Categoría: El Mundo

Los cardenales han decidido este sábado intensificar sus encuentros y celebrar el lunes dos congregaciones en el Vaticano, el foro con el que regula el proceso hasta el cónclave en el que elegirán al sucesor del papa Francisco.

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó hoy que las reuniones cardenalicias el lunes serán dos, y no una, por la mañana y por la tarde. A la llegada a la congregación de hoy, varios purpurados habían reconocido que los debates internos para buscar eventuales nombres a candidatos seguían «abiertas».

Uno de ellos fue el francés Jean Paul Vesco, arzobispo de Argel: «Aún no estamos listos, debemos descubrir quién ha sido elegido por el Señor. Necesitamos un poco más de tiempo para rezar juntos, pero estoy convencido de que estaremos preparados en el momento justo», dijo a los medios que le preguntaban.

En la misma línea, el cardenal chileno Fernando Natalio Chomali Garib subrayó: «Tenemos 133 nombres y todo está abierto».

Mañana domingo no habrá congregación y, tras las dos del lunes, Bruni no excluyó que pudieran también duplicarse las del martes.

Un día después, los 133 cardenales electores -menores de 80 años- se encerrarán en la Capilla Sixtina para deliberar y votar un sucesor del Francisco, fallecido el 21 de abril, y hasta que no lo encuentren no podrán salir del Vaticano ni comunicarse con el exterior.

A día de hoy, han llegado a Roma un total de 131 cardenales electores, por lo que faltan dos del total de convocados.

La noche la pasarán en dos edificios dentro de los muros del país pontifico, la Casa Santa Marta y el Colegio Etíope, según confirmó hoy el responsable de Infraestructuras vaticano, Silvio Screpanti, que prepara doscientas habitaciones para purpurados y ayudantes.

Los trabajos en Santa Marta están «en fase avanzada» y «deberían concluirse» el lunes 5 de mayo para permitir a los cardenales entrar en sus habitaciones en la noche del martes y el miércoles, avanzó Bruni.

Todos deben estar listos para la misa 'Pro Eligendo Pontifice' en la basílica de San Pedro a las 10.00 de la mañana (2:00 am de San Salvador) del miércoles para después, por la tarde, procesionar hasta su encierro en la Sixtina.

Ese día ya habrá la primera votación cuyo resultado, como manda la tradición, será comunicada al mundo exterior con el humo de sus votos quemados, a través de la chimenea colocada en lo alto de la Sixtina: blanco significa que hay papa; negro, lo contrario.

El principal partido opositor alemán, Alternativa para Alemania (AfD), segunda en las elecciones generales de febrero, fue clasificada el viernes como «caso seguro» de extremismo de derechas por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), lo que pone bajo presión a la formación que liderará la oposición en esta legislatura.

La BfV, que actúa en Alemania como servicio de seguridad del Ministerio del Interior, informó de que calificaba a AfD como caso confirmado de extremismo de derechas en una decisión justificada, entre otras cosas, por sus planteamientos «incompatibles con el orden constitucional», según los términos de las autoridades germanas.

Concretamente se reprocha al partido, que por haber quedado segunda en las elecciones generales (20,8 %) liderará la oposición en la legislatura que comenzará la semana próxima, tener una «concepción étnica basada en la ascendencia» que deriva en «agitación contra determinadas personas o grupos de personas», especialmente contra las minorías.

La decisión de la BfV afecta ahora a toda AfD, una formación que ya contaba con ese estatus de «caso seguro de extremismo» en sus agrupaciones de los estados federados de Sajonia-Anhalt, Sajonia y Turingia, aunque desde la dirección del partido, sus presidentes Alice Weidel y Tino Chrupalla reaccionaron a la medida con rechazo y con la promesa de tomar medidas legales.

AfD denuncia «ataque a la democracia»

Anteriormente, AfD trató sin éxito de impugnar en los tribunales que la BfV considerara al partido como «caso sospechoso» de extremismo de derechas.

«La decisión de hoy de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución es un duro golpe a la democracia de Alemania en su conjunto», señalaron Weidel y Chrupalla en un comunicado.

Para los funcionarios que protegen al Estado de fuerzas anticonstitucionales, la decisión del BfV facilitará el trabajo de vigilancia y observación a políticos del partido de ultraderecha, una labor que puede implicar escuchas telefónicas e incluso la infiltración del partido cuando haya declaraciones anticonstitucionales de por medio.

Scholz, cauto ante proceso de prohibición de AfD

Según señaló a EFE Hajo Funke, politólogo de la Universidad Libre de Berlín y experto en la extrema derecha alemana, la infiltración en el partido podría, sin embargo, ser un «obstáculo» de cara a un posible proceso de ilegalización de AfD.

«Si se piensa en una prohibición, entonces los informantes no son algo bueno, porque podrían influir en el partido», explicó Funke, al aludir al debate sobre un proceso que busque prohibir al partido.

Esa iniciativa sólo pueden lanzarla para que decida en última instancia el Tribunal Constitucional tres instituciones: el Gobierno, la Cámara Baja del Parlamento o ‘Bundestag’ y el ‘Bundesrat’ o cámara de representación territorial.

Frente a un proceso de prohibición, tanto el canciller en funciones, Olaf Scholz, como su ministra del Interior, la también interina Nancy Faeser, se mostraron escépticos.

«Creo que es un asunto en el que no hay que precipitarse. Después de todo, una de las cosas con las que tenemos que lidiar como ciudadanos y políticos es el hecho de que el Tribunal Constitucional ha rechazado todas las recientes solicitudes de prohibición», recordó Scholz.

¿Cómo tratar a AfD?

La decisión de la BfV se produce en un momento en el que los principales partidos alemanes habían convertido en tema de discusión pública el trato que dar a AfD, pues en la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido del virtual canciller, varios políticos se pronunciaron a favor de relacionarse en el Parlamento con la formación de ultraderecha como con cualquier otro partido.

Desde el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), socios del bloque conservador en el Gobierno que comienza su andadura la semana próxima, rechazan esa idea.

Su secretario general, Matthias Miersch, dijo este viernes al semanario ‘Der Spiegel’ en referencia a AfD que la decisión de la BfV constituye una señal de que «quien ataca sistemáticamente el valor de la vida humana se coloca fuera de la Constitución».

AfD, según las encuestas de intención de voto, ha visto mejorar el apoyo del electorado respecto a sus resultados en las elecciones generales, pues se le atribuye un 23 %, según un estudio demoscópico publicado este viernes en la segunda televisión alemana, la ‘ZDF’.

Hasta la fecha, las diferentes consideraciones de la BfV sobre AfD no han tenido efectos políticos en contra del auge de esta formación, aunque Funke apuntó a EFE que está por ver qué ocurre con el apoyo a un partido oficialmente considerado «caso seguro» de extremismo de derechas.

En apenas 100 días de mandato, el secretario de Estado, Marco Rubio, se ha consolidado como el hombre multitarea del Gobierno de Donald Trump. No solo dirige la diplomacia estadounidense, sino que ha sumado funciones tan dispares como dirigir el cierre de Usaid, custodiar los Archivos Nacionales y, desde esta semana, encargarse de la seguridad nacional del país.

«Marco es increíble, cada vez que tengo un problema lo llamo y él lo soluciona», dijo el presidente el jueves en la Casa Blanca, en unas declaraciones que parecían una muestra de aprecio más, pero que escondían un anuncio inminente.

Minutos después, Trump reveló a través de redes sociales que el secretario de Estado se encargará, de forma interina, de sustituir al consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, caído en desgracia por el escándalo del «Signalgate».

Waltz llevaba semanas en el ojo del huracán por haber añadido por error a un periodista en un chat grupal de la aplicación Signal en el que el Gobierno discutía los preparativos de un ataque al Yemen, y Trump decidió apartarlo del gabinete y nominarlo como embajador ante la ONU.

Mientras se concreta un nuevo nombramiento, Rubio sumará la coordinación de la seguridad nacional a su ya abultada cartera.

En plena guerra comercial con el resto del mundo, deberá liderar la estrategia contra el terrorismo, gestionar crisis internacionales y alinear las posturas del Departamento de Estado —que él mismo encabeza— con el Pentágono y las agencias de inteligencia.

De rival a figura clave

Así, este político astuto, nacido hace 53 años en Miami en el seno de una familia cubana, gana peso dentro del gabinete de Trump, pese a que muchos auguraban que su paso por el Ejecutivo sería breve, dadas sus antiguas tensiones con el presidente y el escaso margen que parecía tener su cartera.

Senador por Florida durante 14 años, donde se destacó como un 'halcón' en política exterior partidario de la línea dura con Cuba, Venezuela, China e Irán, Rubio nunca ha escondido sus aspiraciones presidenciales y compitió con Trump durante las primarias republicanas de 2016, cuando el ahora mandatario lo apodó despectivamente «el pequeño Marco».

Sin embargo, Rubio supo navegar las aguas del trumpismo y se acercó progresivamente al magnate neoyorquino. Sonó como posible vicepresidente para su segundo mandato y finalmente fue nombrado secretario de Estado, convirtiéndose en el primer hispano en ocupar ese cargo.

Su nominación fue una excepción dentro del gabinete: recibió el respaldo unánime de sus antiguos colegas tanto republicanos como demócratas. «Buena suerte, Marco. Ahora sabemos a quién culpar si algo sale mal», bromeó entonces Trump.

Encargos acumulados

Su rol dentro del Ejecutivo no parecía del todo claro en un inicio, especialmente después de que Trump delegara en su amigo personal Steve Witkoff las negociaciones para el fin de las guerras en Ucrania y Gaza.

En febrero, mientras Trump recibía en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Rubio se encontraba de gira por Centroamérica.

Pero fue durante ese viaje cuando recibió la llamada que lo convertía en director interino de Usaid, la poderosa agencia de cooperación estadounidense, en proceso de desmantelamiento por orden de Elon Musk.

Ese mismo mes, Trump lo nombró responsable de los Archivos Nacionales, encargados de preservar documentos fundacionales como la Constitución y la Declaración de Independencia, tras destituir a su directora.

Con cada nuevo encargo, Rubio gana protagonismo en las reuniones del gabinete en la Casa Blanca, donde se sienta siempre a la derecha del presidente.

Su estilo sobrio contrasta con la excentricidad de otras figuras del Gobierno, aunque también deja algo de espacio para el humor. En la última reunión, bromeó con que ya tiene «miedo» de comer algo sin que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., lo reprenda.

Casado con Jeanette, una colombiana con quien tiene cuatro hijos, Rubio es fanático confeso de los Florida Gators y los Miami Dolphins, habla perfecto español y es católico practicante.

En una entrevista concedida el jueves a Fox News, la cadena favorita de Trump, con motivo de sus nuevas tareas, Rubio descartó entre risas postularse como papa: «Estoy felizmente casado».

Las víctimas mortales por el derrumbe el pasado 8 de abril del techo de la discoteca Jet Set, en la capital dominicana, aumentaron este viernes a 233, tras el fallecimiento de una mujer que se encontraba hospitalizada desde entonces, dijeron a medios locales familiares de la afectada.

La mujer, de 35 años, murió en una clínica ubicada en la provincia San Cristóbal (sureste), a donde fue trasladada con heridas de consideración, situación que posteriormente se complicó por problemas renales.

Hace solo tres días, su familia, que este viernes informó de su muerte, solicitó públicamente ayuda para costear los tratamientos médicos de su allegada.

El techo de la discoteca en mención colapsó la madrugada del 8 de abril mientras el popular merenguero dominicano Rubby Pérez, quien también falleció, cantaba ante cientos de personas.

En el local murieron 221 personas de forma instantánea, según las autoridades, mientras que el resto ha fallecido en los centros de salud a los que fueron trasladadas.

La tragedia, la peor en décadas en el país, dejó otras 180 personas heridas.

Dos investigaciones intentan esclarecer los sucedido en Jet Set, una a cargo de la Procuraduría General de la República y otra de carácter técnico que adelanta la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), mientras continúan presentándose querellas contra los responsables de la discoteca.

El presidente dominicano, Luis Abiner, ha afirmado que se debe dar respuesta a «qué pasó, por qué pasó y cómo pasó» en la popular discoteca, propiedad de Antonio Espaillat, quien se ha puesto a disposición de la justicia.

En una entrevista, el pasado 23 de abril -en el programa de televisión El Día del canal local Telesistema- y la única concedida tras el accidente, Espaillat admitió que los plafones del techo de la discoteca «siempre» se caían e, incluso, el mismo día de la tragedia se cambiaron algunos de ellos.

Espaillat, presidente de RCC Media, el segundo grupo de medios de comunicación del país, que aglutina a varios canales de televisión y más de 50 emisoras de radio, atribuyó el desprendimiento de los plafones «a diferentes razones» y reconoció, además, que nunca se examinó el techo para constatar la situación real pese a las filtraciones.

En el accidente murieron, entre otros, el exbeisbolista de las Grandes Ligas Otavio Dotel; la gobernadora de la provincia de Montecristi, Nelsy Cruz; el diseñador Martín Polanco y un hijo del expresidente del Senado y ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella.

También se informó de la muerte de 18 ciudadanos venezolanos, tres hispano-dominicanos, dos franceses, un haitiano, una colombiana, un italiano, un keniano y una costarricense.

El Departamento de Policía de Tennessee publicó este viernes el vídeo de un encuentro de los agentes de este estado en 2022 con Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño expulsado de EE.UU. por un «error administrativo».

El Gobierno de Donald Trump se ha apoyado en esta y otras interacciones que Ábrego ha tenido con las autoridades para justificar su decisión de haberlo enviado a una megacárcel en El Salvador, a pesar de que el Supremo ordenó «facilitar» su regreso.

En el vídeo, se ve cómo las autoridades de Tennessee pararon a Ábrego en la carretera en 2022 por estar manejando por encima del límite de velocidad. Al revisar el vehículo, los policías notaron que el carro llevaba ocho personas y sospecharon que estaba transportando migrantes indocumentados.

«Él es el único que habla inglés», le dice un oficial de policía a otro en el vídeo, «le están pagando por eso». Cuando los agentes buscaron el nombre de Ábrego en una base de datos, les alertó de contactar a las autoridades federales.

Tres años antes de este encuentro, en 2019, las autoridades en Maryland -el estado donde residía Ábrego- lo habían vinculado con la pandilla salvadoreña MS-13, pero nunca se presentaron pruebas concluyentes.

Eventualmente, los federales instruyeron a la policía en Tennessee a dejar ir a Ábrego, y le dieron nada más una advertencia por manejar con una licencia de conducir vencida.

La Casa Blanca ha emprendido una campaña en contra de Ábrego y ha publicado decenas de documentos de los encuentros que el migrante ha tenido con las autoridades, incluyendo también dos solicitudes de orden de restricción por parte de su esposa y un arresto de 2019 en Maryland.

El salvadoreño, sin embargo, nunca ha sido acusado formalmente o condenado por un crimen y un juez le concedió en 2019 protección contra la deportación, después de que él pidiera asilo, testificando que temía volver a El Salvador por extorsiones a él y su familia.

Su abogado, Simón Sandoval Mohsenberg, acusó al Gobierno de querer dañar la imagen de Ábrego y aseguró que los hechos que han salido a la luz «no tienen que ver con el caso».

«Por eso no lo han sometido como evidencia», explicó el abogado a EFE y agregó que la única voz que EE.UU. no ha escuchado es la de Ábrego.

«Necesitan traerlo aquí y llevarlo a juicio; allí pueden presentar toda esa evidencia en la corte y él va a tener la oportunidad de contestar con su propia voz», añadió Sandoval.

Ábrego es uno de los más de 200 migrantes que Trump decidió enviar al CECOT, como parte de un acuerdo con el presidente Nayib Bukele para retener a los hombres por un periodo de un año a cambio de un pago de 6 millones de dólares.

Organizaciones en defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado la expulsión de migrantes al país centroamericano, acusando al Gobierno de estar sometiendo a las personas a «desaparición forzosa».

A pesar de que el Supremo de EE.UU. emitiera a finales de mayo un fallo instruyendo al Gobierno a «facilitar» el retorno del salvadoreño, tanto EE.UU. como El Salvador han negado tener la potestad para hacerlo.

La Comisión de Protección de Datos (DPC) de Irlanda impuso una multa de $569 millones (530 millones de euros) a TikTok por haber transferido datos personales de usuarios del Espacio Económico Europeo (EEE) a servidores ubicados en China, incumpliendo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

El RGPD exige que toda transferencia de datos personales hacia terceros países garantice un nivel equivalente de protección al que se ofrece dentro de la Unión Europea. Sin embargo, la investigación del organismo irlandés determinó que TikTok no demostró, ni garantizó, que los datos accedidos desde China recibían ese nivel de seguridad.

Según el informe del DPC, la compañía controlada por ByteDance tampoco realizó evaluaciones de riesgo adecuadas, ni abordó la posibilidad de que autoridades chinas accedieran a información personal, amparadas en leyes antiterroristas o de contraespionaje que difieren de las normas europeas.

“El tratamiento de datos no fue transparente ni conforme a las disposiciones europeas”, afirmó Graham Doyle, comisionado adjunto del DPC. Durante el proceso, TikTok entregó información errónea al asegurar que no almacenaba datos en China, aunque en abril admitió que cierta información sí se guardó en servidores del país asiático.

La sanción incluye una orden para que TikTok adecúe su sistema de tratamiento de datos al marco legal europeo en un plazo máximo de seis meses. De lo contrario, las transferencias hacia China quedarán suspendidas. Las autoridades comunitarias aún analizan si se impondrán medidas adicionales.

El Gobierno estadounidense solicitó este viernes al Tribunal Supremo que permita a los miembros del controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), que dirige el magnate Elon Musk, acceder a registros personales de la Seguridad Social, después de que una jueza bloqueara temporalmente el acceso a dichos datos.

El escrito del procurador general de EE.UU., John Sauer, acusa a la jueza en cuestión de abusar de su autoridad, un argumento que la Administración del presidente Trump está enarbolando en varios procesos para cancelar los bloqueos con los que se han topado en los tribunales sus medidas más polémicas.

Según Sauer, la orden emitida el pasado 20 de marzo por la magistrada federal Ellen Hollander, del Tribunal de Distrito de Maryland, «inflige un daño continuo e irreparable a las urgentes prioridades federales y obstaculiza las funciones del poder Ejecutivo».

En línea con los cuestionamientos de las resoluciones judiciales del actual Gobierno estadounidense, Sauer considera que la orden temporal de Hollander es «una historia ya conocida» y que implica a un tribunal emitiendo «una medida cautelar de amplio alcance sin la autoridad legal para hacerlo».

La orden de Hollander está relacionada con la concesión a diez personas afiliadas al DOGE de acceso sin restricciones a registros de millones de estadounidenses en la Seguridad Social.

La información contenida en esos registros incluye números de la Seguridad Social, historial médico y de salud mental personal, información fiscal y del permiso de conducir, datos de cuentas bancarias, historial de ingresos, domicilios particulares y laborales, registros de nacimiento y matrimonio y de inmigración y/o naturalización, entre otros.

Los demandantes fueron la Federación Estadounidense de Profesores (AFT, por sus siglas en inglés), la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de Condados y Municipales (AFL-CIO) y la Alianza para Jubilados Estadounidenses (ARA) que consideraron que se concedió acceso a toda esa información sensible a personal sin preparación para la gestión de dichos datos privados.

Un juez de La Paz decidió este viernes mantener activa la orden de captura contra el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) por un caso de presunta trata agravada de personas, pese a que el miércoles una jueza de Santa Cruz anuló esa disposición para que el caso continúe en Cochabamba, bastión político y sindical del exmandatario.

Un documento, difundido por medios locales y que se atribuye al juez Franz Zabaleta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, señala que «como medida cautelar se ordena la suspensión temporal de la ejecución de toda determinación adoptada» en el caso.

Así mismo, el fallo menciona que dicha «medida cautelar» se mantendrá «entre tanto no se resuelva la presente queja».

Hace unos días, Nelson Cox, abogado de Morales, dijo a EFE que la decisión de la jueza cruceña Lilian Moreno otorgaba la «libertad irrestricta» al político y que no había posibilidad de que fuera apelada.

Además, Cox afirmó que esa determinación -ahora suspendida por un juez de La Paz- establecía que el caso debía pasar del sureño departamento de Tarija a Cochabamba, en donde la defensa de Morales insistiría en reclamar su inocencia en un proceso que -dice- fue cerrado en 2020 y reabierto con un nuevo tipo penal.

En octubre de 2024, la fiscal de Tarija Sandra Gutiérrez dictó una orden de captura contra el exmandatario, que posteriormente refrendada por un juzgado de esa misma región, por supuestamente tener un hijo con una menor de edad mientras era presidente de Bolivia.

Por este caso, los seguidores de Morales bloquearon carreteras durante 24 días para evitar su detención; además, el exmandatario no ha salido desde entonces del Trópico de Cochabamba, donde permanece resguardado por centenares de sus aliados.

A principios de este año, un tribunal de Tarija declaró en rebeldía a Morales, después de que el político no se presentara en dos ocasiones, al alegar enfermedad, a una audiencia que debía resolver la acusación en su contra por trata agravada de personas.

La Justicia también le prohibió a Morales salir del país, dispuso la anotación preventiva de sus bienes, la congelación de sus cuentas bancarias y que se emitiera la aprehensión contra el también exlíder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).

Morales, que ya gobernó Bolivia en tres mandatos (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019), pretende participar como candidato a la Presidencia de Bolivia en las próximas elecciones del 17 de agosto, pese al fallo constitucional que prohíbe la reelección continua o discontinua por más de una ocasión.

El exjefe de Estado y sus seguidores anunciaron que marcharán hacia La Paz el próximo 16 de mayo para inscribir su candidatura presidencial, sin revelar todavía el nombre del partido con el que se presentará a las elecciones, después tener que fuera apartado de la conducción del MAS, partido que fundó y lideró por casi 30 años.

Morales está distanciado del presidente Luis Arce, por diferencias en el manejo del Ejecutivo y por el manejo del MAS. No obstante, el lunes el mandatario boliviano fue proclamado como el candidato presidencial oficialista.

Estados Unidos designó este viernes como organizaciones terroristas a las pandillas haitianas Gran Grif y Viv Ansanm, a las que responsabiliza de fomentar la violencia extrema que asola Haití.

Ambas agrupaciones enfrentarán ahora sanciones económicas y legales impuestas por el Departamento del Tesoro.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros incluyó a estas bandas en su lista de “organizaciones terroristas transnacionales”, lo que impide cualquier tipo de apoyo económico y permite sancionar a quienes les proporcionen ayuda material o recursos.

Viv Ansanm es una coalición integrada por más de 20 grupos armados y es considerada una de las más violentas del país, junto a Gran Grif. Estas estructuras criminales controlan vastos territorios del país y han sido señaladas por ataques a la población civil, fuerzas de seguridad y personal de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS).

Las consecuencias de la violencia han sido devastadoras: más de 1,600 personas murieron y al menos 580 resultaron heridas solo en el primer trimestre de 2025, según Naciones Unidas. El número de desplazados internos ya supera el millón, un incremento del 48 % respecto a septiembre de 2024.

“Hoy anuncio que el Departamento de Estado ha designado a Viv Ansanm y Gran Grif como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados. La era de la impunidad para quienes apoyan la violencia en Haití ha llegado a su fin”, declaró Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., en un comunicado oficial.

Rubio añadió que estos grupos “representan una amenaza directa para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos” y que su propósito es instaurar un “Estado controlado por las pandillas” donde reinen el crimen y el terror.

Las autoridades estadounidenses también advirtieron que cualquier persona, incluidos residentes legales y ciudadanos estadounidenses, que colabore con estos grupos podría enfrentar cargos penales, ser declarada inadmisible o incluso expulsada del país.

“Elogiamos la valentía de la Policía Nacional de Haití y de los socios internacionales que apoyan la misión MSS”, dijo Rubio. También hizo un llamado a los líderes políticos haitianos a priorizar la seguridad y avanzar hacia elecciones libres para restaurar la democracia.

Estados Unidos reiteró su respaldo al pueblo haitiano y su compromiso con la estabilidad regional ante el crecimiento de la violencia impulsada por las pandillas.

La Comisión de Protección de Datos (DPC, pos sus siglas en inglés) de Irlanda multó a TikTok con una sanción de casi $600 millones por haber transferido datos personales de usuarios europeos a servidores en China, incumpliendo con las pautas de seguridad marcadas por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y cuenta con seis meses para adecuar el tratamiento de dichos datos a la normativa europea.

El RGPD requiere, entre otras cuestiones, un alto nivel de protección con respecto a los datos personales de los usuarios y su tratamiento, una exigencia que se mantiene cuando estos datos se transfieren a otros países.

Sin embargo, según la investigación llevada a cabo por la DPC, la red social propiedad de ByteDance infringió estas obligaciones sobre el tratamiento de datos personales planteadas en el RGPD y, por tanto, se le impuso una sanción de cerca de $600 millones, acompañada de una orden que exige que la red social adecue su tratamiento a la normativa en un plazo de seis meses.

En concreto, según detalla la DPC en un comunicado en su web, durante la investigación se examinó tanto la legalidad de la transferencia de datos personales de usuarios del Espacio Económico Europeo (EEE) por parte de TikTok a China, como sus requisitos de transparencia.

Así, según pudo concluir el organismo durante la investigación, TikTok infringió el RGPD porque «no verificó, garantizó ni demostró» que los datos personales de los usuarios europeos, a los que accedía de forma remota el personal de la compañía en China, recibían un nivel de protección equivalente al garantizado dentro de la Unión Europea.

Por tanto, se acusa a TikTok de no realizar las evaluaciones necesarias para mantener la seguridad de estos datos durante su transferencia a China, así como de no abordar el «posible acceso por parte de las autoridades chinas a datos personales».

En relación a este último punto, el Comisionado Adjunto del DPC, Graham Doyle, puntualizó que se han de tener en cuenta las leyes chinas antiterroristas, contraespionaje y otras leyes identificadas por TikTok como «materialmente divergentes de los estándares de la Unión Europea».

Además de la multa impuesta, se ha de tener en cuenta que la decisión de la DPC también incluye una orden que suspende las transferencias de TikTok a China si el tratamiento de los datos no se adecua a la normativa en los seis meses de plazo.

Por otra parte, la DPC también señala que, durante la investigación, TikTok ofreció información errónea al indicar inicialmente que no almacenaba datos de usuarios del EEE en servidores ubicados en China, mientras que, durante el pasado mes de abril, acabó informando de un problema por el que «una cantidad limitada de datos» personales de usuarios europeos se habían almacenado en servidores de China.

Tras informar de este fallo, TikTok reconoció que implicaba que había estado proporcionando información inexacta a la investigación. Con todo ello, Doyle ha concluido que, si bien TikTok ya ha informado al DPC de que los datos de usuarios europeos han sido eliminados, están considerando «qué otras medidas regulatorias podrían justificarse», en colaboración con las autoridades de protección de datos de la Unión Europea.