Categoría: El Mundo

El presidente de Taiwán, William Lai, subrayó este jueves la necesidad de «no olvidar la historia» y de «mantener viva la memoria» de la matanza de la plaza de Tiananmen, al cumplirse hoy el trigésimo sexto aniversario del suceso.

«Los regímenes autoritarios suelen optar por el silencio y el olvido; las sociedades democráticas, en cambio, eligen preservar la verdad y no olvidar a quienes se sacrificaron por los derechos humanos y los sueños que albergaban», escribió el mandatario en su cuenta oficial de Facebook.

«No solo nos negamos a olvidar la historia, sino que, con confianza y resiliencia, seguiremos practicando nuestros valores fundamentales cada día, para que las futuras generaciones puedan crecer y prosperar en una tierra libre», agregó Lai.

En el 36º aniversario de la masacre de Tiananmen, China ha impuesto un habitual control estricto en Pekín para evitar cualquier mención sobre el aniversario y prohibió la tradicional vigilia conmemorativa en Hong Kong, por lo que Taiwán será el único territorio de habla china que recordará el suceso con un acto en el centro de Taipéi.

La masacre de Tiananmen ocurrió la noche del 3 al 4 de junio de 1989, cuando soldados y tanques del Ejército chino se abrieron paso hasta la céntrica plaza de Pekín, donde se manifestaban desde hacía semanas cientos de miles de estudiantes y trabajadores que exigían el fin de la corrupción y pedían una mayor apertura política.

La cifra de muertes por la represión militar de esa jornada no es exacta y oscila entre cientos y miles, según la fuente.

Después de alcanzar el domingo más de cuarenta aviones de combate rusos con drones escondidos en camiones de transporte civil, Ucrania atacó este martes el puente de Kerch que une Crimea con Rusia con más de una tonelada de explosivos colocados bajo el agua, en otra operación preparada por los servicios secretos de Kiev durante meses.

Aunque no se conoce por el momento el alcance exacto del que es el tercer ataque contra el puente de Kerch, esta acción del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), el mismo que llevó a cabo la operación contra los aeródromos, tiene mucho valor simbólico y pone de manifiesto las vulnerabilidades rusas en la defensa de uno de los objetivos más preciados para los ucranianos en esta guerra.

«Crimea es Ucrania, y cualquier expresión de la ocupación recibirá una respuesta contundente», dijo el jefe del SBU, Vasil Maliuk, al informar sobre el ataque contra el puente, que fue preparado durante «varios meses» y tuvo lugar durante la madrugada del lunes al martes.

Construido entre 2016 y 2019, el puente que se extiende sobre el estrecho de Kerch conecta a Rusia con la península ucraniana de Crimea, anexionada por Moscú en 2014 y símbolo de la permanencia del dominio ruso en ese territorio.

Como apuntó Maliuk tras celebrar el éxito de la operación contra el puente de Kerch este martes, esta infraestructura no tiene sólo un valor simbólico: también tiene importancia para el suministro a las tropas rusas desplegadas en el territorio ocupado de Ucrania.

La infraestructura fue dañada por primera vez al inicio de la guerra por los servicios secretos ucranianos con un explosivo colocado en un camión de transporte regular que mató a cinco personas y provocó el desprendimiento de una parte de la calzada al explotar mientras el vehículo cruzaba el puente.

El método de los camiones

El método elegido para perpetrar el ataque del martes es similar al que permitió el lunes a Kiev destruir más de un tercio de los aviones portadores de misiles de crucero estratégicos con los que contaba Rusia.

Para neutralizar estos aviones, el SBU escondió drones de visión remota que cuestan apenas unos cientos de dólares cada uno bajo los techos de las casas prefabricadas de madera que, aún desmontadas, transportaban los camiones seleccionados para la misión.

Cuando los vehículos, cuyos conductores no tenían constancia de la operación, se encontraban cerca de las bases aéreas en cuestión, los drones fueron activados de forma remota para golpear los objetivos.

Según el SBU, la operación causó al enemigo daños materiales de más de siete mil millones de dólares.

Un acto «terrorista» en Briansk y Kursk

El Comité de Instrucción de Rusia, la principal agencia federal de investigaciones del país, señaló este martes a Ucrania por la voladura de dos puentes en las regiones fronterizas rusas de Briansk y Kursk.

Briansk y Kursk son dos regiones clave para las operaciones en el noreste de Ucrania del Ejército ruso, que ha iniciado una ofensiva contra la región ucraniana de Sumi y amenaza también con hacerse con más territorio en la vecina Járkov.

Dos trenes descarrilaron como consecuencia de la voladura de estos puentes, una acción que no ha sido reivindicada por Kiev y que ha sido calificada de «terrorista» por Moscú.

Siete civiles rusos murieron en estos descarrilamientos y más de un centenar resultaron heridos, que se suman a la larga lista de víctimas que cada semana provocan los ataques rusos contra Ucrania.

Las operaciones del SBU contra los aeródromos rusos y contra el puente de Kerch han sido celebradas por muchos ucranianos como demostraciones de que su país sigue teniendo capacidad para golpear al enemigo y continuar resistiendo a la agresión militar con garantías.

Queda por ver si estas dos acciones y los ataques a los puentes de Briansk y Kursk influirán en la situación en el frente, donde Rusia sigue llevando la iniciativa y se prepara para conquistar más territorio en Sumi y para llevar las hostilidades a Ucrania central entrando por primera vez durante la guerra en la región de Dnipropetrovsk.

Más de cuatro millones de personas han huido de Sudán desde que en abril de 2023 estalló el conflicto armado entre el Ejército regular y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), informó este martes la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que calificó la situación como «la mayor crisis de desplazamiento del mundo».

«Si el conflicto continúa, miles más seguirán huyendo, lo que pondrá en riesgo la estabilidad regional y global», alertó Dossou Patrice Ahouansou, coordinador de ACNUR en Chad, país que está recibiendo una presión creciente por la llegada diaria de refugiados sudaneses.

Desde que comenzó la guerra, más de 844,000 sudaneses han cruzado hacia Chad, sumándose a los 409,000 que ya se encontraban allí antes de la crisis, totalizando 1.2 millones de personas desplazadas en ese país vecino. «Esta es una carga insostenible para Chad», advirtió Ahouansou.

El flujo de refugiados no se detiene. Solo entre abril y mayo, tras una nueva ola de violencia en la región de Darfur —incluso contra campamentos de desplazados internos— unas 68,500 personas cruzaron la frontera hacia Chad. Actualmente, el ritmo de llegadas se mantiene en un promedio alarmante de 1,400 refugiados diarios.

«Estos civiles están huyendo del terror», afirmó el funcionario de ACNUR. De acuerdo con testimonios recogidos por la agencia, tres de cada cuatro personas desplazadas han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo violencia física y sexual, detención arbitraria y reclutamiento forzado. Además, el 60 % de los entrevistados declaró haber sido separado de familiares durante la huida.

A pesar de la magnitud de la crisis, ACNUR advirtió que apenas se ha recibido el 14 % de los fondos necesarios para atender la emergencia, lo que ha obligado a limitar la asistencia básica. Por ejemplo, los refugiados apenas reciben cinco litros de agua potable por día, muy por debajo del estándar humanitario recomendado de entre 15 y 20 litros diarios.

La situación en Sudán continúa deteriorándose, mientras organismos internacionales llaman con urgencia a una intervención global para evitar un colapso total en la región.

Defensores de los derechos de los inmigrantes en EE.UU. presentaron una demanda en contra del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) por negarse a informar sobre la forma en que recopila, almacena y utiliza las pruebas de ADN tomadas a inmigrantes.

El Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de Georgetown, el Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes y Americans for Immigrant Justice informaron este martes sobre la querella legal presentada en una corte federal del Distrito de Columbia.

La organizaciones señalaron en un comunicado que la demanda fue presentada porque el DHS no ha contestado una solicitud que le hicieron bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) sobre el uso de estas muestras, que recopila de forma masiva desde 2020.

Los defensores de los inmigrantes advirtieron de que la toma de muestras de ADN de extranjeros incrementó a un ritmo sin precedentes de más del 5,000 % en la base de datos del FBI, conocida como CODIS.

En 2024 las tres organizaciones presentaron una solicitud conjunta para saber cómo la agencia recopila, almacena y utiliza datos de ADN de inmigrantes, información que la agencia divulga poco o nada al público, pero no han recibido respuesta alguna.

Stevie Glaberson, director de Investigación y Defensa del Centro de Privacidad, dijo en un comunicado que el DHS está recolectando muestras de personas que no enfrentan acusaciones de delitos y operando sin ninguna de las restricciones que «se supone deben existir» para que el gobierno obligue a alguien a proporcionar su información personal más confidencial.

«Los estadounidenses merecen conocer los detalles de este programa y la falta de transparencia del departamento es inaceptable», agregó.

«El programa de recolección de ADN del DHS es solo una pieza de una redada masiva que recopila información sobre todos nosotros no solo para impulsar la deportación -aunque lo hace-, sino principalmente para intimidar y silenciar a quienes se oponen a él», valoró Emily Tucker, directora ejecutiva del Centro de Privacidad y Tecnología de la Facultad de Derecho de Georgetown.

El presidente estadounidense, Donald Trump, mandó este martes al Congreso la petición oficial para que rescinda $9,400 millones en fondos actuales para ayuda exterior y la radiodifusión pública.

La presidenta del Comité de Apropiaciones del Senado, la conservadora Susan Collins, dijo haber recibido ya ese documento, detalló el digital Politico.

Según indicó esta a la prensa, el recorte buscado afecta entre otros a la Iniciativa Presidencial de Emergencia para la Lucha contra el Sida (PEPFAR), impulsada en 2003 por el entonces mandatario republicano George W. Bush (2001-2009)

El Legislativo tiene ahora 45 días para aprobarlo o frenarlo. La solicitud debe ser validada por una mayoría simple en cada cámara y la ajustada mayoría de la que gozan los conservadores en las mismas hace que solo puedan permitirse pocas deserciones.

El presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, afirmó este martes que quiere llevarlo al pleno tan pronto como las reglas se lo permitan.

De aprobarlo, el Congreso validaría parte de los recortes impulsados por el magnate Elon Musk al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), un puesto que abandonó la semana pasada para centrarse en sus propias empresas.

Legisladores demócratas se han movilizado recientemente para intentar impedir que se limite la financiación a los medios públicos.

«Sin el apoyo federal a la radiodifusión pública, muchas localidades tendrían dificultades para recibir noticias locales y contenido educativo oportuno y de confianza», especialmente las comunidades remotas y rurales en las que las salas de redacción comerciales tienen cada vez menos probabilidades de invertir», dijo el congresista Dan Goldman en una carta conseguida por la radio NPR.

El director de Presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, apuntó no obstante esta semana a la posibilidad de que el Ejecutivo se salte el Congreso para bloquear parte de los fondos a través de acciones ejecutivas.

Agentes de migración de Estados Unidos arrestaron este martes a la familia de Mohamed Sabry Soliman, el hombre acusado de atacar a un grupo de personas durante una manifestación pro-Israel.

Así lo confirmó la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, en un video publicado en redes sociales, donde detalló que su agencia está investigando si los familiares de Soliman «sabían sobre el ataque de antemano o le proporcionaron apoyo».

«Este terrorista será procesado con todo el peso de la ley», agregó la funcionaria y exgobernadora de Dakota del Sur.

Soliman, de 45 años, fue arrestado el domingo acusado de haber usado un «lanzallamas casero» para atacar a un grupo de personas en Boulder, Colorado, donde hubo una docena de heridos.

El hombre, de nacionalidad egipcia, entró en EE.UU. en agosto de 2022 con un visado de turista y solicitó asilo al mes siguiente. Su visado había vencido en febrero de 2023, de acuerdo con DHS.

Su esposa reside en Colorado Springs, a las afueras de Denver, junto a sus cinco hijos, según recogió la cadena local Denver7. No se conoce el estatus migratorio de su familia.

Soliman podría enfrentar una pena de cadena perpetua por comisión de un delito de odio e intento de asesinato, según señaló ayer el fiscal federal encargado del caso, Bishop Grewell, en una rueda de prensa.

El fiscal aseguró que Soliman «había planeado este ataque durante un año y actuó porque odiaba lo que llamaba el grupo sionista».

«Cuando fue interrogado sobre del ataque dijo que quería que todos murieran», añadió.

Según explicó Grewell, Soliman no mostró arrepentimiento, dijo «que lo volvería a hacer» y contó que había intentado comprar un arma de fuego, pero que recurrió a los cócteles molotov al no poder adquirirla por no tener la ciudadanía estadounidense.

El domingo, Soliman supuestamente atacó con cócteles molotov a un grupo de personas que se encontraban en un acto de solidaridad con los rehenes que permanecen en manos de Hamás en la Franja de Gaza y aparentemente gritó después «¡Palestina libre!».

Las autoridades elevaron hoy el número de heridos de ocho a 12 a causa del ataque, que mantiene a dos personas aún hospitalizadas, y el fiscal del distrito en Boulder, Michael Dougherty, contó que la policía halló que Soliman tenía a su disposición otros 16 cócteles molotov sin usar, lo cual, indicó, «habla por sí solo».

Soliman comparecerá este martes en la cárcel ante el juez, que ha fijado para él una fianza de 10 millones de dólares.

Este ataque se produjo menos de dos semanas después del asesinato de dos empleados de la embajada de Israel en Washington D.C., perpetrado por un joven que también expresó su apoyo a Palestina tras abrir fuego contra las víctimas.

El presidente, Donald Trump, condenó el lunes lo sucedido, aseguró en su red social, Truth Social, que Soliman «entró al país gracias a la ridícula Política de Fronteras Abiertas» de su antecesor, Joe Biden (2021-2025), y prometió expulsar al supuesto atacante.

Desde su retorno al poder el 20 de enero, Trump se ha comprometido a endurecer la política migratoria del país, lo que incluye deportaciones a gran escala de migrantes en situación irregular.

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, afirmó este martes que el marco legal de la vía «es muy claro» y dicta que «todos» los buques que transitan «pagan», con la única excepción de los barcos de guerra colombianos, al ser cuestionado sobre lo que tildó como «aspiración» de EE.UU. a que su marina de guerra cruce gratis.

«Nosotros lo único que hemos dicho es que queremos escuchar cuál es la aspiración (del Gobierno de EE.UU.), pero tenemos un marco legal muy claro y muy bien definido que establece que todo tránsito por el Canal de Panamá» paga, declaró Vásquez a los periodistas.

El titular del Canal de 82 kilómetros y que une el Atlántico y el Pacífico, recordó que «los buques de la Marina colombiana, a raíz del Tratado de Montería (Tratado Uribe-Vargas Ozores de 1979) son los únicos que transitan gratis. Todos los demás buques pagan, los panameños y los de cualquier otra bandera».

Ante la postura del Gobierno de Donald Trump, que exige que los buques de guerra y auxiliares de Estados Unidos pasen gratis y rápido por el paso navegable – que el país norteamericano construyó a inicios del siglo XX – Vásquez sostuvo que «el Tratado de Neutralidad, el Título Constitucional del Canal de Panamá, es claro», por lo que hasta ahora y con base a ello «no ha cambiado nada en términos de peajes con relación a los buques de la marina de guerra de EE.UU.».

En muchos discursos, tanto de candidato como ahora de presidente, Trump ha dicho que es injusto que los buques de guerra estadounidenses paguen por cruzar el Canal, ya que EE.UU. lo construyó y contribuye a su seguridad.

«Aspiracionalmente puedo entender la solicitud de Estados Unidos (de pedir pasar gratis) pero si haces eso también tendrías que atender la solicitud de todos los países del mundo», reflexionó Vásquez.

Al ser preguntado sobre si finalmente puede complacerse al Gobierno de Trump, el administrador del Canal de Panamá afirmó que «habría que ver qué, aspiracionalmente, están buscando».

Sectores políticos y analistas panameños han dicho que la pretensión estadounidense de pasar gratis por el canal interoceánico viola el Tratado de Neutralidad vigente desde el 1 de octubre de 1979.

El Tratado de Neutralidad ya prevé el paso expedito para las naves de guerra y las auxiliares de Estados Unidos, como indica su artículo VI.

«En reconocimiento de las importantes contribuciones» de Panamá y de EE.UU. «a la construcción, funcionamiento, mantenimiento, protección y defensa del Canal, las naves de guerra y las naves auxiliares de estas naciones (…) tendrán derecho de transitar el Canal de modo expedito», establece el sexto artículo del Tratado.

EE.UU. construyó y operó el Canal por más de 80 años, hasta su traspaso a Panamá hace 25 años, tal como lo establecen los Tratados Torrijos-Carter de 1977. La vía se rige por el Tratado de Neutralidad.

El Canal recordó en mayo pasado que en los últimos 25 años ha invertido más de $15,000 millones para asegurar su funcionamiento a largo plazo, incluyendo su primera ampliación, que tuvo un costo superior a los 5.250 millones de dólares y ha multiplicado los ingresos de la vía y su valor estratégico.

La vía acuática que une el Atlántico y el Pacífico y tienen a EE.UU. como su principal cliente, seguido de lejos por China y Japón, proyecta ingresos por $5,623,5 millones en el año fiscal 2025, un 17,7 % más que la cifra presupuestada para el periodo fiscal 2024.

Activistas en favor de los desaparecidos en Monterrey, en el estado mexicano de Nuevo León (norte), denunciaron este martes deficiencias en los procesos de búsqueda por parte de las autoridades estatales encargadas de este trabajo.

Leticia Hidalgo, fundadora y vocera del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, señaló a EFE que la Fiscalía estatal retarda la entrega de certificados de personas desaparecidas y encontradas sin vida, además de retrasar los análisis de restos hallados por las propias buscadoras.

La activista acusó al fiscal general, Javier Flores Saldívar, quien recientemente declaró que no hay personal suficiente para estas labores. Sin embargo, dijo que esa es una excusa poco creíble que viene de hace años.

«No quieren elevar el índice de personas desaparecidas y de víctimas de la violencia y la inseguridad que nunca han podido atender desde hace más de 15 años, siendo ellos los responsables de que tengamos garantizada la vida y la seguridad en un Estado de derecho», mencionó la activista.

Expuso tres casos que desde el colectivo han acompañado: el de un joven víctima de desaparición que fue encontrado sin vida en junio de 2024 y de quien, tras casi un año del hallazgo, el Servicio Médico Forense no ha expedido su certificado de defunción porque alega que no ha sido posible determinar su causa de muerte.

Un segundo caso es el de una joven cuyos restos fueron encontrados en una fosa clandestina del crimen organizado, en el municipio de Hidalgo, y después un año de su identificación no ha sido entregada a sus familiares para una restitución digna.

También reveló que a principios de abril de 2025, el colectivo realizó el hallazgo de diversos restos humanos los cuales a la fecha no han sido analizados.

La activista afirmó que estas acciones son violatorias de los derechos humanos de familiares víctimas de desaparición y constituyen también un delito.

«Es equiparable a la tortura lo que ellos hacen y eso ya está por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en una jurisprudencia, lo que pasamos nosotros como familiares de personas desaparecidas», dijo.

Añadió que además negar y ocultar la información es también una desaparición forzada.

«Estas acciones configuran también el delito de desaparición forzada, es decir, los vuelven a desaparecer. Ya tienen cuerpos, ya tienen restos, ya tienen identificaciones y no quieren dar la información, ocultan la información, porque en los tres casos eso es lo que estamos denunciando», mencionó.

Ante la situación que se está viviendo en Nuevo León, Hidalgo comentó que han dado vista a instancias internacionales.

«Nosotros en todos los casos estamos haciendo la recopilación de nuestras denuncias y nuestras exigencias precisamente con estos escritos y damos parte al Grupo Contra la Desaparición Forzada de la ONU», comentó.

Explicó que para llegar a un grupo internacional se necesita agotar todas las instancias en el país de origen.

«Ya agotamos todas las instancias y no nos dan respuesta», puntualizó.

En México, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), existen a la fecha más de 127.000 personas víctimas de este delito y en Nuevo León la cifra es de más de 7.000.

Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) detuvo a 72 inmigrantes, que según informó este martes estaban en situación migratoria irregular, en un club nocturno «regentado por un presunto miembro del cartel de Los Zetas» en la zona de Charleston, en el estado de Carolina del Sur.

El DHS, con la colaboración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), arrestó el pasado domingo a casi un centenar de personas con «delitos graves anteriores» y entregó a seis menores a los servicios sociales estadounidenses.

Las detenciones aún se están procesando y solo han confirmado que uno de ellos, Sergio Joel Galo-Baca, tenía antecedentes. Es originario de Honduras y sobre él pesa una notificación roja de la INTERPOL activa por homicidio en su país.

Antes de realizarse la operación, el ICE recibió información de que en el bar El Álamo, «se traficaba con armas, estupefacientes y personas». De hecho, los agentes incautaron «dinero en efectivo, estupefacientes y armas».

La subsecretaria de la agencia, Tricia McLaughlin, celebró en un comunicado la «exitosa operación» en la que se realizaron arrestos y el desmantelamiento de un club donde presuntamente se traficaba.

«Bajo el presidente, Donald Trump, y la secretaria del DHS, Krisiti Noem, los fugitivos y los infractores de la ley están sobre aviso», dijo McLaughlin.

Además fueron el brazo militar del Cartel del Golfo pero se escindieron de la organización con la que mantuvieron una cruenta guerra en 2010 por el control del noreste de México y lograron el dominio del narcotráfico en buena parte del país. En 2016, los Zetas se fracturaron y dieron lugar al Cartel del Noreste.

En su primer día de mandato, Trump designó al CDN, al Cartel de Sinaloa (CDS), al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al Cartel del Golfo (CDG), a La Nueva Familia Michoacana (LNFM) y a Carteles Unidos (CU) como organizaciones del narcotráfico señaladas como terroristas.

El magnate Elon Musk llamó «abominación repugnante» al proyecto de ley fiscal y presupuestario impulsado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y criticó a los republicanos que lo votaron, acusándoles de haber cometido un «error», tras su salida de la Casa Blanca.

«Lo siento, pero no lo puedo soportar más. Este proyecto de ley de gasto del Congreso, masivo, escandaloso y lleno de gastos innecesarios, es una abominación repugnante. Qué vergüenza para quienes votaron a favor: saben que cometieron un error. Lo saben», escribió el empresario en X.

En una segunda publicación, el ejecutivo de Tesla y SpaceX advirtió de que el proyecto «incrementará masivamente el déficit ya gigante del presupuesto a 2,5 billones de dólares (!!!) y cargará a los ciudadanos de EE.UU. con una deuda devastadoramente insostenible».

Musk se despidió el viernes pasado de su cargo en el Gobierno tras haber expresado críticas contra el gran plan fiscal de Trump, argumentando que aumentará el déficit público y pondrá en peligro los resultados del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés) que encabezó.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, minimizó el impacto de las declaraciones en su rueda de prensa diaria: «El presidente sabe la postura de Elon Musk sobre este proyecto de ley. Esto no cambia su opinión. La opinión del presidente es que este es un proyecto de ley grande y hermoso, y lo respalda».

La mayoría republicana del Senado inició el lunes negociaciones para modificar la versión del plan aprobada por la Cámara Baja y convencer a los escépticos dentro del partido para lograr un voto final antes del 4 de julio.

Bautizada por Trump como «el gran y hermoso proyecto de ley», la propuesta busca extender los alivios fiscales del primer mandato del neoyorquino (2017-2021) y añadir promesas de campaña como las exenciones fiscales a las propinas, a las horas extras y a las compras de automóviles fabricados en el país.

El domingo, en una entrevista con CBS, Musk dijo que, pese a estar de acuerdo con gran parte de lo que hace la Administración de Trump, tenía «diferencias de opinión», y aseguró que no quería «hablar en contra» pero tampoco asumir «responsabilidad de todo» lo que hace.