Categoría: El Mundo

El Gobierno estadounidense confirmó este sábado que el salvadoreño Kilmar Ábrego García «está vivo» e ingresado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en su país natal, después de admitir que lo expulsó de EE.UU. por error y de que el Supremo haya instado a retornarlo.

“Está vivo y seguro en ese centro. Está detenido de conformidad con la autoridad soberana y nacional de El Salvador”, aseguró un alto funcionario del Departamento de Estado, Michael Kozak, en una declaración escrita de dos páginas remitida a la juez federal Paula Xinis, que el viernes exigió al Gobierno que facilitara información sobre su estado.

El jueves, el Tribunal Supremo emitió además un fallo respaldando una orden de la propia Xinis que pedía al Gobierno «facilitar» el regreso de Ábrego García a EE.UU. La Administración estadounidense ha subrayado desde entonces su limitada capacidad en el asunto, puesto que Ábrego García ya no se encuentra bajo custodia estadounidense.

El escrito de Kozak no incluye ninguna información con respecto a las labores que se estén llevando a cabo para traerlo de vuelta a EE.UU.

El pasado 15 de marzo, abanderando una norma de 1897 llamada la ley de Enemigos Extranjeros, el Gobierno del presidente Donald Trump activó un polémico operativo en el que envió al Cecot a 238 venezolanos y 23 salvadoreños, entre ellos Ábrego García, a los que acusó, sin haber publicado pruebas, de ser pandilleros.

Posteriormente, las autoridades migratorias estadounidenses admitieron haber deportado por error a Ábrego García, residente en Maryland, casado con un ciudadana estadounidense y al que un juez había prohibido devolver a su país.

Pese a la poca iniciativa mostrada hasta el momento por el Gobierno de EE.UU. para retornarlo, el viernes el propio Trump mostró su deseo de acatar lo dicho por el Supremo. Esto podría apuntar a que él y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, podrían anunciar su regreso este próximo lunes en la reunión que ambos tienen prevista en la Casa Blanca para hablar de la cooperación del país centroamericano en materia migratoria con Washington.

Contratistas militares estadounidenses han propuesto al presidente de Estados Unidos Donald Trump que el país norteamericano sea propietario de una parte del Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT) según información publicada en exclusiva por el medio estadounidense Político, información en la que asegura que la propuesta fue hecha por el exdirector ejecutivo de Blackwater, Erik Prince, y un equipo de contratistas de defensa.

«La propuesta, obtenida en exclusiva por POLITICO, afirma que se centraría en ‘inmigrantes ilegales delincuentes’ y que intentaría evitar impugnaciones legales al designar parte de la prisión —que ha generado acusaciones de violencia y hacinamiento por parte de grupos de derechos humanos— como territorio estadounidense», publicó el medio este 11 de abril.

La información también agrega que esperan que este tema sea discutido por el presidente Nayib Bukele y Trump en la visita que hará el mandatario salvadoreño, este lunes 14 de abril, a la Casa Blanca.

El pasado 16 de marzo, El Salvador recibió tres vuelos procedentes de Estados Unidos que traían consigo a 238 venezolanos, supuestos miembros del Tren de Aragua, y 23 salvadoreños, miembros de la MS-13, todos fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel que ha sido publicitada por el gobierno salvadoreño, como la más segura de la región.

El envío ocurrió luego que el presidente Donald Trump invocara la ley de Enemigos Extranjeros y expulsara a los supuestos maleantes. Esto ocurrió cuando una noche antes, un juez federal había suspendido la ejecución de esta ley por unos días.

La noche del domingo 30 de marzo EE.UU. a otros 17 miembros del Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha (MS-13) a El Salvador.

El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, prohibió este sábado al Ministerio de Economía y Finanzas y a toda entidad de la Función Ejecutiva entregar fondos, recursos o bienes públicos a «milicias urbanas, colectivos o comités de defensa con ideologías políticas».

El decreto sobre la prohibición lo emitió pocos días después de que se desatara una polémica en Ecuador tras el señalamiento de la candidata presidencial, Luisa González, de que en su plan de seguridad en caso de ganar las elecciones del domingo figuran los llamados «gestores de paz».

Se trata de «gestores de paz en los barrios, que recibirán un salario, pero que estarán organizando a la comunidad, organizando a los ciudadanos, a los barrios. Nadie cuida mejor su barrio que el que vive allí», explicó recientemente González, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Tras la propuesta de González, ciudadanos usaron las redes sociales para hacer similitudes con otros países.

Diana Jácome, asambleísta oficialista electa, se refirió a «ejemplos como Venezuela, Nicaragua, Cuba» y opinó que con los «gestores de paz» se pretende tener «gente que esté dentro de la ciudadanía para hacer lo que han hecho en otros países y tener esos líderes que generen oposición o que estén vigilantes de los ciudadanos».

Noboa destina $72 millones

Un día antes de que termine la campaña electoral, Noboa anunció el pasado miércoles que destinará $72 millones a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para garantizar la seguridad en el país, la misma cantidad que González plantea invertir en la creación de los llamados «gestores de paz».

«A todos los jóvenes ecuatorianos que quieran proteger a sus país, con esos 72 millones incrementaremos los cupos en la Policía y Fuerzas Armadas, para que puedan hacerlo desde el honor que representa su uniforme», escribió entonces Noboa en su cuenta de X.

«Tienes 72 millones de dólares para seguridad, ¿Dónde los enviarías? Opción 1: «Gestores de paz», grupos paramilitares de ex pandilleros rebautizados, ahora armados y leales solo al partido. Opción 2: Policía Nacional y Fuerzas Armadas, que han enfrentado al crimen real y defendido a las familias ecuatorianas», escribió.

Y agregó: «No debería ser difícil. Ecuador no necesita milicias armadas como las de Venezuela y Nicaragua».

«Este modelo, copiado de Venezuela y Nicaragua, en el que se forman grupos civiles que responden a un partido político, reprimen a la ciudadanía y que son solventados por financiamiento estatal», señaló un comunicado remitido por el equipo de prensa de la campaña electoral de Noboa, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN).

Policía Nacional

El Gobierno ratificó este sábado que la Policía Nacional es la «única entidad» responsable de planificar y ejecutar la política pública de seguridad ciudadana y convivencia pacífica, bajo la rectoría del Ministerio competente y conforme a la normativa vigente.

Estas funciones deben cumplirse «con imparcialidad, sin favorecer indebidamente a personas o grupos que pretendan atribuirse competencias exclusivas del Estado», indicó la Presidencia en un comunicado.

Agregó que experiencias «en otros países latinoamericanos han demostrado que permitir este tipo de acciones, fuera del marco institucional, terminaron consolidando grupos armados irregulares».

El Gobierno expresó su confianza en el profesionalismo de las fuerzas del orden y recordó que ha respaldado su labor fortaleciendo sus capacidades y robusteciendo su accionar con cooperación internacional.

«Esta administración no permitirá que se deleguen responsabilidades a actores sin control institucional ni garantías sobre su actuación», reza el escrito.

Noboa suscribió el decreto la víspera de las elecciones en las que busca el apoyo popular para gobernar hasta 2029, mientras que González podría convertirse en la primera presidenta de Ecuador electa en las urnas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió este viernes al Gobierno de Venezuela que libere «inmediatamente» a las 903 personas «presas políticas» que continúan detenidas «arbitrariamente» y ha denunciado que «al menos 64 familias no han recibido una comunicación formal» sobre el estado de los reclusos, hecho que contraviene el Derecho Internacional.

«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y los prolongados períodos de incomunicación a los que han sido sometidas las personas presas políticas. El Estado debe adoptar medidas urgentes para liberar a estas personas de forma incondicional y garantizar su contacto inmediato con familiares», reza un comunicado compartido por este organismo.

Desde la CIDH, han denunciado que, en buena parte de los casos, los familiares de los reclusos solo conocen si sus allegados continúan con vida y que, en ocasiones, «cuando se acercan a los centros de reclusión son maltratados por funcionarios del personal penitenciario», que se niegan «deliberadamente a permitir visitas o a dar información del estado de salud» de estos presos.

«El régimen venezolano no solo castiga arbitrariamente a personas opositoras por ejercer legítimamente las libertades de expresión, reunión y asociación, sino que también reprende a sus familiares como forma de castigo. Esto genera temor y angustia en familiares de las personas presas políticas», ha apostillado la Comisión en su escrito.

La CIDH atribuye esta situación a la «absoluta falta de independencia del Poder Judicial», así como a la «instrumentalización del Ministerio Público para asegurar los fines del régimen» del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Así las cosas, la Comisión ha reiterado su llamamiento a la liberación de todas las personas encarceladas por motivos políticos «garantizando al mismo tiempo el respeto y la protección de su vida e integridad personal», entre otras, mediante la adopción de medidas que permitan «verificar su estado de salud» y la visita de su «defensa técnica de confianza».

«Asimismo, deben tomarse medidas urgentes para restablecer la independencia y separación de los poderes públicos, condición esencial para asegurar un sistema de justicia que opere de manera imparcial y autónoma, con plena observancia de los Derechos Humanos», ha sentenciado la CIDH.

La orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de expulsar a extranjeros beneficiados por el programa CBP One desanima a migrantes varados en las fronteras de México, donde albergues temen una mayor saturación ante la creciente incertidumbre.

La zozobra se elevó esta semana, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) canceló el permiso para cerca de 1 millón de migrantes que ingresaron a Estados Unidos con la aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que permitía solicitar asilo desde los límites norte y sur de México.

En Ciudad Juárez, epicentro del fenómeno migratorio en la frontera con Estados Unidos, organizaciones de derechos humanos y refugios como la Casa del Migrante reportan a EFE un aumento «alarmante» en la desesperación de los migrantes y dicen que esto «está afectando» tanto a quienes ya cruzaron como a quienes esperan en México.

«Muchos de ellos se están comunicando con nosotros (desde Estados Unidos) pidiendo ayuda porque no saben qué está pasando», explicó el padre Francisco Javier Bueno Guillén, director de la Casa del Migrante en Juárez. «Nos están enviando capturas de pantalla de lo que les llegó a ellos como notificación».

El religioso detalló que entre 50,000 y 70,000 personas cruzaron por la frontera de Juárez mediante esta aplicación tras estar en este refugio.

Krista Minelli Saso, de Guatemala, relató a EFE con voz quebrada que esto les «rompe un poco».

«Muchas personas vienen ya sea por sus sueños o porque definitivamente no pueden estar en sus países. Yo no puedo regresar a Guatemala», contó la joven, quien llegó a la frontera con su hijo menor. «Es como jugar con los sentimientos, con nuestra esperanza (tras sentir) que ya estamos, lo logramos», agregó.

Pese a todo, mantiene viva la fe y se quedará en México en espera de una nueva oportunidad.

«El tiempo se va volando, entonces yo pienso que seguramente más adelante se abrirán nuevos programas, pienso yo que eso ha de ser temporal y pues eso es lo que me mantiene a mí de pie», manifestó.

Por ahora, la Casa del Migrante opera con una capacidad muy por debajo de lo habitual, con solo 40 personas en los espacios disponibles para más de 500, pero ya se prepara para un repunte ante el aumento de retornos forzados.

Un impacto hasta el sur

El impacto de la medida se resiente hasta Tapachula, la mayor ciudad de la frontera de México con Centroamérica, donde los migrantes ya estaban desmotivados desde que Trump canceló en enero las solicitudes del CBP One, que permitía a migrantes pedir asilo en Estados Unidos desde esta zona.

«Hay una especie de «shock», un golpe duro en el ánimo de la población migrante de cualquiera de las nacionalidades, porque el efecto Trump fue devastador y catastrófico porque sigue endureciendo su política migratoria», mencionó a EFE Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana.

Durante la presidencia de Joe Biden (2021-2025), la hondureña Dilsia Esperanza esperaba llegar a Estados Unidos, pero tras el arribo de Trump sus ilusiones acabaron y ahora prioriza regularizarse en México.

La centroamericana ya cuenta con su residencia permanente y recibió apoyo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

«La verdad, (es) muy triste porque esos permisos (de Estados Unidos) no son como México, que nos da la oportunidad de que podamos trabajar y podamos estar alojados aquí, entonces él (Trump) no debería hacer eso también porque se siente triste», resaltó a EFE.

La hondureña Mirna Estela Ramírez también coincidió en que la revocación del CBP One ha motivado a los migrantes a abandonar su camino hacia Estados Unidos, por lo que ahora gestionan documentos para laborar en México.

«Están muchas deportaciones y es injusto porque hay muchos migrantes que lo que queremos es ir a trabajar dignamente y limpiamente, pero no se nos permitió, entonces nos quedamos. México es un país acogedor, me encanta México, las personas, el ambiente laboral y dan mucha ayuda», describió.

El gobierno peruano, a través de la cancillería, informó sobre la disposiciones de Ecuador que limitan el ingreso por vía terrestre a ese país vecino desde el 11 al lunes 14 de abril, debido a la segunda vuelta electoral programada para este domingo, según se reportó este sábado.

Un comunicado de la cancillería precisó que la regulación especial temporal aprobada por el gobierno ecuatoriano fijó limitar el ingreso de extranjeros, por vía terrestre, desde las 4:00 de la tarde del viernes 11 a las 23:59 horas del lunes 14 para reforzar la seguridad pública en esa nación.

El decreto ejecutivo de Ecuador dispuso además que el ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas ecuatorianas implementarán las medidas necesarias para garantizar el transporte de mercancías y actividades de comercio durante el período de vigencia de esta regulación especial temporal.

Ecuador celebra este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que debe decidir si reelige al actual presidente, Daniel Noboa, o si devuelve al correísmo al poder tras ocho años en la oposición, de la mano de Luisa González, que se convertiría en la primera presidenta de la historia del país en ser elegida en las urnas.

Por segunda vez en año y medio, los ecuatorianos escogen entre Noboa y González, como en las elecciones extraordinarias de 2023, donde el empresario, heredero de una de las mayores fortunas del país, se convirtió en el presidente más joven de Latinoamérica y de la historia democrática de Ecuador.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió un Decreto Ejecutivo con Número 599 por el que se declara el estado de excepción durante un plazo de 60 días en seis provincias, incluida Quito, apenas unas horas del inicio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales prevista para este domingo, 13 de abril.

Las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, el Distrito Metropolitano de Quito de la provincia de Pichincha y el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia del Azuay, así como todas las cárceles del país, estarán así en estado de excepción.

«La declaratoria se fundamenta en el incremento de los índices de violencia, cometimiento de delitos e intensidad de la perpetración de ilícitos por parte de grupos armados organizados», explica el texto.

Según datos oficiales del Ministerio del Interior, solo en el primer trimestre de 2025 se han registrado más de 1,200 homicidios violentos, muchos de ellos vinculados a disputas entre bandas organizadas que buscan controlar rutas del narcotráfico y extorsiones a comerciantes.

El decreto faculta a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para ejecutar operaciones conjuntas con el fin de recuperar el control territorial, tanto en las zonas afectadas como en los centros penitenciarios. Además suspende los derechos a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia en el marco de las intervenciones autorizadas.

Además, y también por decreto, Noboa ha declarado festivo el próximo 17 de abril, Jueves Santo. En el sector público esta jornada laboral será recuperada conforme a lo establezca la autoridad de cada institución. El sector privado determinará por su cuenta el mecanismo de recuperación de la jornada laboral.

Prohibición de entrada a observadores

Por otra parte, la candidata presidencial opositora a las elecciones de este domingo en Ecuador, Luisa González, ha denunciado que el cierre de fronteras ordenado por el Gobierno de su rival y presidente, Daniel Noboa, impide la entrada de los equipos de observadores internacionales.

«Alertamos al país, otra grave amenaza a la democracia. (…). Ahora el gobierno de Noboa impide el ingreso al país de delegaciones políticas y observadores internacionales que vienen para observar y garantizar la transparencia de la elección de este domingo 13 de abril», ha destacado González en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

La candidata considera que se está utilizando el decreto 597 «para bloquear la veeduría (supervisión) ciudadana y restringir derechos». «Son ellos los que intentan sembrar la idea de fraude, cuando están atentando contra el último vestigio de democracia que nos queda», ha reprochado.

También el líder histórico del Movimiento Ciudadano de González, el expresidente Rafael Corre ha denunciado este cierre de fronteras. «¿Es en serio? Nunca he visto algo así. Este inepto va de mal en peor. #NosGobiernanDelincuentes», ha espetado.

El Gobierno ha justificado el cierre para «salvaguardar el bienestar de la población y la soberanía del país» en el marco de la segunda vuelta electoral, prevista para este domingo 13 de abril.

Esta «regulación especial temporal» limitará «el ingreso al territorio nacional de toda persona extranjera desde las 16.00 (21.00 GMT) del viernes 11 de abril y hasta las 23;59 del lunes 14 de abril de 2025», en las zonas de seguridad de frontera norte y sur del país, según un comunicado de la Presidencia difundido en redes sociales.

Julio, un campesino cubano de 71 años, decidió vender el año pasado todas sus vacas, cansado de los «vándalos» que se las robaban en las noches para luego comercializar la carne en el mercado negro.

«Han matado mucho ganado a muchos campesinos. A mí me empezaron a matar (vacas) cada dos o tres días, luego cada 15 días. ¡Me mataron hasta ocho! Y yo le dije al hermano mío: «Mira, yo no puedo seguir. Vamos a quitarlo todo porque a este paso nos vamos a quedar sin nada y ya estamos viejos», cuenta a EFE con rostro cansado.

El estrés por no lograr la cuota de leche que debía entregar al Estado y la falta de recursos como para pagar a un guardia fue la gota que colmó el vaso para este par de campesinos del poblado de Vegas, en las afueras de Cárdenas (occidente de la isla).

Su caso no es aislado. El robo y sacrificio ilegal de ganado –una práctica tipificada como delito en el país– ha sido un problema de tiempo atrás que vuelve a escena de la forma más cruda cada vez que una nueva crisis económica golpea.

Sin embargo, para Julio, con varias caídas del PIB a su espalda, nunca se había llegado a este nivel.

Delito en aumento

No existen cifras actualizadas, pero los pocos datos disponibles –desperdigados en la hemeroteca de la prensa oficial y la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI)– reflejan que su percepción no está alejada de la realidad.

En 2022, Cuba notificó la pérdida de 82.000 vacas por hurto y sacrificio ilegal, un 145 % más que el año anterior. En ese mismo año, Matanzas fue la tercera provincia en el que más se detectó ese delito: 8.150, casi tres veces más que en 2021.
Otro campesino de Vegas, que pidió permanecer en el anonimato, asegura a EFE que el incremento de los robos de ganado, sobre todo con violencia, no solo se puede explicar por el coste social de la crisis.

«Después de que pasó la covid hemos tenido unas dificultades inmensas en nuestro país, y a partir de esa fecha la mentalidad de muchos ha sido totalmente errónea. Han querido coger las cosas con lo más fácil: ir contra un campesino, que se levanta a las 3 de la mañana a ordeñar su vaca, y, cuando llega adonde la tiene trancada, aparece desmembrada», lamenta.

Esta situación es, por sí misma, un drama con tres patas: significa menos producción láctea en un país con un desabastecimiento crónico de leche; lleva a la ruina a trabajadores del campo, muchos con tierras en usufructo y con un limitado margen de ganancia; y evidencia el músculo del mercado negro como única vía para conseguir cárnicos.

De acuerdo con datos oficiales citados por el medio estatal Tribuna de La Habana en 2023, los cubanos consumen actualmente el 7 % de la proteína animal que deberían ingerir al mes.

Robos con violencia

Un campesino joven, que también pidió no dar sus datos, asegura a EFE que entre los «guajiros» de Vegas ya se han sufrido ataques con armas de fuego improvisadas.

«En los últimos años ha empeorado a una velocidad enorme. Siempre había pasado, pero lo mínimo. No a esta categoría. Y mucha gente se está deshaciendo de los animales. ¿Qué vas a hacer? O desgraciarte tú o desgraciar a alguien», dice frustrado.

Ya sea por malnutrición, sacrificio ilegal o por edad, el número de cabezas de ganado vacuno se ha reducido en los últimos años.

Según datos oficiales citados en la prensa cubana, el país pasó de 3,2 millones en febrero de 2024 a 2,9 millones en enero de este año. En 2019, el número se encontraba en el entorno de los 4 millones.

A este respecto, el Gobierno cubano ha reiterado un discurso de mano dura: de enero a agosto del año pasado los tribunales cubanos juzgaron a 1.615 personas por «conductas asociadas al delito de sacrificio ilegal de ganado mayor y tráfico de sus carnes».

Pero a Julio no le parece suficiente: «No es fácil. Hay que cogerlos en el acto. Porque muchas veces se levanta el acta (de la denuncia) y lo único que hay es una vaca muerta».

El papa Francisco volvió a salir de su residencia en el Vaticano, donde se recupera de una fuerte infección respiratoria que le mantuvo 38 días hospitalizado, y este sábado se presentó por sorpresa en la basílica romana de Santa María la Mayor.

«A primera hora de la tarde de hoy, el papa Francisco ha llegado a la Basílica de Santa María la Mayor y, en vísperas del Domingo de Ramos y de la Semana Santa, se ha detenido a rezar ante el icono de la Virgen, Salus Populi Romani», indicó el Vaticano en un escueto comunicado.

El pontífice, de 88 años, se presentó en silla de ruedas, llevaba las cánulas nasales para recibir oxígeno e iba vestido con el hábito papal blanco, además de llevar una ofrenda floral, según las imágenes difundidas de la visita, en las que se oye gritar a uno de los fieles «Viva México».

Francisco es muy devoto del icono «Salus Populi Romani, que visita siempre después de sus viajes, como hizo también el pasado 23 de marzo, cuando salió del hospital y, por sorpresa, la comitiva en la que se desplazaba el pontífice se desvió de su camino para llegar a Santa María la Mayor.

Se trata de última aparición sorpresa del papa durante su convalecencia en a Casa Santa Marta, su residencia, donde los médicos estimaron que debía permanecer al menos dos meses de reposo y con pocas visitas para lograr su recuperación.

Sin embargo, en la última semana Francisco ha salido en varias ocasiones de allí, lo que da a entender que la salud del pontífice está mejorando.

El pasado jueves, el papa apareció con pantalones oscuros, en camiseta y con un poncho en la basílica de San Pedro, que recorrió también en silla de ruedas para observar la restauración de la zona de Cátedra y rezar en la tumba de Pío X.

También por sorpresa se produjo la visita este miércoles de los reyes británicos Carlos III y Camila, que se encontraban de viaje en Italia, a pesar de que la audiencia oficial se había cancelado debido a la salud de Francisco.

Previamente, el papa había reaparecido también por sorpresa el pasado domingo al final de la misa del Jubileo de los enfermos para dar una bendición y saludar a los fieles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó este viernes al Ejército de EE.UU. a tomar control sobre terrenos federales en la frontera sur, con el fin de avanzar en su política migratoria.

En una orden presidencial emitida en la tarde de hoy, Trump pidió a los secretarios de Defensa, Seguridad Nacional, Interior y Agricultura que faciliten el traspaso de los terrenos públicos en mención para permitir «actividades militares» en unas instalaciones que pasan a la jurisdicción del Pentágono.

El traspaso de terreno deberá comenzar en los próximo 45 días, según indicó el documento, que menciona en específico solamente a la llamada «Reserva Roosevelt», una estrecha porción de tierra – de 20 metros de ancho- que se extiende paralela a la frontera con México por unos 1,000 kilómetros desde Nuevo México a California.

El memorando no detalla qué actividades realizará el Ejército estadounidense en estos terrenos ni con qué objetivo.

Sin embargo, a mediados de marzo, el diario The Washington Post adelantó que el Gobierno estaba evaluando una propuesta para dar potestad al Ejército de EE.UU. para detener a migrantes que crucen la frontera de manera irregular.

Varios expertos consultados por dicho diario hicieron sonar las alarmas sobre la legalidad de permitir a los soldados arrestar a personas en territorio estadounidense.

La toma de control del terreno por parte del Ejército se suma a la cada vez mayor presencia del Pentágono en la gestión de los organismos de migración.

Desde la llegada de Trump al poder, el Pentágono ha desplegado miles de soldados en la frontera sur y el Gobierno ha usado aviones militares para trasladar a migrantes venezolanos a la base naval de Guantánamo en Cuba.

El número de personas detenidas cruzando de manera irregular la frontera sur de EE.UU. se ha desplomado desde que el republicano llegó a la Casa Blanca, con menos de 30.000 arrestos en el mes de febrero, en comparación con los 124,000 que se registraron en diciembre, mientras el expresidente Joe Biden seguía en el poder.