Categoría: El Mundo

La República Dominicana deportó a 153,144 haitianos indocumentados en los primeros cinco meses de 2025, en medio de su ofensiva contra la inmigración irregular, unas cifras que marcan un «crecimiento sostenido» respecto a otros años, de acuerdo con datos ofrecidos el lunes por la Dirección General de Migración (DGM).

En mayo fueron deportados 34,190 inmigrantes haitianos sin documentación, la cifra más alta alcanzada en un mes en lo que va de año, precisó la institución en un comunicado.

En abril fueron enviados a su país 32,540, en marzo 28,534, en febrero 26,659 y en enero 31,221.

Las detenciones de esos extranjeros indocumentados «marcan una trayectoria en crecimiento sostenido que demuestra la eficacia de los operativos de interdicción» ejecutados por la DGM, en cumplimiento de la disposición del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional y las directrices del presidente dominicano, Luis Abinader, «para enfrentar la migración irregular y garantizar la integridad y soberanía dominicana ante la crisis sociopolítica que padece Haití», agregó la nota.

Las detenciones «se realizan respetando todos los derechos y normas nacionales e internacionales relacionadas con la materia», añadió Migración.

El Gobierno dominicano implementó en octubre de 2024 un plan de deportaciones con el que buscaba repatriar a 10,000 haitianos por semana para controlar la migración irregular.

Además, en abril de este año el presidente Abinader anunció quince nuevas medidas en contra de la migración desde el vecino Haití, país con el que la República Dominicana comparte la isla La Española y que está envuelto en una profunda crisis desde hace años.

Una de esas medidas vincula el acceso a servicios de salud con la expulsión del país y es criticada por la ONU y por Amnistía Internacional (AI).

Precisamente el domingo, Migración informó de que el país ha deportado a 186 embarazadas indocumentadas y a 559 en labores de parto, las cuales fueron detenidas en hospitales desde que el 21 de abril se puso en marcha un protocolo en 33 centros sanitarios.

El Gobierno de Nicaragua otorgó este lunes dos concesiones mineras a cielo abierto a dos empresas chinas, con una superficie total de 29.613,96 hectáreas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, informó en Managua el Diario Oficial La Gaceta.

El Ejecutivo sandinista, a través del Ministerio de Energía y Minas, otorgó a la empresa Brother Metal S.A. una concesión minera para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado «San Leonardo», con una superficie de 25.692,12 hectáreas, ubicado en los municipios de Siuna, Rosita y Prinzapolka, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, según el acuerdo ministerial.

Nicaragua también otorgó a Thomas Metal otra concesión minera para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado «El deseo», con una superficie de 3.921,84 hectáreas, ubicado en los municipios de Siuna y Bonanza, también en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

En total, el Ejecutivo del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha otorgado 21 concesiones mineras a empresas chinas en los últimos dos años por un total de 196.640,35 hectáreas, de las cuales 130.194,75 hectáreas han sido cedidas a Brother Metal y 53.404,86 a la empresa china Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A.

Esas firmas chinas explorarán minerales metálicos y no metálicos en la Región Autónoma del Caribe Norte, habitada principalmente por indígenas miskitu y mayagnas, así como en el municipio de San Juan del Limay, departamento de Estelí; los de La Libertad y Santo Domingo, en Chontales; y en Jalapa y Murra, en Nueva Segovia.

El ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz ha criticado al Gobierno sandinista por seguir entregando concesiones mineras a cielo abierto.

Hasta finales de 2023, Nicaragua había otorgado 299 concesiones mineras, 172 para la minería metálica y 127 para la no metálica.

Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 1.391,6 millones de dólares en 2024, lo que significó un incremento del 20,1 % respecto a 2023, según el Banco Central nicaragüense.

Ese comportamiento fue impulsado por aumentos en las exportaciones de oro (20 %) y plata (24,6 %), como resultado de incrementos tanto en los precios promedios contratados como en los volúmenes exportados, de acuerdo con el banco emisor del Estado.

El oro es el principal producto de exportación nicaragüense y la empresa Calibre Mining, una empresa pública de capital canadiense con presencia en Nicaragua desde 2009 que genera 3.500 empleos, fue el mayor exportador en 2023, según cifras oficiales.

Autoridades mexicanas detuvieron en la ciudad de Reynosa, estado de Tamaulipas, fronteriza con Estados Unidos, a tres presuntos integrantes de un grupo delictivo ligado al Cartel del Golfo (CDG), a quienes decomisaron armas, cartuchos, drogas, dinero en efectivo y vehículos, y están implicados en el homicidio de cinco integrantes de un grupo musical.

En un comunicado conjunto emitido este lunes se apuntó que agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), junto con Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cumplieron tres órdenes de investigación en tres inmuebles, donde detuvieron a los tres sujetos.

Según fuentes oficiales y medios locales los tres detenidos son Santos ‘N’ alias ‘M-47’ o ‘Jimmy’, Raúl ‘N’ y Jesús Alejandro ‘N’ a quienes les aseguraron dos armas largas, tres armas cortas, 400 cartuchos, tres kilos de cocaína, cerca de cuatro kilos de metanfetamina, 14 dosis de marihuana, 800.000 pesos (unos 41.000 dólares) y 12 vehículos.

Según reportes, Santos ‘N’ es considerado el jefe operativo del Cártel del Golfo, facción ‘Metros’ y colaborador de confianza de César ‘N’, alias ‘El Primito’, jefe de la citada célula y uno de los principales generadores de violencia en el estado de Tamaulipas.

Además, es señalado como «el posible autor intelectual en la privación ilegal de la libertad y ejecución de cinco integrantes del Grupo Fugitivo», indicó la nota.

El pasado 29 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó el hallazgo sin vida de los cinco integrantes del Grupo Fugitivo, que se encontraban desaparecidos desde el domingo 25 de mayo.

En una conferencia de prensa, el fiscal estatal, Irving Barrios, informó que tras el hallazgo se detuvieron a nueve personas que estarían relacionadas con la desaparición y muerte de los músicos.

El funcionario detalló que, de acuerdo con las primeras investigaciones, se pudo establecer que los integrantes de la agrupación fueron privados de su libertad alrededor de las 22:00 horas del domingo 25 de mayo, cuando se trasladaban en una camioneta a un evento privado en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas para que el que habían sido contratados.

Tras ello, las autoridades realizaron un operativo en el que lograron la detención de nueve individuos que serían los presuntos responsables del crimen y quienes, de acuerdo con las investigaciones, son parte del Cártel del Golfo, facción ‘Los Metros’, que opera en la ciudad de Reynosa.

En el comunicado se explicó que tras el homicidio de los cinco músicos, las autoridades desarrollaron líneas de investigación, con lo que se obtuvo la ubicación de tres domicilios donde se resguardaban integrantes de un grupo delictivo, vinculados a dicho evento, a quienes aprehendieron.

El martes, colectivos y familiares habían denunciado la desaparición de los músicos identificados como Francisco Xavier Vázquez Osorio, de 20 años; Nemesio Antonio Durán Rodríguez, de 40 años; Livan Edyberto Solis de la Rosa, de 27 años; Víctor Manuel Garza Cervantes, de 21 años, y José Francisco Morales Martínez, de 23 años.

Una Sala de Apelaciones de Guatemala solicitó este lunes la detención de los abogados colombianos y exmiembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, fiscal general del país suramericano.

La detención emitida por la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco obedece por supuestas irregularidades durante el trabajo de Velásquez y Camargo en la Cicig por el caso Odebrecht, según detallaron medios locales.

Dicha Sala de Apelaciones fue señalada por diversos expertos en temas judiciales por sus resoluciones en contra de la libertad del periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde hace más de mil días sin cargos probados en su contra.

La sala, presidida por el abogado Alejandro Prado, también ha tenido a cargo dictámenes en contra del partido oficial, Movimiento Semilla, del exfiscal anticorrupción Stuardo Campo y de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por las elecciones de 2023.

Zamora Marroquín y Campo son considerados como «presos políticos» por organizaciones sociales debido a su lucha contra la corrupción que los ha llevado a la cárcel.

La decisión de este lunes de la Sala de Apelaciones fue además criticada por el exfiscal anticorrupción guatemalteco Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos, quien recordó en sus redes sociales que los magistrados de apelaciones no cuentan con la facultad de emitir órdenes de aprehensión, de acuerdo a la ley guatemalteca.

La solicitud de detención fue planteada por el Ministerio Público, cuya cúpula se encuentra sancionada por Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción y por intentar derribar los resultados electorales de 2023 que llevaron a la presidencia a Bernardo Arévalo de León.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, bajo el mando de Velásquez y con la participación de Camargo, desmanteló entre 2014 y 2019 más de un centenar de estructuras de corrupción dentro del Estado, en su mayoría comandadas por políticos, empresarios y funcionarios.

Velásquez fue también ministro de Defensa en el gobierno del presidente Gustavo Petro y ahora se desempeña como embajador de Colombia ante El Vaticano.

En 2024, la ONU recordó a las autoridades de Guatemala que los funcionarios extranjeros que formaron parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) siguen gozando de inmunidad en virtud del acuerdo por el que se estableció ese órgano.

Fue la misma Cicig la que también llevó a la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) por un millonario escándalo de corrupción en las aduanas del país centroamericano.

La Alcaldía de Nueva York se unió este lunes a la defensa legal del estudiante venezolano Dylan López Contreras, que fue detenido el pasado 21 de mayo por agentes de inmigración tras asistir a una audiencia en un tribunal relacionada con su estatus migratorio.

El alcalde Eric Adams informó hoy de que la ciudad se ha unido al caso como «amigos de la corte» en apoyo al joven de 20 años, que vivía en El Bronx con su familia y que no tiene antecedentes penales.

Este es el primer caso conocido de detención por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de un estudiante del sistema educativo público de Nueva York.

En el documento, presentado en el Distrito Oeste de Pensilvania, donde Contreras se encuentra detenido a pesar de vivir en Nueva York, se argumenta que está detenido sin causa y en violación de su derecho al debido proceso.

Además, también se señala que la ciudad es menos segura cuando los inmigrantes tienen miedo de acceder a servicios básicos y asistir a audiencias judiciales de inmigración, de acuerdo con un comunicado de la Alcaldía.

Del mismo modo, el escrito destaca las importantes contribuciones que los inmigrantes han tenido durante mucho tiempo en la ciudad, específicamente en su tejido cultural y en lo que respecta al crecimiento económico y la prosperidad general.

López Contreras acudió con su madre y sin un abogado a una cita migratoria rutinaria de su solicitud de residencia permanente («green card») el 21 de mayo en la que «inadvertidamente» renunció a protecciones legales.

Al salir del tribunal en Manhattan, los agentes del ICE, vestidos de incógnito, lo siguieron y detuvieron, lo que ha causado indignación y protestas en la ciudad.

El venezolano llegó a EE.UU. bajo la política de la Administración de Joe Biden que le permitió iniciar un proceso de solicitud de asilo, y estudia en una escuela pública de la ciudad.

Adams recordó hoy que López Contreras acudió varias veces al centro de ayuda para solicitudes de asilo que la ciudad estableció para ayudar a la ola de inmigrantes que han llegado durante los pasados dos años.

«Mantener seguros a los neoyorquinos siempre ha sido nuestra principal prioridad, y nuestra ciudad es menos segura cuando las personas tienen miedo de usar los recursos públicos y se ven obligadas a esconderse en las sombras», indicó Adams, que ha sido criticado por activistas por su apoyo a la política de deportaciones del presidente Donald Trump, con quien se ha reunido en dos ocasiones.

El demócrata, que busca la reelección como candidato independiente en las elecciones de noviembre, se ha defendido alegando que la cooperación se limita al arresto de inmigrantes con récord criminal y que la ciudad sigue respetando las leyes de ciudad amiga de inmigrantes o «ciudad santuario».

El sospechoso del ataque del domingo contra un acto proisraelí en Boulder, Colorado, Mohamed Sabry Soliman, fue imputado por 16 cargos de intento de asesinato en primer grado y podría ser condenado a hasta 384 años de prisión, según ha informado el fiscal de distrito del condado de Boulder, Michael Dougherty.

Doce personas resultaron heridas, según el último balance, de las cuales dos continúan hospitalizadas.

Además se le imputan dos cargos de uso de artefacto incendiario que implicarían un máximo de 48 años en una prisión estatal. Por los 16 cargos de intento de uso de un artefacto incendiario afronta hasta 192 años de prisión estatal.

A nivel federal fue acusado de «delito de odio contra una raza, religión u origen nacional real o percibido», explica el afidávit, citado por medios estadounidenses.

El sospechoso atacó con un «lanzallamas casero» y varios cócteles molotov a los asistentes a un acto por los rehenes secuestrados en la Franja de Gaza, un ataque que llevaba planeando desde hace más de un año, a la espera de que su hija se graduara, según los documentos judiciales federales que recoge el diario «The Denver Post».

Soliman elaboró 16 cócteles molotov con gasolina que vertió en botellas de vino y jarras a las que después añadió tela roja. La Policía además se incautó de una mochila con pulverizador también lleno de gasolina.

El propio detenido confesó que buscó cómo preparar el líquido inflamable en YouTube y que su objetivo era específicamente el grupo Corre por Sus Vidas, una organización que convoca recurrentemente actos por todo Estados Unidos para concienciar sobre los rehenes israelíes secuestrados en la Franja de Gaza. Soliman ha subrayado que se trata de un «grupo sionista», según los documentos federales.

El sospechoso confesó la autoría tras ser detenido el mismo domingo por la tarde y aseguró a los agentes que «lo haría de nuevo», según el texto presentado al tribunal por la Oficina Federal de Investigación (FBI). «Quería matar a todos los sionistas y deseaba que todos murieran», prosigue, aunque confiesa también que tenía «previsto morir» en esta acción.

«Viajó a Boulder, Colorado, en su vehículo con los cócteles molotov y lanzó dos de los cócteles a las personas que participaban en un acto proisraelí», recoge el afidávit.

La Policía de Boulder indicó por su parte que no tenía a Soliman registrado. «No habíamos tenido contacto con él antes», ha declarado el jefe de la Policía de Boulder, Stephen Redfearn, en rueda de prensa.

El individuo, de 45 años y origen egipcio, vivía en Colorado Springs junto a su familia tras llegar al país con un visado de turista que ya había caducado y que había solicitado el asilo en septiembre de 2022.

«Ingresó al país en agosto de 2022 con un visado B2 que venció en febrero de 2023. Solicitó asilo en septiembre de 2022», señaló la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un breve mensaje publicado en redes sociales.

Por su parte, el jefe de gabinete adjunto de la Casa Blanca, Stephen Miller, indicó en la red social X que la Administración del expresidente Joe Biden había concedido al sospechoso un permiso de trabajo.

Para la fiscal general, Pam Bondi, el responsable tendrá que rendir cuentas «con todo el peso de la ley» por este «vil ataque antisemita». «Jamás toleraremos este tipo de odio. Nos negamos a aceptar un mundo en el que los judíos estadounidenses sean atacados por quiénes son y por lo que creen», afirmó en un comunicado oficial.

El incidente, catalogado como «ataque terrorista selectivo» por el director del FBI, Kash Patel, se saldó con doce personas heridas, tras sumar cuatro nuevas víctimas en las últimas horas, con edades comprendidas entre los 52 y los 88 años. Al menos uno de ellos se encuentra en estado crítico, según la cadena estadounidense NBC News.

Congresistas y funcionarios en California calificaron este lunes como «un grave error» el operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en uno de los restaurantes más conocidos de San Diego, donde los agentes se presentaron armados, lo que derivó en caos y tensión entre los consumidores.

«Fue un grave error; no era ni el lugar ni el momento adecuado para hacer un operativo de esa manera», dijo el congresista Juan Vargas al referirse a la redada de agentes de ICE la tarde del viernes pasado en el restaurante italiano Enoteca Buona Forchetta.

El legislador demócrata detalló que el restaurante familiar, en una zona residencial, estaba lleno de comensales cuando agentes enmascarados que portaban armas tácticas y de largo alcance «irrumpieron para detener a un trabajador que limpia mesas porque no tenía identificación a la mano».

Los agentes detuvieron en la redada a tres trabajadores mexicanos, pero todos los presentes los confrontaron y, mientras los oficiales se replegaban a sus vehículos, los clientes del restaurante los siguieron mientras les gritaban que se fueran y grababan con celulares, imágenes que se volvieron virales.

En respuesta, los agentes de ICE lanzaron dos granadas de humo para tratar de dispersar, lo que molestó aún más a los clientes del restaurante.

Para muchas familias en áreas cercanas al centro de San Diego ese restaurante es una tradición, de acuerdo con su gerencia que, después de la redada, decidió cerrar dos días ese y otras sucursales en los condados de San Diego y Orange (California).

El congresista Scott Peters criticó que, lejos de cumplir la promesa de enfocarse en detener a indocumentados criminales, a los agentes de ICE se les ordenó un operación con armas tácticas «para detener a una persona que limpia las mesas, a un mesero y a un ayudante de cocinero».

Vargas, la congresista Sara Jacobs y el alcalde de San Diego, Todd Gloria, informaron que se comunicaron con la jefatura local de la oficina de Investigaciones de Seguridad Interior (HSI) de la que dependen los agentes de ICE y que respondió sin retrasos las llamadas e informó que era una operación ordenada desde Washington.

«He conocido a lo largo de los años a muchos agentes del ICE y estoy seguro que a ellos no les gustaría participar en un acción como la que vimos el viernes», dijo Vargas; «fue un intento de intimidación que salió mal, el tipo de intimidación que vamos a responder».

Por su lado, Jacobs dijo que fue parte de una orden del asesor Stephen Miller de hacer 3.000 arrestos en promedio diarios.

Pero los congresistas dijeron que si los agentes arrestan a alguien que no ha cometido delito alguno, en esa detención ya violan la ley, pues faltan a la Cuarta Enmienda de la Constitución que garantiza la seguridad ante situaciones como esa.

Los legisladores llevaron a cabo la conferencia y protesta ante la corte federal en San Diego, porque fue la que autorizó la operación en el restaurante italiano, y responsabilizaron a dicho tribunal del caos desatado.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió el lunes indagar la muerte del periodista salvadoreño Javier Hércules, asesinado el domingo por hombres armados en Honduras,

además de pedir que se refuerce el mecanismo de protección para comunicadores en riesgo.

El organismo, con sede en Miami, condenó el asesinato de Hércules, de 50 años, al denunciar que sujetos en motocicleta le dispararon en el departamento hondureño de Copán mientras iba en un vehículo que utilizaba como taxi.

«Este crimen confirma los serios riesgos que enfrentan los periodistas en Honduras. No puede tolerarse que quienes informan sean asesinados sin consecuencias. La impunidad solo alimenta la violencia», declaró el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, quien es director general de «La Prensa Gráfica» de El Salvador.

Hércules vivía desde hace cinco años en Honduras, donde desde 2023 tenía medidas de protección del Sistema Nacional de Protección de Honduras tras recibir amenazas y haber sido víctima de un secuestro.

El comunicador, quien también era conductor de radio taxi, laboraba para el canal de televisión ATN a Todo Noticias.

En este contexto, la SIP también exhortó a Honduras a evaluar el funcionamiento del programa de protección y a adoptar reformas para hacerlo «más eficaz y confiable».

Hasta el momento, la Policía Nacional no cuenta con pistas claras sobre las causas del homicidio.

Desde 2001, más de un centenar de personas vinculadas a los medios de comunicación, entre periodistas, comunicadores sociales y propietarios, han muerto de forma violenta en Honduras, según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Más del 90 % de esas muertes están en la impunidad, según registros de organismos de derechos humanos.

Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, consideró «esencial que se considere la labor periodística como una posible causa del asesinato».

«Las autoridades deben investigar con celeridad, transparencia y determinación para llevar a los responsables ante la justicia», sentenció.

Rusia planteó este lunes, en Estambul, una serie de condiciones para poner fin al conflicto armado con Ucrania.

Entre las exigencias está el reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea y otras cuatro regiones ucranianas, así como la renuncia definitiva de Kiev a unirse a bloques militares como la OTAN. El documento, presentado por la delegación rusa durante las negociaciones en Turquía, establece en su apartado «Principales parámetros para la solución definitiva» que Ucrania debe aceptar legal e internacionalmente la anexión rusa de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, regiones ocupadas por el Kremlin desde 2022.

Además, Moscú exige que Ucrania mantenga un estatus de neutralidad permanente y prohíba cualquier tipo de actividad militar extranjera en su territorio, incluyendo la instalación de bases o infraestructura militar por parte de terceros países. El memorando también plantea que Ucrania no podrá poseer armas nucleares ni otros dispositivos de destrucción masiva.

Tampoco podrá permitir su tránsito o despliegue en su territorio, medida que Moscú considera esencial para garantizar la seguridad regional. El Ejército ucraniano, por su parte, deberá reducir su número de efectivos y equipamiento bélico, al tiempo que todas las agrupaciones militares nacionalistas deberán ser desmanteladas, según detalla el texto. Otro de los puntos más sensibles expuestos en el documento es la obligación de Ucrania de reconocer el idioma ruso como oficial y garantizar los derechos de la población rusoparlante.

También propone la prohibición de la propaganda o apología del nazismo y la disolución de partidos y organizaciones nacionalistas.

Moscú, además, exige el levantamiento total de las sanciones económicas, restricciones comerciales y prohibiciones bilaterales entre ambos países.

También solicita que se renuncie a cualquier exigencia de reparaciones de guerra por los daños ocasionados durante el conflicto. La propuesta rusa incluye también la restitución de derechos para la Iglesia Ortodoxa Ucraniana alineada con el Patriarcado de Moscú, la cual ha sido desplazada por la Iglesia Ortodoxa autocéfala reconocida por Kiev.

En la parte final del memorando, se sugiere una restauración gradual de las relaciones diplomáticas y económicas, incluyendo el transporte, las comunicaciones y el tránsito de gas entre ambos países. Vladimir Medinski, jefe negociador ruso, explicó que el documento fue entregado formalmente a los representantes de Ucrania y contiene dos partes: una dedicada al arreglo político y otra al establecimiento de un cese total de hostilidades.

Pese a la entrega del memorando, la reunión culminó sin avances significativos. No obstante, ambas partes acordaron el intercambio de todos los prisioneros de guerra menores de 25 años, así como de los heridos o enfermos graves.

La Justicia laboral de Argentina dictó este lunes la suspensión temporal de un decreto impulsado por el presidente Javier Milei, el cual restringía el derecho a huelga y ampliaba la lista de servicios esenciales en el país.

La medida se produce tras una acción de amparo promovida por la Confederación General del Trabajo (CGT), que cuestionó la constitucionalidad del decreto.

La jueza Moira Fullana, del fuero de la Justicia Nacional del Trabajo, ordenó dejar sin efecto de forma provisional los artículos segundo y tercero del decreto hasta que se emita una sentencia definitiva. En su fallo, la magistrada dio curso a la medida cautelar y reconoció “la viabilidad formal de la acción de amparo interpuesta.”

La jueza también afirmó la jurisdicción del fuero laboral para resolver el caso, desestimando la intención del gobierno de trasladar el expediente al ámbito contencioso administrativo. Fullana argumentó que su tribunal debe intervenir “en una contienda en la que resulta inobjetable el contenido de derecho social.”

El sindicato CGT alegó que el decreto fue dictado sin respetar los procedimientos legislativos correspondientes y denunció que “viola el principio republicano de división de poderes y violación al derecho y principio de libertad sindical.”

El decreto en cuestión fue firmado a mediados de mayo por el presidente Milei.

En él, se imponía la obligación de mantener operativos al menos el 75 % de los servicios en sectores clave como salud, educación, transporte aéreo y marítimo, telecomunicaciones, entre otros.

No obstante, la legislación argentina vigente solo considera esenciales aquellas actividades cuya interrupción implique un riesgo real para la vida o la seguridad de la población.