Un salvadoreño de 24 años fue encontrado muerto este miércoles en el apartamento donde residía en Vigevano, provincia de Pavía, Italia, después de haber sido víctima de un ataque homófobo el pasado 21 de agosto. Las autoridades italianas investigan las circunstancias del fallecimiento, informó la agencia italiana de noticias ANSA.
El cuerpo fue descubierto por un joven que reside en el mismo edificio y que alertó a las autoridades. Agentes de la Policía Estatal y de la Policía Científica acudieron al inmueble para realizar las primeras diligencias y recopilar evidencias que permitan reconstruir lo sucedido.
El salvadoreño -cuya identidad no ha sido revelada- había sufrido una agresión el 21 de agosto en Vigevano, cuando dos personas lo atacaron. Según la reconstrucción disponible del incidente, los agresores profirieron insultos homófobos contra el joven antes de empujarlo al canal Naviglio.
La agresión generó preocupación por la violencia y discriminación relacionadas con la orientación sexual. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no establecieron que ese ataque tenga relación directa con la posterior muerte del salvadoreño.
Los investigadores realizan las diligencias necesarias para determinar la causa del fallecimiento. La información disponible tampoco precisa las condiciones en las que fue localizado el cuerpo ni establece si presentaba señales de violencia.
La Policía recopila evidencias dentro del apartamento y las investigaciones podrían incluir entrevistas con personas cercanas al joven o que tengan información sobre sus últimos movimientos antes de ser encontrado sin vida.
Los análisis forenses y las diligencias que determine la autoridad judicial serán fundamentales para establecer las circunstancias de la muerte. Los investigadores mantienen abiertas las distintas líneas mientras esperan los resultados de los exámenes correspondientes.
Las autoridades deberán esclarecer si el fallecimiento respondió a causas naturales, un acto voluntario o un episodio violento, así como determinar si existe alguna conexión con la agresión sufrida el 21 de agosto.
Una semana después de que una inundación arrasara parte del centro de Nepal, Libes Raj Shakya recuerda que la advertencia llegó a gritos de un empleado de una escuela que recorría el mercado avisando de que el agua se acercaba.
«Tuvimos solo tres minutos para escapar«, relata Shakya a EFE al reconstruir la mañana del 26 de agosto, cuando una enorme masa de agua, barro y escombros descendió por el sistema de los ríos Bhote Koshi y Trishuli y arrasó a su paso viviendas, carreteras y puentes.
Shakya estaba todavía en casa cuando, según su relato, Sazal Shrestha, contable de una escuela de la zona y a quien describe «como un hermano», recibió una llamada desde Dhunche, en el distrito de Rasuwa, advirtiéndole de que una gran crecida avanzaba río abajo.
Primero alertó a la escuela y después salió a correr por el mercado.
«Corría por todo el mercado gritando con todas sus fuerzas para que todos corrieran y se salvaran», recuerda Shakya.
Catorce minutos en la escuela, tres en el mercado
El relato coincide en varios puntos con la reconstrucción de la evacuación de la Tribhuvan Trishuli Secondary School, en Bidur, donde el contable irrumpió gritando que se acercaba la inundación después de recibir una llamada de un familiar desde Rasuwa.
El director del centro, Rajendra Dawadi, contó que más de 900 alumnos y 16 trabajadores se encontraban entonces en la escuela y que tuvieron unos 14 minutos para evacuarlos antes de que la inundación alcanzara el lugar. El colegio ya no existe y el terreno donde se levantaba forma ahora parte del cauce del río.
Para Shakya, que se encontraba en otro punto de la zona afectada, el margen fue mucho menor.
«Cuando estábamos cerrando las tiendas e intentando salir, el agua ya venía detrás de nosotros. Seguimos corriendo para salvar nuestras vidas mientras la inundación nos perseguía», recuerda. Su familia consiguió escapar, pero la inundación se llevó todo.
«Milagrosamente, todos los miembros de nuestra familia sobrevivieron. Tenemos suerte simplemente de estar vivos», afirma.
Los destrozos provocados por la riada que asoló el norte de Nepal.
Casi 680,000 mensajes de alerta
Su relato introduce, sin embargo, una diferencia entre el funcionamiento del sistema oficial de alerta y la forma en la que al menos algunos vecinos aseguran haber sabido que tenían que huir.
El informe técnico de la División de Pronóstico de Inundaciones establece que hacia las 9:00 las autoridades supieron que una gran inundación había entrado en el Bhote Koshi desde el Tíbet, después de que las estaciones automáticas situadas aguas arriba dejaran de transmitir sin haber alcanzado previamente sus niveles de peligro.
A las 9:15 comenzaron a difundirse advertencias a las comunidades situadas río abajo y, desde las 9:16, las telefónicas nepalíes Nepal Telecom y Ncell enviaron un total de 679,295 mensajes de alerta a residentes de zonas vulnerables de Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Chitwan.
Shakya asegura que en su vecindario no habían recibido ninguno de esos avisos antes de escuchar los gritos del contable.
«Todas las noticias decían que la gente había sido informada 30 minutos antes y que el jefe comunal había ido de puerta en puerta avisando a todo el mundo», afirma. «Pero en nuestro barrio nadie había recibido ninguna advertencia oficial. Nosotros lo supimos únicamente por Sazal dai», dice usando la expresión «dai» para referirse a «el hermano mayor».
Salvó a su padre, volvió por su madre
La misma advertencia que permitió escapar a Shakya tuvo un desenlace distinto para la familia del hombre que había dado la alarma.
Según Shakya, después de avisar a la escuela y recorrer el mercado, Shrestha regresó a su casa, donde su padre no podía caminar, lo subió a una motocicleta y consiguió llevarlo hasta una zona elevada. Después volvió por su madre. Para entonces, la riada se la había llevado.
El director de la escuela ha confirmado que el contable consiguió poner a salvo a su padre y regresó después para buscar a su madre, pero encontró que la vivienda había sido arrasada y ella permanecía desaparecida.
«Salvó a madres, estudiantes y residentes», dice Shakya sobre su amigo. «Pero no pudo salvar a su propia madre», lamenta.
La velocidad con la que se desencadenó la catástrofe dejó además parcialmente ciego al propio sistema diseñado para anticiparla. Las estaciones hidrológicas de la parte alta del río dejaron de transmitir al ser alcanzadas por la crecida cuando sus últimas mediciones todavía estaban por debajo de los niveles establecidos para activar las alertas.
Una semana después, Nepal contabiliza más de mil muertos y unos cinco mil desaparecidos, según el primer informe de situación de la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres.
Shakya puede enumerar lo que perdió en aquellos minutos, lo que conserva es quienes echaron a correr cuando llegó el agua.
«Todos sobrevivimos», dice y repite, «tenemos suerte de estar vivos».
La campaña de ataques de Estados Unidos contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y frente a las costas latinoamericanas del Pacífico cumplió este miércoles un año, con al menos 227 muertos y sin perspectivas de que Washington ponga fin al operativo militar.
La primera acción ocurrió el 2 de septiembre de 2025, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, informó desde el Despacho Oval de la Casa Blanca que el Pentágono había «neutralizado» una «embarcación que transportaba droga, una gran cantidad de droga» en aguas del Caribe. Posteriormente, el mandatario divulgó un video desclasificado de 29 segundos que mostraba una lancha destruida mediante un «ataque cinético».
Trump aseguró entonces que los ocupantes eran «narcoterroristas» vinculados al Tren de Aragua, organización criminal originaria de Venezuela, y reportó la muerte de 11 personas. Posteriormente se conoció que dos lanchas fueron atacadas durante esa acción y que una segunda descarga alcanzó a dos supervivientes que permanecían en el agua y que finalmente murieron.
La Administración Trump sostuvo que el segundo ataque estuvo dentro de la legalidad y que era necesario para destruir completamente el cargamento de droga. Sin embargo, expertos jurídicos y miembros del Congreso estadounidense señalaron que la acción pudo constituir un crimen de guerra. La controversia no frenó la campaña, posteriormente denominada Lanza del Sur.
Después del primer operativo, el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) comenzó a informar regularmente sobre nuevos ataques, principalmente a través de redes sociales y con datos incompletos. Los recuentos elaborados por diversos medios y otras entidades señalan que al menos 68 embarcaciones fueron destruidas y no menos de 227 personas murieron, mientras que únicamente se documentó el rescate de tres supervivientes.
Lanza del Sur también formó parte de la estrategia de presión militar de Washington contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue capturado por el Pentágono el 3 de enero durante una infiltración en Fuerte Tiuna, en Caracas. La Casa Blanca, sin embargo, no ha anunciado planes para terminar la operación antidrogas.
La creación de la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), integrada por Estados Unidos y otros 18 países de Latinoamérica y el Caribe, apunta a una mayor cooperación regional en seguridad. «La victoria consiste en que todo el territorio de nuestros socios esté bajo el control de esos Gobiernos afines. En otras palabras; cuando Colombia sea capaz de controlar su propio territorio, y no los cárteles, cuando Ecuador pueda controlar su territorio, y no los cárteles, o cuando Venezuela controle su territorio, y no los cárteles», explicó un funcionario estadounidense con motivo del aniversario del operativo.
Según esa fuente, la campaña provocó «reducciones récord» en las actividades marítimas ilícitas detectadas por el Comando Sur, con una disminución del 65 % en el Caribe occidental, 60 % en el Caribe oriental y casi 50 % frente a las costas del Pacífico. «Los estamos obligando a cambiar de ruta. Los estamos obligando a gastar más dinero. Los estamos obligando a asumir mayores riesgos», aseguró el funcionario sobre la presión contra los cárteles y organizaciones criminales, una veintena de las cuales fueron declaradas organizaciones terroristas extranjeras por Washington desde el regreso de Trump al poder en enero de 2025.
Una jueza de Honduras dictó auto de formal procesamiento contra el exjefe de las Fuerzas Armadas Roosevelt Hernández por presuntos ataques a la libertad de prensa, a raíz de una denuncia presentada por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) por una publicación que llamó “sicarios” a varios comunicadores.
Hernández, quien sostiene que enfrenta censura, continuará el proceso con medidas distintas a la prisión preventiva. La Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia presentó a finales de julio el requerimiento fiscal contra el exjefe militar.
El proceso se remonta a mayo de 2025, cuando el CPH denunció ante instancias nacionales e internacionales a las Fuerzas Armadas por una publicación divulgada en uno de sus medios oficiales que calificó de «sicarios» a varios periodistas. El gremio consideró que el señalamiento ponía en riesgo la integridad de los comunicadores y atentaba contra la libertad de prensa.
La publicación apareció en el periódico FF.AA. Digital bajo el titular ‘Sicarios de la verdad’ y fue acompañada por fotografías de al menos tres periodistas y el logotipo del CPH. Francisco Pascua, abogado de cuatro periodistas que participan en el proceso, entre ellos el presidente del gremio, Juan Carlos Sierra, aseguró que presentó «suficiente acervo probatorio para acreditar la afectación al bien jurídico de la libertad de expresión y la comisión del delito y la posible participación del imputado».
La defensa de los periodistas informó que la jueza resolvió dictar auto de formal procesamiento contra Hernández, aunque aplicó medidas diferentes a la prisión preventiva. El exjefe militar, por su parte, declaró ante periodistas que le han limitado su libertad de expresión y recordó que durante las elecciones primarias e internas del 9 de marzo de 2025 hubo una «conspiración» en su contra y fue acusado de atentar contra la democracia.
Los cuestionamientos contra Hernández durante esos comicios surgieron por una crisis relacionada con el traslado del material electoral. Autobuses contratados circularon por ciudades como Tegucigalpa e incluso permanecieron estacionados en algunos lugares con maletas electorales en su interior, situación que retrasó las votaciones en varios centros. La legislación hondureña asigna a las Fuerzas Armadas el transporte, distribución y vigilancia del material electoral.
La investigación de la Fiscalía incluyó denuncias formales, diligencias previas al juicio, un peritaje especializado del material audiovisual y digital y testimonios incorporados al expediente. El Ministerio Público busca establecer si las publicaciones vulneraron la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, derechos reconocidos por la Constitución de Honduras y tratados internacionales suscritos por el país.
Hernández también recibió cuestionamientos durante su gestión como jefe militar por su afinidad con el entonces gobernante partido Libertad y Refundación (Libre), de izquierda. El coordinador general de esa formación política y expresidente hondureño Manuel Zelaya salió públicamente en defensa del exjefe de las Fuerzas Armadas.
Un informe de la Policía Nacional de España atribuye a las fuerzas de seguridad de Marruecos la planificación y ejecución de la entrada masiva de miles de migrantes a Ceuta ocurrida el 30 y 31 de julio, al considerar que el movimiento habría tenido una finalidad distinta a la estrictamente migratoria.
El documento, elaborado por la unidad de inteligencia de la Comisaría de Extranjería del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), fue remitido el lunes a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón. Las diligencias buscan determinar si existen indicios de un eventual delito contra la integridad territorial de España.
Según la información divulgada por el medio El Español, el CENIF sostiene que la llegada masiva respondió a un proceso planificado para colapsar el sistema de control fronterizo y reducir la capacidad de respuesta española. El informe señala que la operación habría sido guiada por agentes marroquíes uniformados y de paisano, mientras la finalidad migratoria habría funcionado como cobertura.
La Policía descarta, según el contenido divulgado, que los acontecimientos fueran únicamente consecuencia de una convocatoria en redes sociales, de la actuación de redes dedicadas al tráfico de migrantes o de un movimiento espontáneo. Entre los elementos señalados figura que el 90 % de quienes ingresaron irregularmente no permanecieron en Ceuta y regresaron pocas horas después.
El CENIF había emitido el 29 de julio una primera alerta sobre el riesgo de entradas en Ceuta y Melilla previstas para el día siguiente, principalmente por vía marítima. La nota enviada a los puestos fronterizos calificaba de «riesgo extremo» la posibilidad de accesos ilegales a nado y mediante saltos de la valla «de forma coordinada».
La existencia de esa advertencia coincide con declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien aseguró ante el Congreso que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó del riesgo un día antes. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había sostenido posteriormente que no existieron informes que anticiparan una entrada masiva.
Grande-Marlaska solicitó este miércoles explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo, para conocer desde cuándo disponía del documento relacionado con la llegada irregular de miles de personas desde territorio marroquí. El informe policial está acompañado de numerosas imágenes de los momentos previos y de la entrada a las playas de Ceuta.
La investigación queda ahora en manos de la Audiencia Nacional, que deberá valorar el contenido remitido por la Policía y determinar si existen elementos para continuar las diligencias por un posible delito contra la integridad territorial. Las conclusiones conocidas corresponden al informe del CENIF y atribuyen a las fuerzas marroquíes un papel en la planificación de la crisis fronteriza.
Al menos 1,127 personas murieron y otras 4,850 permanecen desaparecidas este miércoles en Nepal, cuando se cumple una semana de las devastadoras inundaciones que arrasaron poblaciones enteras en el norte y centro del país, según el último informe de la Policía nepalí.
Los equipos de búsqueda y rescate recuperaron otros 77 cuerpos durante las últimas horas, mientras que la cifra de desaparecidos aumentó en casi 1,000 personas respecto al día anterior. La restauración de las telecomunicaciones en varias de las zonas afectadas permitió a las autoridades acceder a nueva información sobre la magnitud de la tragedia.
Entre las víctimas mortales se encuentran al menos 77 niños, mientras que los equipos de emergencia recuperaron más de 400 restos humanos parciales, de acuerdo con el reporte oficial actualizado hasta las 8:00 de la mañana, hora local.
La emergencia también afecta a ciudadanos de otros países. Al menos 583 extranjeros continúan desaparecidos después de las inundaciones, mientras que las autoridades nepalíes reportan hasta el momento el rescate de 6,541 personas, entre ellas 580 extranjeros.
Ante la magnitud de los daños, el Gobierno de Nepal envió el lunes una solicitud urgente a la junta directiva del Fondo para la Respuesta a Pérdidas y Daños (FRLD), un mecanismo internacional de financiación climática, para obtener asistencia económica destinada a enfrentar las consecuencias de las mortales inundaciones.
La crecida, considerada por observadores locales como la mayor de la que se tiene memoria, elevó el nivel del agua entre 15 y 18 metros sobre el nivel habitual del río y destruyó asentamientos ubicados a lo largo de unos 72 kilómetros del río Trishuli.
Las inundaciones también destruyeron el puesto fronterizo de Rasuwagadhi-Kerung, situado en la frontera entre Nepal y China y considerado una ruta estratégica para el comercio bilateral entre ambos países. Decenas de asentamientos ubicados en la zona también resultaron afectados.
Las autoridades mantienen las operaciones de búsqueda y rescate mientras intentan dimensionar el impacto de la catástrofe en las comunidades incomunicadas. La recuperación de las telecomunicaciones podría permitir conocer nuevos reportes sobre víctimas y desaparecidos en las zonas golpeadas por las inundaciones.
Una turista salvadoreña de 29 años murió atropellada en Malasia mientras caminaba por el arcén de la carretera federal Melawi-Kuala Besut, informó la Policía del distrito de Pasir Puteh, que investiga el incidente como un presunto caso de atropello y fuga.
Según medios malasios, la víctima solo ha sido identificada como Camila Alejandra, sin mencionar apellidos, de 29 años y originaria de El Salvador. Malasia es un país del Sudeste Asiático.
El accidente ocurrió alrededor de las 9:44 de la noche del 1 de septiembre (7:44 am del martes en San Salvador) en el kilómetro 24.5 de la carretera, en Pasir Puteh, estado de Kelantan. De acuerdo con las investigaciones preliminares, la salvadoreña caminaba cerca de un hotel en dirección hacia Kuala Besut cuando fue impactada por un vehículo.
El jefe de la Policía de Pasir Puteh, Saari Yaacob, confirmó que las autoridades recibieron información sobre el accidente esa misma noche y desplazaron personal hasta el lugar donde ocurrió el atropello.
«La víctima fue declarada muerta en el lugar de los hechos y trasladada a la Unidad Forense del Hospital Tengku Anis de Pasir Puteh para la autopsia», declaró en un comunicado citado por el diario Strait Times.
Los restos de la turista fueron trasladados al Hospital Tengku Anis para realizar los procedimientos forenses correspondientes y determinar las circunstancias de su muerte, mientras las autoridades continúan recopilando información sobre el vehículo involucrado.
Hasta el momento, las autoridades malasias mantienen abierta la investigación para localizar al conductor que presuntamente abandonó el lugar después del atropello.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó el martes en primera legislatura una reforma constitucional que amplía a siete años los mandatos de cargos de elección popular y excluye de las candidaturas y puestos públicos a las personas calificadas como “traidores a la patria”, en referencia a opositores y críticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La enmienda fue respaldada por unanimidad mediante votación a mano alzada durante una sesión especial celebrada en León, al noroeste del país. El artículo 47 establece que no podrán competir por puestos de elección popular ni ejercer cargos públicos «los traidores a la patria», denominación utilizada por el Gobierno contra opositores y críticos.
Según la información proporcionada, al menos 452 opositores o críticos desnacionalizados han sido incluidos bajo esa calificación, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli. La prohibición también alcanza a quienes hayan tenido algún tipo de vinculación con la planificación, financiamiento, preparación o ejecución de un intento de golpe de Estado o uno consumado.
La reforma también impedirá ocupar cargos públicos a quienes sean señalados de menoscabar la independencia, soberanía, autodeterminación, seguridad o paz de Nicaragua, promover una intervención extranjera, recibir financiamiento del exterior o respaldar bloqueos y sanciones contra el Estado, sus instituciones o ciudadanos.
Las personas comprendidas en estas prohibiciones tampoco podrán integrar juntas directivas de partidos u organizaciones políticas. Para entrar en vigor, la reforma impulsada por Daniel Ortega deberá recibir una segunda aprobación durante la próxima legislatura, prevista entre el 9 de enero y el 15 de diciembre de 2027.
La modificación constitucional establece además períodos de siete años para los «copresidentes» de la República (la pareja Ortega-Murillo), diputados, alcaldes, magistrados judiciales y electorales, así como para el fiscal general, el superintendente de bancos y los jefes del Ejército y de la Policía.
Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y anteriormente coordinó una Junta de Gobierno entre 1979 y 1985 y presidió el país entre 1985 y 1990. Desde una reforma constitucional aprobada en 2025, dirige el Ejecutivo junto a su esposa, Rosario Murillo, bajo la figura de copresidentes.
Nicaragua tenía previstas elecciones generales para noviembre de 2026, pero las modificaciones constitucionales ampliaron el período presidencial y trasladaron los comicios hacia noviembre de 2027. La nueva reforma fue aprobada después de que Ortega afirmara el pasado 19 de julio que en su país «no volverá a haber elecciones».
Unos 2.2 millones de niños ucranianos regresaron el martes a las escuelas después de las vacaciones de verano, mientras otros 1.4 millones reanudaron sus estudios mediante clases a distancia o bajo un sistema híbrido en medio de los constantes ataques rusos contra Ucrania.
Algunos centros educativos realizaron breves ceremonias para inaugurar el curso pese a las recomendaciones oficiales de evitar concentraciones masivas.
“A mis hijos les gusta la escuela, ¿pero quién de verdad quiere que termine el verano?”, dijo a EFE Anastasia Zolotariova, residente de Petropavlivska Borshchahivka, en el distrito de Bucha, región de Kiev.
Las condiciones de seguridad obligaron a varias escuelas públicas a suspender sus actos y comenzar el año mediante internet.
“Algunas escuelas públicas han suspendido las ceremonias. Harán clases por internet durante la primera semana y luego verán cómo está la situación”, dijo Zolotariova. La escuela de sus hijos incluso preparó un refugio antiaéreo para realizar la ceremonia en caso de activarse las alarmas.
Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, 423 instituciones educativas fueron destruidas y otras 4,227 resultaron dañadas, según datos oficiales ucranianos. El Ministerio de Educación informó que alrededor del 80 % de las escuelas dispone actualmente de acceso a refugios antiaéreos.
Sin embargo, la proximidad de algunas ciudades al frente dificulta que los alumnos puedan resguardarse a tiempo ante los ataques. Entre 700,000 y 800,000 menores reciben actualmente educación híbrida, alternando durante la semana entre clases presenciales y remotas. Este sistema funciona, entre otros lugares, en Járkov, donde operan decenas de escuelas subterráneas.
Otros 200,000 estudiantes residentes cerca de las líneas de combate tendrán clases completamente remotas, mientras unos 400,000 niños ucranianos refugiados en el extranjero también continuarán su educación a distancia, según la diputada Irina Borzova. Los ataques rusos destruyeron además recientemente 1.2 millones de libros de texto, que serán reemplazados temporalmente por versiones digitales mientras se imprimen nuevos ejemplares.
Una de las comunidades donde las clases presenciales dejaron de ser una alternativa es Gontarivka, en la región de Járkov, situada a unos 15 kilómetros del frente. Su instituto quedó completamente destruido y tanto profesores como estudiantes abandonaron el pueblo, aunque mantienen las actividades académicas mediante una plataforma digital.
“A pesar de todo estamos trabajando y eso es lo más importante”, dijo a EFE su directora, Liudmila Mironenko.
La educadora aseguró que continuarán impartiendo clases pese a la destrucción de las instalaciones y los ataques que todavía afectan a la localidad. “Los rusos creen que nos destruirán, pero esto no ocurrirá. Seguiremos enseñando a nuestros niños pase lo que pase”, dijo Mironenko desafiante.
La Policía de Bolivia entregó este martes a Perú al principal líder de la banda criminal peruana Los Pulpos, Jhonsson Cruz Torres, apodado Jhonsson Pulpo, pocas horas después de haber sido capturado en La Paz tras una larga búsqueda, según informó el Gobierno peruano a través de sus redes sociales.
La entrega de Jhonsson Pulpo, heredero del mayor clan criminal de Perú que tiene como centro de operaciones la ciudad de Trujillo, se realizó en la población limítrofe de Desaguadero, situada a orillas del lago Titicaca, donde se encuentra el principal paso fronterizo terrestre entre ambos países.
Sobre Cruz Torres, de 29 años, pesaba una orden de captura internacional tras haber recibido una condena de cadena perpetua por un robo donde murió un comerciante, así como por múltiples secuestros y asesinatos ejecutados en Trujillo, ciudad de la costa norte de Perú, situada a unos 570 kilómetros de Lima.
Hasta el momento, las autoridades peruanas no han anticipado en que prisión quedará recluido Cruz Torres, si bien es probable que vaya a la cárcel de máxima seguridad de Challapalca, a 4.850 metros de altitud, donde su padre, Jhon Cruz Arce, apodado ‘Jhon Pulpo’, cumplió una condena de veinticinco años, hasta quedar en libertad el año pasado.
Antes de su traslado, el Ministerio del Interior señaló que el detenido será llevado a Lima para las diligencias correspondientes y su puesta a disposición de la justicia peruana.
Junto a Jhonsson Pulpo también fue detenido otro presunto integrante de la organización criminal que lo acompañaba y que presuntamente lo asistía, identificado como Gabriel Alexander Saúl M.G., de 23 años.
La captura de este líder criminal fue producto de un trabajo conjunto de inteligencia entre las policías de Bolivia y Perú, junto con la delegación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos instalado en Lima y la Administración de Control de Drogas (DEA) del mismo país norteamericano.
La búsqueda de este presunto delincuente tomó varios años, ya que inicialmente se sospechaba que se había instalado en Chile junto a miembros del clan familiar, si bien en la última etapa las miradas se centraron en Bolivia, donde a inicios de este año fue detenida la pareja de alías Jhonsson Pulpo, Keysi Salvatierra, quien también tenía una orden de captura internacional por un secuestro.
Para evadir a los investigadores, Cruz Torres llegó a fingir su propia muerte en 2020, durante la pandemia de la covid-19, y aparentemente se ha sometido a varias cirugías estéticas para cambiar su aspecto y despistar a las autoridades, además de usar múltiples identidades falsas.
Pese a su corta edad, Jhonsson Pulpo hace parte de la tercera generación de un clan criminal que él ha llevado a expandir sus tentáculos más allá de Trujillo, con sanguinarias acciones.
A Los Pulpos se les atribuye una de las acciones más sangrientas del crimen organizado este año en Perú, cuando el empresario minero Jenss Lara, de 31 años, fue secuestrado en la madrugada del domingo en Trujillo, a la vez que los cuatro acompañantes que viajaban con él en su vehículo fueron asesinados.
Los secuestradores simularon un operativo policial de la división de la Policía peruana contra el crimen organizado, y el hombre raptado fue liberado al día siguiente, después de que aparentemente la familia del empresario pagara parte del rescate, algo que las autoridades peruanas no quisieron confirmar.
