Categoría: El Mundo

El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, y la candidata del correísmo, Luisa González, están en empate técnico a diez días de la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, según una encuesta publicada este jueves, que le da una pequeña ventaja a González de entre 0,4 y 0,5 puntos.

El sondeo de la firma Comunicaliza da un 50,3 % de votos válidos para González frente a un 49,7 % para Noboa, con un margen de error en el sondeo del 1,42 %.

En votos emitidos, la candidata de la Revolución Ciudadana (RC), el partido que tiene como líder al expresidente Rafael Correa (2007-2017) obtiene el 41,5 %, y el candidato y líder de Acción Democrática Nacional (ADN) recibe 41,1 %, mientras que los votos blancos y nulos son un 8 % y los indecisos todavía se sitúan en 9,5 %.

La encuesta se realizó entre el 2 y 3 de abril a través de internet a 4.763 personas mayores de 16 años de las veinticuatro provincias del país, con un margen de error del 1,42 % y un nivel de confianza del 95 %.

Desde este viernes ya no pueden publicarse nuevas encuestas hasta una vez finalizada la votación que tendrá lugar el domingo 13 de abril, de acuerdo a la normativa electoral ecuatoriana, que solo permite difundir sondeos hasta diez días antes del sufragio.

En la primera vuelta, celebrada el 9 de febrero, Noboa obtuvo el 44,15 % de los votos válidos y González recibió el 44 %, con una diferencia entre ambos de menos de 17.000 votos.

Los dos finalistas de la contienda presidencial aglutinaron más del 88 % de los votos válidos, lo que reflejó una gran división y polarización en Ecuador entre estos dos candidatos, dentro de una papeleta donde había otras catorce opciones.

Al término de la primera vuelta, tanto Noboa como González denunciaron, sin aportar pruebas, presuntas irregularidades que no fueron respaldadas por las misiones internacionales de observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes concluyeron que no había indicios que invitaran a pensar en un fraude.

Para este balotaje, el actual mandatario ha anticipado que reconocerá una eventual derrota si no hay sospecha alguna de fraude, mientras que González ha acusado al Consejo Nacional Electoral (CNE) de estar al servicio de Noboa y ha anticipado que movilizarán a sus simpatizantes para reclamar que abren 44.000 urnas si hace falta.

Un grupo de expertos de Naciones Unidas ha publicado este jueves un contundente informe que identifica a 54 funcionarios, militares y miembros del partido gobernante de Nicaragua como responsables de «graves violaciones de Derechos Humanos, abusos y crímenes» cometidos en el país centroamericano.

«Este informe expone la anatomía de un sistema de gobierno que ha instrumentalizado todos los poderes del Estado contra su propio pueblo», ha resaltado el presidente del grupo de expertos, Jan-Michael Simon, en un comunicado publicado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El documento detalla la estructura, las cadenas de mando y las responsabilidades individuales que desempeñaron estas personas en «detenciones arbitrarias; torturas; ejecuciones extrajudiciales; persecución tanto a la sociedad civil como a los medios; campañas para quitar la nacionalidad y confiscación de la propiedad privada».

En la lista se encuentran el comandante en jefe del Ejército Nacional, Julio César Avilés; el viceministro de Interior, Luis Cañas; la fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido; el presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar; la procuradora general de la República, Wendy Morales; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, o el asesor de seguridad e Inteligencia de la Presidencia, Néstor Moncada, entre otros –además de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo–

Una de las expertas del grupo, Ariela Peralta, ha explicado que en el informe, de 234 páginas, se detalla todo un «sistema de represión estrechamente coordinado que se extiende desde la Presidencia» que ostenta el presidente Daniel Ortega «hasta los funcionarios locales».

«Estos no son incidentes aleatorios ni aislados, sino que forman parte de una política de Estado deliberada y bien orquestada, ejecutada por actores identificables a través de cadenas de mando definidas».
Ariela Peralta, experta ONU

Para elaborar el informe, el grupo de expertos de la ONU ha llevado a cabo más de 1.600 entrevistas con víctimas, testigos, perpetradores y otras fuentes de información. Asimismo, ha analizado más de 8.400 documentos oficiales y confidenciales.

Entre los temas que trata el documento se encuentra la reforma constitucional aprobada por el Parlamento en enero y que permite a Ortega arrogarse más poderes. La lista de los 54 nombres fue compartida en un primer momento de forma confidencial con el Gobierno de Nicaragua, que se ha negado a cooperar con el grupo de expertos.

El Tribunal Constitucional de Corea del Sur aprobó este viernes, de manera unánime, la destitución definitiva del presidente Yoon Suk-yeol, por su controvertida declaración de ley marcial, con lo que el país deberá celebrar elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de 60 días.

El fallo fue adoptado con el voto a favor de los ocho jueces del máximo tribunal surcoreano. Para que la destitución fuera ratificada, se requería el respaldo de al menos seis de los ocho magistrados que componen la instancia.

Yoon permanecía suspendido de sus funciones desde hace más de 100 días después de que la Asamblea Nacional aprobara una moción para su destitución tras su declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre.

El tribunal concluyó que Yoon violó la Constitución al declarar la ley marcial el 3 de diciembre y al enviar al Ejército al Parlamento para impedir que los legisladores anularan el decreto. El mandatario ha negado todos los cargos.

El fallo, leído por el presidente interino del tribunal, Moon Hyung-bae, tiene efecto inmediato y es irrevocable, por lo que Yoon queda apartado del cargo formalmente y el país deberá celebrar elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de dos meses.

«La crisis política no justifica las acciones tomadas. La situación en la Asamblea Nacional en ese momento no justificaba el ejercicio de poderes nacionales de emergencia», señaló Moon durante la lectura del veredicto.

En su argumentación, el tribunal subrayó que el presidente incurrió en una violación sustancial de la ley al impedir el ejercicio de las funciones legislativas. También concluyó que Yoon infringió disposiciones constitucionales al violar el derecho de los legisladores a deliberar y votar, así como su inmunidad parlamentaria.

Agregó que el presidente utilizó fuerzas armadas con fines políticos, lo que constituyó una grave transgresión de la neutralidad política del Ejército y de su deber como comandante en jefe.

El proceso ha estado marcado por una fuerte polarización social y política, con protestas masivas en todo el país y encuestas que mostraban alrededor del 60 % de apoyo ciudadano a la destitución.

El principal partido opositor celebró la decisión como una «victoria del pueblo», mientras que el partido oficialista declaró que «acepta humildemente» el veredicto del tribunal.

El presidente interino Han Duck-soo aseguró que el Gobierno trabajará para garantizar una transición de liderazgo sin contratiempos hasta la elección del nuevo jefe de Estado, prometiendo que no habrá vacíos en áreas clave como la seguridad nacional y la política exterior durante el periodo de interinidad.

Grupos de defensa de los inmigrantes presentaron una demanda contra el estado de Florida (EE.UU.) por una ley estatal recientemente aprobada que autoriza el arresto de indocumentados, que a sabiendas ingresaron de forma indocumentada al país, y establece sanciones penales contra los infractores.

La querella presentada el miércoles en un tribunal federal del Distrito Sur de Florida impugna la autoridad del estado para aprobar la ley SB 4-C, que en parte criminaliza a los indocumentados que entran o reingresan a Florida, alegando que es inconstitucional, informó este jueves la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

La demanda argumenta que la ley estatal viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, ya que la aplicación de las leyes migratorias es de responsabilidad federal.

Promulgada el pasado 13 de febrero por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, la SB 4C criminaliza a los inmigrantes y penaliza a los mayores de 18 años con encarcelamiento obligatorio por «ingreso ilegal» o «reingreso ilegal» al estado de Florida de extranjeros que, sabiendo que no tenían permiso para entrar al país, lo hicieron.

La medida pone en la mira incluso a personas que buscan un alivio migratorio como el asilo, que les permita permanecer legalmente en el país.

“Esta ley despoja de poder al gobierno federal y se lo otorga a funcionarios estatales sin capacitación ni autoridad en inmigración, amenazando con separar familias y detener a personas con todo el derecho legal de estar aquí”, declaró Bacardi Jackson, directora ejecutiva de la ACLU de Florida en un comunicado.

ACLU de Florida, el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y Americans for Immigrant Justice presentaron la querella legal en nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, la Coalición de Inmigrantes de Florida e inmigrantes afectados, entre ellos residentes del estado de larga data con procesos migratorios pendientes o con familiares ciudadanos estadounidenses que dependen de ellos para su cuidado.

“La SB 4C de Florida no solo es inconstitucional, sino también cruel y peligrosa”, subrayó Jackson.

Los demandantes han solicitado al tribunal que impida la aplicación de la ley “para evitar una mayor devastación” en las comunidades inmigrantes en Florida, señaló Hannah Steinberg, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.

El futuro de TikTok en EE.UU. se conocerá antes del sábado, cuando se cumple la prórroga de la Administración Trump para que la empresa se desvincule en territorio estadounidense de su matriz china ByteDance.

La carrera por hacerse con la famosa aplicación viene liderada por Amazon, Oracle o el fundador de OnlyFans, según medios de EE.UU.

El vicepresidente JD Vance dijo hoy que quiere asegurarse de que TikTok tome otro rumbo en el país y «no espíe a la gente», algo que la Administración Trump ha alegado repetidamente: que usa supuestamente los datos de los usuarios para cederlos al Gobierno chino.

El anterior Congreso, bajo el mandato del expresidente Joe Biden (2021-2025), aprobó una ley que obligaba a la aplicación a encontrar un inversor de un país que no fuese considerado un «adversario» antes del 20 de enero, cuando Donald Trump tomó posesión.

Al no llegar a ningún acuerdo, la aplicación dejó de funcionar durante unas horas en EE.UU. hasta que el republicano, en su primer día de regreso a la Casa Blanca, firmó una orden ejecutiva que le otorgaba una prórroga de 75 días, plazo que expira este sábado En ese contexto, el gigante tecnológico Amazon presentó una oferta ayer a través de una carta dirigida a Vance para adquirir esta red social, que en EE.UU. cuenta con 170 millones de usuarios, según la prensa especializada. En principio la oferta se limita solo a la actividad de TikTok en EE.UU.

La compañía dirigida por Jeff Bezos ya intentó años atrás imitar el modelo TikTok con Inspire, un canal de videos cortos que acabó fracasando. Además, compró la plataforma de transmisiones en directo («streaming») Twitch en 2014 y un año antes había adquirido el portal de reseñas de libros Goodreads.

Otra de las apuestas más fuertes hasta el momento, de acuerdo a la prensa especializada, es la de la firma estadounidense de capital de riesgo Andreessen Horowitz, que estaría en conversaciones con el Gobierno para realizar una oferta conjunta con Oracle y otros inversores, una oferta que separaría TikTok EE.UU. de Bytedance.

El plan sería escindir en una entidad independiente TikTok EE.UU., diluyendo la participación china en el nuevo modelo por debajo del umbral del 20 % exigido por la ley estadounidense.

Una de las últimas en sumarse a esta carrera es la «startup» Zoo, dirigida por el fundador de OnlyFans, Tim Stokely, que se habría asociado con un consorcio de criptomonedas para presentar una oferta conjunta y pujar por TikTok.

Por otra parte, la firma de capital privado Blackstone está considerando unirse a los accionistas no chinos de ByteDance, liderados por Susquehanna International Group y General Atlantic, para aportar capital y pujar por el negocio estadounidense de TikTok.

Otro de los nombres que ha sonado continuamente para hacerse con TikTok es el de Microsoft, de la que el propio Trump dijo a finales de enero que había pujado por la red social.

Ya en 2020, cuando TikTok recibió presiones para venderse a propietarios estadounidenses, Microsoft y el gigante minorista Walmart presentaron sus respectivas ofertas.

El multimillonario Frank McCourt, dueño del Olympique de Marsella y antes de Los Angeles Dodgers, y Jesse Tinsley, fundador de la plataforma de empleo Employer.com, también han mostrado interés.

Pendientes de una decisión en las últimas horas, la carrera continúa abierta para adquirir TikTok, que ha mantenido que no está a la venta, conscientes de que Pekín podría bloquear un hipotético acuerdo.

El Gobierno de Javier Milei expresó su satisfacción tras la decisión de Estados Unidos de establecer un arancel del 10% para los productos argentinos, al calificarlo como una ventaja al contar con «los aranceles más bajos».

Manuel Adorni, portavoz del presidente Milei, hizo hincapié en que estas tasas más asequibles son motivo de celebración. Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, resaltó que esta decisión es un logro que respalda la política comercial del nuevo gobierno.

La reacción de Milei ante esta medida llegó de forma peculiar, al compartir en sus redes sociales la canción «Friends will be friends» de la banda británica Queen, justo antes de su viaje a Estados Unidos, donde se retoma la relación comercial entre ambas naciones.

La Casa Blanca ha despedido a tres funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), involucrados en el escándalo conocido como «Signalgate», donde se revelaron detalles de una ofensiva en Yemen a través de una aplicación de mensajería, según informaron medios locales.

Los funcionarios cesados son Brian Walsh, director de inteligencia; Thomas Boodry, director senior de asuntos legislativos; y David Feith, encargado de supervisar tecnología y seguridad nacional. Esta medida ocurre tras la invitación accidental del consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, al editor jefe de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a un chat donde se compartieron datos confidenciales.

Durante los cuatro días en que Goldberg estuvo en el chat, miembros del gabinete de Trump divulgaron información sensible, incluyendo objetivos y el cronograma de un ataque contra rebeldes hutíes en Yemen, hecho que fue reportado por Goldberg. A raíz de este escándalo, Waltz asumió la responsabilidad, aunque Trump decidió mantenerlo en su puesto.

Se especula que la decisión de despedir a estos funcionarios fue impulsada por la activista de extrema derecha Laura Loomer, quien instó al presidente a actuar tras el efecto negativo del «Signalgate». Además, se reporta que Alex Wong, el asesor adjunto de Seguridad Nacional que creó el chat, también podría ser despedido.

Aunque no se ha confirmado oficialmente la relación directa entre los despidos y la filtración, informes indican que los destituidos habían sido considerados «anti-neocon» dentro del NSC.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, destacó este jueves la “sólida relación” entre su país y Dinamarca tras reunirse en Bruselas con el ministro danés de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, con el interés de Washington por hacerse con Groenlandia como telón de fondo.

“El secretario Rubio reafirmó la sólida relación entre Estados Unidos y el Reino de Dinamarca” en el encuentro bilateral, celebrado en los márgenes de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que tiene lugar hasta mañana en la capital belga, informó en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tammy Bruce.

Rubio y Rasmussen hablaron de las prioridades comunes, incluido el aumento del gasto en defensa de la OTAN y el reparto de la carga, y de hacer frente a las amenazas que se ciernen sobre la Alianza, incluidas las que plantean Rusia y China, según la misma fuente.

Además, precisó que revisaron “la coordinación en curso para mejorar la estabilidad y la seguridad en Europa y garantizar una paz duradera en Ucrania”.

En cualquier caso, la portavoz del Departamento de Estado no mencionó que Rubio y Rasmussen abordaran la cuestión de Groenlandia, territorio autónomo dependiente de Dinamarca que el presidente estadounidense, Donald Trump, insiste en querer controlar por una cuestión de seguridad nacional.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que visitó el miércoles la isla por primera vez desde que Trump declaró su interés en Groenlandia, dijo desde allí que Estados Unidos no va a hacerse con el control.

«Estados Unidos no va a hacerse con Groenlandia. Groenlandia es de los groenlandeses. Y ese será el mensaje que enviaremos juntos los próximos dos días», dijo Frederiksen antes de reunirse con el presidente groenlandés en funciones, Múte B. Egede, y el entrante, Jens-Frederik Nielsen.

Frederiksen llegó a Groenlandia casi una semana después del controvertido viaje a la isla del vicepresidente de EE.UU., J. D. Vance, que visitó la base estadounidense de Pituffik (noroeste) con su esposa.

El plan inicial era que la esposa del vicepresidente, Usha Vance, viajase a Nuuk y a Sisimiut para asistir a una popular carrera de trineos tirados por perros, pero las protestas de los gobiernos groenlandés y danés por venir en medio de las negociaciones para formar un nuevo Ejecutivo provocaron un cambio de programa.