Categoría: El Mundo

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su ofensiva para recortar el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que permite residir y trabajar a miles de migrantes, aunque por ahora ha dejado en pie la protección para El Salvador, uno de sus aliados clave en materia de deportaciones.

El Departamento de Seguridad Nacional oficializó este martes la cancelación del TPS para unos 76,000 hondureños, nicaragüenses y nepalíes, sumándose a la eliminación del beneficio para más de 800,000 venezolanos y haitianos anunciada en meses recientes. El argumento de la Casa Blanca es que los países de origen ya no cumplen los requisitos de inseguridad o crisis para justificar el amparo.

El TPS otorga residencia temporal a ciudadanos de naciones afectadas por desastres naturales o conflictos armados, protegiendo actualmente a migrantes de 17 países. Trump ya había intentado eliminar el programa en su primer mandato (2017-2021) para seis naciones, entre ellas El Salvador, Honduras y Haití, pero perdió la batalla legal.

Si los tribunales no hubieran fallado a favor de los beneficiarios —conocidos como tepesianos—, la primera ofensiva habría dejado sin protección a más del 98 % de quienes contaban con el TPS en 2017. En aquel entonces, Trump desató la polémica al calificar a El Salvador y Haití como países de «mierda» y expresar su preferencia por recibir migrantes de Noruega.

Actualmente, el amparo para El Salvador está vigente hasta septiembre de 2026 gracias a la ampliación otorgada durante la administración del expresidente Joe Biden, quien también extendió la protección a venezolanos y reforzó la cobertura para hondureños y nicaragüenses. No obstante, la reciente cancelación del TPS para Haití alimenta la incertidumbre sobre el futuro de los salvadoreños.

Pese a la buena relación entre Trump y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele —cuyo gobierno aloja a unos 230 migrantes, en su mayoría venezolanos, en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)—, defensores de migrantes temen un giro.

«Con esta administración no sabemos qué va a pasar, así que todo el mundo debe prepararse para una eventual terminación del TPS», advirtió Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (Asosal).

Tejada señaló que muchos salvadoreños amparados desde 2001 enfrentan problemas porque no han recibido sus nuevos permisos de trabajo, situación que ya provoca despidos y complicaciones para renovar licencias de conducir.

«Las empresas y las mismas autoridades locales se confunden sobre quién tiene permiso y quién no, al decir que han cancelado un TPS piensan que es a todos», explicó Tejada.

El caso de Rodolfo Villanueva Aguilar, salvadoreño detenido junto a su hijo Dennis por agentes de ICE el pasado 24 de junio en Los Ángeles mientras trabajaban en jardinería, evidencia las dificultades: ambos fueron enviados a un centro de detención en El Paso, Texas, complicando su defensa legal pese a estar amparados.

La Casa Blanca enfrenta ahora una nueva ola de demandas por la cancelación de protecciones.

«Un ataque contra un país designado para TPS es un ataque contra todos los beneficiados», subrayó José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, quien instó a «enfrentar el odio unidos».

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos traslada con frecuencia a inmigrantes detenidos a centros lejos de sus domicilios, a pesar de contar con camas disponibles en instalaciones cercanas, según un informe divulgado el martes por Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, Nueva York.

A mediados de abril, ICE disponía de una capacidad contractual de 62,913 camas a nivel nacional, de las cuales una cuarta parte permanecía vacía. No obstante, datos analizados por TRAC revelan que 45 de los 181 centros de detención autorizados operaron por encima de su capacidad contractual durante la mitad del mes.

El análisis añade que 84 de los 181 centros superaron su límite de ocupación al menos un día en el año fiscal 2025. Incluso el pasado 4 de julio, cuando se reportaron cifras récord de detenciones, ICE seguía teniendo camas disponibles sin utilizar.

El informe detalla casos extremos como el Centro de Procesamiento de Servicios Krome North, en Miami, que llegó a albergar a casi 1,200 personas más de su capacidad contractual, y la cárcel migratoria de Pine Prairie, en Texas, que alojó a más de 400 detenidos por encima del cupo, pese a la existencia de espacio libre en otras instalaciones.

«Estos datos revelan que el ICE a menudo tenía camas disponibles mucho más cerca del domicilio de la persona detenida», señala el documento, que resalta el impacto de estas decisiones en la relación de los inmigrantes con sus familias y abogados.

Defensores de los migrantes y familias afectadas denuncian que este patrón de traslados complica las defensas legales y vulnera derechos. Uno de los casos recientes es el del salvadoreño Rodolfo Villanueva Aguilar, detenido junto a su hijo Dennis el 24 de junio en West Covina, Los Ángeles, mientras realizaban trabajos de jardinería.

Ambos fueron enviados a un centro de detención en El Paso, Texas, en la frontera con México, dificultando su proceso de defensa.

El Gobierno de Haití condenó el martes como «un acto intolerable» el incendio intencional del emblemático Hotel Oloffson, considerado una joya arquitectónica y un símbolo cultural del país, destruido por pandilleros en un ataque que las autoridades calificaron de «violencia indescriptible».

«El Hotel Oloffson, joya arquitectónica y símbolo viviente de la historia haitiana, fue destruido por un incendio en un acto criminal de violencia incalificable», lamentó el Ejecutivo en un comunicado en el que declaró «tolerancia cero» contra las bandas armadas que siguen sembrando el terror en Puerto Príncipe.

La noche del sábado al domingo, miembros de la coalición ‘Vivre Ensemble’, liderada por el ex policía Jimmy Cherisier, alias Barbecue, incendiaron el icónico hotel ubicado en la avenida Christophe, cerca de Carrefour-feuilles, zona dominada desde hace años por grupos criminales.

«La destrucción del Oloffson arranca una parte del alma de Puerto Príncipe, de la memoria nacional y del patrimonio haitiano», denunció el Gobierno, que hizo un llamado a la población a movilizarse: «No es tiempo de indiferencia ni divisiones. Es hora de la unidad nacional para enfrentar a los bandidos que amenazan nuestra supervivencia colectiva».

El Hotel Oloffson fue testigo de la historia cultural haitiana, acogiendo a artistas, escritores y visitantes de todo el mundo. Allí, el novelista Graham Greene escribió parte de su famosa obra Los comediantes. Su pérdida ha provocado una ola de indignación entre la sociedad haitiana.

El Gobierno advirtió que este «crimen contra la nación» no quedará impune y prometió movilizar todos los recursos necesarios para perseguir, desmantelar y erradicar a los grupos responsables.

«Los instigadores del caos no destruirán Haití. Han encendido una llama que despertará la conciencia de un pueblo firme», sentenció la oficina del primer ministro.

Haití vive desde hace años una crisis profunda, con una violencia imparable. Solo en la primera mitad de 2024 se han registrado más de 4,000 homicidios, según la Oficina Integrada de la ONU en Haití (BINUH). Además, el número de desplazados internos por la violencia de las pandillas ya supera los 1.3 millones, triplicando la cifra de 2023.

Tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021 y la dimisión del primer ministro Ariel Henry a inicios de 2024, un Consejo Presidencial de Transición gobierna con la misión de pacificar el país y organizar elecciones, mientras la misión internacional liderada por Kenia no logra frenar el avance de las pandillas.

El Gobierno de Guatemala reportó este martes la muerte de dos hombres que se transportaban en un vehículo tras ser aplastados por una piedra gigante, debido a un derrumbe provocado por dos sismos registrados por la tarde.

El fallecimiento de ambas personas tuvo lugar en una carretera que comunica los departamentos (provincias) de Escuintla y Sacatepéquez, en el suroeste del país centroamericano, de acuerdo a información divulgada mediante medios oficiales, por el reporte del cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Según la misma fuente, una piedra gigante cayó sobre el vehículo en el que se transportaban los dos hombres, de 53 y 20 años.

El país centroamericano fue sacudido este martes por dos fuertes temblores, de magnitud 5,2 y 5,7, que dejó leves daños materiales en algunas propiedades cercanas a los epicentros, según fuentes oficiales.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres detalló que los sismos tuvieron lugar entre las 15:00 y 16.00 horas locales (21:00 y 22:00 GMT), con varias réplicas menores.

De acuerdo al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, los dos temblores registraron una magnitud 5,2 y 5,7 en la escala abierta de Richter.

Los epicentros de los mismos fueron en el sur del territorio guatemalteco, específicamente en el departamento (provincia) de Escuintla, a unos 50 kilómetros de la capital del país centroamericano.

«El cuidado de nuestras familias es la prioridad. Ante el #temblorgt toma precauciones, sigue las instrucciones de las autoridades y los protocolos. Estaremos desplegados atendiendo a la población, con calma y responsabilidad. Reporta cualquier daño al 119 de Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala», escribió el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en sus redes sociales.

Posteriormente, el gobernante ordenó la suspensión de clases para el día miércoles en las escuelas públicas y también el trabajo desde casa para quienes sea posible.

Las autoridades han reportado algunos daños menores en propiedades cercanas a los epicentros de los movimientos telúricos, principalmente en Sacatepéquez y Escuintla.

El pasado 12 de mayo, otro fuerte sismo de 6,7 de magnitud fue sensible en prácticamente todo el territorio, con pequeños daños en algunas propiedades del departamento (provincia) de San Marcos, fronterizo con México, así como algunas carreteras con deslaves menores.

El último terremoto de gran magnitud (7,5) en Guatemala tuvo lugar en febrero de 1976, con alrededor de 23.000 personas fallecidas, de acuerdo a cálculos oficiales.

Los diez detenidos en septiembre de 2024 en el rancho Izaguirre, vinculado con un cartel del narcotráfico en el municipio de Teuchitlán, estado de Jalisco (oeste), fueron condenados este martes a 141 años y tres meses de prisión, además del pago de casi 1,3 millones de pesos (unos 70.000 dólares) por concepto de reparación del daño, según informó un tribunal mexicano.

En un comunicado, la Fiscalía estatal apuntó que las diez personas detenidas fueron condenadas hoy tras un juicio oral en el que se les acusó de tres delitos en agravio del mismo número de víctimas: desaparición cometida por particulares, desaparición cometida por particulares agravada y homicidio calificado.

«El Tribunal decidió hoy fijar una de las condenas más altas por este delito, luego de encontrar culpables a los diez acusados por todas las conductas y sus agravantes», indicó la Fiscalía.

Agregó que los sentenciados fueron detenidos el 18 de septiembre de 2024 en el rancho Izaguirre, luego de que la Guardia Nacional acudiera a verificar un reporte de detonaciones de arma de fuego.

A su llegada, fueron agredidos a disparos, por lo que los agentes repelieron la agresión y lograron ingresar al rancho.

En el interior fueron detenidos los diez condenados, además, se encontró a una persona sin vida, así como ropa y objetos personales, y se liberó a dos más que se encontraban privadas de su libertad.

Los hombres fueron identificados como Lennin ‘N’ -o Kevin ‘N’-, David ‘N’, Gustavo ‘N’, Christopher ‘N’, Juan ‘N’, Óscar ‘N’, Erick ‘N’, Luis ‘N’, Ricardo ‘N’ y Armando ‘N’, quienes fueron acusados por desaparición en sus modalidades simple y agravada y por homicidio.

Previamente la Fiscalía explicó que el proceso oral inició el 1 de julio y se prolongó durante una semana de audiencias, en las que se presentaron más de 40 testimonios y diversas pruebas materiales y este día se llevó a cabo la audiencia para sentenciarlos.

El 8 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció un supuesto «campo de exterminio» del narcotráfico tras hallar 400 pares de zapatos en dicho inmueble de Teuchitlán.

Sin embargo, a finales de ese mes, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero confirmó que el rancho Izaguirre, ubicado a una hora de Guadalajara, era «un campo de adiestramiento» perteneciente al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y recalcó que «no hay evidencias» de que el lugar fuera utilizado como un crematorio clandestino.

El caso del rancho en Teuchitlán elevó la presión para que la presidenta Claudia Sheinbaum atienda la crisis de desapariciones en México, donde hay más de 120.000 personas no localizadas desde que se tiene registro en la década de 1960.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó la suspensión del trabajo presencial y las clases en tres departamentos, debido a la actividad sísmica registrada en horas de la tarde de este martes.

Los lugares en los que aplicarían dichas suspensiones son Sacatepéquez, Escuintla y el departamento de Guatemala, aseguró el mandatario que señaló que «por el momento no se hace necesario hacer ninguna declaratoria de estado de calamidad o emergencia».

«Se suspenden clases presenciales para los establecimientos educativos públicos y privados; así mismo, suspensión de labores presenciales con goce de salario en el sector público en los departamentos de Escuintla, Guatemala y Sacatepéquez», informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

#SismoGT Colapso estructural en casco urbano del municipio de San Vicente de Pacaya, Escuintla. Emergencia asociada a la actividad sísmica. pic.twitter.com/9G3lxm52oY

— CONRED (@ConredGuatemala) July 8, 2025
Las autoridades de Guatemala han registrado 37 réplicas y alertaron que los sismos «podrían continuar en las próximas horas», por lo que fue decretada alerta naranja.

El presidente guatemalteco aseguró a raíz de los sismos dos personas fueron rescatadas luego de quedar soterradas en Palín, Escuintla, y otra en San Cristobal El Alto.

Las autoridades recibieron el reporte de otros tres soterrados, sin embargo, no brindaron mayor información.

A las 3:11 pm se registró el primer sismo con magnitud de 4.7 grados, seguido de otro de 5.6 grados ocurrido a las 3:41 pm.

Las autoridades de Guatemala han registrado 37 réplicas y alertaron que los sismos «podrían continuar en las próximas horas», por lo que fue decretada alerta naranja.

COMUNICADO DE PRENSA. Sistema CONRED activo ante sismos sensibles en los departamentos de Escuintla, Guatemala y Sacatepéquez. pic.twitter.com/lKwM2txvHO

— CONRED (@ConredGuatemala) July 9, 2025

Más de 161 personas están desaparecidas y al menos 109 han fallecido tras las devastadoras inundaciones que tuvieron lugar en Texas (EE.UU.) el fin de semana pasado, informó este martes el gobernador del estado, Greg Abbott.

«Tenemos que encontrar a cada una de las personas (…) esa es la prioridad número uno», dijo el líder republicano durante una rueda de prensa desde Hunt (Texas), uno de los pueblos más afectados por el desastre.

Solo en el condado de Kerr- donde está ubicado Hunt y Kerryville, otro de los poblados con más damnificados- se registraron 94 de los muertos y todos los desaparecidos, de acuerdo con las cifras del gobernador.

Las autoridades en esta región lanzaron un sistema para que las personas registren a sus seres queridos y han ido cotejando esta información con los cuerpos identificados.

«Hemos estado obteniendo información sobre las personas que no estaban registradas en un campamento de verano o en un hotel y que habían venido aquí pero no se sabía de ellas», explicó el republicano. La lista de desaparecidos «muy probablemente» aumentará, agregó.

La tragedia en este estado se ha profundizado por la cantidad de víctimas que son menores de edad, hasta ahora 30 en Kerr, incluyendo 21 muertes confirmadas y 6 desaparecidas de un campamento cristiano para jóvenes y niñas.

Las autoridades locales han sido cuestionadas por residentes y expertos por no haber ordenado la evacuación de las zonas cercanas al río, pese a las intensas lluvias.

Ante las presiones, Abbott anunció en la rueda de prensa que se convocará una sesión especial de la legislatura estatal para examinar «cada aspecto de la tormenta» y asegurarse de que existan los sistemas necesarios para prevenir otras tragedias en el futuro.

En declaraciones previas, el alguacil de Kerr, Larry Leitha Jr., dijo que no es su prioridad hacer una evaluación sobre la respuesta de las autoridades la noche del 4 de julio.

«Ahora mismo, hay tres prioridades: ubicar a las personas que están todavía perdidas, identificarlas y notificar a sus familiares», indicó.

Varios residentes de Kerrville indicaron a EFE que recibieron alertas de inundación y fuertes lluvias en la madrugada del 4 de julio, pero no se les pidió evacuar o moverse hacia otra zona.

Desde la 1:00 del sábado, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) comenzó a emitir alertas sobre la amenaza de inundaciones en los condados de Bandera y Kerr.

En una de las primeras ruedas de prensa tras el desastre, las autoridades reconocieron que los pronósticos de lluvia subestimaron las precipitaciones.

Algunos expertos, sin embargo, han expresado dudas sobre qué tan preparada estaba la región, dada la magnitud de la tragedia.

«Parece que se podrían haber llevado (…) medidas preventivas para reducir el riesgo de muertes si los organizadores de los campamentos afectados y las autoridades locales hubieran atendido las advertencias del gobierno y de fuentes meteorológicas privadas», señaló el principal meteorólogo de la empresa AccuWeather, según reportó el medio local The Texas Tribune.

En total, entre la noche del 3 de julio y la madrugada del 4 se acumularon entre 12,7 y 27,9 centímetros de lluvia en los condados de Kerr, Bandera, Tom Green y Kendall, según el NWS.

Actividad sísmica fue registrada en suelo guatemalteco esta tarde entre las 3:11 y las 3:54 pm, la cual fue percibida en El Salvador.

Un sismo de con magnitud de 4.7 grados a una profundidad de 10 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala, fue el primero en poner en alerta a las autoridades de dicho país.

Aproximadamente media hora después, a las 3:41 de la tarde, se registró un nuevo movimiento telúrico con una magnitud de 5.6 grados con una profundidad de 10 kilómetros «al suroesta de la Ciudad de Guatemala», según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

#SismoGT Ante el sismo de 5.2, personal de instituciones del Sistema CONRED realizaron evacuaciones preventivas. pic.twitter.com/ra47BOoycl

— CONRED (@ConredGuatemala) July 8, 2025

Los sismos comenzaron a percibirse de forma más frecuente en los siguientes minutos, ocurriendo otras más a las 3:49 de la tarde con una magnitud de 4.3; a las 3:53 con magnitud de 4.0 y un quinto sismo con magnitud de 4.9 a las 3:54 de la tarde.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) de Guatemala aseguró en X que «continúa en monitoreo constante» de los sismos debido a su frecuencia, mismos que fueron percibidos en El Salvador.

Empleados de instituciones públicas y privadas tuvieron que evacuar edificios en la Ciudad de Guatemala debido a los sismos, según se puede observar en imágenes difundidas por Conred.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, calificó este martes como un «duro golpe» la decisión de Estados Unidos de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS), que ha protegido de la deportación a 72,000 hondureños, y aseguró que mantendrá un diálogo «abierto y franco» con Washington para evitar una expulsión masiva.

«La cancelación del régimen de protección temporal (TPS) es resultado de una estrategia anunciada por Estados Unidos en el marco de su campaña política, y representa un duro golpe para nuestros migrantes hondureños. A ellos les digo con firmeza: no están solos», expresó la mandataria a través de sus redes sociales.

Ante el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Castro aseguró que su Gobierno tomará medidas concretas para proteger a los compatriotas afectados.
«He instruido a nuestra Cancillería a utilizar todos los recursos que permite la ley y a redoblar el apoyo consular y jurídico para proteger sus derechos», afirmó.

Los beneficiarios del TPS tienen hasta el 6 de septiembre de 2025 para buscar vías de regularización en EE.UU., ya sea mediante lazos familiares, solicitudes de asilo o permisos laborales, o prepararse para un posible retorno a Honduras, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).

El TPS fue otorgado tras el devastador paso del huracán Mitch en 1998, que devastó Centroamérica, pero la Administración de Donald Trump consideró que ya no existen las condiciones que justificaron esa protección humanitaria, por lo que decidió cancelarla para unos 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses.

Castro reafirmó el respaldo de su Gobierno a los migrantes del país centroamericano y aseguró que buscará una «salida humana» ante la cancelación del TPS.

«El Gobierno de Honduras los abraza, donde quiera que se encuentren, y les asegura que mantendremos un diálogo abierto y franco con Estados Unidos, buscando una salida humana, con el fin de evitar una expulsión masiva, y apelando al interés mutuo de preservar una relación estrecha y la vigencia de los diferentes tratados internacionales», enfatizó Castro.

La decisión de Estados Unidos de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege de la deportación a 4.000 nicaragüenses es una «noticia dura» para quienes tienen estaban cobijados por esa medida y los obligará a buscar opciones legales para permanecer en ese país, valoraron este martes expertos nicaragüenses.

La decisión es «una noticia dura para quienes tienen ese estatus», dijo el abogado Harold Rocha, experto en Derecho Internacional y presidente del Fondo Nicaragüense‑Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación.

En declaraciones al diario La Prensa, Rocha explicó que tras conocer esa decisión interpusieron una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de California contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

«Hemos decidido presentar demanda en el tribunal federal para intentar revertir o al menos poner en pausa administrativa la notificación», indicó el letrado.

El Gobierno estadounidense afirma que el país es «un creciente líder en turismo, ecoturismo, agricultura y energía renovable». Mientras que para Honduras destaca el inicio de nuevos proyectos de infraestructura que «transformarán su economía».
No obstante, expertos y defensores de migrantes en ambos países discrepan de este argumento. Elsy Reyes, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, advirtió que el fin del TPS abrirá la puerta a deportaciones masivas y a la separación de familias: «colocará a miles en una situación de irregularidad migratoria».

Francisco Xavier Aguirre Sacasa, excanciller de Nicaragua, afirmó que esta cancelación obligará a los beneficiarios «a acercarse a las autoridades migratorias estadounidenses para regularizar su situación y hacer su cambio permanente de estatus, que es lo que debieron haber hecho desde hace tiempo».

La abogada de inmigración Cindy Blandón recordó que los afectados tendrán 60 días para evaluar otras vías legales como el ajuste de estatus por vínculos familiares, asilo o permisos laborales. El TPS para nicaragüenses finalizará oficialmente el 8 de septiembre de 2025.

En tanto, el coordinador del Observatorio de Migración de la UNAH, César Castillo, afirmó que en Honduras persisten las condiciones que provocaron la migración masiva: pobreza, desempleo, violencia y vulnerabilidad al cambio climático. «Los argumentos de EE.UU. no son válidos», dijo.
Actualmente, se estima que hay cerca de 1 millón de hondureños viviendo en EE.UU., de los cuales 72,000 están protegidos por el TPS. Solo en 2024, el país recibió 7,858 millones de dólares en remesas, y se proyecta que estas lleguen a 10,259.7 millones en 2025.

El canciller hondureño, Javier Bu, lamentó la decisión pero aseguró que no es sorpresiva: «Nos tocó esta decisión, que no es una sorpresa francamente (…) vamos a mantener la buena relación con la Administración Trump y con la de Biden», afirmó.