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Los dos incendios que devastaron la ciudad de Los Ángeles están completamente controlados según declararon los bomberos el viernes, tras permanecer activos durante más de tres semanas con un saldo de una treintena de muertos y miles de desplazados.

Los incendios de Palisades y Eaton, en Los Ángeles, al sur del estado de California (oeste), fueron los más destructivos de la historia de la segunda ciudad más grande de Estados Unidos. Quemaron una superficie de más de 150 kilómetros cuadrados y más de 10.000 viviendas, causando daños cuyo coste se calcula en cientos de miles de millones de dólares.

La empresa meteorológica privada AccuWeather estimó los daños y las pérdidas económicas entre 250.000 y 275.000 millones de dólares.

Cal Fire, el departamento de bomberos del estado, afirmó el viernes en su página web que los dos fuegos estaban controlados al 100%.

Las órdenes de evacuación se habían levantado previamente porque los incendios no suponían una amenaza grave desde hacía varios días. Los dos incendios estallaron el 7 de enero y su causa exacta aún se está investigando.

Según un estudio realizado por decenas de investigadores y publicado esta semana, el cambio climático provocado por el ser humano favorece el terreno para los incendios al reducir las precipitaciones, secar la vegetación y prolongar el peligroso solapamiento entre las condiciones de sequía propicias para los incendios y los potentes vientos de Santa Ana que soplan en el invierno boreal.

En una declaración el viernes, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, expresó su esperanza de que «la gente regrese a sus hogares y reconstruya de la forma más rápida y segura posible», al tiempo que subrayó que habría «tolerancia cero con la delincuencia» que saqueaba propiedades abandonadas.

El jefe de policía de la ciudad, Jim McDonnell, anunció una presencia policial diez veces mayor que antes de los incendios, para evitar nuevos saqueos.

Los incendios habían provocado el saqueo de propiedades evacuadas por sus residentes, con decenas de personas detenidas como sospechosas de robo.

El Servicio de Prisiones de Israel confirmó este sábado la puesta en libertad de 183 prisioneros palestinos en la culminación del cuarto intercambio con el movimiento palestino Hamás, que horas antes había dejado en libertad a tres rehenes israelíes, desde el comienzo del alto el fuego en Gaza, el pasado 19 de enero.

Horas antes, Hamás puso en libertad a los rehenes Ofer Kalderon, de 54 años, Yarden Bibas, de 35 años, y al israelí-estadounidense Keith Siegel en dos ceremonias de entrega a Cruz Roja en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja, y en el puerto de la ciudad de Gaza.

Las dos primeras liberaciones de rehenes israelíes han comenzado a las 08.00 en la ciudad gazatí de Jan Yunis, donde el brazo armado de Hamás ha dejado en libertad a los rehenes Ofer Kalderon, de 54 años, y Yarden Bibas, de 35. «Según la información proporcionada por la Cruz Roja, dos rehenes le han sido entregados y están dirigiéndose a las fuerzas de las FDI y el Shin Bet en la Franja de Gaza», han explicado las FDI en una publicación en su cuenta en la red social X.

Minutos después, militares israelíes han recibido a los dos rehenes que «serán sometidos a una evaluación médica inicial», como ha sucedido en los procedimientos previos, en una posición israelí en Gaza antes de cruzar la frontera.

A las 09.30, una hora y media después, Hamás ha puesto en libertad al rehén estadounidense-israelí Keith Siegel en el puerto de la ciudad de Gaza.

Siegel, de 65 años de edad, ha sido entregado a un convoy de la Cruz Roja en una ceremonia parecida a las llevadas a cabo por el movimiento islamista en los intercambios previos con Israel, en medio de multitudes supervisadas por elementos del brazo armado de la organización, las Brigadas Ezzeldín al Qassam, ataviados con uniformes negros o de camuflaje, pasamontañas y sus tradicionales bandas verdes en la cabeza.

183 prisioneros palestinos

Entre los 183 prisioneros liberados incluyen a 18 condenados a cadena perpetua, 54 prisioneros con sentencias elevadas, y 111 prisioneros de la Franja de Gaza que fueron arrestados después del estallido de la guerra de Gaza, el 7 de octubre de 2023.

Un autobús con 25 presos palestinos ha llegado a Ramala (Cisjordania) mietras que el grueso de los liberados ha acabado en la ciudad gazatí de Jan Yunis, en el sur del enclace palestino. Los prisioneros fueron trasladados desde la prisión de Ofer, en Cisjordania ocupada, y la prisión de Ketziot, en el sur de Israel, antes de su liberación, según un portavoz del Servicio Penitenciario de Israel.

Sobre las condiciones en las que se está desarrollando la excarcelación, fuentes de seguridad han informado al diario israelí 'Haaretz' que Cruz Roja presentado una queja al Servicio Penitenciario de Israel por maltratos a los liberados en la cárcel de Keziot.

Cruz Roja, concretamente, ha denunciado que la dignidad de los presos está siendo violada porque están siendo trasladados con las manos esposadas sobre sus cabezas, en postura de completo sometimiento, y con un brazalete en la muñeca con la inscripción «El pueblo eterno (Israel) no olvida».

En respuesta, el portavoz del Servicio Penitenciario, Zivan Freidin, ha defendido la actuación de los guardias. «Nuestros guerreros de las cárceles están tratando con los peores enemigos de Israel, terroristas peligrosos que serán tratados bajo la administración penitenciaria hasta el último momento: no haremos concesiones en materia de seguridad de nuestro pueblo», ha asegurado el portavoz.

El de este sábado es el cuarto intercambio entre Hamás e Israel en el marco de un acuerdo que contempla la liberación de 33 rehenes a cambio de más de 1.900 presos palestinos. Otras más de 65 personas siguen secuestradas aún en Gaza, aunque se estima que muchas de ellas han fallecido. Sus cuerpos podrían ser entregados en una segunda fase del acuerdo.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, anunció este viernes que reinstauró la lista restringida de Cuba, con compañías cubanas que tienen prohibidas algunas transacciones financieras, y la amplió añadiendo el principal canal de envío de remesas a la isla.

Esta lista negra prohíbe las transacciones financieras directas con algunas entidades por estimar que beneficiarían desproporcionadamente a los servicios de seguridad o inteligencia cubanos, a expensas de la población o las empresas privadas cubanas.

El Departamento de Estado reinstauró la lista «para negar recursos» a los servicios de seguridad y de inteligencia cubanos «que oprimen y vigilan directamente al pueblo cubano mientras controlan grandes sectores de la economía del país», afirma en un comunicado.

Rubio anunció que todas las compañías anteriores volvían a integrar la lista y añadía otra: Orbit, S.A., que gestiona remesas «para o en nombre del ejército cubano».

Durante su primer mandato el presidente republicano Donald Trump impuso sanciones a otra empresa de gestión de remesas, Fincimex, a la que acusaba de mantener vínculos con el ejército cubano.

Cuba la reemplazó por Orbit.

Según el Miami Herald, una investigación concluyó que Orbit también está controlada por el ejército cubano, a pesar de que asegure lo contrario.

Los cubanoestadounidenses envían millones de dólares al año a la isla, inmersa en una grave crisis que empujó a cientos de miles de personas a emigrar a Estados Unidos en los últimos dos años, tanto de forma irregular como legal, según datos oficiales.

Días antes de dejar el cargo, el expresidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, levantó algunas de las sanciones que pesaban sobre la isla, como rescindir la citada lista y sacar a La Habana de otra: la de los países que patrocinan el terrorismo, como parte de un acuerdo con el Vaticano para fomentar la liberación de presos.

Pero nada más regresar a la Casa Blanca, su sucesor Donald Trump volvió a incluir a Cuba en la de los países que patrocinan el terrorismo.

«El régimen cubano ha apoyado durante mucho tiempo actos de terrorismo internacional», afirma Rubio en el comunicado.

«Llamamos al régimen a poner fin a su apoyo al terrorismo y a dejar de proporcionar alimentos, vivienda y atención médica a asesinos, fabricantes de bombas y secuestradores extranjeros, mientras los cubanos pasan hambre y carecen de acceso a medicamentos básicos», añadió.

Rubio, un cubanoestadounidense, es un férreo opositor al gobierno cubano.

«El Departamento de Estado promueve que el régimen cubano rinda cuentas por oprimir a su pueblo y rechaza la interferencia maligna de Cuba en las Américas y en todo el mundo», afirma el comunicado.

Rubio exige «la liberación de todos los prisioneros políticos detenidos injustamente» y afirma que la embajada en La Habana «se está reuniendo con las familias de los detenidos injustamente, así como con disidentes, para que sepan que Estados Unidos los apoya de todo corazón».

El presidente estadounidense, Donald Trump, quiere transformar la base naval de Guantánamo, situada en Cuba, en un gigantesco centro de detención para migrantes ilegales.

Este sitio ha sido destino de migrantes interceptados en el mar y desde 2002 alberga presos sospechosos de terrorismo aprehendidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

¿Pero, qué implicaciones legales tiene este plan?

¿Que papel tiene el ejército?

El mandatario estadounidense ordenó esta semana habilitar las instalaciones de la base de Guantánamo para albergar a 30,000 migrantes. Algunos «son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan, porque no queremos que regresen», dijo Trump.

Según un informe de la Fundación Heritage sobre Seguridad Fronteriza, publicado el lunes, «las instalaciones militares estadounidenses pueden desempeñar un papel central en la gestión del flujo de migrantes retornados».

El servicio de Imigración y Control de Aduanas cuenta con presupuesto para «41.500 camas, una cifra que tendrá que aumentar significativamente» para cumplir con el plan de Trump y realizar «la mayor operación de deportación masiva de la historia».

Estados Unidos dispone actualmente de 16 bases militares en su territorio para albergar a migrantes.

¿Quiénes han pasado por Guantánamo?

Instalada en 1903 en un área de 117 km2 en el extremo este de Cuba, la base de Guantánamo hospedó en la década de los 1990 a decenas de miles de cubanos y haitianos interceptados en el mar. Muchos haitianos fueron devueltos tras años de retención.

El gobierno de George W. Bush abrió también en ese sitio un centro de detención para confinar prisioneros denominados como «combatientes enemigos», a quienes se les negaron los derechos que presos en suelo estadounidense. Actualmente quedan 15 de los casi 800 prisiones acusados de terrorismo que pasaron por ahí tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Los balseros siguieron llegando en menor medida a una prisión separada en la misma base. El diario The New York Times informó en septiembre que entre 2020 y 2023 estuvieron en esas instalaciones unos 37 migrantes.

Esta sería la primera vez que un centro de detención fuera de territorio estadounidense reciba «la deportación masiva de personas (que están) viviendo en Estados Unidos», dice a AFP Hannah Flamm, directora interina de políticas de la ONG Proyecto Internacional de Ayuda para Refugiados (IRAP).

¿Qué condiciones hay en esa prisión migratoria?

Aunque miles de balseros interceptados en el agua son devueltos cada año a sus países de origen, hay pocos que logran pedir asilo, demostrando en alta mar, mediante una entrevista «de miedo creíble», que corren riesgo de regresar a su tierra.

Hannah Flamm narró el caso de una familia que así cayó en Guantánamo y fue asesorada legalmente por esta ONG.

La familia, cuya identidad se reservó, estaba integrada por un matrimonio de periodistas perseguido, sus hijos gemelos menores, un hijo mayor de edad y su esposa, que huyeron de Cuba por mar en diciembre de 2021.

Tras un año de reclusión obtuvieron la libertad a condición de aceptar «un tipo de reasentamiento en un tercer país».

Flamm dijo que uno de estos migrantes dijo que «huyó de Cuba por persecución y que lo que estaba sufriendo bajo la custodia del gobierno estadounidense nunca se imaginó vivirlo» porque era parecido a lo que experimentó antes de escapar.

De acuerdo con un informe de IRAP publicado en septiembre de 2024, en Guantánamo los migrantes carecen de mínimas condiciones de salubridad e higiene, viven entre «el moho, aguas residuales y falta de agua potable», además de que rondan las ratas.

Los migrantes también están impedidos de privacidad para hablar con sus asesores legales.

¿Qué opinan las organizaciones de derechos humanos?

Luis Cortés Romero, especialista en litigios sobre derechos humanos de migrantes y refugiados dice que «se presentarán recursos de hábeas corpus para impugnar la legalidad de la detención por falta de acceso al debido proceso y detención prolongada sin audiencia».

En caso de que esta política se dirija a los inmigrantes latinoamericanos, «los recursos legales podrían argumentar que constituye discriminación, violando» la Constitución estadounidense.

Para Bill Frelick, director de la División de Derechos de los Refugiados y Migrantes de Human Rights Watch, Guantánamo es «una instalación militar estadounidense aislada y altamente controlada en el extranjero» que las autoridades estadounidenses han «utilizado para eludir las protecciones legales y el escrutinio público».

«Cuando la detención se vuelve prolongada e indefinida, y no está sujeta a una supervisión adecuada, viola los derechos humanos y puede equivaler a tortura», afirmó Frelick para HRW.

Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, las fuerzas de seguridad estadounidenses han detenido a cerca de una docena de supuestos miembros de la peligrosa pandilla criminal venezolana Tren de Aragua, acusados de posesión y venta de armas de fuego, según fuentes judiciales.

Al asumir su segunda presidencia, Trump declaró terroristas a grupos criminales y cárteles, como el Tren de Aragua (TDA) y la mara salvadoreña MS-13.

Las autoridades neoyorquinas anunciaron esta semana la inculpación de 10 personas -supuestos miembros del TDA- por venta y posesión de armas de fuego, conspiración y otros crímenes al término de una investigación de larga data denominada Operación Descarrilamiento del Tren, que resultó en la confiscación de 34 armas, entre estas dos rifles de asalto y 48 gramos de un cóctel de drogas conocido como tusi o «cocaína rosa».

La operación se llevó a cabo en Nueva York, Texas, Miami y Colorado y con planes de extenderse a Colombia, supuesto destino final de las armas.

Según la fiscal de Queens, Melinda Katz, los detenidos «desempañaban cada uno diferentes papeles en favor de la agenda del Tren de Aragua».

El alcance de sus actividades se extienden por los estados de Connecticut, Pensilvania, Texas, Florida y Colorado, aseguró.

Otro supuesto miembro de la banda, Anderson Zambrano Pacheco, uno de los participantes en el asalto a un edificio en la ciudad de Aurora, en el estado de Colorado, el pasado agosto, que llevó a Trump durante su campaña electoral a colocar a este grupo criminal en lo alto de la lista de sus prioridades contra la inmigración ilegal, fue también inculpado en un tribunal de Nueva York por posesión de armas.

«Miembros del TDA han participado en numerosos tiroteos y asesinatos (…). Mucha de la violencia se debe a las hostilidades entre miembros y exmiembros» de la banda, dice uno de los investigadores Michael Bonner.

Pero el exagente de la DEA, Mike Vigil, asegura a la AFP que el TDA «no es fuerte» en Estados Unidos y culpa a Trump de presentar a esta banda criminal, nacida en una cárcel en Venezuela y extendida por países como Colombia, Brasil, Chile o Perú, como «si fueran una invasión pero no es cierto».

«No hay evidencia de que muchos de los detenidos sean TDA» aseguró.

La mayoría de los acusados se enfrentan a penas de hasta 25 años de cárcel si son declarados culpable.

Solicitado por la AFP, el departamento de Seguridad Interior no confirmó el número total de detenidos del TDA en Estados Unidos.

Trump pedirá al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que repatríe «a todos los criminales y pandilleros venezolanos que han sido exportados a Estados Unidos», anunció este viernes el enviado especial para América Latina, Mauricio Claver-Carone.

El Tren de Aragua está acusado de extorsiones, homicidios, tráfico de drogas y de migrantes.

En julio pasado, el Departamento de Estado admitió que la actividad de esta organización se había extendido a Estados Unidos y ofreció recompensas por tres de sus miembros que podrían estar en Colombia y Venezuela.

Un avión médico con seis mexicanos a bordo se estrelló y provocó un incendio en una zona urbana de Filadelfia, informaron autoridades estadounidenses y mexicanas el viernes, dos días después de que 67 personas murieran en un accidente aéreo en Washington.

Las imágenes de video parecen mostrar cómo el avión bimotor desciende en un ángulo pronunciado hacia una zona residencial, desatando una enorme bola de fuego tras el impacto y esparciendo restos sobre viviendas y vehículos.

El avión, un Learjet 55, se estrelló hacia las 6:30 de la tarde con seis personas a bordo, informó en un comunicado la Administración de Aviación Federal (FAA).

Los ocupantes eran una niña que había recibido atención médica en Estados Unidos, su madre y los miembros del personal de vuelo y médico, que murieron todos en el suceso, dijo a la AFP el hospital infantil donde fue tratada la menor.

«La paciente había recibido atención médica del Shriners Children’s de Filadelfia y estaba siendo transportada de vuelta a su país de origen, México, en una ambulancia aérea contratada cuando se produjo el accidente», declaró Mel Bower, portavoz de este centro.

Momentos más tarde, la cancillería de México informó por la red social X que «seis personas de nacionalidad mexicana viajaban en la aeronave». El personal consular mexicano está «en contacto» con familiares de las víctimas, agregó.

Según la FAA, el Learjet 55 -un avión de negocios estadounidense-francés- había despegado poco antes del aeropuerto de Northeast Philadelphia con destino a Branson (Misuri).

El operador del avión, Jet Rescue Air Ambulance, confirmó en un comunicado a los medios estadounidenses que había dos pasajeros y cuatro tripulantes.

«En este momento, no podemos confirmar que haya supervivientes» en el incidente registrado en esta ciudad del este de Estados Unidos, añadió.

Decenas de trabajadores de emergencia se encontraban en el lugar de los hechos en el exterior del Roosevelt Mall, un centro comercial del noreste de Filadelfia con tiendas y establecimientos de alimentación.

Varios testigos contaron a los equipos de televisión locales que vieron partes de cuerpos entre los escombros o cerca de ellos.

Mike Driscoll, miembro del Consejo Municipal de Filadelfia, dijo que temía que los residentes u otras personas que se encontraban en el lugar pudieran haber muerto. «No pinta bien. Es una situación triste», declaró a la CNN.

«Se perdieron más almas inocentes» en este «triste» accidente, lamentó por su parte el presidente estadounidense Donald Trump en su plataforma Truth Social, al conocerse el accidente.

Tragedia en Washington

La policía de Filadelfia dijo a la cadena CBS News que varias personas resultaron heridas en tierra.

«Varias casas y vehículos resultaron afectados» en el accidente al noreste de Filadelfia, dijo la alcaldesa de la ciudad, Cherelle Parker, en una conferencia de prensa.

La FAA dijo que estaba iniciando una investigación con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte tras lo ocurrido.

El trabajo se acumula para estas dos agencias, que también investigan la colisión el miércoles en Washington entre un avión de pasajeros operado por una filial de American Airlines y un helicóptero Black Hawk, la catástrofe aérea más mortífera del país en casi un cuarto de siglo.

Investigadores recuperaron el viernes la caja negra del helicóptero del ejército, mientras que las dos cajas negras del avión de pasajeros se encontraron el jueves por la noche.

Este viernes aún seguían desaparecidos 26 cuerpos en el gélido río Potomac, adonde cayeron las aeronaves en un accidente que causó 67 muertes.

La colisión fue el primer gran accidente en Estados Unidos desde 2009, y el más mortífero desde el de un avión de American Airlines en Belle Harbor, Nueva York, en 2001, en el que murieron los 260 pasajeros.

El gobierno de Colombia se ofreció a asumir el costo del transporte en avión y barco de sus ciudadanos que van a ser deportados desde Estados Unidos, para garantizar que se haga en «condiciones dignas», informó este viernes la Cancillería.

«A Mauricio Claver-Carone, enviado especial por el presidente (Donald) Trump para América Latina, le hemos propuesto asumir de manera inmediata el traslado de todos los ciudadanos deportados por los Estados Unidos», según una nota de prensa.

«Para tales efectos se evalúan en este momento todas las opciones de traslado aéreo y marítimo», agrega.

Las condiciones del traslado de los colombianos motivó un choque diplomático el fin de semana.

El presidente Gustavo Petro se quejó por supuestos malos tratos hacia sus connacionales y bloqueó la entrada al país de dos aviones militares estadounidenses que el domingo iban a aterrizar con decenas de colombianos a bordo.

Trump respondió imponiendo aranceles y amenazó con retirar las visas a los funcionarios del primer gobierno izquierdista de Colombia.

El incidente diplomático se apaciguó horas después, cuando la Casa Blanca aseguró que Colombia había aceptado sus condiciones y echó para atrás las medidas.

Según Petro, gracias a su decisión cientos de colombianos, entre ellos varios niños, volvieron a su país en condiciones «dignas».

Entre el martes y miércoles aviones de la Fuerza Aérea colombiana y uno comercial recogieron a los primeros grupos de migrantes y los llevaron de regreso a Bogotá.

En principio Estados Unidos iba a financiar los vuelos, pero Colombia se ofreció a pagarlos.

Una fuente de la presidencia de Colombia dijo a la AFP que el país espera la llegada de 27,000 personas cuyas órdenes de deportación fueron firmadas por el gobierno de Trump y de su antecesor, Joe Biden, «desde hace 6 meses».

De llegar a territorio colombiano en 2025, sería la cifra más grande de deportados desde Estados Unidos en un solo año, según los registros disponibles en la página web de Migración Colombia.

En su primera entrevista después de la crisis, Petro arremetió contra Trump y lo acusó de defender una «tesis fascista» al «criminalizar» a los migrantes indocumentados.

«La misma conciencia de Trump debería llevar a que no se repitan los pasos (del fascismo) porque si repetimos la historia repetimos la conclusión de lo que fue ese episodio. Criminalizar un grupo poblacional es una tesis fascista», dijo a la cadena Univisión.

«Esta actitud de criminalizar grupos poblacionales para lograr el aplauso de una mayoría poblacional es exactamente la misma que utilizó Hitler respecto a los judíos», añadió.

Petro aseguró que está dispuesto a conversar de «tú a tú» con el republicano en temas como el narcotráfico y la lucha antidrogas.

«Si quiere cambiar esa política, pues hablémoslo. Yo estoy dispuesto. Hay tesis, hay planteamientos diferentes a lo que se está haciendo hasta el momento. Hablemos de tú a tú», dijo el presidente del país que más produce de cocaína del mundo.

La embajada de Estados Unidos en Bogotá restableció este viernes sus servicios consulares tras una suspensión de cuatro días derivada del choque entre Trump y Petro.

«Hoy, el Departamento de Estado de los Estados Unidos reanudó el procesamiento de visas de inmigrante y no inmigrante en la Embajada de los EE.UU. en Bogotá. Nuestro compromiso de trabajar junto a Colombia para avanzar en nuestros intereses mutuos sigue firme», indicó en la red X.

Estados Unidos es el principal socio comercial del país y sus fuerzas militares han brindado una millonaria cooperación desde hace décadas para luchar contra el tráfico de drogas y el terrorismo.

Pero la semana pasada se conoció que el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, ordenó congelar prácticamente toda la ayuda exterior, con excepción de la destinada a Israel y Egipto.

Una fuente de la policía colombiana dijo a la AFP que 18 helicópteros estadounidenses -algunos de ellos Black Hawk- con los que la institución contaba dejarán de ser operados ante la orden ejecutiva de Trump.

El gobierno de Guatemala reconoció este viernes su responsabilidad en el asalto e incendio, por parte de las fuerzas de seguridad, de la embajada de España en 1980, que dejó 37 muertos, durante la guerra civil del país (1960-1996).

«En memoria de las víctimas y su dignidad, el gobierno de Guatemala reconoce la responsabilidad estatal de este crimen de lesa humanidad», dice en letras doradas en una placa de mármol verde, develada por la Comisión Presidencial por la Paz donde funcionó la sede diplomática en la capital.

El 31 de enero de 1980, militares y policías asaltaron la misión diplomática, ocupada horas antes por dirigentes mayas y estudiantes que denunciaban abusos en el marco del combate a la guerrilla izquierdista. Durante la incursión se desató un voraz incendio.

En el lugar donde estuvo la embajada, un grupo de indígenas mayas realizó una ceremonia ancestral para honrar la memoria de las víctimas.

Además, organizaciones campesinas y humanitarias lamentaron en un comunicado que las causas que originaron el conflicto armado como el racismo, la explotación, la desigualdad y despojo de tierra «no se han superado».

Entre los 37 muertos estaban el cónsul español Jaime Ruiz del Árbol, el exvicepresidente guatemalteco Eduardo Cáceres, el excanciller Adolfo Molina y Vicente Menchú, padre de la Nobel de Paz Rigoberta Menchú y quien era dirigente de la etnia maya.

Por este hecho, en 2015 un tribunal condenó a 90 años de prisión a Pedro García Arredondo, jefe de un comando especial de la extinta Policía Nacional, que se encargaba de tareas represivas y de hacer desaparecer a opositores.

Los 36 años de guerra civil guatemalteca dejaron unos 200,000 muertos y desaparecidos, según cifras oficiales.

Seis de los ocho estadounidenses detenidos en Venezuela fueron liberados este viernes, luego de una reunión entre el enviado especial del gobierno de Donald Trump y el presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas, anunció el propio funcionario de Estados Unidos.

«Nos ponemos en marcha y nos dirigimos a casa con estos seis ciudadanos estadounidenses. Acababan de hablar con @realDonaldTrump y no podían dejar de agradecerle», dijo en X Richard Grenell, sin identificar a los liberados.

«Me acaban de informar que traeremos a seis rehenes de Venezuela a casa. Gracias a Ric Grenell y a todo mi personal. ¡Buen trabajo!», celebró Trump en esa red social.

We are wheels up and headed home with these 6 American citizens.

They just spoke to @realDonaldTrump and they couldn’t stop thanking him. pic.twitter.com/sCvCO4HQQv

— Richard Grenell (@RichardGrenell) February 1, 2025

Una avioneta se estrelló en la noche de este viernes en el noreste de Filadelfia, en Estados Unidos, reportaron usuarios en las redes sociales.

De acuerdo a versiones preliminares, la avioneta era una ambulancia aérea Learjet 55 procedente de México, que se estrelló en luego de despegar del aeropuerto de Filadelfia. El accidente ocurrió en una zona residencial cerca del centro comercial Roosevelt.

La policía local aseguró que al menos dos personas iban a bordo de la avioneta y que tras el incidente hay varios heridos así como casas en llamas

Según la Policía, citada por la cadena estadounidense CBS News, en el avión viajaban dos personas, si bien se desconoce si lograron eyectarse. También hay varios heridos en el área afectada tras la colisión de la avioneta.

Varias casas están en llamas en el área de Cottman Avenue y Roosevelt Boulevard luego del accidente, dijeron los Bomberos.

Las mismas fuentes policiales señalaron que partes del avión cayeron sobre los vehículos cercanos y que algunos negocios también fueron alcanzados por el fuego.

Además, varios videos compartidos en medios estadounidenses muestran las intensas llamas y una densa columna de humo que se eleva tras el impacto del avión.