Tres meses han pasado desde que cientos de empleados del hospital Rosales fueron notificados de su despido, en vísperas de Navidad y año Nuevo, a algunos, las personas que les notificaron el cese de funciones, les entregaron un papelito de color donde a puño y letra les escribían su indemnización.
Pero esa promesa de entregarles el dinero de su tiempo laborado, como manda la legislación salvadoreña, solo quedó en ese escrito informal; según la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (Conadesa) ningún despedido ha recibido su indemnización.
«Los compañeros del ex hospital Rosales hasta el momento no han recibido la indemnización que se les había dado aunque sea en un papelito lo que les correspondía, pero ni siquiera eso».
Ericka de León, representante de Conadesa.
De León trajo a cuenta los despidos ocurridos la semana pasada en el Hospital Bloom, donde dos empleados de farmacia fueron notificados de su cese de funciones, verbalmente, y cuando pidieron un documento escrito, el nosocomio no respondió.
«Hacemos el llamado a los abogados, a los juristas, a los jueces, que pongan atención en esta violación de derecho. No es posible que un trabajador que tiene el sustento de su familia, que es un ser humano, se le está tratando de esta manera», acotó la representante sindical.
Este año, Conadesa lleva en sus registros que al menos 12 personas han sido despedidas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), y dos personas del hospital Bloom, según ella, pareciera que los despidos han cesado, por el momento.
A principios de este año, 2026, Conadesa indicó que registraban el despido aproximado de más de 7,700 empleados de la salud solo durante el año 2025.
De acuerdo con los datos proporcionados por las organizaciones, el Hospital Rosales concentra uno de los mayores recortes, con alrededor de 1,800 empleados despedidos, lo que —según trabajadores afectados— representó prácticamente el desmantelamiento del principal centro hospitalario del país.
Los sindicalistas lamentaron que sus quejas ante el Ministerio de Trabajo y otras instituciones públicas como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no han sido escuchados y que, por el contrario, les han respondido que no tienen competencia para resolverles.
Adelantaron que analizan presentar denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo.
