Subterráneo durante un operativo ejecutado a inicios de 2025 en Culiacán de Rosales, Sinaloa.

La información fue revelada por el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) en un reportaje publicado el 12 de mayo de 2025.

Iván Archivaldo, conocido como «El Chapito», es señalado como uno de los líderes de «Los Chapitos», facción del Cártel de Sinaloa integrada también por sus hermanos Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín «El Güero Moreno» y Ovidio Guzmán López, estos tres últimos ya detenidos en Estados Unidos.

El WSJ detalló que durante el operativo, fuerzas especiales mexicanas irrumpieron en una casa de seguridad donde hallaron indicios de la presencia reciente de Guzmán Salazar. En el baño del inmueble encontraron un armario que ocultaba un túnel iluminado, lo suficientemente amplio para ser recorrido a pie, y que se extendía por tres cuadras hasta desembocar en una casa deshabitada.

Según fuentes citadas por el diario, «El Chapito» abandonó la escena dejando más de 15 teléfonos móviles, computadoras portátiles, fotos familiares y recuerdos deportivos, como gorras firmadas por beisbolistas estadounidenses.

«El túnel se extendía tres cuadras hasta una casa deshabitada», explicó un funcionario mexicano al WSJ, agregando que el escape fue posible gracias a una red de protección compuesta por sicarios e informantes en toda la ciudad. «Todos, desde los vendedores de tamales hasta los limpiaparabrisas, son los ojos de Guzmán mientras evade a las autoridades», describe el reportaje firmado por los periodistas Steve Fisher y José de Córdoba.

No obstante, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó el 25 de febrero que Guzmán Salazar escapara a través de un túnel. En una conferencia junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, aclaró que el operativo tenía como objetivo detener a Kevin Alonso «N», alias «El 200», jefe de seguridad de «Los Chapitos», capturado el 20 de febrero, y a José Ángel Canobbio Inzunza, alias «El Güerito», presunto líder del grupo de sicarios «Los Chimales», detenido un día antes.

«Han habido tres acciones: la del piloto, la de Inzunza y la de su jefe de seguridad, pero ha habido un debilitamiento constante de ‘Los Chapitos’ y ‘Los Mayos’», aseguró García Harfuch, refiriéndose a las divisiones internas del Cártel de Sinaloa.

Estados Unidos mantiene una recompensa de $10 millones por información que conduzca a la captura de Iván Guzmán Salazar. Mientras tanto, sus hermanos Ovidio y Joaquín negocian acuerdos de culpabilidad con el gobierno estadounidense, al igual que su padre, «El Chapo», condenado a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado.