Más de 150 migrantes, entre ellos ciudadanos de México y países de Centroamérica, fueron detenidos durante un operativo de tres días encabezado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en coordinación con autoridades del estado de Florida, informaron este martes las instancias migratorias.
En la operación participaron la Patrulla Fronteriza y la Patrulla de Carreteras de Florida, como parte de los acuerdos 287(g), que permiten a las agencias locales colaborar con el Gobierno federal en tareas de control migratorio. Según ICE, el despliegue dejó un total de 152 detenidos y permitió la deportación de 23 personas solo en el segundo día.
“152 extranjeros criminales ilegales atrapados en una operación de tres días de ICE en Florida. Deportamos 23 tan solo en el segundo día, trabajando con nuestros socios de los 287(g)”, señaló la agencia en una publicación en redes sociales.
El ICE difundió imágenes de algunos de los detenidos, entre ellos un ciudadano mexicano condenado por fraude, un guatemalteco sospechoso de crueldad contra un menor, un hondureño que cumplió ocho años de prisión por un ataque con arma y otro migrante hondureño acusado de violencia doméstica.
La agencia sostuvo que el objetivo del operativo fue retirar de las comunidades a personas con antecedentes criminales, aunque no detalló en qué ciudades se llevaron a cabo las detenciones.
El operativo se conoció horas después de que trascendiera que el Gobierno de Florida destinó $573 millones de un fondo para emergencias a operativos migratorios en los últimos tres años, según un informe de la administración del gobernador Ron DeSantis remitido al Congreso estatal y filtrado a la prensa.
DeSantis afirmó recientemente que “ningún otro estado ha hecho más que Florida” en materia de control migratorio y ha impulsado que todas las autoridades locales firmen los acuerdos 287(g). Según el gobernador, estas acciones derivaron en el arresto de 20,000 migrantes en los últimos nueve meses, en un contexto en el que promueve nuevas leyes para endurecer aún más las restricciones, incluida la prohibición a indocumentados de enviar remesas.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica detuvo este miércoles a una mujer de 26 años como sospechosa de amenazar en redes sociales a la presidenta electa del país, Laura Fernández.
Según informó el Organismo de Investigación Judicial, el arresto se produjo tras un allanamiento en una vivienda ubicada en Tejar de El Guarco, en la provincia de Cartago, a unos 25 kilómetros al este de San José. A la detenida se le investiga por el delito de amenazas agravadas.
La investigación comenzó el lunes, luego de que el OIJ recibiera información confidencial sobre la publicación de videos en redes sociales que contenían múltiples amenazas dirigidas contra la mandataria electa.
De acuerdo con el Código Penal costarricense, el delito de amenazas agravadas conlleva penas de entre 6 meses y 2 años de prisión.
En el ámbito electoral, con el 96.87 % de las mesas escrutadas, la oficialista Laura Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano, ganó la Presidencia en primera ronda con el 48.3 % de los votos. En segundo lugar se ubicó Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), con el 33.44 %, según el último reporte del Tribunal Supremo de Elecciones.
De los 18 candidatos restantes, ninguno superó el 5 % de los sufragios. El TSE inició el martes el escrutinio manual y tiene un plazo máximo de un mes para oficializar los resultados y declarar a las autoridades electas, incluidas la Presidencia, las dos Vicepresidencias y los 57 escaños de la Asamblea Legislativa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto colocar una estatua de Cristóbal Colón en las inmediaciones de la Casa Blanca, en un nuevo acto dentro de su agenda “antiwoke”, según reportó este miércoles The Washington Post. La escultura se instalará en el lado sur del complejo presidencial, junto a la calle E, frente a la zona conocida como la Elipse.
La estatua será una réplica de la que el expresidente Ronald Reagan inauguró en 1984 en Baltimore y que fue derribada por manifestantes el 4 de julio de 2020. El hecho ocurrió durante una serie de protestas contra monumentos considerados símbolos de esclavitud, racismo o colonialismo, desencadenadas por el asesinato de George Floyd a manos de la policía en Mineápolis.
Colón se ha convertido en los últimos años en un símbolo de fuerte carga ideológica en Estados Unidos. Mientras que el presidente Joe Biden impulsó el reconocimiento oficial del Día de los Pueblos Indígenas en octubre como un acto de reparación histórica, Trump revirtió esa medida en 2025 al declarar nuevamente el 12 de octubre como el Día de Colón, ordenando además izar la bandera nacional y realizar actos conmemorativos.
“La figura de Colón es un héroe estadounidense original”, ha dicho Trump en distintas ocasiones, al tiempo que ha defendido su legado como parte esencial de la historia del país.
La instalación del monumento forma parte de una serie de iniciativas del mandatario para dejar su huella en la capital. Entre ellas se incluye la propuesta para demoler el Ala Este de la Casa Blanca y construir un salón de baile, así como el ambicioso proyecto de un Arco del Triunfo inspirado en el de París, que sería denominado “Arco de Trump”.
La decisión de Panama Ports Company (PPC), filial del grupo hongkonés CK Hutchison, de acudir al arbitraje tras el fallo del Supremo panameño contra la concesión que se le otorgó de dos puertos del Canal de Panamá ha abierto una nueva fase legal en el proceso, con el pulso de fondo entre China y EE.UU por la vía estratégica.
La filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison anunció en las pasadas horas el comienzo de un proceso de arbitraje contra la República de Panamá, mientras China elevó este miércoles el tono de sus advertencias.
Aquí unas claves del caso.
¿Qué ha activado PPC y con qué base?
Panama Ports Company (PPC) informó de que inició el 3 de febrero un arbitraje contra la República de Panamá en la Cámara de Comercio Internacional (ICC) «en virtud del contrato de concesión» y conforme a las reglas de dicho organismo, con sede en París, según un comunicado enviado a EFE.
La empresa, que opera los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) tras recibir una concesión en 1997, sostiene que el Estado panameño ha incumplido el marco contractual y legal y reclama «daños extensos».
¿Qué se ha ejecutado del fallo panameño?
Después de que el Supremo de Panamá declarara «inconstitucional» la concesión el pasado jueves, el presidente panameño, José Raúl Mulino, ha señalado que la continuidad del operador se mantiene hasta que el fallo quede ejecutoriado. PPC, por su parte, dice que la sentencia aún no ha sido publicada ni ha entrado en vigor.
El Gobierno panameño prevé una fase transitoria tras la ejecución del fallo, con la operación provisional de los dos puertos a cargo de APM Terminals Panama, filial del grupo danés Maersk, que desembocará en una nueva concesión que, según Mulino, será abierta y participativa.
¿Puede el arbitraje revertir la decisión del Supremo?
El arbitraje anunciado por PPC tiene naturaleza contractual y no revisa ni anula sentencias de tribunales nacionales, según la información de la Cámara de Comercio Internacional.
Su alcance se limita a determinar si hubo incumplimientos del contrato y, en su caso, a fijar compensaciones económicas.
El profesor de la Universidad Nacional de Singapur Ja Ian Chong señaló a EFE que el arbitraje «puede alargarse durante años» y advirtió que «Panamá, como Estado, no está obligada a participar ni a cumplir, como se ha visto en otros litigios internacionales».
¿Qué opciones tiene CK Hutchison y quién está detrás de la empresa?
A juicio de Chong, será «difícil» que CK Hutchison retenga el control de los puertos «salvo que Panamá pierda el arbitraje y decida acatar el laudo», aunque no descartó que Pekín «busque formas de ejercer presión» sobre el país centroamericano.
CK Hutchison es propiedad de Li Ka-shing, de 97 años, oriundo del sur de China y una de las mayores fortunas de Hong Kong.
Li fue considerado una figura cercana a Pekín gracias a su buena relación con líderes como Deng Xiaoping (1978-1989) y Jiang Zemin (1989-2002), pero en los últimos años, especialmente a raíz del aumento del control chino sobre Hong Kong, la relación con el Gobierno central se habría enfriado.
¿Qué dice China?
El Ministerio de Exteriores chino afirmó hoy que Pekín «salvaguardará firmemente» los derechos e intereses de las empresas del país, sin aludir directamente a la compañía de Hong Kong, región semiautónoma china.
Asimismo, acusó a Estados Unidos de actuar con «mentalidad de Guerra Fría» en el contexto del Canal de Panamá y sugirió querer «monopolizar» su control, sin llegar a especificar por qué acusa a Washington de estar detrás de la decisión panameña.
¿Qué dice Estados Unidos?
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró el pasado viernes el fallo de la Corte Suprema de Panamá y dijo que su país se sentía «alentado por declarar inconstitucionales las concesiones portuarias otorgadas a China».
Rubio visitó Panamá hace un año, en su primer viaje al exterior como secretario de Estado, y se reunió con el presidente panameño, quien prometió una auditoría sobre las concesiones en el Canal.
Al inicio de su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con tomar el control del Canal de Panamá por la influencia de China sobre esa infraestructura clave para el comercio mundial.
¿Y Panamá?
«Lo que está claro es que el Gobierno panameño está dispuesto a aliviar las tensiones con el Gobierno de Trump y a reducir la presencia de China en el Canal, que notablemente ya no forma parte de las reclamaciones de Trump», dijo por su parte a EFE William Jackson, experto de la consultora Capital Economics.
Chong dijo asimismo que la capacidad de China de influir sobre Panamá podría ser hoy «más reducida» que en el pasado, debido a que el país centroamericano ha limitado su exposición reciente al gigante asiático.
Y añadió: «La disputa refleja también el espacio cada vez más limitado para que grandes empresas operen entre Washington y Pekín»
La organización Human Rights Watch (HRW) denunció hoy en su informe anual que las autoridades de China «niegan sistemáticamente» las libertades de expresión y de asociación, y persiguen a críticos del Gobierno y del Partido Comunista chinos (PCCh) mediante la censura y el uso del sistema legal.
Según el documento, el refuerzo del control ideológico ha ido acompañado de políticas de asimilación forzada en Tíbet y Xinjiang, así como de la imposición de un régimen de seguridad nacional «represivo» en Hong Kong.
Censura, control informativo y castigo a la disidencia
HRW afirma que el Gobierno chino aplica uno de los sistemas de vigilancia y censura más estrictos del mundo, utilizando el aparato legal para castigar a críticos.
Entre los casos citados figura la condena en enero de 2025 del cineasta Chen Pinlin a tres años y medio de prisión por «provocar peleas y crear problemas» tras realizar un documental sobre las protestas de 2022.
La organización también menciona la sentencia a tres años impuesta en febrero al editor taiwanés Fu Cha por «incitar al separatismo», así como la supuesta condena en julio del activista Peng Lifa a nueve años de prisión por colgar pancartas prodemocracia en un puente de Pekín.
El informe añade que las autoridades continúan reprimiendo las conmemoraciones públicas por la masacre de Tiananmen de 1989 tanto en China continental como en Hong Kong, mientras que grupos de la diáspora celebraron actos en decenas de ciudades fuera del país.
La organización advierte además de un aumento de la presión contra comunidades chinas en el exterior y de acciones de acoso contra familiares de activistas en China, en lo que califica de «represión transnacional».
Tíbet, Xinjiang y Hong Kong bajo el marco de la seguridad nacional
En el apartado regional, HRW denuncia que en Tíbet persisten políticas que fuerzan la asimilación cultural y lingüística, y recuerda que el presidente chino, Xi Jinping, instó en agosto a que el budismo tibetano «se adapte a la sociedad socialista».
Sobre Xinjiang, la organización reitera que desde 2016 las autoridades han cometido abusos que califica de «crímenes contra la humanidad», una acusación que Pekín rechaza, y subraya que Naciones Unidas ha señalado la falta de avances desde la publicación de su informe de 2022.
En Hong Kong, HRW afirma que el uso recurrente de las leyes de seguridad nacional ha servido para criminalizar expresiones pacíficas, con cientos de detenciones desde 2020, según cifras oficiales citadas en el documento.
El informe sostiene que estas medidas han ido acompañadas de restricciones a medios, editoriales, actividades culturales y académicas, así como de acciones contra activistas en el extranjero y sus familiares.
«El Gobierno chino bajo Xi Jinping ha acumulado un historial de derechos humanos cada vez más desastroso, ampliando y profundizando la represión de libertades fundamentales», afirmó la subdirectora de Asia de HRW, Maya Wang, en la presentación del informe.
Religión, género y colectivos LGBT
HRW señala que el Gobierno chino mantiene un estricto control sobre la libertad religiosa, permitiendo únicamente cinco credos oficiales y reprimiendo a comunidades no registradas, incluidas congregaciones católicas y protestantes que se niegan a integrarse en las iglesias controladas por el Estado.
La organización también denuncia discriminación persistente contra mujeres y niñas, en un contexto de creciente presión oficial para promover modelos familiares tradicionales ante el descenso de la natalidad.
La ONG afirma que las autoridades han incrementado la censura de discursos feministas y sancionado contenidos críticos en redes sociales.
Asimismo, el documento recoge restricciones contra personas LGBT, pese a una mayor aceptación social, incluyendo censura de obras culturales y actuaciones contra escritores y artistas.
China niega de forma reiterada las acusaciones de abusos de derechos humanos y defiende que sus políticas buscan garantizar la estabilidad, el desarrollo y la seguridad nacional.
De discursos breves y con una imagen de académica, Delcy Rodríguez, la mujer que juró como presidenta encargada de Venezuela, ha tomado el timón de un chavismo volcado en garantizar su supervivencia cuando su país se asoma a una etapa de cambios tutelados por EE.UU. y que está poniendo a prueba los cimientos de la revolución.
Después de la operación militar del pasado 3 de enero que terminó con la captura de Maduro, el chavismo apostó por llenar su ausencia y encarar, desde el poder, la nueva dinámica.
Es así como Rodríguez, aunque habla telefónicamente con el presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, se empeña públicamente en reclamar independencia y en criticar a una oposición sin un espacio cierto en el actual tablero político.
«Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela, que sea la política venezolana quien resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos», dijo el pasado 25 de enero al defender la propuesta de «diálogo político» con sectores «coincidentes» y «divergentes» que formuló dos días antes.
Concisa
Si algo ha caracterizado esta fase del chavismo es la concisión y la supervivencia.
Rodríguez, sin abandonar las actividades televisadas o las cadenas de radio y televisión, aparece para hacer anuncios puntuales. Así ha ido dictando líneas en persona o a través de portavoces -como su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez- del rumbo de su Administración.
El 15 de enero, su presentación ante el Parlamento del casi primer año del tercer mandato de Maduro fue de alrededor de una hora. Su hermano la consideró «concisa, clara, valiente» y «sesuda».
Esa alocución evidenció un cambio. En 2012, en la que sería su última presentación ante el Parlamento, el presidente Hugo Chávez -fallecido en 2013- defendió durante nueve horas y media su gestión. Maduro pronunció en 2021 un discurso de unas cuatro horas.
Desde que juró al cargo el 5 de enero, la líder chavista tiene como punto a favor el acercamiento con Trump, quien confirmó el día 14 una primera conversación entre ambos que describió como «excelente» y que le valió a Rodríguez el elogio de «persona fantástica» y con la que, a juicio del republicano, han «trabajado muy bien».
Sin embargo, Delcy Rodríguez supone «un enorme desafío» para el chavismo, según el politólogo Piero Trepiccione.
«El chavismo -explicó a EFE- siempre ha funcionado bajo la figura de un hiperliderazgo, es decir, la concentración del liderazgo en una persona, primero con Hugo Chávez, luego con Nicolás Maduro».
En ese sentido, consideró que habrá que ver «qué tanta capacidad tiene el chavismo de operar bajo otro esquema», ya que, aseguró, ella «en este momento no encarna esa concentración del liderazgo de sus predecesores».
El también politólogo y socio director de LOG Consultancy, Pablo Andrés Quintero, ve al partido gobernante enfrentado a un «proceso de transformación, de reconfiguración, de cambios internos e incluso hasta por supervivencia».
«Esto es un Gobierno que está seriamente impactado por esta situación, ellos no previeron esto y no deja de ser incluso sorpresivo que ante esta situación hayan podido reorganizarse, hayan podido cohesionarse y seguir adelante», afirmó.
Ejecutiva
Los pasos dados por Rodríguez también evidencian su acento económico -en particular en el sector de hidrocarburos, del que ha sido ministra- y en el acercamiento con Washington.
Entre otras decisiones, el pasado 16 de enero anunció la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional para dar lugar a una «nueva instancia» que delegó en Luis Antonio Villegas.
La medida supuso la salida del gabinete del empresario colombiano Alex Saab, colaborador cercano de Maduro, quien fue detenido en Cabo Verde en 2020 por lavado de dinero, extraditado a EE.UU. y retornó al país en 2023 tras un acuerdo con la Casa Blanca.
Otro de sus designados es Calixto Ortega, expresidente del Banco Central, quien es el nuevo vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, cargo que Rodríguez ejercía.
De cara a la nueva etapa con EE.UU., que ya envió a su representante en Caracas, Laura Dogu, con quien la mandataria encargada se reunió este lunes, Rodríguez designó a Félix Plasencia como su delegado.
Excanciller y hasta ahora jefe de la misión diplomática de Venezuela en el Reino Unido, Plasencia buscará restablecer una relación, que, según Dogu, tiene tres fases: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición.
El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua profundizó su autoritarismo con reformas constitucionales que concentran poder y medidas represivas contra la disidencia, señala el informe de Human Rights Watch (HRW) publicado este miércoles.
El mandatario, de 80 años, en el poder desde 2007, y que gobierna junto a Murillo, ahora designada «copresidenta» por esas enmiendas, ha intensificado la persecución contra críticos incluso en el exilio, mientras sigue desmantelando ONG, medios de comunicación y derechos indígenas, advierte ese informe.
«Una reforma constitucional radical concentró aún más el poder en el Ejecutivo, mientras que las autoridades continuaron reprimiendo sistemáticamente la disidencia mediante arrestos y procesamientos arbitrarios, desapariciones forzadas, exilios forzados, revocación de ciudadanía y confiscación de bienes», indica HRW.
En enero del año pasado, la Asamblea Nacional -controlada por el partido gobernante- aprobó una reforma constitucional a través de la cual se designó a Murillo, esposa de Ortega y entonces vicepresidenta, como «copresidenta» y facultó a su presidencia para «coordinar» los poderes judicial y legislativo, según el informe.
HRW recuerda que Ortega ha estado en el poder desde 2007, y que una enmienda constitucional aprobada por el Parlamento en 2014 abolió los límites al mandato presidencial.
Por otro lado, el informe denuncia que Ortega y Murillo continúan atacando todas las formas de disidencia y en 2025 ampliaron la represión para incluir a algunos simpatizantes del gobierno. Hasta octubre se registraban al menos 77 presos políticos.
En agosto, el abogado Carlos Cárdenas y el opositor Mauricio Alonso murieron bajo custodia tras semanas de desaparición forzada, con lo que el número subió a seis desde 2019, alerta HRW.
Más de 450 nicaragüenses privados de su nacionalidad
Asimismo, según el informe, la nueva Constitución permite a las autoridades revocar la nacionalidad nicaragüense a las personas consideradas responsables de «traición», una disposición que proporciona cobertura legal nacional para una práctica que comenzó en 2023.
Al menos 452 nicaragüenses han sido privados arbitrariamente de su nacionalidad y confiscados sus bienes, añade.
Además, más de 200 miembros del clero católico se han visto obligados a exiliarse, deportados o se les ha negado el reingreso desde 2022. Y entre 2018 y mediados de 2025, 293 periodistas huyeron del país, la segunda cifra más alta de la región.
El informe de HRW también recoge un documento de expertos de la ONU, que asegura que los críticos del gobierno en el extranjero se enfrentan a vigilancia y acoso por parte de las autoridades nicaragüenses y, en ocasiones, a ataques violentos.
Recuerda que en junio, Roberto Samcam, mayor retirado del Ejército y abierto crítico de Ortega, fue asesinado en su domicilio en San José, Costa Rica, tras haber recibido amenazas de muerte vinculadas a agentes de seguridad nicaragüenses.
Desde 2018, al menos siete críticos nicaragüenses en el exilio han sido asesinados o agredidos, según organizaciones nicaragüenses de derechos humanos.
El informe también denuncia que los líderes indígenas y afrodescendientes han enfrentado persecución sistemática, que incluye vigilancia, detenciones arbitrarias, procesamientos y prohibiciones de entrada, y que desde 2023, la Policía arrestó a Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, dos líderes del partido indígena Yatama.
«Crímenes de lesa humanidad»
En abril, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU prorrogó el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) por dos años, y en septiembre esos expertos pidieron «mecanismos sólidos de protección para las poblaciones exiliadas e investigaciones exhaustivas sobre la dimensión transnacional de las amenazas que enfrentan».
Ese grupo ha encontrado motivos razonables para creer que las autoridades han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinato, encarcelamiento, tortura, violencia sexual, deportación forzada y persecución por motivos políticos.
Y ha instado a los Estados a presentar una demanda contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones de las Convenciones de la ONU sobre apatridia.
Desde 2018, no se ha permitido la entrada a Nicaragua de ningún organismo internacional de vigilancia de los derechos humanos, mientras que el gobierno continuó aislándose de la supervisión multilateral.
Las delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos iniciaron este miércoles en Abu Dabi la segunda ronda de conversaciones trilaterales orientadas a encontrar una solución al conflicto armado entre Moscú y Kiev, según informó el jefe del Consejo de Seguridad Nacional ucraniano, Rustem Umérov.
Umérov confirmó en su canal de Telegram que el proceso arrancó en un formato de tres partes y explicó que las discusiones se organizarán en grupos temáticos, con una reunión conjunta de seguimiento programada posteriormente. “El proceso negociador ha comenzado en un formato a tres bandas: Ucrania, EE.UU. y Rusia. En adelante se trabajará en grupos separados por temas, después hay planeada una sincronización conjunta de seguimiento”, detalló.
El funcionario subrayó que el objetivo de la delegación ucraniana es alcanzar “una paz digna y duradera”, mandato que les ha sido encomendado directamente por el presidente Volodímir Zelenski. Añadió que se está informando al mandatario sobre los avances en cada fase del diálogo.
La representación ucraniana está compuesta por altos mandos militares, diplomáticos, servicios de inteligencia y asesores presidenciales, entre ellos el jefe de inteligencia Kirilo Budánov y el líder del bloque parlamentario del oficialismo, David Arajamia.
Por parte de Rusia, la delegación está conformada exclusivamente por militares y es liderada por el almirante Ígor Kostiukov, máximo responsable del espionaje militar del Ministerio de Defensa ruso.
Ambas delegaciones mantienen la misma composición que la primera ronda celebrada también en Abu Dabi, los días 23 y 24 de enero. Esta nueva etapa de negociaciones continuará hasta el jueves, según lo previsto por el gobierno ucraniano.
El papa León XIV instó este miércoles a que se tomen todas las medidas posibles para renovar el tratado START III, firmado en 2010 entre Estados Unidos y Rusia, el cual expira mañana. Durante su audiencia general en el Aula Pablo VI del Vaticano, advirtió que la no renovación del acuerdo podría desencadenar una nueva carrera armamentística que amenace aún más la paz mundial.
“Mañana expira el tratado New Start (START III), firmado en 2010 por los presidentes de los Estados Unidos y de la Federación Rusa. Este tratado ha representado un paso significativo para contener la proliferación de las armas nucleares y renovar el aliento a todo esfuerzo constructivo en favor del desarme y la confianza mutua”, declaró el pontífice ante miles de fieles.
En su mensaje, el papa hizo un llamado urgente para que este instrumento de control armamentístico no sea abandonado sin buscar una solución concreta y efectiva que garantice su continuidad. Enfatizó que, frente a la coyuntura actual, es indispensable actuar con decisión para evitar que las naciones entren en una nueva escalada nuclear.
“La situación actual exige hacer todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentística que amenace aún más la paz entre las naciones”, reiteró León XIV.
También advirtió que en tiempos de creciente tensión, “es más urgente que nunca sustituir la lógica del miedo y la desconfianza por una ética compartida, capaz de orientar las decisiones hacia el bien común y de hacer de la paz un patrimonio custodiado por todos”.
Además de su exhortación por la paz y el desarme, el papa pidió oraciones y apoyo para el pueblo ucraniano, que sigue sufriendo las consecuencias de los bombardeos, especialmente aquellos dirigidos contra la infraestructura energética.
“Todos apoyemos con nuestras oraciones a nuestros hermanos y hermanas de Ucrania, duramente golpeados por las consecuencias de los bombardeos que han vuelto a afectar también a las infraestructuras energéticas”, expresó ante unas 7,000 personas presentes en la audiencia.
El pontífice agradeció las acciones de solidaridad impulsadas desde las diócesis católicas de Polonia y otras naciones europeas, que —según dijo— ayudan a la población ucraniana a sobrellevar las difíciles condiciones de este crudo invierno.
El nuevo vicepresidente económico de Venezuela, Calixto Ortega, aseguró este miércoles desde Dubái que su país aspira a dejar de ser reconocido únicamente por sus vastas reservas de petróleo para convertirse en uno de los principales productores mundiales de crudo. Ortega hizo la declaración en una conversación pública durante la Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS, en inglés), que se celebra en la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
Ortega, quien fue presidente del Banco Central de Venezuela entre 2018 y 2025, explicó que transformar los ingresos petroleros puede facilitar la diversificación de la economía venezolana, tomando como referencia el modelo de los Emiratos Árabes Unidos. “Sabemos que la referencia para Venezuela es que es el país con mayores reservas de petróleo, y nosotros queremos dejar de ser conocidos por eso. Queremos ser conocidos como uno de los países con mayores niveles de producción”, afirmó.
Actualmente, Venezuela produce en promedio unos 800,000 barriles de crudo al día (bpd), cifra muy inferior a su máximo histórico de más de 3,000,000 bpd alcanzado en la década de 1990. Pese a ello, el país posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo, con alrededor de 300,000 millones de barriles.
El vicepresidente económico resaltó que Venezuela “avanza pacíficamente y está lista para recibir inversiones y competir en el mercado internacional, como cualquier otro actor”. Señaló que uno de los principales requisitos que plantean las empresas interesadas es el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros actores internacionales en los últimos años.
Ortega hizo referencia a la reciente aprobación por parte del Parlamento venezolano de una reforma a la Ley de Hidrocarburos. Esta modificación cambia las reglas de la industria petrolera —hasta ahora dominada por el Estado— para permitir una mayor participación de inversores privados y extranjeros, con miras a atraer capital y tecnología.
La reforma fue aprobada el mismo día en que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia general que autoriza ciertas transacciones con el petróleo venezolano, marcando un cambio en la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en 2019 impuso sanciones a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) durante su primer mandato.
“Permítannos acceder a nuestros propios activos. Por ejemplo, cuando dirigía el Banco Central, no tenía acceso a las reservas internacionales (…) Y si nos permiten funcionar como un país normal, Venezuela mostrará una mejora y un crecimiento extraordinarios”, concluyó Ortega en su intervención en la capital económica de Emiratos Árabes Unidos.
