El productor musical Nacho Cano se ratificó en sus declaraciones en el acto de conciliación con el comisario Alberto Carba, quien no acudió a la citación en Madrid, y ha asegurado que la detención del pasado mes de julio fue un «abuso de poder» sobre él y sobre los 17 becarios a su cargo para el montaje de la obra «Malinche».
Así lo ha expresado Cano, de 61 años, en su declaración en el Juzgado de 1ª Instancia de Madrid, según la defensa del artista. El productor llegó al acto este martes por la mañana y ya adelantaba a los medios de comunicación que «no había nada que conciliar» y ha insistido en que esta situación la ha provocado el gobierno español.
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«Lo que me han hecho está fuera de lugar. No hay nada que conciliar, voy a ir a tope hasta que descubra quien ha hecho esto», ha asegurado. Nacho Cano abandonó el Juzgado antes de las 10:30 de la mañana.
Nacho Cano ha defendido que los becarios pasaron por «una tesitura de coacción» y que fueron engañados en la Comisaría de Leganitos, ya que les llevaron «diciéndoles que querían tomar nota de sus datos porque no llevaban los policías los ordenadores». «Eso se convirtió en un interrogatorio de once horas y se les amenazó con deportarles y se intentó en las chicas encontrar indicios de acoso sexual por parte de Cano», señala el acta del Juzgado, remitido por la defensa de Nacho Cano.
Según la abogada de Nacho Cano, Elena Fernández, el productor está «satisfecho» ante su comparecencia porque «tiene muy claro todo lo que ha ocurrido» y afirma que su representado «no falta a la verdad». «Vamos a demostrar que no falta a la verdad, y más teniendo en cuenta la última sentencia de lo contencioso», ha subrayado.
El comisario Alberto Carba no ha comparecido este martes y en su lugar ha acudido su abogado y su procurador. Según la abogada de Nacho Cano, el policía «va a seguir adelante» con la querella. «En su caso, esto es un acto previo a la interposición de una querella», ha explicado.
La siguiente actuación que tiene prevista el equipo jurídico que defiende a Nacho Cano es en la Audiencia Provincial sobre la petición de sobreseimiento por las últimas resoluciones de los Juzgados de lo contencioso administrativo. «Las resoluciones dicen que los chicos tenían y tienen autorización para residir y para realizar los estudios en contra de lo que mantiene el Juzgado de Instrucción número 19. Ellos nunca han sido ilegales», ha apostillado.
