La escritora nicaragüense exiliada en España Gioconda Belli y un grupo de compatriotas, en su mayoría desnacionalizados, pidieron este miércoles al presidente de Colombia, Gustavo Petro, liderar una denuncia por apatridia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra el Estado de Nicaragua.
En una carta dirigida a Petro, los exiliados consideraron que las banderas de la izquierda democrática sobre el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos «se verían fortalecidas si los gobiernos progresistas de América Latina y El Caribe entablan una acción conjunta en el marco de la CIJ para exigir la rendición de cuentas al Estado de Nicaragua en relación con sus obligaciones en el marco de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de 1961».
«Hasta la fecha somos 452 nicaragüenses los que hemos sido despojados arbitraria e ilegalmente de nuestra nacionalidad», alertaron.
El Gobierno de Nicaragua que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha privado de su nacionalidad a 452 nicaragüenses, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez.
Un 9 de febrero de 2023, las autoridades nicaragüenses desterraron hacia Estados Unidos a 222 expresos políticos, a quienes posteriormente los privaron de su nacionalidad y de sus bienes en Nicaragua, y quienes eran jubilados.
Seis días después fueron desnacionalizados otros 94 nicaragüenses, más el excarcelado obispo de la diócesis de Matagalpa (norte), Rolando Álvarez y el 5 de septiembre de 2024 fueron desterrados a Guatemala 135 nicaragüenses a quienes se les despojó de su nacionalidad, para totalizar 452.
Piden a OEA declare ilegítimo a Gobierno sandinista
En la misiva, los opositores nicaragüenses también pidieron a Petro condenar a Ortega durante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se realizará entre los días 20 y 22 de junio en Panamá, por la muerte bajo custodia estatal del líder indígena miskito y diputado Brooklyn Rivera Brayan, «quien estuvo desaparecido por casi tres años».
«Se le exhibió ya moribundo, por medio de videos, y tres días después se anunció su fallecimiento. Es abominable que la práctica fatídica consistente en la desaparición forzada de ciudadanos, seguida de su reaparición convertidos ya en cadáveres, siga aplicándose impunemente», reprocharon.
Advirtieron que varios nicaragüenses más «se encuentran en el siniestro pasillo, sin acusación, sin juicio, sin condena», y que «alzar la voz en defensa de la integridad física de estas personas puede ser la diferencia entre la vida y la muerte».
Por otro lado, expresaron su confianza «en que los gobiernos progresistas latinoamericanos y del Caribe encabecen una resolución enérgica por parte de la Asamblea General que confirme la condena adoptada por el Consejo Permanente y declare la ilegitimidad del régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo».
Los suscriptores de la carta, que se definen como un grupo de nicaragüenses que han sufrido en carne propia la represión del régimen dictatorial encabezado por Ortega y Murillo, destacaron que participan «en espacios de izquierda democrática o nos identificamos con sus valores», y que todos son desnacionalizados, exiliados, confiscados y algunos exprisioneros.
Asimismo, anunciaron que esas peticiones también la dirigirán a los gobiernos de México, Brasil, Uruguay, República Dominicana, Guatemala y Barbados.
Además de Belli, suscribieron la carta la legendaria excomandante guerrillera Dora María Téllez, el exmiembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional tras la caída de la dictadura de los Somoza, Moisés Hassan, y el exvicecanciller sandinista disidente Víctor Hugo Tinoco.
