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Cerca de medio millón de niños, niñas y adolescentes quedaron en situación de abandono en El Salvador por uno o ambos padres de familia, según revelaron los datos de la más reciente Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM).

El documento publicado por el Banco Central de Reserva (BCR), señala que en el año 2024, un total de 478,982 menores entre los cero y 17 años de edad vivieron una situación de abandono de sus familiares. De estos 254,986 fueron niños y 223,996 niñas.

Según el informe, el abandono por parte del padre afectó a un total de 381,258 menores, de esa cifra, 201,850 fueron niños y 179,408 niñas. Los datos mencionados revelaron que los casos de abandono por dicho miembro de familia fue del 79 %.

Por otro lado, el abandono por parte de la madre alcanzó los 38,811 casos, de los cuales 22,455 fueron niños y 16,356 son niñas. Mientras que 58,913 menores fueron abandonados por ambos padres de familia, en el cual resultaron afectados 30,681 niños y 28,232 niñas.

La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples reporta, para el año 2024, una población total de 6.3 millones de personas, de los cuales 1,882,226 se identificaron entre los cero y 19 años de edad, que equivale el 29.6 % de la población total.

En comparación con los datos publicados en la encuesta del año 2023, se expone un aumento significativo en los casos de abandono, con un total de 669,448 menores reportados. Es decir que en el último año se reporta una reducción de 190,498 casos, que equivale a una baja del 28 %.

Mencionar que los datos publicados en la encuesta anterior también detalla sobre las razones de abandono e identifica como las principales causas: abandono, migración y muerte. Sin embargo, en la tabulación del año 2024 no se brinda mayor información sobre los motivos que llevaron a un estado de abandono del infante.

Es importante señalar que los datos comparativos entre 2023 y 2024 deben no son exactos, ya que la población en El Salvador varía cada año por diversos factores y dado que la base poblacional no es la misma en ambos años, los porcentajes no necesariamente muestran una tendencia precisa.

¿Qué dice la ley?

El artículo 199 del Código Penal de El Salvador, sostiene que: “el que teniendo deber legal de velar por un menor de dieciocho años o una persona incapaz de proveerse por sí misma, los abandonare poniendo en peligro su vida o su integridad personal o los colocare en situación de desamparo, será sancionado con prisión de uno a tres años”.

Por su parte, la Ley Crecer Juntos señala que el abandono de un menor de edad es una de las infracciones grave en contra de la niñez salvadoreña, y por ende el Estado tiene la obligación de establecer las herramientas de gestión pública para la prevención, atención y erradicación del maltrato de niñas, niños y adolescentes en todas sus formas, siendo incluido el abandono

Asimismo la ley expone que, deben ejecutarse «medidas de acogimiento», que corresponden a un traslado del infante a una familia, sin compatibilidad sanguínea, con la responsabilidad de cuidar el bienestar del infante, que incluye brindar afecto y educación.

«Durante su ejecución se tratará de preservar o fortalecer los vínculos familiares, prevenir el abandono y procurar la reintegración de la niña, niño o adolescente a su familia de origen», estipula el artículo 224 de la Ley Crecer Juntos.

Las personas que no saben leer y escribir en El Salvador aumentaron en un 0.25 % durante el año 2024, respecto al año 2023, reveló la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples publicada esta semana por el Banco Central de Reserva, luego que la tasa de analfabetismo pasara de 9.3 (2023) a 9.55 al año pasado.

Con un cálculo de población de 5,864,001, la encuesta indica que en 2024 al menos 627,616 salvadoreños eran analfabetos, un incremento respecto al año 2023 cuando totalizaban 503,101 personas en el país que no sabían leer ni escribir.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco) define el analfabetismo como la situación de una persona que no posee las habilidades para leer, escribir y comprender una frase simple y corta. La Unesco también agrega que se considera analfabeta a una persona mayor de los 10 años.

Según los datos que proporciona la encuesta, el grupo etario que agrupa mayor cantidad de personas analfabetas es a partir de los 34 años en adelante (no especifica solo el grupo etario de los adultos mayores) el cual suma 474,401.

Más mujeres

Los datos indican que el analfabetismo aún afecta más a las mujeres que a los hombres,  ya que 370,079 mujeres no saben leer ni escribir mientras que 257,537 están en la misma condición.

De igual manera, son las mujeres adultas quienes agrupan la mayor cantidad que no saben leer y escribir, sumando 304,729.

Las tablas de la EHPM que publica el BCR el pasado 30 de septiembre no completa datos por departamento ni tampoco por zonas. La encuesta para el año 2023 indicaba que Morazán era el departamento donde está la mayor cantidad de población arriba de los 10 años analfabeta, seguido de La Unión, Usulután, Cabañas y Chalatenango en un top 5. El departamento con menos analfabetismo es San Salvador.

Hasta el momento, el Gobierno no ha lanzado ninguna acción directamente para combatir el analfabetismo en la población adulta. En los últimos años, el Ministerio de Educación ha enfocado sus esfuerzos en la entrega de computadoras y tablets a los estudiantes, así como en la reforma educativa que busca reconstruir las escuelas dañadas en el país. Otra arista del Ministerio es el cambio de la currícula.

Sin embargo, extraoficialmente se conoce que el Ministerio de Educación contempla una área pequeña para apoyar programas de alfabetismo que son ejecutados por terceros, especialmente, por organizaciones e iglesias, como es el caso de Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) en El Salvador, que ejecuta alrededor de 130 círculos de alfabetización en todo el país.

Un hombre identificado como Mario Mejía Carabantes fue sentenciado a 40 años de reclusión en el Hospital Psiquiátrico por el asesinato de su hermana en 2023.

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que el crimen fue cometido el 19 de agosto del año antes mencionado, en el distrito de Acajutla, municipio de Sonsonate Oeste.

«La víctima se encontraba limpiando maíz junto a su madre cuando fue interceptada por Mejía Carabantes, quien portaba un arma blanca tipo corvo y sin mediar palabras procedió a atacarla, causándole lesiones que le causaron la muerte», aseguró la FGR sobre el caso.

Mejía Carabantes escapó del lugar al momento que su madre huyó en búsqueda de ayuda, dijo la Fiscalía.

Las autoridades aseguraron que el sujeto tenía diagnóstico de esquizofrenia, motivo por el cual el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana, le impuso la condena en el hospital psiquiátrico.

El Juzgado de Paz de Huizúcar, en La Libertad, ordenó, que Raúl Oswaldo Pérez, de 32 años, siga detenido por el delito de feminicidio en perjuicio de una mujer ocurrido en el referido distrito.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó, la noche del 9 de septiembre de 2025, que el cuerpo de una joven fue encontrado en estado de descomposición. La víctima fue identificada como Natalia Raquel Bernal Gómez, de 21 años de edad, quien habría sido reportada como desaparecida cuatro días antes.

De acuerdo a la información compartida por Centros Judiciales en su cuenta de X,  las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), indicaron que, la noche del 5 de septiembre, la joven fue vista por última vez al salir de una celebración a bordo de una motocicleta conducida por Pérez, quien presuntamente le habría quitado la vida.

«El cuerpo de la víctima, semienterrado y en avanzado estado de descomposición, fue ubicado en una finca del distrito de Huizúcar, tras varios días de búsqueda», dijo Centros Judiciales.

La corporación policial informó, el día 12 del mismo mes, sobre la captura del acusado, a quien se le señaló como el supuesto autor del crimen.

En la audiencia inicial, el juzgado determinó que existen los indicios suficientes para vincular al acusado con el hecho que se le imputa, por lo que resolvió que el proceso continúe en la etapa de instrucción y permanezca en detención provisional mientras avanza las investigaciones en su contra.

Fuentes judiciales informaron que la causa de la muerte fue traumatismo craneoencefálico de tipo contuso, pero no se especificó el tipo de arma utilizado.

Asimismo, remitió el caso al Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (LEIV) de San Salvador, quien será el encargado de continuar el proceso penal en contra de Pérez.

Durante el mes de septiembre, al menos nueve personas fueron asesinadas en El Salvador, según los registros de la Policía Nacional Civil. Las víctimas fueron cinco hombres y cuatro mujeres en un rango de 21 a 80 años de edad.