Categoría: El Mundo

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, informó este miércoles que derogará el seguro obligatorio para todos los vehículos en favor de terceros, anunciado el pasado lunes, y que ha provocado bloqueos de carreteras en las últimas 48 horas.

En un mensaje divulgado a través de sus canales oficiales, el mandatario dio marcha atrás a la medida anunciada el pasado lunes, que obligaba a todos los vehículos, incluyendo motocicletas, a contratar un seguro en favor de terceros a partir del 1 de mayo.

La normativa divulgada el lunes provocó que durante las últimas 48 horas se registraran bloqueos de algunas carreteras importantes en Ciudad de Guatemala, lo que dio paso a la suspensión de la jornada educativa presencial en muchos casos, además de la cancelación de actividades comerciales.

Arévalo de León indicó en su mensaje que se creó una mesa de diálogo este miércoles y que todas las partes se comprometieron a contribuir en la fabricación de una nueva ley general de transportes en el plazo de un año para que entre en vigencia la nueva normativa.

«Mantengo la convicción de que una nueva ley general de transportes es el camino correcto que debemos transitar todos juntos por el bienestar de nuestro país», subrayó el gobernante.

«Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en el país», recalcó.

Arévalo de León también aseguró que las protestas y bloqueos fueron aprovechadas por «criminales» que utilizaron las protestas «para generar caos y afectar a miles de familias».

La nueva normativa, que será derogada, fue oficializada en una conferencia de prensa el lunes por el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, debido a las consecuencias de los accidentes de tránsito, principalmente por la expansión de las motocicletas en los últimos años.

El seguro obligatorio era en favor de terceros y en caso de no cumplir con la normativa las multas serían desde 50 hasta 300 dólares.

El ministro puntualizó que el tema era una prioridad por parte del presidente guatemalteco y reiteró la necesidad de implementar el seguro en favor de terceros como sucede en otros países.

El pasado 10 de febrero, un accidente de autobús dejó 54 personas fallecidas, en un percance cubierto por las aseguradoras ya que desde hace varios años es obligatoria la contratación de las mismas por parte del transporte público.

El titular de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó este miércoles al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de cobrar $2,000 por cada venezolano que, aseguró, permanece «secuestrado» en el país centroamericano, a donde EE.UU. envió el fin de semana a más de 200 migrantes sin una vista judicial previa y bajo acusaciones de pertenecer supuestamente a la banda transnacional Tren de Aragua.

«Cobra 2,000 dólares por cada venezolano secuestrado, Bukele es un secuestrador, (…) tiene secuestrados a venezolanos y por ellos cobra recompensa y el mundo no dice nada», dijo el ministro en su programa semanal transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El también primer vicepresidente del chavista Partido Socialista Unido (PSUV), para quien se trata de «un negocio con seres humanos», reiteró su rechazo a las acusaciones contra esos migrantes y aseguró que «la gran mayoría (…) no tienen nada que ver con el Tren de Aragua».

«Nosotros conocemos a los personajes y Bukele ustedes lo verán más temprano que tarde en manos de la Justicia norteamericana, estadounidense. Se la van a cobrar», dijo Cabello, quien tachó al presidente salvadoreño de «cachorrito y lacayo», así como de «fascista, desde que se asomó en la política».

El domingo, Bukele informó de la llegada a su país de los «primeros 238» supuestos «miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua», quienes fueron «trasladados de inmediato» al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), por un lapso renovable de un año.

A través de X, señaló que estas «acciones, combinadas con la producción que ya generan más de 40.000 reclusos que participan en diversos talleres y labores bajo el programa Cero Ocio, contribuirán a la autosostenibilidad» del sistema penitenciario salvadoreño.

Este martes, el jefe negociador del chavismo y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, denunció que los más de 200 migrantes fueron enviados para que Bukele los «utilice como mano de obra esclava».

Según el funcionario venezolano, «el argumento que da Nayib Bukele es que le dieron 6 millones de dólares y que, con el trabajo» de venezolanos, «va a financiar su sistema penitenciario represivo».

Venezuela exige tener «acceso inmediato a la información» sobre estos migrantes, que fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por el presidente estadounidense, Donald Trump, señalada por Caracas como «ilegal» y «violatoria» de los DD.HH.

El país suramericano también asegura que no descansará hasta rescatar a los que considera «secuestrados» y posteriormente «entregados a una cárcel de máxima seguridad diseñada para la violación de los derechos humanos».

Centenares de venezolanos participaron este miércoles en una jornada de recolección de firmas en apoyo a sus migrantes, algunos de ellos detenidos en EE.UU., y rechazaron su deportación a El Salvador.

Un reo de 53 años fue ejecutado el miércoles en Arizona mediante inyección letal, en la primera ejecución en ese estado del suroeste de Estados Unidos en más de dos años.

Aaron Gunches, que renunció a los esfuerzos legales para detener su ejecución, fue sentenciado a muerte por el homicidio en 2002 de Ted Price, el exesposo de su novia.

«Finalmente se hizo justicia para Ted Price y su familia», dijo a periodistas la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, tras la ejecución en una prisión estatal en el condado de Florence.

Testigos de los medios de comunicación dijeron que Gunches fue puesto en una camilla en la cámara de ejecuciones en la que sus brazos y piernas fueron inmovilizados con sujetadores.

Al preguntarle si tenía unas últimas palabras, Gunches solo movió su cabeza para decir que no. Era el primer prisionero en ser ejecutado en Arizona desde noviembre de 2022.

Los problemas en anteriores ejecuciones para administrar las drogas de la inyección letal habían conducido a la suspensión de las penas de muerte mientras se realizaba una revisión del procedimiento.

Gunches fue ejecutado un día después de que otro hombre, de 46 años, convicto por violación y asesinato fuera ejecutado por inhalación de nitrógeno en el estado sureño de Luisiana.

Jessie Hoffman, sentenciado a muerte por el asesinato en 1996 de Molly Elliott, una ejecutiva publicitaria de 28 años, fue el primer reo ejecutado en Luisiana en 15 años.

Este año en Estados Unidos se han realizado ocho ejecuciones, tras las 25 del año anterior.

La pena de muerte fue abolida en 23 de los 50 estados estadounidenses, mientras que en otros tres – California, Oregon y Pensilvania, está vigente una moratoria.

El Congreso argentino dio luz verde este miércoles al gobierno de Javier Milei para que negocie un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo monto se desconoce y que se sumaru00e1 a los 44.000 millones de dólares adeudados por Buenos Aires desde 2018.

Con 129 votos a favor, 108 en contra y seis abstenciones en la cu00e1mara de diputados, el decreto emitido por el presidente ultraliberal el 11 de marzo queda firme, en momentos en que miles de manifestantes se congregan en torno al Congreso en protesta por el draconiano ajuste fiscal de Milei y en repudio del pacto con el organismo multilateral.

«¡Viva la libertad carajo!», festejó Milei al compartir el resultado de la votación en la red X.

El texto aprobado prevé que el dinero fresco, cuyo monto no se especifica y que se enmarca en el Programa de Facilidades Extendidas (EFF, en inglés) del FMI, sea reembolsado en diez años con un período de gracia de cuatro años y seis meses.

El monto se utilizará para cancelar Letras del Tesoro en poder del Banco Central (BCRA) y para pagar obligaciones del Programa de Facilidades Extendidas de 2022 del propio FMI, indica el documento.

El país necesita fondos del organismo para fortalecer sus reservas, en un contexto de nerviosismo en los mercados y creciente intervención del Banco Central para sostener a la moneda local.

En los últimos cuatro días hu00e1biles el Banco Central ha vendido $932 millones para sostener el peso. Se trata del 3.4 % de las reservas del BCRA.

«El acuerdo es un instrumento que permitiru00e1 dar sostenibilidad al plan de estabilización, reducir las restricciones cambiarias, disminuir la inflación y reconducirnos por la senda del desarrollo», había dicho durante el debate Mercedes Llano, diputada por la oficialista La Libertad Avanza.

Pero el diputado opositor Daniel Arroyo consideró que «hay que tener mucha fe, ser muy creyente para creer que (los dólares del FMI) no se vayan a fugar».

Entretanto, miles de argentinos se congregaron en torno a un acordonado Congreso en una convocatoria de hinchas de fútbol, sindicatos y organizaciones sociales en apoyo a los jubilados, que son el sector mu00e1s desfavorecido por el ajuste de Milei.

Hace una semana, violentos incidentes en una protesta similar dejaron a un fotorreportero gravemente herido.

Jubilados argentinos, los mu00e1s afectados por el ajuste del presidente Javier Milei, vuelven a marchar este miércoles en Buenos Aires junto a hinchas de fu00fatbol, sindicatos y activistas, tras la violenta protesta de la semana pasada.

La protesta coincide con el debate en la Cu00e1mara de Diputados sobre un decreto de Milei, que busca respaldo del Congreso para un posible nuevo acuerdo de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin mayoru00eda propia, el gobierno depende de aliados para aprobarlo, lo cual requiere el visto bueno de su00f3lo una de las cu00e1maras.

Decenas de camiones de las fuerza de seguridad, carros hidrantes y vallas metu00e1licas estu00e1n apostados desde la mañana en los alrededores del Congreso para impedir que los manifestantes se acerquen cuando empiece la protesta, a las 17H00 locales (20H00 GMT).

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich calificó la marcha como un intento de «desestabilización».

El operativo policial de mu00e1s de 2,000 efectivos cortu00f3 el tru00e1nsito en torno al Parlamento e impidiu00f3 el paso a los transeúntes en la zona.

En las estaciones de trenes las pantallas reprodujeron advertencias de las autoridades: «Protesta no es violencia, la policía va a reprimir todo atentado contra la Repu00fablica».

El gobierno busca impedir que se repita el caos de la protesta del 12 de marzo, la mu00e1s violenta desde que comenzu00f3 el gobierno de Milei. Dejó 45 heridos, incluido un fotógrafo de suma gravedad, y mu00e1s de un centenar de detenidos en choques con la policía cerca del Congreso.

En el debate parlamentario varios diputados opositores reclamaron la renuncia de Bullrich, al responsabilizarla por el disparo de gas lacrimu00f3geno que fracturu00f3 el cru00e1neo del fotorreportero Pablo Grillo mientras cubru00eda los disturbios.

La ministra rechazó abrir una investigaciu00f3n interna al respecto y ofreciu00f3 una recompensa de mu00e1s de 9.000 du00f3lares por informaciu00f3n que «ayude a identificar a los violentos» de la semana pasada.

La justicia advirtiu00f3 que vigilaru00e1 el operativo de seguridad de este miércoles.

Nuevo acuerdo con FMI

Con el objetivo declarado de combatir la inflaciu00f3n y sanear las cuentas pu00fablicas, Milei ha aplicado un ajuste draconiano desde que llegu00f3 al poder en diciembre de 2023.

Si bien consiguiu00f3 bajar la inflaciu00f3n del 211% anual en 2023 al 118% al au00f1o siguiente, y equilibrar las cuentas pu00fablicas, la economu00eda se retrajo 1,8% el au00f1o pasado y el consumo lleva 14 meses de cau00edda.

El pau00eds necesita un nuevo préstamo del FMI para fortalecer sus reservas, en un contexto de nerviosismo en los mercados y creciente intervenciu00f3n del Banco Central.

«Argentina estu00e1 en una crisis cambiaria y en las u00faltimas semanas se ha acelerado», dijo durante el debate el diputado opositor Fabio Quetglas, de la Uniu00f3n Cu00edvica Radical.

Milei cancelu00f3 este miércoles una visita de cuatro du00edas a Israel que tenu00eda previsto iniciar el su00e1bado próximo, dijo a AFP una fuente de presidencia sin explicitar los motivos.

Jubilados empobrecidos

Casi un 60 % de los jubilados cobra el salario mu00ednimo, equivalente a unos $265. El gobierno les congelu00f3 un bono de unos $ 70 el au00f1o pasado y redujo la entrega de medicamentos gratuitos, cuyo precio se duplicu00f3 en un au00f1o.

El miércoles pasado causó estupor el caso de una anciana de 81 au00f1os con bastón que fue rociada con gas pimienta y empujada por un efectivo hasta caer desmayada.

Unos 114 detenidos fueron liberados por falta de pruebas, segu00fan una jueza a la que el gobierno acusu00f3 luego de «prevaricato» y «encubrimiento».

La convocatoria a las hinchadas de fu00fatbol surgió semanas atru00e1s cuando un jubilado con la casaca del club Chacarita fue gaseado por la policu00eda en la habitual marcha frente al Congreso, en una represiu00f3n contra la marcha de jubilados que ha ido en aumento.

La principal central obrera del pau00eds, la Confederaciu00f3n General del Trabajo (CGT), llamu00f3 a un paro general de 24 horas para abril.

Steve Bannon, antiguo asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su primera etapa en el poder, se mostró confiado de que el magnate se presente de nuevo a las elecciones y consiga un tercer mandato, lo que supondría una violación de la Constitución estadounidense, que prevé un máximo de dos.

«Creo firmemente que el presidente Trump se postulará y ganará de nuevo en 2028, así que ya le he respaldado», manifestó Bannon en la cadena NewsNation, según recoge el portal The Hill, donde aseguró que alguien como Trump aparece «con suerte una vez cada siglo». «Soy un gran partidario. Quiero verle de nuevo en 2028», aseguró.

Estas declaraciones de Bannon, considerado como uno de los principales ideólogos del trumpismo, llegan después de que el propio Trump haya alimentado los rumores de un posible tercer mandato, si bien es cierto que tan solo acaba de iniciar su segunda andadura en la Casa Blanca tras su victoria electoral en noviembre.

De hecho, Trump recibió la semana pasada al primer ministro irlandés, Micheal Martin, en la Casa Blanca con motivo del día de San Patricio y aprovechó la coyuntura para trasladar su deseo de poder celebrar reuniones como aquella durante «al menos» los próximos tres años y más tarde bromear sobre estas palabras frente a la prensa.

Consultado sobre cómo se podría conseguir esta hipotética tercera victoria de Trump, Bannon ha asegurado que «están trabajando en ello» y que existen «un par de alternativas» para conseguirlo. «Ya veremos cuál es la definición de límite de mandato», añadió el antiguo asesor presidencial.

Estas aspiraciones de Trump irían en contra de la Vigesimosegunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que estipula que «ninguna persona será elegida para el cargo de presidente más de tres veces».

Sin embargo, el magnate podría buscar alternativas para saltarse esta enmienda, que data de mediados del siglo pasado.

El presidente ucraniano,

Volodímir Zelenski, le transmitió este miércoles en una llamada telefónica al presidente estadounidense, Donald Trump, que está preparado para hacer efectiva una tregua parcial que ponga fin a los ataques de ambos bandos contra las infraestructuras energéticas y civiles del enemigo. “Uno de los primeros pasos para acabar por completo con la guerra puede ser poner fin a los ataques a la energía y a otras infraestructuras civiles ucranianas.

«Apoyo este paso y Ucrania ha confirmado que está preparada para ejecutarlo,” escribió Zelenski en un mensaje sobre su llamada con Trump publicado en la red social X.

El presidente ucraniano explicó que Trump le informó de los detalles de la llamada telefónica que el presidente estadounidense mantuvo este martes con el líder del Kremlin, Vladímir Putin, en la que este último dijo que declararía de inmediato una tregua energética de 30 días, que según Kiev el Ejército ruso ya ha violado,. Zelenski agregó en su mensaje sobre su conversación con Trump que tanto Kiev como Washington han empezado a trabajar para “resolver los problemas técnicos relacionados con la ejecución y la expansión del alto el fuego parcial”, que según de acuerdo con Putin podría extenderse primero a una tregua en el mar Negro y después a un cese de las hostilidades también por tierra.

El presidente ucraniano explicó que Ucrania y EEUU están preparadas para reunirse de nuevo en Arabia Saudí -donde también hay prevista una reunión inminente entre representantes de Washington y Moscú, en los próximos días “para continuar coordinando pasos hacia la paz”.

Zelenski recordó que declarar como primer paso hacia la paz una tregua parcial que pusiera fin a los ataques aéreos y marítimos era la propuesta original de Ucrania, que aceptó la semana pasada la idea de EEUU rechazada por el Kremlin de un alto el fuego que fuera por tierra, mar y aire. En su comunicado sobre la llamada con Zelenski,

Trump calificó la conversación de “muy positiva” y se mostró convencido de que servirá para avanzar en el camino hacia la paz.

Casi una treintena de bloqueos en carreteras se realizan este miércoles en Guatemala en protesta, por segundo día consecutivo, por un seguro obligatorio por daños a terceros que deben pagar los propietarios de vehículos en el país centroamericano.

Las autoridades reportaron que los motociclistas y taxistas, principalmente, tienen bloqueadas las rutas no solo de ingreso a la capital guatemalteca, sino carreteras del interior del país, entre ellas la de la frontera con México y Belice.

Los manifestantes, previa mediación de la Policía Nacional Civil (PNC), solo dejan circular por espacio de 10 minutos a los vehículos particulares, al transporte de carga y motocicletas y luego cortan las vías.

Una de las principales exigencias es que el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo derogue los reglamentos que obligan a los propietarios de los vehículos a pagar un seguro por daños a terceros ante un eventual accidente.

La medida fue anunciada el pasado lunes por el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, aunque la obligatoriedad está contemplada en la Ley de Tránsito desde 1996.

Las cámaras empresariales exigen al Gobierno garantizar la libre locomoción ante las millonarias pérdidas que representan los bloqueos en las carreteras.

Mientras el Gobierno se apresta a mantener una reunión con los inconformes con los nuevos reglamentos, la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal de justicia de Guatemala, otorgó este miércoles un amparo provisional a varios diputados que buscan dejar sin efecto la adquisición del seguro obligatorio.

La Corte ha dado un plazo de 12 horas al poder Ejecutivo para que le envíe un informe sobre el pago del seguro obligatorio, el cual se debe cumplir en un plazo de 45 días, según los acuerdos publicados en el diario oficial.

El panorama en Guatemala es complicado y es una de las primeras crisis que afronta el Gobierno de Arévalo, quien asumió el poder el 14 de enero de 2024 para un periodo de cuatro años.

Cientos de estudiantes se congregaron este miércoles ante la Universidad de Estambul para protestar contra la detención del alcalde socialdemócrata de la ciudad,

Ekrem Imamoglu, esta mañana, y la cancelación de su diploma universitario.

Los estudiantes habían convocado la marcha ya la víspera, después de la decisión del rectorado de anular la licenciatura en Administración empresarial de Imamoglu, obtenida en 1994 por el hoy alcalde, que se está perfilando como principal rival del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en las próximas elecciones.

Aunque las elecciones presidenciales están previstos para 2028, numerosos sectores políticos exigen adelantarlas, y el partido socialdemócrata CHP, el mayor de la oposición, iba a formalizar la candidatura de Imamoglu, de 54 años, en unas primarias convocadas para este domingo.

Según la Universidad, el traslado «horizontal» de Imamoglu desde una universidad privada norchipriota en 1990 fue irregular, pero los estudiantes consideran esta decisión «ilegal» y dicen que ha sido adoptada por presiónes del Gobierno.

Cientos de estudiantes de la institución, acompañados por alumnos de varias otras, como la Universidad de Bogazici, la de Yildiz Teknik y la Politécnica de Estambul, todas públicas, se reunieron ante la sede universitaria, custodiada por un fuerte contingente policial.

Cuando los manifestantes echaron abajo una de las barricadas, entre gritos que exigían la dimisión del Gobierno, la Policía intervino con gas lacrimógeno para dispersar la marcha.

Al mismo tiempo, el CHP pidió a sus simpatizantes reunirse ante las sedes del partido en todo el país, al tiempo que sus figuras más destacadas se dirigían a Estambul, entre ellos el jefe del partido, Özgür Özel, y el alcalde de Ankara, Mansur Yavas, rival interno de Imamoglu, a quien ya ha asegurado su apoyo.

El ministerio del Interior turco ha decretado una prohibición de cuatro días de manifestaciones o protestas en Estambul, pese a lo cual miles de simpatizantes se están congregando delante de la alcaldía de la ciudad, mientras otros acuden a las sedes del partido en Ankara y Esmirna.

En señal también de protesta, los diputados del CHP boicotearon hoy con gritos y aplausos el trabajo en el Parlamento, por lo que el vicepresidente del hemiciclo, el izquierdista Sirri Süreyya Önder, suspendió la sesión y la aplazó hasta el jueves, subrayando que la Cámara no puede funcionar en las actuales condiciones.

La u003Cstrongu003ESociedad Interamericana de Prensa (SIP) tildó este miércoles de intimidación una demanda penal del Gobierno hondureño contra el periodista Dagoberto Rodríguezu003C/strongu003E «en represalia por la publicación de un reportaje sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos».

La querella fue presentada el martes por lau003Cstrongu003E Secretaría de Finanzas de Honduras (Sefin) contra el director de Radio Cadena Voces (RCV) por supuestas injurias y calumnias.u003C/strongu003E

Acusó también al medio de difundir información sin pruebas como parte de una «campaña de desprestigio basada en información falsa, inexacta o inexistente».

Se trata de «un mecanismo de censura que vulnera los principios democráticos y contraviene los estándares internacionales de libertad de expresión», declaró u003Cstrongu003EJosé Roberto Dutriz,u003C/strongu003E presidente de la SIP.

«Acciones judiciales de este tipo tienen un claro efecto intimidatorio y buscan desalentar el ejercicio del periodismo investigativo, fundamental para la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental», aseguró Dutriz.

u003Cstrongu003E»Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la prensa»,u003C/strongu003E dijo u003Cstrongu003ECarlos Jornet,u003C/strongu003E presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

«En lugar de recurrir a acciones judiciales en el ámbito penal, las autoridades deben garantizar un ambiente propicio para el ejercicio del periodismo independiente», agregó.

u003Cstrongu003EEn enero pasado, la SIP se pronunció contra una querella del Sistema Nacional de Emergencia 911 por injurias contra periodistas del diario El Heraldo.u003C/strongu003E

En febrero, condenó una campaña de intimidación contra la prensa en Honduras de parte del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien inició acciones legales contra 12 medios para obligarlos a revelar sus fuentes de información. Posteriormente, el militar anunció que retiraría las denuncias,u003Cstrongu003E pero aún no lo ha concretado.u003C/strongu003E