El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 25 años de prisión a Saúl Adalberto Rivas Cornejo, Javier Ernesto Ramírez y Francis García Castillo por el asesinato de un hombre en agosto de 2024.
La condena fue informada por la Fiscalía General de la República (FGR), quien indicó que los tres procesados fueron sentenciados por el delito de homicidio agravado de una persona a la que vapulearon hasta asesinarla.
Los hechos se reportaron el 16 de agosto de 2024, cuando la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre el asesinato de un hombre en la carretera de Oro.
Las autoridades policiales dijeron que el hecho ocurrió en el cementerio los Cipreses, en Ilopango, pero la FGR indicó que el hecho se registró contiguo a la calle La Arenera, de la comunidad Vista Hermosa I, en Soyapango.
Las investigaciones arrojaron que los cuatro sujetos, incluidos la víctima, departían con bebidas alcohólicas y luego se trasladaron hasta el lugar de los hechos.
Todos se movilizaron en un vehículo y, al llegar al lugar, se bajaron y agredieron con puños y puntapiés a la víctima hasta ocasionar su muerte.
La FGR indicó que, luego de cometer el crimen, los hombres huyeron del lugar.
Extorsión
Entre las últimas condenas reportadas por la FGR también está la de Christian Martínez, pandillero del Barrio 18, por el delito de extorsión en perjuicio de un comerciante de la ciudad de San Salvador.
La Fiscalía dijo que el hombre fue sentenciado a 15 años de cárcel luego de comprobarse que extorsionó a la víctima en 2018.
El comunicado de la FGR apunta a que Martínez se presentó al negocio de la víctima y solicitó un pago mensual a cambio de no asesinarlo o atentar en contra de su familia.
El pago de la renta fue concretado en tres ocasiones pero, posteriormente, la víctima interpuso la denuncia.
La FGR indicó que el hombre será procesado y condenado por el delito de agrupaciones ilícitas.
Violación
A través de redes sociales, la FGR informó sobre la condena de 24 años en contra de Augusto César Murillo Huezo por el delito de violación en menor o incapaz agravada continuada.
La Fiscalía indicó que los abusos iniciaron en 2018, cuando la víctima tenía 8 años. Los abusos ocurrieron en varias ocasiones y se prolongaron hasta que la niña cumplió 11 años y que, pese a las amenazas de Murillo Huezo, informó sobre los hechos a un familiar.
Como resultado, la familia de la menor interpuso la denuncia en contra del imputado.
