En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones feministas y de derechos humanos exigieron este martes que se realice una investigación “transparente” por la muerte de una mujer en el Centro Histórico de San Salvador y que el crimen no quede en la impunidad.
El 6 de noviembre de 2025, la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la muerte de una persona por impacto de bala frente al Palacio Nacional, en la avenida Cuscatlán, luego de que un soldado de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) accionara accidentalmente su arma de fuego.
La víctima, identificada como Yessica Solís y originaria del departamento de Chalatenango, había viajado a la capital junto a otra persona para comprar medicinas. Ambas transitaban por la plaza del Palacio Nacional cuando ocurrió el disparo. Según el reporte policial, la bala le causó la muerte de manera inmediata.
Tras el hecho, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó por el delito de homicidio culposo a Derman Fernando Jorge Benítez, soldado de la FAES, señalado como responsable de provocar la muerte de Solís.
El Bloque de Rebeldía Popular (BRP), junto a Resistencia Feminista y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir), consideraron que la muerte de Yessica Solís no constituye un hecho aislado, sino que refleja un patrón más amplio relacionado con el uso desproporcionado de la fuerza por parte de cuerpos militares y de seguridad, situación que, según las organizaciones, incrementa los riesgos para las mujeres.
Por ello, los colectivos demandaron que el caso sea investigado con el fin de identificar a los responsables materiales y también a los responsables estructurales.
«Exigimos el esclarecimiento inmediato, independiente y transparente al feminicidio de Yessica Solis, asi como la identificación, fiscalización y sanción de todos los responsables materiales y estructurales, ningun regimen de excepción puede justificar la impunidad ni ocultar las responsabilidades del Estado frente a la violencia ejercida en contra de las mujeres», declaró Nehemi Lira, vocera del BRP.
Las organizaciones también cuestionaron el funcionamiento de las instituciones encargadas de prevenir y atender la violencia contra las mujeres, señalando que se encuentran “controladas por el régimen”, lo que, según afirmaron, se traduce en falta de supervisión y concentración excesiva de poder en las entidades de seguridad.
«Denunciamos el asesinato de Yessica Solis, un crimen que expone con crudeza las consecuencias de la militarización impuesta por el régimen de excepción, su muerte no es un hecho aislado sino el reflejo de un contexto donde el uso desproporcionado de la fuerza, la ausencia de controles y la suspensión prolongadas de garantías constitucionales colocan a las mujeres en una situación extrema de vulnerabilidad», agregó Lira.
Las organizaciones reiteraron su llamado a derogar el régimen de excepción y a implementar políticas públicas de prevención, protección y atención de la violencia contra las mujeres, así como fortalecer la independencia judicial y garantizar un acceso real a la justicia.
Por último, subrayaron la necesidad de que se respeten plenamente los derechos de las mujeres e hicieron un llamado al resto de movimientos y a la población en general a unirse para transformar “las estructuras de violencia” que afectan a las mujeres en el país.
