Categoría: El Mundo

El Gobierno de Haití declaró este viernes el estado de emergencia en todo el territorio nacional durante tres meses, con el fin de facilitar las diversas intervenciones de las fuerzas del orden ante el deterioro de la seguridad por el avance de las sanguinarias bandas armadas en esta nación caribeña.

«Dada la magnitud de la situación, es imperativo decretar una gran movilización de los recursos y medios institucionales del Estado durante un período de tres meses consecutivos», señaló el Gobierno en un comunicado publicado en Facebook, en el que se recuerda que la situación de inseguridad tiene graves repercusiones en la vida de los ciudadanos y en los diferentes sectores de la economía nacional.

La adopción de estas medidas excepcionales «permitirá a las autoridades competentes disponer de medios adecuados y eficaces para llevar a cabo sus intervenciones y operaciones en mejores condiciones», prosiguió el comunicado.

Esta decisión forma parte de una serie de siete medidas adoptadas en el Consejo de Ministros el pasado miércoles, durante una sesión especial encabezada por el presidente del Consejo Presidencial de Transición, Fritz Alphonse Jean, acompañado por el primer ministro, Alix Didier Fils-Aime.

Así mismo, en estas circunstancias, el Gobierno anunció la creación de la Agencia Nacional de Seguridad (ANS), cuya misión será aplicar la política del Gobierno en materia de inteligencia y contrainteligencia, así como el tratamiento, la centralización y la síntesis de la información estratégica relativa a la seguridad nacional y la protección de los intereses fundamentales de la nación.

Un informe publicado el miércoles en Puerto Príncipe por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh, en francés) reveló que un total de 1.617 personas murieron y otras 580 resultaron heridas en los primeros tres meses del año en el país, a raíz de la violencia desatada por las bandas armadas, grupos de autodefensa, miembros no organizados de la población, así como por las operaciones de las fuerzas de seguridad.

El balance da cuenta también de que 161 personas fueron secuestradas entre enero y marzo pasados y alertó sobre los abusos de poder.

El organismo añadió que se produjeron 80 ejecuciones extrajudiciales entre enero-marzo, presuntamente cometidas por funcionarios de las fuerzas del orden.

Este viernes, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a la coalición de bandas criminales Viv Ansanm y a la pandilla Gran Grif, ambas de Haití, como organizaciones terroristas.

«Son una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos y a nuestros intereses en la región. Estas bandas han matado y continúan atacando a personas en Haití, a las fuerzas de seguridad haitianas y al personal de la misión de Apoyo Multinacional a la Seguridad (MSS)», dijo en un comunicado el secretario de Estado, Marco Rubio.

Viv Ansanm surgió en 2023 mediante una alianza entre G-9 y G-Pép, las dos principales bandas criminales que operan en la capital haitiana, Puerto Príncipe, casi totalmente en control de las pandillas en medio de la actual crisis que siguió al asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.

Un total de

906 personas consideradas como presos políticos continúan detenidas en Venezuela, según un informe difundido este viernes por la ONG Foro Penal, que contabilizó 17 nuevos arrestos además de una excarcelación.

En este recuento, la ONG indicó de los detenidos se dividen en 815 hombres y 91 mujeres, de los cuales 901 son adultos y cinco son adolescentes de entre 14 y 17 años de edad.

Asimismo,

Foro Penal calcula que, desde 2014 hasta la fecha, se han llevado a cabo en la nación caribeña un total de 18.334 «detenciones políticas».

La mayoría de los ciudadanos incluidos en este conteo fueron detenidos después de los comicios presidenciales de 2024, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, proclamó como ganador al actual gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, pese a las denuncias de «fraude» de la oposición mayoritaria, que defiende la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia.

Por su parte, la ONG Espacio Público registró el año pasado 99 detenciones por «expresar opiniones» en Venezuela, un aumento del 254 % respecto a 2023, cuando documentó 28 casos, según el informe anual de la organización no gubernamental publicado este viernes.

Espacio Público advirtió que las presidenciales «marcaron un hito negativo en la garantía de derechos humanos» en el país.

La organización no gubernamental aseguró que

«se documentó una intensificación de la persecución y el hostigamiento contra ciudadanos, especialmente hacia opositores políticos, activistas y periodistas».

Esta semana, familiares de los considerados presos políticos pidieron a la ONU en Caracas que interponga sus «buenos oficios» en favor de la liberación de sus seres queridos.

Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, califican a quienes fueron detenidos tras las elecciones como «terroristas» y aseguran que no son presos políticos, sino que cometieron varios delitos.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, señaló este viernes a la líder antichavista María Corina Machado como la responsable de la reciente propuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre el intercambio de los 252 migrantes encarcelados en el país centroamericano por un mismo número de «presos políticos» en la nación caribeña.

«Quien hace la solicitud al delincuente Bukele para el supuesto intercambio es la señora María Machado a través de una carta, es María Machado la que le hace la solicitud», insistió Cabello en su programa matutino de los viernes.

La semana pasada, el mandatario salvadoreño reiteró su propuesta al dictador Nicolás Maduro, de intercambiar a los 252 migrantes deportados por Estados Unidos, que los acusa de supuestamente pertenecer a la banda criminal transnacional Tren de Aragua, por igual número de «presos políticos».

En respuesta, el régimen chavista dijo que se trata de una propuesta de «canje ilegal» que es «moralmente inadmisible», ya que se pretende condicionar la liberación de «personas inocentes a un intercambio por ciudadanos privados de libertad en Venezuela por causas completamente ajenas (comisión de terribles hechos punibles), sin fundamento jurídico ni ético».

También exigió la liberación «inmediata e incondicional» de esas personas en El Salvador.

Por otra parte, Cabello también señaló a Machado como «la única responsable de lo que le pase» a «los niños venezolanos, a las niñas venezolanas, que están siendo secuestrados, que están siendo robados por el Gobierno de los Estados Unidos».

En ese sentido, sostuvo que «es la responsable de lo que le ocurra» a la niña de dos años que, según el chavismo y la familia, fue separada de su madre en Estados Unidos y sigue en territorio estadounidense, mientras que la progenitora fue recientemente deportada y enviada a Venezuela.

Este jueves, Maduro, quien juró para un tercer mandato tras su cuestionada reelección en 2024, también responsabilizó a Machado y otros opositores de lo que le pueda pasar a la menor.

La organización civil Causa en Común advirtió este viernes de un aumento del 26 % en las desapariciones en México entre enero y abril de 2025, periodo en el que se registraron 5,018 casos, frente a los cerca de 4,000 contabilizados en mismo periodo del año anterior, según cifras oficiales.

En un comunicado, la ONG alertó que los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) del Gobierno mexicano muestran que en el país hay un promedio de 42 desapariciones diarias, lo que refleja la crisis que al respecto vive México, en donde se estima que más de 127.000 personas han desaparecido desde 1964.

Además, la organización avisó que, solo entre enero y marzo, en 11 estados mexicanos hubo más reportes de desapariciones que asesinatos.

Causa en Común indicó que en Ciudad de México se registraron 581 víctimas de desaparición y 242 de asesinato; en el Estado de México (centro), 611 personas desaparecidas y 481 asesinadas, y en Tamaulipas (norte), 110 desapariciones y 74 homicidios.

La ONG también señaló que en los primeros siete meses del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el pasado 1 de octubre, se identificaron «al menos 8,551 casos de personas desaparecidas y 155 fosas clandestinas».

«El gobierno federal sigue sin tomar acciones para enfrentar el drama de las desapariciones y opta por la indolencia ante las víctimas y el desdén hacia organismos internacionales», apuntó la organización no gubernamental.

Causa en Común se refirió así al diagnóstico del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU que hace un mes activó un procedimiento tras recibir «información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática» en México.

La organización rechazó la respuesta del Gobierno mexicano de «descalificar» a la ONU y proponer una serie de acciones sin contemplar «el fortalecimiento de instituciones clave, como las policías y las fiscalías, las unidades forenses o la Comisión Nacional de Búsqueda».

«En lugar de buscar soluciones, el gobierno ahora pretende el control de los datos biométricos de todos los mexicanos lo que, unido al amago de otras regresiones, como la intención de censurar los contenidos en redes y plataformas, refuerza la dirección de un gobierno enfocado en la destrucción de instituciones y la concentración de su poder», criticó la ONG.

Finalmente, la organización hizo una serie de recomendaciones al Estado mexicano para hacer frente a la crisis de desapariciones en México, en las que destaca la urgencia de «revertir la militarización» y promover la recuperación de la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Igualmente, Causa en Común pidió convocar al pleno del Sistema Nacional de Búsqueda, que no sesiona desde septiembre de 2024, y demandó la destitución de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, a quien consideró «inadecuada para el cargo».

Estas cifras se difunden luego del hallazgo de un rancho que presuntamente era un campo de adiestramiento del Cartel narcotraficante Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán, en el Occidental estado de Jalisco, que ha elevado la presión para que Sheinbaum atienda la crisis de desapariciones en México.

Las autoridades chilenas cancelaron la alerta de tsunami para la región austral de Magallanes que lanzaron esta mañana tras el terremoto de magnitud 7.5 en la escala de Ritcher registrado en la ciudad chilena de Puerto Williams, la más meridional del mundo, vecina a la Antártida.

“Según la evaluación realizada, se cancela la posibilidad de un nuevo tsunami, digamos, en el territorio Chileno Antártico. Pueden volver a la base las personas que evacuaron, no así el resto de la región de Magallanes, que se mantiene todavía en estado de precaución, que es lo que vamos a seguir monitoreando ahora”, afirmó la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián López.

De acuerdo con la responsable, se produjo un aumento efectivo del nivel del mar en las bases Prat y Ucraniana, en la Antártida, de seis y 23 centímetros respectivamente, los que se considera «un tsunami instrumental». Por lo tanto, el arribo del tsunami al territorio Antártico ya llegó y se registró con esos niveles”, explicó.

Aún así, instó a la población a no “acercarse a la zona de playa, ni a la costanera”, ni a detenerse en estas áreas si es que transita en vehículo, por simple precaución.

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el segundo movimiento telúrico se registró a las 09:07 de la mañana (hora local) a unos 225 kilómetros al sur de Puerto Williams, en el entorno del cabo de Hornos, y a unos 10 kilómetros de profundidad.

Ante el riesgo, el presidente de Chile, Gabriel Boric, suspendió este viernes su agenda y se desplazó a su despacho en el Palacio de La Moneda para supervisar la emergencia y la evacuación de todas las zonas costeras, incluida la ciudad de Punta Arenas, lugar del nacimiento del mandatario y la más grande del estrecho de Magallanes.

El Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a las 08:58 de la mañana (hora local) y su epicentro se ubicó a 218.1 kilómetros al sur de Puerto Williams, a una profundidad de 10 kilómetros. Enseguida, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) establece alerta de tsunami.

Por ello, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el borde costero de la Región de Magallanes y establecer estado de precaución la zona de playa en el Territorio Antártico Chileno.

“Llamamos a evacuar el borde costero en toda la Región de Magallanes. En estos momentos, nuestro deber es prevenir y hacer caso a las autoridades”, publicó el mandatario chileno, Gabriel Boric, oriundo de Punta Arenas.

Hasta ahora no se han reportado daños materiales ni personas afectadas o heridas, y las autoridades se mantienen atentas al riesgo de variaciones anómalas en el nivel del mar en las zonas costeras mientras la población sigue evacuando con tranquilidad.

Los

cardenales que participarán en el cónclave que elegirá al próximo papa se alojarán en la residencia de Casa Santa Marta, donde vivió Francisco, un hotel moderno, de cinco plantas, preparado para dar comodidad a los purpurados pero también el total aislamiento.

La «Domus Sanctae Marthae», nombre oficial de la ya conocida residencia de Francisco, se levanta a pocos metros, a la derecha, de la basílica de San Pedro, tiene 105 confortables suites de dos estancias y 26 habitaciones individuales, varios salones, un comedor y una amplia capilla, que sirvió de capilla ardiente tras el fallecimiento de Francisco, el pasado 21 de abril.

Santa Marta es un hotel y por lo tanto lo primero que ve quien llega es una recepción. También tiene un comedor con autoservicio, donde el papa solía bajar a comer, y está gestionada por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

Durante la Segunda Guerra Mundial albergó a los embajadores ante la Santa Sede de los países que habían roto relaciones diplomáticas con el gobierno de Benito Mussolini y ya no podían vivir en sus residencias en Italia. Y a principios de los años 90 fue restaurada para añadir más espacio.

Como establece la normativa vaticana, durante el cónclave el aislamiento de los electores será total y por tanto serán retirados todos los dispositivos electrónicos y los móviles, así como desaparecerán de Santa Marta las televisiones, teléfonos, radios y cualquier otro medio que pueda violar lo estipulado por Juan Pablo II en la Constitución Apostólica «Universi Dominici Gregis», sobre la Sede Apostólica y la elección del nuevo pontífice.

En esta ocasión también se ha habilitado otra pequeña residencia adyacente, ya que en la Capilla Sixtina entrarán 133 cardenales, por lo que no hay habitaciones suficientes para todos los purpurados en el cónclave más numerosos de la Historia.

Las habitaciones sencillas, con armario, cama individual, dos mesillas de noche y un baño con ducha, se repartirán por sorteo el día antes del inicio del cónclave.

Y se repartirán entre los cardenales la misma mañana de inicio del cónclave, antes de la misa Pro Eligendo Pontífice, por medio de un sorteo.

Los 133 electores, ya que dos no acudirán a Roma por motivos de salud, serán trasladados todos los días que dure el cónclave desde Santa Marta hasta la Sixtina para el voto con algunos autobuses a disposición, aunque algunos incluso pueden elegir ir y regresar a pie.

Saldrán de Santa Marta y bordearán la basílica de San Pedro por detrás. Pasarán por delante de la Iglesia de San Esteban de los Abisinios y proseguirán por la Vía delle Fondamenta, hasta llegar al Arco de San Dámaso. Entrarán en el Patio de San Dámaso, ya en el Palacio Apostólico, y desde allí se dirigirán a la Capilla Sixtina.

El arzobispo emérito Anselmo Guido Pecorar, de 79 años, relata una anécdota de estos día al 'Corriere della sera»: «Es como un hotel y por eso hay que tener cuidado. No puedo decirles su nombre porque es un querido amigo mío, pero un cardenal extranjero que pensó que todo era gratis invitó a algunos colegas a su habitación para charlar tras la cena y rápidamente terminaron todos los licores en miniatura del minibar. Sólo entonces los encontró en su cuenta y se molestó”.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el organismo colegial de los Obispos mexicanos, manifestó este jueves su preocupación y temor de que en las elecciones del Poder Judicial, el próximo 1 de junio, los cargos en disputa queden en manos del crimen organizado o en personas que no sean idóneas para esos puestos.

«Tenemos temor de que vayan a llegar algunas personas que no sean las idóneas para servir en algo tan importante, y que esta reforma no pudiera ser tan efectiva como todos esperan», dijo el presidente del CEM, el Obispo Ramón Castro Castro en conferencia de prensa.

Con motivo del mensaje de la CXVIII Asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que se lleva a cabo del 28 de abril al 2 de mayo, remarcó que el temor es que «incluso los mismos servidores públicos puedan caer en manos del crimen organizado (…) es un temor en general, no sólo de la Iglesia católica», añadió.

El pasado 23 de abril, el presidente del Senado mexicano, Gerardo Fernández Noroña, avisó que la Cámara Alta impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a una veintena de candidatos a juzgadores, en la elección del próximo 1 de junio, presuntamente ligados al narcotráfico.

Un día antes, Fernández Noroña expuso a medios que habían «detectado algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder» al Poder Judicial mediante las elecciones judiciales.

En la conferencia, ante la «violencia que no cesa» en el país, la CEM hizo un llamado a sus fieles a «no dejarse vencer por el miedo ni la desesperanza».

“Seamos una Iglesia donde todas las voces cuenten, especialmente las de las familias, las mujeres, los jóvenes, los pueblos originarios, los migrantes y las víctimas de la violencia y de cualquier discriminación”, expresaron los obispos en un mensaje dirigido a la comunidad católica.

También reflexionaron sobre la tragedia de las desapariciones forzadas, que muchas veces terminan en fosas clandestinas, cremaciones ilegales o en la incorporación forzada al crimen organizado.

Además expresaron su preocupación por el avance del alcoholismo y la drogadicción en el país y denunciaron con firmeza la violencia que sigue golpeando a la sociedad mexicana, incluida la propia Iglesia, como lo evidencia el reciente asesinato de ocho jóvenes en una comunidad de la Diócesis de la ciudad de Irapuato, estado de Guanajuato.

El 1 de junio de 2025, México tendrá su primera elección al Poder Judicial, cuando un récord de 99,7 millones de votantes están llamados a elegir por primera vez 881 cargos de entre 3.422 candidatos, que incluyen la Suprema Corte, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral.

Las campañas, que comenzaron el pasado 30 de marzo y terminarán el 28 de mayo, han tenido alertas de la oposición, organismos internacionales como la ONU, actuales jueces y asociaciones civiles de una posible intromisión del Poder Ejecutivo y del crimen organizado en los comicios.

La crisis económica en la que se encuentran los medios de comunicación y las políticas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está implementando en su regreso a la Casa Blanca han deteriorado la libertad de prensa en el país, según el último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicado este viernes.

EE.UU. retrocedió dos posiciones, hasta el puesto número 57 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2025, que RSF publica anualmente con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

«El segundo mandato de Trump ha provocado un preocupante deterioro de la libertad de prensa. Su Administración ha politizado las instituciones, reducido el apoyo a los medios independientes y marginado a los periodistas», recoge el informe.

Entre otras cosas, la organización señala como «un grave impacto en el panorama mediático internacional» el desmantelamiento de la agencia estadounidense para los medios de comunicación (USAGM, en inglés), que ha provocado el cierre de algunos medios históricos como Voice of America (VOA) y el despido de miles de empleados del sector.

«Más de 400 millones de personas en todo el mundo se han visto privadas, de la noche a la mañana, de acceso a una información fiable», asegura RSF al respecto.

La organización lamenta que el Gobierno estadounidense haya «instrumentalizado motivos económicos falaces para someter a la prensa».

Pero el recorte de la financiación de USAGM no es el único que ha afectado al ejercicio periodístico. El informe afirma que la congelación de los fondos de la histórica Usaid, la mayor agencia de cooperación gubernamental del mundo, obligó a cerrar algunos medios más allá de las fronteras estadounidenses, especialmente en Ucrania.

De acuerdo con el indicador económico de la clasificación, EE.UU. ha perdido 14 puntos en los últimos dos años.

Para la organización con sede en París, una de las principales víctimas es el periodismo local.

«Más del 60 % de los periodistas y expertos en medios encuestados por RSF en Arizona, Florida, Nevada y Pensilvania coinciden en que es 'difícil ganarse la vida como periodista' y el 75 % afirma que 'la viabilidad económica de un medio de comunicación de tamaño mediano es difícil'», explicó.

Pese a que en comparación con el informe del año pasado EE.UU. solo ha retrocedido dos puestos, esta clasificación confirma una tendencia en la que el país está sumido desde hace cuatro años, cuando se encontraba quince puntos más alto en la clasificación.

Así se desprende de los últimos informes publicados: en términos de libertad de prensa a nivel global, Estados Unidos ocupaba el puesto 42 en el estudio de 2022, el 45 en el de 2023, el 55 en el de 2024 y el 57 en este último.

En líneas generales, RSF señala que la estabilidad financiera es un problema en 160 de los 180 países que ha analizado. Estas dificultades están provocando que en casi un tercio de los países del mundo -EE.UU., entre ellos- el cierre de medios de comunicación sea algo «constante».

En términos generales, los tres países con mejor valoración en materia de libertad de prensa son según RSF Noruega, Estonia y Países Bajos, mientras que los tres últimos son China, Corea del Norte y Eritrea, que ocupa el puesto 180.

El Gobierno de Estados Unidos anunció la creación de una segunda zona militar restringida en la frontera con México, según informó este jueves el Comando Norte de EE.UU.

En concreto, el Pentágono tomará control sobre una estrecha franja de terreno a lo largo de la frontera, con una extensión de más de 100 kilómetros, y pasará a formar parte de la base de Fort Bliss, cerca a El Paso.

El objetivo, indicó el Comando Norte, es controlar la «actividad ilegal» en la frontera. El Gobierno de Donald Trump ha incrementado la presencia militar en la frontera, desplegando a cientos de soldados, para impedir la entrada de migrantes y solicitantes de asilo al país.

El pasado 11 de abril, Trump autorizó al Ejército de EE.UU. a tomar control sobre terrenos federales en la frontera sur, con el fin de avanzar en su política migratoria.

En una orden presidencial emitida en la tarde de hoy, Trump pidió a los secretarios de Defensa, Seguridad Nacional, Interior y Agricultura que faciliten el traspaso de los terrenos públicos en mención para permitir «actividades militares» en unas instalaciones que pasan a la jurisdicción del Pentágono.

El traspaso de terreno mencionó en ese entonces solamente a la llamada «Reserva Roosevelt», una estrecha porción de tierra de 20 metros de ancho- que se extiende paralela a la frontera con México por unos 1,000 kilómetros desde Nuevo México a California.

Los 28 inmigrantes fueron acusados de violar las normas de seguridad en una zona militar de Estados Unidos, un delito mayor al cargo civil de cruzar la frontera de manera irregular.

La toma de control del terreno por parte del Ejército se suma a la cada vez mayor presencia del Pentágono en la gestión de los organismos de migración. Desde la llegada de Trump al poder, el Pentágono ha desplegado miles de soldados en la frontera sur y el Gobierno ha usado aviones militares para trasladar a migrantes venezolanos a la base naval de Guantánamo en Cuba.

El número de personas detenidas cruzando de manera irregular la frontera sur de EE.UU. se ha desplomado desde que el republicano llegó a la Casa Blanca, con menos de 30.000 arrestos en el mes de febrero, en comparación con los 124.000 que se registraron en diciembre, mientras el expresidente Joe Biden seguía en el poder.

El presidente de Chile,

Gabriel Boric, suspendió este viernes su agenda y se desplazó a su despacho en el Palacio de La Moneda para supervisar la emergencia desatada tras el terremoto de 7.5 grados en la escala abierta de Ritcher ocurrido hace unos horas en la ciudad de Puerto Williams, la más austral del mundo.

Tras el movimiento telúrico, se ha activado la alerta de tsunami y comenzado a evacuar todas las zonas costeras, incluida la ciudad de Punta Arenas, lugar del nacimiento del mandatario y la más grande del estrecho de Magallanes.

«Debido a lo ocurrido en la Región de Magallanes el Presidente de la República monitoreará la emergencia desde el Palacio de La Moneda. Paralelamente, se mandó la realización de Cogrid, donde participan autoridades de gobierno. Debido a estos hechos se suspendió la actividad programada para las 10:00 de la mañana (hora local) en la Laguna Aculeo», informó La Moneda en un breve mensaje.

Según información preliminar publicada por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a las 08:58 horas (hora local)y su epicentro se ubicó a 218,1 kilómetros al sur de Puerto Williams, a una profundidad de 10 kilómetros. Enseguida, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) estableció alerta de tsunami.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el borde costero de la Región de Magallanes y establecer estado de precaución la zona de playa en el Territorio Antártico Chileno.

“Llamamos a evacuar el borde costero en toda la Región de Magallanes. En estos momentos, nuestro deber es prevenir y hacer caso a las autoridades”, publicó el mandatario chileno, Gabriel Boric, oriundo de Punta Arenas.

En su mensaje, Boric informó que el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) regional como el nacional “están comenzando” sus labores de coordinación, y que “todos los recursos del Estado están a disposición” para atender la emergencia.

Hasta ahora no se han reportado daños materiales ni personas afectadas o heridas, y las autoridades se mantienen atentas al riesgo de variaciones anómalas en el nivel del mar en las zonas costeras, mientras la población sigue evacuando con tranquilidad.