Categoría: El Mundo

El primer ministro saliente de Groenlandia, Mute Egede, calificó este lunes de «injerencia extranjera» la visita prevista esta semana de una delegación estadounidense a este territorio autónomo danés, codiciado por el presidente Donald Trump.

Sin descartar el uso de la fuerza, el magnate republicano ha reiterado una y otra vez su deseo de hacerse con este territorio considerado importante para la seguridad estadounidense frente a Rusia y China.

Trump negó el lunes que el envío de la delegación sea una provocación, pero reiteró su deseo de hacerse con este territorio danés autónomo.

«Esto es amabilidad, no provocación», dijo Trump a los periodistas el lunes al final de una reunión de gabinete. Insistió en que la visita fue por invitación de Groenlandia.

«Hemos sido invitados, y realmente les gusta la idea, porque han estado de alguna forma abandonados», señaló Trump.

«Y creo que Groenlandia será algo que tal vez esté en nuestro futuro. Creo que es importante. Es importante desde el punto de vista de la seguridad internacional», agregó.

Recubierta en un 80% de hielo, esta enorme isla del Ártico de 57.000 habitantes, casi el 90% de ellos la etnia inuit, posee hidrocarburos e importantes minerales para la transición energética.

La Casa Blanca anunció el domingo que la esposa del vicepresidente JD Vance, Usha Vance, hará una visita oficial a Groenlandia del jueves al sábado para asistir, entre otros, a una carrera nacional de perros de trineo.

También, hará parte de la delegación el consejero de seguridad nacional estadounidense, Mike Waltz, según Egede, y el ministro de Energía, Chris Wright, según la prensa estadounidense. No se han comunicado detalles sobre su programa.

Estas visitas se producen en un momento delicado para Groenlandia, en plenas negociaciones para formar unacoalición de gobierno.

«Nuestra integridad y nuestra democracia deben ser respetadas sin ninguna injerencia extranjera», escribió el lunes el primer ministro, Mute Egede, en la red Facebook.

«Se informó claramente a los estadounidenses que sólo podrá haber reuniones una vez que entre en funciones un nuevo» gobierno, tras las recientes elecciones legislativas, dijo Egede.

«Apoderarse de nuestro país»

Desde la derrota de su partido de izquierda ecologista, Egede dirige Groenlandia de forma interina, a la espera de que se forme un nuevo gobierno.

En una entrevista el domingo con el diario groenlandés Sermitsiaq, instó a la comunidad internacional y a sus aliados europeos a reaccionar y mostrar su apoyo con más firmeza ante la insistencia estadounidense.

«A la nueva administración estadounidense no le importa lo que hemos construido juntos. Su único objetivo es apoderarse de nuestro país, sin consultarnos», afirmó el gobernante, que ve en la visita de la delegación estadounidense a Groenlandia una prueba de ello.

No se trata de «una simple visita anodina de la esposa de un responsable político», insistió.

«¿Por qué iría a Groenlandia un consejero de seguridad nacional? Su único objetivo es imponer una demostración de fuerza (…). Su mera presencia en Groenlandia reforzará la convicción de los estadounidenses de que la anexión es factible, y la presión aumentará tras esta visita», estimó.

En reacción al llamado de Egede por el apoyo más explícito de los europeos, la Comisión Europea recordó que seguirá «defendiendo los principios de la soberanía nacional, la integridad territorial de las fronteras y la carta de las Naciones Unidas.

«Son principios universales que defenderemos y no cesaremos de defender, con mayor razón teniendo en cuenta que la integridad territorial de un Estado miembro de la Unión Europea está siendo cuestionada», dijo su portavoz, Anitta Hipper, en conferencia de prensa.

Esta visita de una delegación estadounidense debe considerarse como «un movimiento agresivo» que va en contra de toda tradición diplomática, declaró a la AFP Ulrik Pram Gad, investigador del Instituto danés de Estudios Internacionales.

Cuando un país intenta formar gobierno, «como vecino amigo o aliado, normalmente no nos involucramos», recalcó.

El probable futuro primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, líder del partido de centroderecha que ganó las elecciones, calificó recientemente de «inapropiados» los comentarios de Trump sobre su deseo de anexionarse Groenlandia.

Apóstol del «Estados Unidos primero», el presidente Donald Trump prolongó este lunes el plazo de la petrolera Chevron para liquidar operaciones en Venezuela y paralelamente anunció que los países que compren petróleo o gas venezolano podrían pagar un arancel del 25%.

El pasado 26 de febrero el magnate republicano anunció el fin de la licencia que permite a Chevron operar en Venezuela. Luego, el Departamento del Tesoro dio a la compañía plazo hasta el 3 de abril para liquidar de forma ordenada sus operaciones en el país caribeño.

Según la prensa estadounidense, los directivos de la petrolera han intentado convencer a la administración republicana para ganar tiempo.

Sus esfuerzos dieron fruto: el plazo se prolonga hasta el 27 de mayo, según la licencia 41B, emitida este lunes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Muy amigo de los aranceles, una de sus palabras preferidas, Trump decidió este lunes sancionar a los países que hacen negocios con el gobierno del mandatario venezolano Nicolás Maduro.

«Venezuela ha sido muy hostil hacia Estados Unidos y las libertades que defendemos», recalcó Trump en un mensaje en su plataforma Truth Social.

«Por lo tanto, cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela estará obligado a pagar un arancel del 25% a Estados Unidos sobre cualquier comercio que realice con nuestro país», advirtió.

El decreto publicado horas después por la Casa Blanca aclara que el gobierno determinará «a su discreción si el arancel del 25% se impone a las mercancías procedentes de cualquier país que importe petróleo venezolano, directa o indirectamente, a partir del 2 de abril de 2025». De modo que se dan margen para decidir a qué Estado sancionan y cuándo.

Caracas calificó la medida de «nueva agresión» de Washington.

«Esta medida arbitraria, ilegal y desesperada, lejos de afectar nuestra determinación, confirma el fracaso rotundo de todas las sanciones impuestas contra nuestro país», indicó un comunicado divulgado por la cancillería venezolana.

Venezuela es el tercer país proveedor de petróleo a Estados Unidos, por detrás de Canadá y México, según la Agencia de Información sobre Energía (EIA, por sus siglas en inglés).

En febrero Venezuela exportó 500,000 barriles diarios a China, 240,000 a Estados Unidos y 70,000 a India y España, según fuentes consultadas por la AFP.

«Diversas razones»

Entre las «diversas razones» esgrimidas por Trump para aplicar lo que denomina «arancel secundario» del 25% figuran las migratorias.

«Venezuela ha enviado a Estados Unidos, de forma deliberada y engañosa, a decenas de miles de delincuentes de alto rango y de otros tipos, muchos de los cuales son asesinos y personas de naturaleza muy violenta», se queja sin aportar pruebas.

Cita como ejemplo a la pandilla Tren de Aragua, a la que designó organización terrorista global a su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero.

«Estamos en proceso de devolverlos», añade Trump, cuyo gobierno presiona a Maduro para que repatríe a nacionales en situación irregular en Estados Unidos si quiere evitar «nuevas sanciones duras», en palabras del jefe de la diplomacia Marco Rubio.

«Este no es un tema de debate ni negociación. Tampoco merece recompensa alguna», avisó Rubio la semana pasada.

El «arancel secundario» entrará en vigor el 2 de abril, anunció Trump, alargando así la lista de tarifas aduaneras previstas esa fecha.

Sobre todo los llamados aranceles «recíprocos», que consisten en igualar dólar por dólar los gravámenes impuestos a los bienes estadounidenses en el extranjero.

Será el «Día de la Liberación» de Estados Unidos, repite Trump a diario.

La tensión entre Caracas y Washington se extremó hace unos días después de que Estados Unidos invocara una ley de guerra de 1798 contra la organización criminal Tren de Aragua y enviara en aviones a 238 venezolanos acusados sin pruebas de pertenecer a este grupo, a una megacárcel en El Salvador.

El gobierno de Venezuela lo tacha de secuestro.

Maduro rompió relaciones diplomáticas con Washington en 2019, durante el primer mandato de Trump. Su sucesor, el demócrata Joe Biden, mantuvo contactos puntuales para propiciar la celebración de elecciones presidenciales en julio pasado, que finalmente estuvieron salpicadas de fraude, según Washington y numerosos países.

Trump, al igual que Biden, apoya al opositor venezolano exiliado Edmundo González Urrutia, quien reivindica el triunfo en los comicios de julio y asistió a su investidura el 20 de enero.

Una jueza estadounidense consideró este lunes que «los nazis recibieron mejor trato» que los venezolanos expulsados a El Salvador cuando se les aplicó la ley de enemigos extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump envió dos aviones con migrantes venezolanos a una megacárcel de El Salvador el 15 de marzo tras invocar esa ley de 1798, usada hasta ahora en tiempos de guerra.

Washington los considera miembros del Tren de Aragua, grupo al que declaró «organización terrorista» global. No aportó pruebas.

El 15 de marzo, James Boasberg, juez de una corte de distrito de Washington, suspendió temporalmente las deportaciones llevadas a cabo en nombre de la ley del siglo XVIII.

La administración recurrió y un panel de tres jueces de la corte de apelaciones escuchó este lunes los alegatos.

«Intrusión sin precedentes»

El abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, dijo que la orden del juez «representa una intrusión sin precedentes y enorme en los poderes del brazo ejecutivo» e impide a Trump ejercer «sus poderes en materia de guerra y asuntos exteriores».

Un argumento que a la jueza Patricia Millett no le pareció muy convincente. En su opinión el juez de primera instancia no pone en duda la autoridad presidencial sino que pide que los deportados puedan defender sus casos ante un tribunal.

Los abogados de varios de los venezolanos deportados aseguran que sus clientes no son miembros del Tren de Aragua, ni han cometido crimen alguno. Según su versión los han tomado como blanco por sus tatuajes.

«Los nazis recibieron mejor trato bajo la ley de enemigos extranjeros» porque tuvieron derecho a «audiencias» antes de ser deportados, sostuvo Millett, nombrada por el expresidente demócrata Barack Obama.

«La gente en esos aviones ese sábado no tuvo la oportunidad de impugnar su remoción», protestó.

El juez Justin Walker, designado por Trump, también sugirió la conveniencia de vistas judiciales, pero pareció receptivo a los argumentos de que la suspensión infringe los poderes presidenciales.

El tercer juez del panel fue nombrado por el expresidente republicano George H.W. Bush.

Lee Gelernt, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), autora de una demanda contra las deportaciones, estimó en la corte de apelaciones que la administración usa la ley de 1798 «para intentar eludir los procedimientos migratorios».

«Incomunicadas»

Sin la suspensión temporal, el gobierno probablemente reanudaría de inmediato las deportaciones en nombre de esta ley, estimó.

«Estamos hablando de personas que son enviadas a El Salvador, a una de las peores prisiones del mundo, incomunicadas», alertó ACLU.

En un documento de 37 páginas el juez de distrito confirmó la suspensión de las deportaciones en nombre de la ley del siglo XVIII.

Alega que, antes de ser expulsados, los demandantes deben poder impugnar individualmente ante los tribunales estadounidenses su pertenencia al Tren de Aragua.

Boasberg también hace hincapié en la aparente falta de transparencia de la administración Trump porque el decreto lleva fecha del 14 de marzo y se publicó al día siguiente, aproximadamente una hora antes de la vista judicial de emergencia.

La expulsión acelerada de un extranjero en virtud de la ley de 1798 «sin darle la oportunidad de salir por su cuenta del territorio o de impugnar esa orden, es ilícita», escribió el magistrado.

Trump ha atacado a Boasberg, llegando incluso a pedir su destitución, lo que le ha valido una reprimenda pública del presidente de la Corte Suprema John Roberts.

El crispación entre el poder ejecutivo y el judicial hace temer que la administración ignore la suspensión.

Este lunes, antes del comienzo de la vista, el Departamento de Justicia anunció que prevé expulsar a Chile a tres venezolanos, presuntos miembros del Tren de Aragua, en virtud de la ley de 1798.

Se trata de Adrián Rafael Gámez Finol, Miguel Oyola Jiménez y Edgar Javier Benítez Rubio, a quienes acusa de haber entrado «ilegalmente en Estados Unidos después de supuestamente cometer crímenes horribles en Chile».

«Representan un grave peligro para la seguridad pública y la seguridad nacional de Estados Unidos, tal como supuestamente lo hicieron en Chile», afirma el fiscal general adjunto Todd Blanche, citado en un comunicado.

El departamento de Justicia asegura que los habría enviado ya a Chile «si no fuera por la orden judicial nacional impuesta por un solo juez».

El director de la revista «The Atlantic», Jeffrey Goldberg, recibió por error los planes de ataque detallados de Estados Unidos sobre Yemen del pasado 15 de marzo tras ser incluido en un chat de la aplicación de mensajería Signal en la que participaba también el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien envió la documentación.

El periodista fue invitado al grupo el 11 de marzo por el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, y también estaban el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, o el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe.

Dos días más tarde fue invitado a unirse a una cadena denominada «Pequeño grupo PC hutí» en la que se habló de los ataques contra las milicias hutíes yemeníes al parecer sin percatarse de la presencia del periodista. La documentación volcada en el grupo incluía detalles sobre las armas utilizadas, los objetivos y el horario programado del ataque, según ha revelado el propio Goldberg.

El periodista explicó que al principio dudaba de que el grupo y su contenido fueran reales «porque no podía creer que la cúpula de la seguridad nacional de Estados Unidos estuviera hablando en Signal sobre planes de guerra inminentes». Tampoco podía creer que el asesor de Seguridad Nacional le hubiera incluido por error en el debate con estos altos cargos.

Sin embargo, sus dudas se disiparon cuando Hegseth envió un mensaje al grupo informando de que las primeras explosiones se producirían en dos horas, lo cual finalmente ocurrió.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, Brian Hughes, ha confirmado que la cadena de mensajes era auténtica. «Parece que era una cadena de mensajes auténtica. Estamos investigando cómo ese número se añadió inadvertidamente a la cadena», ha explicado Hughes. «El hilo demuestra la profunda y minuciosa coordinación entre los altos cargos», ha destacado.

El Gobierno de Javer Milei anunció este lunes que desclasificará el «total de toda la información y documentación» relacionada con el accionar de las Fuerzas Armadas de Argentina durante la última dictadura militar (1976-1983),

cuando se conmemora otro aniversario por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

«El presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período 1976 a 1983, así como toda otra documentación en otro período, pero sí relacionada el accionar de las Fuerzas», anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, en una rueda de prensa sin espacio a preguntas.

El portavoz no especificó ni hizo mención al contenido de esos documentos, aunque afirmó que los archivos en manos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) pasarán a la órbita pública del Archivo General de la Nación, organismo encargado de la conservación y consulta de documentos históricos.

«Esta decisión responde al cumplimiento del decreto 4/2010, que si bien se dictó hace casi 15 años, nunca fue implementado completamente», aseguró Adorni en Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo.

Esto último hizo referencia a la decisión de la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015) de decretar la desclasificación de archivos, para evitar obstaculizaciones en los juicios que se llevaron adelante por violaciones a los derechos humanos.

Al unísono, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que ratifica la medida de «inmediata desclasificación» de los archivos vinculados a las «actividades militares y guerrilleras entre 1976 y 1983».

«Esta administración sostiene que lo que ocurrió en el pasado debe permanecer en los archivos de la historia, no en la SIDE. Es por eso que pone fin a la opacidad que rodeó durante décadas los documentos y los pone a disposición de la sociedad», indicaron en el comunicado.

El anuncio se produce en medio de las movilizaciones de organizaciones de derechos humanos, junto a agrupaciones políticas, por la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El calentamiento climático a largo plazo y la creciente frecuencia de olas de calor a corto plazo están reduciendo significativamente los niveles de oxígeno disuelto (OD) en lagos de todo el mundo.

Los ecosistemas de agua dulce requieren niveles adecuados de oxígeno para sustentar la vida aeróbica y mantener comunidades biológicas saludables.

Un estudio publicado en Science Advances, dirigido por los profesores Shi Kun y Zhang Yunlin del Instituto de Geografía y Limnología de Nanjing de la Academia China de Ciencias, en colaboración con investigadores de la Universidad de Nanjing y la Universidad de Bangor (Reino Unido), cuantifica los efectos del calentamiento climático continuo y la intensificación de las olas de calor en los niveles de OD superficial en lagos de todo el mundo.

El equipo de investigación utilizó un amplio conjunto de datos y aplicó un modelo basado en datos para analizar las variaciones del OD superficial en más de 15.000 lagos durante las últimas dos décadas.

El estudio revela una disminución generalizada de las concentraciones de OD superficial, con un 83% de los lagos estudiados que presentan una desoxigenación significativa. Cabe destacar que la tasa promedio de desoxigenación en lagos supera la de océanos y ríos, lo que pone de relieve la gravedad de este problema.

Los investigadores exploraron en mayor profundidad el papel del calentamiento climático y la eutrofización en la determinación de las concentraciones superficiales de oxígeno disuelto (OD). Sus hallazgos indican que el calentamiento climático, al reducir la solubilidad del oxígeno, contribuye al 55 % de la desoxigenación superficial global. Mientras tanto, el aumento de la eutrofización representa aproximadamente el 10 % de la pérdida total global de oxígeno superficial.

Olas de calor

También se analizaron las tendencias históricas de las olas de calor, evaluando cuantitativamente su impacto en los niveles superficiales de OD. El estudio muestra que las olas de calor ejercen efectos rápidos y pronunciados en la disminución del OD superficial, resultando en una reducción del 7,7 % en el OD superficial en comparación con las condiciones climatológicas promedio.

Estos hallazgos subrayan el profundo impacto del cambio climático en los ecosistemas de agua dulce, enfatizando la urgente necesidad de estrategias de mitigación y adaptación para preservar los ecosistemas lacustres en todo el mundo. El estudio proporciona información crucial para los responsables políticos y los gestores ambientales que trabajan para combatir la creciente amenaza de la desoxigenación del agua dulce.

El

gobierno de México dijo este lunes que no se han encontrado indicios de un «campo de exterminio» en un presunto centro de adiestramiento del narcotráfico hallado a inicios de marzo en el oeste del país.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, dijo a la prensa que según las declaraciones de un presunto operador del lugar detenido días atrás, el rancho era un «centro de adiestramiento» del crimen organizado.

«Tenemos confirmado que era un centro de adiestramiento. Al momento no tenemos ningún indicio… que haya sido un campo de exterminio», dijo el funcionario durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, García Harfuch aseguró que según este testimonio, sí fueron asesinadas personas que se resistían a ser reclutadas, aunque se desconoce el número.

El colectivo de búsqueda Guerreros Buscadores del estado de Jalisco (oeste) denunció el 5 de marzo pasado que localizó ropa y restos óseos calcinados en esta finca del municipio de Teuchitlán.

La fiscalía general mexicana, que está por asumir el caso, confirmó el hallazgo de pequeños restos óseos calcinados en la finca, aunque aún debe determinar a cuántas personas corresponden.

El 11 de marzo, un comunicado firmado por decenas de colectivos de búsqueda describió al lugar como un «campo de adiestramiento y exterminio».

El gobierno mexicano informó el pasado sábado de la captura de José Gregorio «N» (por ley se reservan los apellidos), a quien García Harfuch señaló este lunes como el encargado de «reclutar» de manera forzada a pistoleros para el «Cártel Jalisco Nueva Generación», una de las mayores organizaciones criminales del país.

García Harfuch dijo que esta persona aportó elementos para conocer cómo operaba la finca, a la que eran llevadas personas atraídas por falsas ofertas de empleo, la mayoría como «guardias de seguridad».

«Ya en el rancho, el adoctrinamiento consistía en el manejo de armas de fuego y acondicionamiento físico. Los reclutas, al llegar al lugar, dejaban sus pertenencias y eran uniformados con ropa y botas tácticas, también, les retiraban sus celulares», detalló el funcionario.

El secretario añadió que la dependencia a su cargo ha desactivado 39 páginas de redes sociales donde se hacían estas falsas ofertas de empleo.

Las investigaciones del llamado rancho Izaguirre han corrido hasta el momento a cargo de la fiscalía de Jalisco, señalada por autoridades federales de incurrir en distintas irregularidades.

Este caso tiene mucha repercusión en la prensa local en un país que suma más de 120,000 desaparecidos, la mayoría desde 2006, cuando el gobierno federal lanzó un criticado operativo militar antidrogas.

El mundo

verá que la gente vuelve a morir de sida como en los años noventa si Estados Unidos confirma que dejará de financiar los programas de lucha contra esta enfermedad en decenas de países en desarrollo, y el número de muertes anuales puede multiplicarse por diez, dijo este lunes la directora de la agencia de Naciones Unidas contra el sida (ONUSIDA).

«A largo plazo vemos un resurgimiento global de la pandemia de sida, y no solo en países de ingresos bajos de África donde ahora se concentra, sino también entre ciertas poblaciones de Latinoamérica y Europa oriental», dijo a la prensa la directora de ONUSIDA, Winnie Byanyima.

Las infecciones diarias podrían pasar de 2,000 en la actualidad a 3,500 si esta situación no se resuelve, aseguró.

ONUSIDA ha sido uno de los varios impactados por la interrupción de la ayuda internacional por parte del Gobierno de Estados Unidos, que oficialmente todavía está en el periodo de revisión de todo su esquema de cooperación internacional y deberá anunciar sus decisiones sobre lo que mantiene y lo que no el próximo mes.

«En ONUSIDA estimamos que si la asistencia estadounidense para el sida no se restablece después de esta pausa o no es reemplazada por otras fuentes de financiación habrá 6.3 millones de muertes relacionadas con el sida, frente al dato más reciente de 600,000 decesos en el mundo en 2023, es decir estamos hablando de diez veces más», indicó Byanyima.

Sostuvo que hasta ahora no ha escuchado de ningún otro gobierno que esté dispuesto a cubrir ese déficit, lo que implica el riesgo de «colapso» de los servicios de diagnóstico, tratamiento y vigilancia sanitaria en torno al sida en decenas de países.

La situación también podría ser dramática en cuanto a la propagación de esta enfermedad infecciosa, que se ha considerado la primera pandemia del siglo XX.

Según estimaciones de ONUSIDA, si los servicios de prevención y tratamiento de sepositivos al virus de inmunodeficiencia humana (VIH) se reducen drásticamente habrá 8.7 millones de nuevas infecciones anuales en el mundo, frente a 1.3 millones en 2023.

En Estados Unidos y Europa, las nuevas infecciones se elevan a 56,000 al año, lo que indica que los países de altos ingresos también están amenazados por esta enfermedad, que era una de las pocas en las que se estaban cumpliendo los objetivos internacionales con el fin de erradicarla en 2030.

«Ahora estamos hablando de perder lo avanzado en los últimos veinticinco años», lamentó Byanyima.

Estados Unidos financia el 50 % del trabajo de ONUSIDA, que tiene presencia en 67 países y es la agencia de Naciones Unidas que además genera los datos en los que se basan los países para establecer sus propios objetivos de control del VHI-SIDA.

«Sin estos datos cada país tomaría su propia dirección y establecería objetivos bajos para sí mismo», opinó Byanyima.

La responsable indicó que el organismo se encuentra desde el año pasado- ante del anuncio de los recortes. en proceso de reestructuración, luego de que se viera una reducción de las aportaciones de países europeos.

«Estamos valorando varios escenarios para el futuro, que incluyen menos o incluso ninguna contribución de Estados Unidos. Todavía no nos hemos separado de ningún trabajador, pero sin duda tendremos que tomar decisiones difíciles», reconoció.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este lunes que impondrá “un arancel secundario” del 25% a cualquier país que compre petróleo o Gas Natural a Venezuela, país que definió como “hostil”.

“Venezuela ha sido muy hostil hacia Estados Unidos y las libertades que defendemos. Por lo tanto, cualquier país que compre petróleo o gas de Venezuela estará obligado a pagar un arancel del 25% a Estados Unidos sobre cualquier comercio que realice con nuestro país”, escribió Trump en la red social TruthSocial.

Según Trump, Estados Unidos impondrá un arancel secundario a Venezuela, “por diversas razones, incluyendo el hecho de que Venezuela ha enviado a Estados Unidos, de forma deliberada y engañosa, a decenas de miles de delincuentes de alto rango y de otros tipos, muchos de los cuales son asesinos y personas de naturaleza muy violenta”.

Trump dijo que entre las bandas enviadas a Estados Unidos se encuentra el Tren de Aragua, designado como «Organización Terrorista Extranjera».

“Estamos en proceso de devolverlos a Venezuela. ¡Es una gran tarea!”, agregó Trump.

El pasado 16 de marzo, Estados Unidos envió a El Salvador a 238 venezolanos que fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Tanto el gobierno estadounidense como el salvadoreño han calificado a los venezolanos como miembros del Tren de Aragua. En Estados Unidos se ha desatado una batalla legal por esas deportaciones, así como cuestionamientos del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Sobre los aranceles, el mandatario estadounidense aseguró que toda la documentación se firmará y registrará, y el arancel entrará en vigor el 2 de abril de 2025.

El Salvador compró apenas $34,965 en derivados del petróleo a Venezuela en el primer semestre de 2024, según cifras del Banco Central de Reserva. Estas compras aparecen bajo la partida 2710199900, que el Banco Central clasifica como “demás” en la categoría de aceites y grasas lubricantes, y líquidos para sistemas hidráulicos.

El Banco Central registra que las importaciones de crudo venezolano alcanzaron cifras máximas entre 2011 y 2014. Las compras más cuantiosas se reportaron en 2013, cuando superaron los $269 millones, cuando gobernaba Mauricio Funes y el entonces partido gobernante, el FMLN, se asoció con el régimen venezolano para formar una empresa llamada “Alba Petróleos” que terminó intervenida por la Fiscalía General de la República.

Irán aseguró el lunes que está abierto a conversaciones indirectas con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní, después de que el presidente Donald Trump exigiera negociaciones.

«El camino está abierto para negociaciones indirectas», dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, aunque descartó conversaciones directas «hasta que haya un cambio en el enfoque de la otra parte hacia la República Islámica».

Según él, no habrá conversaciones directas mientras Trump mantenga su política de «máxima presión».

En 2018, durante su primer mandato como presidente, Trump retiró a Estados Unidos de un acuerdo histórico sobre el programa nuclear iraní y volvió a imponer sanciones al país.

Ese acuerdo, sellado en 2015 entre Teherán y las potencias occidentales, obligaba a Irán a limitar su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones económicas.

Los países occidentales, incluido Estados Unidos, acusan a Irán de intentar fabricar armas nucleares, lo que Teherán niega y asegura que sus actividades de enriquecimiento de uranio tienen fines pacíficos.