Categoría: El Mundo

El alcalde del municipio hondureño de San Isidro, Francisco Martínez, quien aspiraba a la reelección por el opositor Partido Nacional, fue hallado muerto en las cercanías de un campo de fútbol en la ciudad de Siguatepeque, en la zona central del país, informó este jueves una fuente oficial y familiares.

Según versiones preliminares, Martínez fue obligado el miércoles a subir por la fuerza a un vehículo y, horas después, su cuerpo sin vida fue abandonado en el lugar del hallazgo.

Su cadáver fue trasladado esa misma noche al Departamento de Medicina Forense del Ministerio Público, en Tegucigalpa, para realizarle la autopsia. El cuerpo fue entregado este jueves a sus familiares, quienes claman por justicia y piden que el asesinato no quede en la impunidad.

“No sabíamos que tenía enemigos. No entendemos qué fue lo que pasó, ni por qué lo mataron”, expresó a la prensa una prima del alcalde, quien solicitó mantenerse en el anonimato.

Las autoridades aún no han determinado el móvil del crimen. No obstante, el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez, declaró a medios locales que no se descarta que el asesinato esté vinculado a «una venganza o a un motivo personal».

La muerte de Francisco Martínez ocurre en el marco de las elecciones generales que se celebrarán en Honduras el 30 de noviembre próximo.

En los comicios, más de seis millones de hondureños elegirán al nuevo presidente del país, tres vicepresidentes, 128 diputados al Congreso Nacional, 20 al Parlamento Centroamericano con sus respectivos suplentes y 298 corporaciones municipales.

Un juez federal de New Hamshire bloqueó con carácter nacional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento, que anunció en su segundo día en el poder y ha resultado ser una de las más polémicas.

«Privar de la ciudadanía estadounidense en un cambio abrupto de una política de larga data, y provoca daños irreparables», dijo en la lectura del fallo el juez Joseph Laplante quien, sin embargo, declaró una pausa de siete días en su decisión para permitir al Gobierno apelar su fallo, según recoge el caso tramitado como una demanda colectiva por la Unión de Libertades Civiles (ACLU).

La orden ejecutiva debía entrar en vigor el próximo 27 de julio, después de que el Tribunal Supremo invalidara otras órdenes de bloqueo parecidas emitidas por jueces estatales con el argumento de que no podían bloquear órdenes con alcance federal, en lo que se consideró un fallo de enorme trascendencia jurídica ante la «barrera» de decisiones judiciales que se han opuesto a las políticas de Trump.

El fallo de Laplante a la moción presentada por «Barbara y otros» señala que los demandantes «pueden sufrir un daño irreparable si no se otorga la orden (de bloqueo)».

Este mismo juez ya se había opuesto en otro fallo de febrero a la misma orden ejecutiva, pero limitando el alcance de su fallo solo a los miembros de varias organizaciones y no con carácter universal, y alegó entonces que la orden de Trump violaba la 14 enmienda constitucional.

Según la primera interpretación, el fallo de Laplante se refiere a «los niños existentes y los futuros» que se verían afectados por la orden ejecutiva, pero no menciona a sus padres, como habían solicitado los demandantes.

La peticionaria principal, Barbara (sin que se revelen sus apellidos), es una ciudadana hondureña que está pendiente de una solicitud de asilo y que espera a un primer hijo en octubre de este año que nacería en territorio estadounidense.

La demanda recuerda que la nacionalidad por nacimiento es un «tesoro» garantizado por la enmienda 14 de la Constitución y por una larga jurisprudencia.

La administración de la Cámara Baja del Parlamento alemán ordenó a varios diputados retirar las banderas LGTBI de las puertas y las ventanas de sus oficinas, una medida que ahonda en la polémica creada por la presidenta del ‘Bundestag’ sobre este tipo de símbolos en la institución.

La diputada socialdemócrata Lisa Seitzl calificó en declaraciones al diario ‘Der Tagespiegel’ la medida de «cacería» contra la bandera del orgullo de la diversidad sexual y de género.

Seitl recibió una llamada de la administración del Bundestag que le ordenó retirar dos banderas de su oficina aludiendo al reglamento interno de la Cámara Baja presidida por la conservadora Julia Klöckner.

«No estoy segura de que las banderas pudieran verse desde fuera, pero ese fue el argumento», dijo la diputada, que calificó el hecho de «un poco ridículo».

«Me gustaría que la Policía responsable del Bundestag se ocupara de problemas relevantes para la seguridad en lugar de hacer una cacería contra banderas igualitarias «, agregó.

La diputada Stella Merendino, del partido La Izquierda, recibió una llamada de la Policía del Parlamento para que retirara una bandera que tenía colgada en una ventana que daba a un patio interior.

Mathias Paul, portavoz de la presidenta del Bundestag, aseguró que se trataba de una medida rutinaria y que no afectaba sólo a las banderas igualitarias.

«No se trataba de controlar específicamente las banderas igualitarias. Otras banderas o insignias también se han visto afectadas», dijo Paul.

Sin embargo, algunos diputados temen que se trate de una acción concreta contra la bandera LGTBI que lleva los colores del arco iris y representa la aceptación de las minorías sexuales.

Klöckner decidió recientemente que la bandera igualitaria no se izaría en el Bundestag con motivo del desfile del orgullo gay en Berlín como había sido costumbre desde hace años.

Además, la presidenta de la Cámara Baja germana prohibió a los empleados del Bundestag participar como representantes de la institución al desfile berlinés.

El canciller alemán, Friedrich Merz, defendió a raíz de esta polémica en un programa de televisión a Klöckner, que pertenece, como él, a la Unión Cristianodemócrata (CDU).

Merz dijo que la Cámara Baja no era «una carpa de circo» en donde se podían izar banderas de forma indiscriminada.

La alusión al «circo» ha cosechado críticas de dentro de la propia coalición de Gobierno de conservadores y socialdemócratas.

«Son unas declaraciones muy desafortunadas. El canciller debería replanteárselas», afirmó el vicepresidente del grupo parlamentario socialdemócrata, Armand Zorn, a la cadena RTL, y recordó que el colectivo LGTB es objeto de numerosos ataques y actos hostiles.

«Si la bandera arcoiris es la bandera de una carpa de circo, ¿entonces qué son las personas LGTB? ¿Animales de circo que hacen el mono para diversión del público?», cuestionó por su parte la comisionada del Gobierno para el colectivo, la también socialdemócrata Sophie Koch
El líder copresidente de los Verdes Felix Banaszak apuntó en declaraciones al diario ‘Der Tagesspiegel’ que a veces las palabras dichas de forma espontánea «traicionan» las verdaderas convicciones de quien las dice y afirmó que la bandera representa una lucha que en Alemania tuvo que ser realizada en gran parte en contra de los democristianos.

Incluso la Asociación de Lesbianas y Gays en la Unión Cristianodemócrata (CDU) criticó el término usado por Merz desde las propias filas del bloque conservador y su presidente, Sönke Siegmann, dijo a ‘Der Tagesspiegel’ que la bandera arcoiris «no hace del Bundestag un circo«.

León XIV afirmó que los ancianos son «los primeros testigos de esperanza» e instó a la sociedad a «liberar» de «la soledad y el abandono» a las personas mayores y a «trabajar por un cambio que les restituya estima y afecto», en un mensaje publicado este jueves.

«Estamos llamados a vivir con ellos una liberación, sobre todo de la soledad y del abandono. Este es el momento propicio para hacerlo», subrayó el papa en referencia al Año Jubilar de 2025 en su mensaje para la V Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos que se celebrará el próximo 27 de julio.

El pontífice estadounidense y peruano destacó que el número «en aumento» de personas mayores debe ser leído como «un signo de los tiempos» para «leer correctamente la historia», antes de señalar que el Jubileo es una oportunidad para restituir la estima y dignidad a los ancianos.
León XIV insistió en que el amor y la oración son dones que pueden cultivarse a cualquier edad: «Nada puede impedirnos amar, rezar, entregarnos, estar los unos para los otros, en la fe, señales luminosas de esperanza», escribió, citando las palabras del difunto papa Francisco tras su última hospitalización.

Si «es verdad que la fragilidad de los ancianos necesita del vigor de los jóvenes, también es verdad que la inexperiencia de los jóvenes necesita del testimonio de los ancianos para trazar con sabiduría el porvenir», aseguró, al mencionar el «hermoso legado» de los mayores.

«¡Cuán a menudo nuestros abuelos han sido para nosotros ejemplo de fe y devoción, de virtudes cívicas y compromiso social, de memoria y perseverancia en las pruebas! Este hermoso legado, que nos han transmitido con esperanza y amor, siempre será para nosotros motivo de gratitud y de coherencia», dijo.

La sociedad «se están acostumbrando con demasiada frecuencia a dejar que una parte tan importante y rica de su tejido sea marginada y olvidada» y ante eso es «necesario un cambio de ritmo, que atestigue una asunción de responsabilidad por parte de toda la Iglesia».

«Cada parroquia, asociación, grupo eclesial está llamado a ser protagonista de la «revolución» de la gratitud y del cuidado, y esto ha de realizarse visitando frecuentemente a los ancianos, creando para ellos y con ellos redes de apoyo y de oración, entretejiendo relaciones que puedan dar esperanza y dignidad al que se siente olvidado», dijo.

Asimismo, recordó que quienes no puedan peregrinar a Roma durante el Jubileo podrán obtener la indulgencia jubilar visitando a personas mayores solas, «como una peregrinación hacia Cristo presente en ellas».

Y recordó que las Sagradas Escrituras están llenas de ejemplos de personas mayores llamadas por Dios a cumplir misiones fundamentales, como Abraham, Sara, Moisés o Zacarías, destacando que «a los ojos de Dios la ancianidad es un tiempo de bendición y de gracia».

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, consiguió este jueves compromisos de inversión por más de $10,000 millones durante la IV Conferencia para la Recuperación de Ucrania (URC, por sus siglas en inglés), celebrada en Roma con el respaldo de gobiernos, empresas y organizaciones aliadas.

«Esta conferencia es una señal de unidad y de recuperación de nuestras vidas», afirmó Zelenski en rueda de prensa junto a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anfitriona del foro que congregó a cerca de 5,000 participantes, entre ellos un centenar de delegaciones nacionales y más de 2,000 representantes del sector privado.

Entre los asistentes estuvo el general Keith Kellogg, enviado especial para Ucrania del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El objetivo de la cumbre fue reafirmar el apoyo internacional a la resistencia ucraniana y activar recursos para reconstruir ciudades, infraestructuras y la economía una vez termine el conflicto con Rusia.

Desde el escenario, Meloni anunció que se concretaron acuerdos valorados en $10,000 millones y animó a compañías italianas y extranjeras a seguir invirtiendo. Zelenski calificó la cifra como «muy significativa» y subrayó la importancia de invertir en Ucrania como una apuesta compartida para toda Europa.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también presente en Roma —mientras el Parlamento Europeo rechazaba una moción de censura en su contra— anunció un fondo inicial de $220 millones para atraer inversión privada, respaldado por Alemania, Italia, Francia, Polonia y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

«Estamos asumiendo un papel clave en el futuro de Ucrania, usando recursos públicos para movilizar grandes inversiones privadas y ayudar a reconstruir el país», indicó Von der Leyen.

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, reafirmó su respaldo a la resistencia ucraniana y adelantó dos medidas para fortalecer la cooperación: la creación de una oficina especial dentro del Ministerio de Economía y la organización, este año, de un foro empresarial bilateral para canalizar inversiones.

Según explicó, esta oficina facilitará instrumentos financieros, coordinación institucional y visitas de empresarios a Ucrania.

Italia aportará más de 200 acuerdos, detalló Meloni, y reiteró el compromiso de su país con la resistencia ucraniana, incluida la cooperación entre industrias de defensa.

Zelenski aprovechó el foro para pedir más inversión en la producción de drones y tecnología militar, ante la intensificación de los ataques rusos.

«Cuando Rusia incrementa sus ataques, no podemos permitirnos déficit de financiación», advirtió.

El Vaticano, que recibió a Zelenski el día anterior, también participó a través del secretario para las Relaciones con los Estados, monseñor Paul Richard Gallagher, quien subrayó la importancia de la diplomacia y la cooperación internacional para «restaurar la esperanza» en Ucrania.

Desde Roma, la embajada rusa respondió a la cumbre calificando de «cínicos y mentirosos» a los gobiernos y organizaciones participantes y acusándolos de ignorar las causas profundas de la guerra mientras «exhiben su avaricia y ansias de dominio».

Estados Unidos ha confirmado 1,288 casos de sarampión en lo que va de 2025, la cifra más alta de contagios en más de tres décadas, según datos publicados este miércoles por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Los casos se distribuyen en 39 jurisdicciones del país. De los infectados, un 13 % (162 personas) ha necesitado hospitalización y tres personas han fallecido por complicaciones de la enfermedad.

Los CDC detallaron que este año se han reportado 27 brotes, responsables del 88 % de los contagios (1,130 de 1,288 casos). En 2024 se notificaron 16 brotes, que concentraron el 69 % de los contagios (198 de 285 casos), siendo Texas el estado más afectado entonces y ahora.

La cifra de infecciones ya supera la registrada en 2019, cuando se contabilizaron 1,274 casos, entonces el número más alto en 25 años. Solo 1992 reportó un dato mayor con 2,126 casos, lo que refleja la magnitud del actual repunte.

El sarampión fue declarado erradicado en Estados Unidos en 2000, lo que significa que la transmisión local quedó interrumpida y los casos detectados provienen de contagios adquiridos en el extranjero. Para los CDC, lograr la eliminación fue «un logro histórico» de la salud pública, impulsado por la política de vacunación.

Texas concentra el mayor número de casos este año, con más de 750 contagios y la muerte de dos menores.

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., conocido por su postura antivacunas, defendió en mayo que las autoridades sanitarias del país «han manejado igual o mejor que otras naciones» los brotes de sarampión.

El Gobierno de Estados Unidos revocó la visa al presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Rodrigo Arias, y al magistrado de la Sala Constitucional, Paul Rueda, decisión que amplía la lista de autoridades costarricenses a las que Washington ha aplicado esta medida en 2025.

La Sala Constitucional confirmó la cancelación de la visa de Rueda, aunque aclaró que no emitirá declaraciones adicionales. Por su parte, medios locales informaron sobre el caso de Rodrigo Arias, quien ha presidido el Congreso durante los últimos tres años y ha mantenido una postura crítica frente al Gobierno del presidente Rodrigo Chaves.

El retiro de visas a figuras políticas de Costa Rica comenzó tras la visita del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, a San José en febrero pasado. Durante su visita, Rubio advirtió sobre posibles sanciones a quienes colaboraran con actores extranjeros que pudieran representar un riesgo para la ciberseguridad estadounidense.

Rubio aprovechó su estancia en Costa Rica para felicitar al presidente Chaves por su decisión de frenar la participación de compañías chinas en proyectos de infraestructura tecnológica, como el desarrollo de redes 5G.

Desde entonces, EE. UU. también revocó la visa a los diputados Francisco Nicolás (Partido Liberación Nacional) y a Johana Obando y Cynthia Córdoba (Partido Liberal Progresista), así como a Ana Sofía Machuca, auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad. Todos ellos fueron señalados por supuestamente favorecer a la empresa china Huawei en licitaciones de tecnología 5G, críticas que encabezaron el presidente Chaves y algunos de sus ministros.

En abril, la medida alcanzó incluso al expresidente costarricense y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, hermano de Rodrigo Arias. Óscar Arias ha cuestionado en distintas ocasiones a Estados Unidos por su gasto militar y, más recientemente, por la política migratoria y comercial del presidente Donald Trump.

Ni en este caso ni en los anteriores, el Gobierno de EE. UU. ha detallado públicamente las razones específicas para el retiro de visados.

El Servicio Secreto de Estados Unidos suspendió a seis agentes por fallos de conducta relacionados con el atentado a Donald Trump del 13 de julio del año pasado durante un mitin de su candidatura presidencial en la ciudad de Butler, Pensilvania.

La sanción contra los seis agentes se dictó en los últimos meses, y oscilaron entre 10 y 42 días, según informó este miércoles un funcionario a ABC News.

Los puestos de los agentes que fueron suspendidos iban desde el nivel de supervisión hasta agentes de línea, agregó por su parte una fuente familiarizada con la decisión de las autoridades.

El cese de estos funcionarios federales, del que no se han proporcionado más detalles, se produce cuatro días antes de cumplirse un año del intento de asesinato al mandatario estadounidense mientras ofrecía un discurso electoral.

Ese momento supuso un punto de inflexión en la campaña presidencial y la foto de Trump con el puño en alto en señal de victoria se ha convertido en una imagen que glorifica su figura.

El tirador, Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años, disparó con un rifle de asalto y uno de los disparos rozó la oreja derecha del presidente, mientras otro de los proyectiles dio en un miembro del público, que murió.

Crooks fue abatido por las autoridades momentos después.

Un informe interno del Servicio Secreto publicado el pasado septiembre concluyó que los fallos de seguridad que cometió el órgano de élite, encargado de vigilar a los presidentes y figuras políticas de primer nivel, fueron los responsables del atentado.

El Servicio Secreto ha estado en gran medida exento de las críticas de Trump a las fuerzas de seguridad federales y de sus promesas de reformar el Gobierno, pero la respuesta de la agencia al tiroteo en Pensilvania provocó una condena bipartidista.

Un informe provisional del grupo de trabajo de la Cámara de Representantes, publicado en octubre pasado, encontró una falta de planificación entre el Servicio Secreto y las fuerzas de seguridad locales antes del mitin del 13 de julio.

La Corte Suprema de Estados Unidos mantuvo este miércoles, por ahora, el freno a la polémica ley SB 4-C de Florida, una de las legislaciones locales más agresivas del país contra los inmigrantes, porque convierte en un crimen estatal la entrada de indocumentados al estado.

En una orden sin mayor explicación, la Corte negó la petición del fiscal general de Florida, James Uthmeier, de revocar el bloqueo que ordenó un tribunal inferior para la ley, que criminaliza a inmigrantes indocumentados que lleguen de otros estados, por lo que policías estatales pueden aprehenderlos.

Uthmeier pidió al Tribunal Supremo intervenir después de que la jueza Kathleen M. Williams, del Distrito de Sur de Florida, declaró al fiscal de Florida en desacato por desobedecer su orden del 18 de abril que suspendió de forma temporal la aplicación de la SB 4-C, impulsada por el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis.

La máxima corte no se pronunció de fondo sobre el asunto, pero la jueza William argumentó en un principio que la legislación «es probablemente inconstitucional», por lo que concedió una orden judicial preliminar mientras continúa el proceso legal.

La ley permite el arresto y encarcelamiento de personas en Florida por ingresar al país sin inspección, incluso si habían regularizado su estatus migratorio y no habían cometido ningún otro delito, además de obligar a mantenerlas en prisión preventiva sin considerar sus circunstancias particulares.

Tras su aprobación en febrero, la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF) y varias personas afectadas presentaron una demanda contra la ley, que consideran inconstitucional porque la política migratoria es competencia del Gobierno federal.

La normativa se ha convertido en símbolo del combate de los estados gobernados por republicanos contra la migración irregular, pues otras entidades han buscado replicarla, por lo que la decisión que tome la Corte Suprema de fondo impactaría más allá de Florida.

Uno de cada cinco residentes es inmigrante en Florida, donde hay unos 5 millones de nacidos en el extranjero, pero este estado ha sido líder aplicar la política migratoria del presidente Donald Trump, pues DeSantis ha aprobado leyes obligan a las autoridades locales cooperar con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).