Categoría: El Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que la deportación masiva de migrantes indocumentados que impulsa su Administración solo está dirigida a criminales y que «no quiere causar daños» a los granjeros que contratan a jornaleros extranjeros.

«Tenemos que sacar a los criminales de nuestro país. Estamos pensando en hacer algo para que, en el caso de los agricultores con buena reputación, puedan responsabilizarse de las personas que contratan y dejarles asumir la responsabilidad», dijo a el mandatario a periodistas en Nueva Jersey, a donde viajó para pasar el fin de semana.

Cuestionado acerca de los efectos que podrían tener las redadas en el sector agrícola, entre los de mayor contratación de migrantes junto al de la construcción, el ocio y la hostelería, Trump insistió en que no quiere «dejar que las granjas quiebren».

«Al mismo tiempo, no queremos perjudicar a quienes no son criminales. (…) Ha habido gente que ha trabajado en granjas durante 20 años. Es muy difícil ir allí y decir: ‘Ya sabes, te vas’, pero vamos a dejar que los agricultores asuman la responsabilidad», advirtió el presidente estadounidense.

Desde su regreso al poder, en enero pasado, el republicano ha endurecido su política migratoria y miembros de su Gobierno han adelantado redadas masivas, detenciones en retenes de inmigración y deportaciones de indocumentados.

Sin embargo, la semana pasada Trump reconoció que su «muy agresiva» política migratoria está afectando a los sectores de la agricultura, la hostelería y el ocio, y anunció que habría «cambios», sin ofrecer más detalles.

Los empleados en estos sectores son en su mayoría migrantes en situación irregular, que en muchas ocasiones han optado por esconderse, dejar de ir a trabajar y hacer su vida normal por miedo a ser detenidos y deportados en las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Tras evidenciar los efectos en mención, la Administración federal pausó brevemente las redadas migratorias en granjas agrícolas, hoteles y restaurantes, que luego reanudó apenas cuatro días después, en aparente contradicción con las declaraciones de Trump.

El Gobierno de Panamá declaró este viernes el «estado de urgencia» en la provincia caribeña de Bocas del Toro después de una «escalada» de violencia en la víspera durante las manifestaciones que azotan hace casi dos meses a esa zona bananera contra una reforma a la Seguridad Social.

«Se tomó la decisión de declarar 'estado de urgencia' en toda la provincia de Boca del Toro de la República de Panamá», dijo el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en rueda de prensa después de que el presidente José Raúl Mulino convocase de urgencia un gabinete de ministros.

El «estado de urgencia» suspende las garantías constitucionales por cinco días en esa provincia de Bocas del Toro, limítrofe con Costa Rica, donde el Gobierno ya había declarado un «estado de emergencia» en mayo, pero solo se aplicaba para el uso de fondos públicos, ante las protestas que allí se registran desde hace casi dos meses.

«Esta medida la tomamos para evitar que grupos radicales y delictivos se reúnan para organizar actos de violencia, vandalismo, que pongan en peligro la propiedad y a las personas que alteran la paz y el orden», agregó el ministro de la Presidencia.

Saqueos y vandalismo en protestas en Bocas del Toro

Anoche, en la pequeña ciudad de Changuinola, una de las principales de esa provincia, algunos manifestantes «saquearon» las instalaciones de Chiquita Panamá, la bananera que tuvo que cerrar operaciones y despedir a todos sus trabajadores en mayo después de que los jornaleros fueran a un paro, según el Gobierno y la Policía.

También, «incendiaron parcialmente» un estadio de béisbol y «se tomaron instalaciones del aeropuerto de Changuinola, sustrajeron vehículos de empresas de alquiler y pertenencias de las oficinas de la terminal». Además de que hubo robos en otros comercios, señala la información oficial.

Ante ello, algunas instituciones públicas decidieron este viernes suspender momentáneamente la atención al público y las operaciones en la ciudad de Changuinola. Igualmente, el Gobierno, empresarios y miembros de la sociedad civil han rechazado esos actos «vandálicos» en Bocas del Toro.

Las autoridades de Panamá admitieron la noche de la víspera que las protestas en Bocas del Toro habían escalado «peligrosamente» tras registrar esos violentos incidentes, que agravan la situación en esa provincia que desde abril registra fuertes bloqueos viales y enfrentamiento entre policía y manifestantes.

El presidente de Panamá envió esta semana un fuerte contingente policial, con unas 1.500 unidades, para despejar las carreteras bloqueadas en Bocas del Toro, que ha dejado al menos 55 detenidos y 12 policías heridos.

La reforma a la Seguridad Social, motivo de las protestas

Las protestas en contra de la ley vigente que reforma a la Seguridad Social comenzaron en abril en todo el país, empujadas por algunos sindicatos de profesores y trabajadores de la construcción que decidieron ir a paro. Sin embargo, el Gobierno de Panamá señala que las manifestaciones son por ideología política.

Las semanas siguientes fueron escalando de manera irregular y en mayo los trabajadores bananeros de Bocas del Toro se unieron al paro al consideran que la ley en mención afectaba sus beneficios laborales al modificar la anterior de 2017 que reglamentaba el sector.

Bocas del Toro se convirtió en la provincia más crítica respecto a esas protestas: los fuertes bloqueos de las carreteras han hecho que se agoten los insumos básicos en esa provincia, mayormente insular y dependiente económicamente de la industria bananera y turismo.

Sin embargo, esta semana entró en vigor una nueva ley especial con mayores beneficios laborales para los trabajadores de las bananeras, después de que los diputados acordaron con los sindicalistas del sector el levantamiento de los bloqueos viales a cambio de la aprobación de la ley.

Pero otros sectores de la sociedad civil y profesores desconocieron dicho acuerdo e iniciaron nuevas manifestaciones con obstrucciones viales y enfrentamientos, que se endurecieron con la llegada esta semana del operativo policial.

Un terremoto de 5.2 grados sacudió este viernes la región central iraní de Semnan, sin que hasta ahora se hayan reportado daños o víctimas.

El temblor ocurrió en torno a las 21.30 de la noche hora local en el centro del país y se sintió en las ciudades de Qom y Teherán, informó la televisión Press TV.

Irán tiene una gran actividad sísmica y se registran numerosos terremotos. Los más graves hasta la fecha se produjeron en diciembre de 2003 y en junio de 1990, cuando perdieron la vida 31,000 y 37,000 personas, respectivamente.

En noviembre de 2017 un terremoto de magnitud 7,3 causó 620 muertos y más de 12.000 heridos en la provincia noroccidental de Kermanshah.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó este viernes el despido de más de 600 trabajadores de la agencia federal que engloba a la emisora Voice of America y a Radio Martí, enfocada en transmisiones hacia Cuba, en una nueva vuelta de tuerca en los ataques del Gobierno contra los medios públicos.

«Hoy tomamos medidas decisivas para implementar la agenda del presidente Trump de reducir la burocracia federal descontrolada», declaró Kari Lake, designada por el republicano como asesora principal de la Agencia de Estados Unidos para los Medios (USAGM).

En una carta publicada en su cuenta de X, Lake confirmó que hoy «se enviaron avisos de despido por reducción de personal a 639 empleados de USAGM y Voice of America», una acción que completa la reducción del 85 % de esa fuerza laboral, traducida en 1.400 puestos menos desde que el mandatario ordenara su desmantelamiento en marzo.

«Durante décadas, los contribuyentes estadounidenses se han visto obligados a financiar una agencia plagada de disfunciones, sesgos y despilfarro. Eso termina ahora», indicó la expresentadora y excandidata al Senado.

Después de esta ronda de despidos, solo quedarán unos 250 trabajadores en la administración de USAGM, Voice of America (VOA) y la Oficina de Trasmisiones para Cuba (OCB, en inglés), matriz de Radio Martí.

«La agencia ahora opera cerca del mínimo legal; con eficiencia y enfoque. Este es un claro ejemplo de un Gobierno responsable que reduce el despilfarro, restaura la rendición de cuentas y cumple la promesa de priorizar a los contribuyentes estadounidenses», concluyó Lake.

Las acciones de hoy evidencian un recrudecimiento en las acciones del Gobierno de Trump contra instituciones culturales, universidades y medios públicos.

A principios de mayo, el presidente ordenó reducir al mínimo legal el presupuesto federal de las emisoras NPR y PBS, a las que ha acusado en reiteradas ocasiones de mantener un sesgo izquierdista.

El cierre de estos medios, específicamente el de Voice of America -que ofrecía programación en más de 40 idiomas dirigida a países con censura de prensa y era vista como un ejemplo del «poder blando» de EE.UU en el mundo- ha sido ampliamente criticada por legisladores demócratas y republicanos, que han ofrecido testimonio sobre el vacío que deja la salida del aire de cientos de programas de radio, televisivos y servicios digitales.

El director de la VOA, Mike Abramowitz, y varios periodistas del medio impusieron dos demandas para retar la orden ejecutiva de Trump, y aunque tuvieron éxito inicial gracias a fallos judiciales que bloquearon temporalmente los despidos, estos luego fueron levantados en cortes de apelación, donde actualmente los casos continúan en proceso.

El «Gobierno español acusó este viernes a la Conferencia Episcopal Española (CEE) de «apartarse de la neutralidad política» y alinearse con la oposición tras pedir elecciones anticipadas por el escándalo de corrupción que sacude al partido socialista.nn»Aunque hayan decidido apartarse de la neutralidad política y partidista e incluso del más elemental respeto institucional, el Gobierno seguirá abordando la relación entre Iglesia y Estado con pleno respeto», afirma el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en una carta enviada hoy al presidente de la CEE, Luis Argüello.nnEn las últimas horas se ha sucedido la petición de elecciones anticipadas por parte del propio Argüello y por el secretario general de la CEE, Francisco César García Magán, motivada por los presuntos casos de corrupción que salpican al exsecretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Santos Cerdán.nnCerdán está investigado en una presunta trama de cobro de comisiones ilegales y adjudicaciones irregulares que salpica también a su antecesor en el cargo y exministro José Luis Ábalos, y a su exasesor Koldo García, y que ha provocado un escándalo que amenaza la estabilidad de la legislatura.nn»Bolaños ha señalado que las demandas de anticipo electoral «reproducen de forma exacta las peticiones y argumentos de los dos principales partidos de la oposición», el conservador Partido Popular y el ultraderechista Vox.nn»Entiendo que no es en absoluto ajeno a esta circunstancia, ya que recientemente participó en un acto con el líder político de la ultraderecha española en el que ambos formularon críticas al Gobierno», ha aseverado el ministro a Argüello.nn»Bolaños también ha reconocido que es posible que la Conferencia Episcopal desee un cambio de Gobierno con el fin de que asuntos como la reparación de víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia o la práctica de terapias de conversión contra personas LGTBI sean «más fáciles» de abordar o «no se aborden en absoluto», en sus palabras.nnAsimismo, ha criticado que la CEE no se pronunciara sobre los casos de corrupción que afectaron al PP.nn»En todo caso, quiero transmitirle un elemento de tranquilidad: en el caso sobre el que sí se han pronunciado se han asumido responsabilidad políticas desde el principio», ha concretado Bolaños, quien ha asegurado que se ha apartado a las personas investigadas y se está trabajando para que hechos similares no vuelvan a reproducirse.nn»Por último, el ministro ha exigido a la CEE a que se comprometa con la neutralidad política y partidista, y ha reiterado la «voluntad de diálogo» del Gobierno con la Iglesia durante los años que quedan de legislatura.nn

La presidenta de Mu00e9xico, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que hasta ahora suman 222 connacionales detenidos en Estados Unidos desde que iniciaron las redadas emprendidas en Californiapor el Gobierno del mandatario Donald Trump.

Sin dar mayores detalles ni el estatus legal que viven los mexicanos que han sido detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Sheinbaum aseguró en su conferencia matutina que su Gobierno ha fortalecido el sistema de apoyo a los connacionales y a los consulados.

«Estamos fortaleciendo los consulados y el apoyo consular a todas las personas que son detenidas», aseveró.

Ademu00e1s, resaltó que en el país se cuenta con el programa «México te abraza» que apoya a las personas que son repatriadas para que puedan tener un empleo, ademu00e1s de que aquellos que vuelven de Estados Unidos tienen «todos los programas sociales» a su disposición.

Refirió que ha ordenado a los consulados acudir diariamente a los centros de detención que les corresponden.

«Para poder informarse de manera directa, cuu00e1ntas personas estu00e1n detenidas, en qué situación estu00e1n, que puedan hablar con ellos para darles toda la asesoría consular que se requiere», indicó.

También enfatizó en la importancia de que los consulados mantengan comunicación directa con los connacionales para ofrecerles asesoría legal.

«En algunos casos, la propia ley de Estados Unidos permite, sobre todo aquellos que llevan mu00e1s de 2 años, les permite mucho mayor protección. Y si van a ser deportados, que tengan toda la información», detalló.

Refirió que envió una nota diplomu00e1tica a Estados Unidos para que las autoridades migratorias permitan que los detenidos lleven sus teléfonos celulares y puedan comunicarse con sus familiares «porque en algunos casos no se los permitían», dijo.

Sheinbaumha hecho un llamado constante a los mexicanos en Estados Unidos a protestar de manera pacífica, en medio de las redadas del ICE y de la política de deportaciones del Gobierno del presidente, Donald Trump, que derivó la semana pasada en enfrentamientos con la policía y la quema de vehículos en distintas ciudades de Estados Unidos.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España ingresó este viernes a la sede central del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Madrid, por orden del Tribunal Supremo, con el objetivo de clonar el correo corporativo del exsecretario de Organización Santos Cerdán, vinculado a un presunto caso de corrupción.

La acción forma parte de la investigación que también salpica al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, todos ellos señalados por supuestas adjudicaciones irregulares de contratos públicos. El caso ha generado fuerte presión política y amenaza con debilitar la actual legislatura del presidente Pedro Sánchez.

Además de la sede del PSOE, los agentes de la UCO se presentaron en el Ministerio de Transportes, donde el juez Leopoldo Puente solicitó acceso y clonado del correo institucional del exministro Ábalos. También accedieron a instalaciones de ADIF y la Dirección General de Carreteras para recabar información relacionada con contratos bajo sospecha.

Según fuentes oficiales, el procedimiento no constituye un registro, sino un requerimiento formal de información, ya que el juez denegó una solicitud de registro por parte de las acusaciones populares, al considerar que sería una medida excesiva e innecesaria en esta fase.

En el auto judicial conocido este viernes, el magistrado imputa formalmente a Santos Cerdán y ordena investigar su patrimonio, además de extender la causa a cinco empresarios presuntamente involucrados en el pago de sobornos por adjudicaciones.

El Tribunal Supremo busca acceder a los correos electrónicos que Cerdán habría compartido con Koldo García para manejar información sensible. El juez también ordenó al PSOE entregar cualquier otra cuenta corporativa utilizada exclusivamente por Cerdán.

Santos Cerdán deberá comparecer ante el Tribunal Supremo el próximo 30 de junio, mientras las pesquisas continúan sobre una red de favores, contratos y supuestos pagos ilegales que podrían comprometer aún más a figuras clave del partido gobernante.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) apostó este viernes por un adelanto electoral, sumándose a los reclamos de la oposición conservadora, tras conocerse los presuntos casos de corrupción que salpican al gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Este viernes se cumple una semana de ataques entre Irán e Israel en la que es ya la peor escalada bélica nunca registrada entre los dos países y sin ninguna señal de que los bombardeos vayan a cesar por ahora.

No ha habido un solo día en los últimos siete en que no haya caído un misil en tierra iraní e israelí, pero no hay cifras actualizadas del número de muertos y heridos y los dos gobiernos están limitando la información que los medios puedan sacar de los ataques, mientras elevan las acusaciones y el tono beligerante.

Estas son algunas claves de la primera semana de ataques:

1. El comienzo de la ofensiva

Israel lanzó en la madrugada del viernes 13 de junio un ataque a gran escala contra instalaciones del programa nuclear iraní, objetivo que trata de destruir ante el temor de que Teherán consiga la bomba atómica, algo rechazado por las autoridades del régimen de los ayatolás.

En esos bombardeos murieron el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general Mohamad Hosein Baqerí; el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hossein Salamí; el jefe de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria, el general Amir Ali Hajizadeh; y otros altos militares y seis científicos nucleares.

El Ejército de Israel ha atacado infraestructuras militares (sistemas de defensa aérea, almacenes de misiles balísticos…) y plantas nucleares (Natanz, Isfahán y Furdú), pero también ha atacado a lo largo de esta semana la sede de la radiotelevisión pública iraní y ha alcanzado el edificio de la Media Luna Roja y una ambulancia.

La respuesta de Irán no se hizo esperar y el mismo viernes se lanzaron los primeros misiles, casi todos interceptados por el sistema de defensa antimisiles israelí. Sin embargo, a lo largo de los días y los ataques, este sistema -formado por la Cúpula de Hierro, la Honda de David, Arrow-2 y Arrow-3- ha mostrado brechas y varios misiles han impactado en Tel Aviv y en Haifa, una zona muy golpeada.

Irán ha atacado diversas instalaciones militares y también ha golpeado objetivos civiles como el hospital Soroka en Israel.

2. Opacidad y pocos datos

Las autoridades iraníes no han actualizado desde le pasado domingo el número oficial de muertos, que se mantiene en 224, una cifra que siguiendo reportes locales de víctimas ya es muy superior a esa cantidad y que la organización iraní HRANA, contraria al régimen y con sede en EE.UU., eleva a 639.

Las autoridades israelíes, por otro lado, también mantienen desde hace días los muertos en su territorio en 24, aunque sí han dado más números de heridos y desperfectos. Así, los hospitales israelíes atendieron hasta ayer a 2,345 personas, sobre todo lesionados leves.

Además, los dos países han establecido medidas de censura. La Policía israelí envió agentes para detener las retransmisiones de medios de comunicación extranjeros que documentaban «la ubicación exacta» de los lugares donde el jueves impactaron misiles de Irán, mientras que en Irán está prohibido tomar hacer fotos o grabar en lugares públicos, sobre todo en zonas impactadas por los ataques de Israel.

Irán se encuentra desde el miércoles bajo un apagón de internet, sin acceso a la red global y la telefonía desconectada, si bien hay acceso a la intranet nacional. Las autoridades iraníes reconocieron el miércoles ciberataques contra dos de sus bancos de datos de internet, si bien el grupo NetBlocks señala a las autoridades iraníes del apagón «bajo el argumento del mal uso de Israel para sus fines militares».

3. Belicismo y no negociaciones

Matar al líder supremo iraní, Ali Jameneí, se ha convertido en un mantra que repiten abiertamente desde el gobierno de Benjamín Netanyahu, que ha llegado a decir que su muerte sería lo que pondría fin al conflicto.

En Irán, la retórica es similar, aunque no hablen abiertamente de magnicidios. El Gobierno iraní indicó hoy que ha rechazado una petición de Estados Unidos para continuar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní que mantenían desde abril y que tenía programada esta semana una nueva ronda de negociaciones con la mediación de Omán.

«Los americanos han pedido negociaciones y nuestra respuesta es no», indicó el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, quien sí va a acudir este viernes a Ginebra para reunirse con sus homólogos de Exteriores de Alemania, Francia, Reino Unido y la jefa de diplomacia europea, además de para dirigirse a la ONU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, empezó la semana descartando «por ahora» el plan de acabar con Jameneí pero unos días después amenazó con hacerlo.

Y es que la postura de Estados Unidos ha sido ambigua. Se desmarcaron del ataque inicial israelí, pero el mundo aguarda ahora el momento en que Trump anuncie la intervención.

Una de las mayores filtraciones de datos de la historia dejó expuestas más de 16,000 millones de credenciales de acceso, lo que ha encendido las alarmas globales de ciberseguridad. El hallazgo fue reportado por el portal especializado Cybernews, que advirtió que esta información puede ser utilizada para fraudes, ciberestafas y robo de identidad.

Desde enero de 2025, al menos 30 conjuntos de datos que contenían miles de millones de inicios de sesión de plataformas como Google, Facebook, Apple, Telegram, GitHub y otros servicios gubernamentales quedaron vulnerables. Aunque la filtración no provino directamente de estas empresas, sus sistemas podrían verse comprometidos por los accesos robados.

“Con más de 16,000 millones de registros filtrados, los ciberdelincuentes tienen en sus manos credenciales personales listas para ser explotadas en adquisiciones de cuentas, fraudes electrónicos y suplantación de identidad”, advirtieron los autores de la investigación, liderada por el experto en ciberseguridad Volodymir Diachenko.

Los datos estuvieron brevemente accesibles en servidores de búsqueda como Elasticsearch, lo que elevó el nivel de exposición a niveles críticos. Cybernews señaló que esta fuga es producto de ataques automatizados y programas maliciosos diseñados para extraer contraseñas y nombres de usuario.

La falta de sistemas de autenticación multifactor y otras medidas de protección agrava la situación, especialmente para instituciones que manejan datos sensibles. “No es solo una filtración, es una operación de explotación masiva”, enfatizaron los investigadores.

Hasta el momento, se desconoce cuántas personas o cuentas han sido vulneradas, pero los expertos recomiendan actualizar contraseñas y activar medidas de seguridad adicionales para mitigar riesgos.

Hasta 21,9 millones de personas, una cifra que se ha multiplicado por 13 desde principios de siglo, sufren desplazamiento forzado en América debido a crisis, conflictos internos y violencia, recuerda la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en la jornada mundial dedicada al colectivo.

La cifra incluye .,2 millones de refugiados en otros países, 4,7 millones de solicitantes de asilo, 9,5 millones de desplazados internos y otras personas en similares situaciones, a quienes ACNUR recuerda en el Día Mundial del Refugiado, una jornada que empezó a celebrarse en África en 1975 y se adoptó globalmente en 2001.

Haití, sumida en el caos por bandas armadas que controlan su capital y otras zonas del país, o Colombia, donde los acuerdos de paz no lograron poner fin a décadas de desplazamiento interno, son algunos de los principales focos de este fenómeno, sin olvidar el éxodo venezano o el que continúa en Centroamérica y México, ahora dificultado por el cambio de las políticas de acogida en EEUU.

«El total de personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internas, retornadas, apátridas y otras categorías bajo protección de ACNUR en las Américas alcanzó 21,9 millones al final de 2024, el 17,6 % del total global (123,2 millones)», indicó a EFE el portavoz regional de la agencia Luiz Fernando Godinho.

Venezuela es el principal país de origen de estos desplazados (8,1 millones), seguido de Colombia (7.4 millones) y Haití (1.4 millones), mientras que en referencia a los territorios de acogida el colombiano es el principal (9,5 millones, muchos de ellos desplazados internos), seguido de EEUU (2.5 millones) y Perú (1.6 millones).

Haití

El pasado año fue especialmente alarmante la situación haitiana, donde la extensión de la violencia de bandas desde Puerto Príncipe a otras zonas del país provocó que el número de desplazados internos se triplicara, desde 313.900 a más de un millón.

Desde una nación en la que casi la mitad de los 11.9 millones de civiles necesitan asistencia humanitaria y la inseguridad alimentaria aguda afecta a más de 5 millones de personas, el número de refugiados y solicitantes de asilo haitianos en otros países, en su mayoría americanos, aumentó en 72,700 durante el año, alcanzando los 423,300.

«ACNUR está extremadamente preocupado por el deterioro de la situación de seguridad, derechos humanos y humanitaria en Haití, y reitera su llamamiento a que los Estados no devuelvan por la fuerza a ninguna persona, incluso aquellas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas», subrayó el portavoz regional.

Colombia

En Colombia, el acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no puso fin por completo a un conflicto armado interno que mantienen otros grupos armados, algunos de nueva formación, y que continúa provocando un desplazamiento que afecta a siete millones de personas.

«Es otra situación de gran preocupación en América, pese a todos los esfuerzos y el sólido marco legal que existe en el país. Es necesario que estas personas puedan avanzar hacia soluciones duraderas», subrayó Godinho.

Según ACNUR, tres de cada cuatro desplazados internamente en Colombia no tienen intención de retornar a sus comunidades de origen, por lo que es urgente acelerar soluciones en entornos urbanos a través de medidas como la legalización de asentamientos informales.

Venezuela y otros

Colombia es al mismo tiempo uno de los principales países de acogida de refugiados venezolanos, que en la última década han dejado su país a causa de la crisis política y económica, provocando uno de los mayores exilios actuales, similar en tamaño al causado por conflictos como los de Siria, Ucrania o Sudán.

El portavoz de ACNUR destacó no obstante que también se han producido retornos de ciudadanos venezolanos a su país: más de un millón lo han hecho por cuenta propia desde 2018, y 300.000 con la ayuda del Plan Vuelta a la Patria puesto en marcha por el Gobierno de Nicolás Maduro.

En Centroamérica, donde refugiados y migrantes comparten rutas que incluyen peligrosos y letales tramos, como el selvático Tapón del Darién entre Colombia y Panamá, los países de la región también tienen importantes cifras de desplazados: más de 800.000 guatemaltecos, casi 430,000 hondureños, 375,000 nicaragüenses o 225,000 salvadoreños, según los datos de ACNUR.

La llegada a la presidencia de EEUU de Donald Trump, quien declaró una «emergencia nacional» en la frontera con México el mismo día de su investidura, ha causado un fuerte impacto en estos flujos, con la suspensión de programas de admisión de refugiados, mientras otros ya en territorio estadounidense eran deportados.

Esto tuvo como efecto a principios de 2025 un aumento de las demandas de ayuda en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), destacó ACNUR, aunque señaló que la situación se estabilizó posteriormente y las solicitudes de asilo en México se mantienen en niveles similares a los de 2024, a pesar de una pronunciada disminución en los cruces por el Darién.