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Una encuesta presentada por Comunidades de Fe Organizadas en Acción (Cofoa) y presentada con el apoyo del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss) junto al Colegio Médico revela que las largas esperas continúan siendo una constante para quienes acuden al sistema público de salud.

El estudio, aplicado a 1,193 personas en 11 departamentos, indica que el 42 % de los usuarios espera hasta cuatro horas para recibir atención médica y que uno de cada cuatro puede llegar a esperar seis horas o más en las unidades y hospitales del país.

Simetrisss advierte que la red pública enfrenta un déficit del 40 % de personal médico al inicio de 2025, lo que implica la necesidad urgente de contratar más de 1,600 profesionales para cubrir la demanda de más de 2.1 millones de derechohabientes del ISSS.

Esta falta de personal sobrecarga a los equipos actuales y se traduce en tiempos de espera cada vez mayores. Además, el sindicato denuncia una gestión desigual de los recursos: clínicas comunales que cierran temprano o permanecen vacías, mientras que las unidades médicas reportan saturación diaria.

Frente a este panorama, las organizaciones llamaron al Gobierno a instalar una mesa técnica con expertos y representantes comunitarios para trabajar en un Plan Nacional de Salud que permita reducir las brechas en atención y garantizar servicios oportunos para la población que depende del sistema público.

La semana pasada, en la presentación de la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud (Conadesa), el doctor y secretario general del Simetriss, Rafael Aguirre, mencionó que hasta la fecha tienen contabilizado cerca de 5,000 empleados de la salud han sido despedidos sin derecho a defensa, entre estos, 3,500 del Ministerio de Salud, 1,100 empleados del Fondo Solidario para la Salud, 400 empleados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y al menos 80 empleados del Instituto de Bienestar Magisterial.

Los abogados defensores del pastor de la comunidad El Bosque, José Ángel Pérez, denunciaron este miércoles que tanto él como el abogado del Foro del Agua, Alejandro Henríquez, requieren atención médica en el Penal La Esperanza.

La  abogada Evelyn de Guely, representante de la iglesia cristiana Misión Elim a la que pertenece el pastor Pérez, relató a los periodistas ayer que su defendido requiere atención médica debido a que ha «perdido totalmente la audición en uno de sus oídos». 

De Guely explicó que ayer, el pastor les relató que cuando fue trasladado al penal La Esperanza, mejor conocido como «Mariona» padeció una fiebre muy fuerte y en tres ocasiones ha pedido atención médica sin haberla tenido. 

Por otro lado, la abogada Emperatriz Flores relató que el abogado Alejandro Henríquez tiene «lesiones, debido a situaciones de salud por insalubridad que se da en ese lugar, en la cárcel de La Esperanza».

«También el pastor Ángel nos ha mencionado que en tres ocasiones ha solicitado la atención médica por un problema que tiene en su oído, estuvo mencionando que tuvo una fiebre muy fuerte, al llegar al penal y que ahorita él ha perdido totalmente la audición en uno de sus oídos».
Evelyn de Guely, abogada.

¿Por qué son procesados?

Ayer, ambos procesados enfrentaron una audiencia de revisión de medidas ante el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, en La Libertad, quien resolvió negarles medidas alternas a la detención, por falta de arraigos según los abogados.

Tanto Pérez como Flores fueron detenidos en mayo pasado, luego que participaran en una concentración de la cooperativa El Bosque, frente al Centro Comercial Las Piletas y la residencial Los Sueños, en Nuevo Cuscatlán, donde reside el presidente salvadoreño, Nayib Bukele; la comunidad pedía la intercesión del mandatario para evitar un desalojo ordenado para ese mismo mes.

Pérez fue detenido en un forcejeo con la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional Civil el día de la concentración y el siguiente día fue detenido el abogado Henríquez. Ambos son procesados por resistencia agresiva y desórdenes públicos.

A finales de mayo enfrentaron audiencia inicial y el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla ordenó mantenerlos en prisión; la defensa apeló pero una Cámara ordenó que siguieran detenidos. La fase de instrucción de este caso denominado Cooperativa El Bosque es de seis meses, sin embargo, en septiembre el juzgado amplió el plazo a tres meses más, que se vencen en diciembre.

Este 29 de octubre, el abogado Henríquez tildó el caso de político y defendió que su única labor ha sido defender la tierra.

Apelación

Ayer, el Juzgado Segundo de Instrucción resolvió no revocar la detención ante medidas alternas solicitadas por la defensa, inclusive una fianza, por falta de arraigos familiares, laborales y domiciliares. La defensa anunció que apelará la decisión de la jueza.

Una encuesta nacional realizada con 1,193 personas por la organización Comunidades de Fe Organizadas para la Acción (COFOA) determinó que seis de cada diez salvadoreños (60%) dependen del sistema público de salud para su atención; sin embargo, solo el 24.6% recibe siempre todos los medicamentos que le son recetados.

La encuesta revelada este miércoles junto al Colegio Médico y al Sindicato de Médicos y Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss) también revela que solo el 21.5 % de los encuestados prefiere usar remedios caseros y el 16 % opta y puede pagar servicios privados de salud.

De la porción de población que opta por automedicarse, indicaron que se decantan por esta solución por falta de dinero
(17.4%), mala atención (14.4%) o lejanía de los centros (9%).

«Necesitamos un sistema de salud que nos funcione a todos, aquí ustedes mismos nos han dado el respaldo, solamente un 60 % de población le cubre esos $2,400 millones que se invierten anualmente para lo que se suponga que el sistema le responda a usted», manifestó ayer el secretario general del Simetrisss, Rafael Aguirre.

El director de COFOA en Centroamérica, Alberto Velázquez, explicó que «el estudio surge del contacto con la gente que se queja de citas tardías, falta de ambulancias y medicamentos. Hay personas que mueren esperando atención», señaló ayer en la conferencia.

Los principales motivos de consulta registrados son los problemas respiratorios (36.9%), seguidos de la la diabetes (11.1%) y las enfermedades gastrointestinales (9.6%).

“Esto indica que el sistema no está poniendo atención en prevención ni en atención especializada a tiempo”, agrega al respecto Velázquez.

El reporte también muestra que más del 40 % de los pacientes debe gastar entre $5 y $100 en medicinas propias debido al desabastecimiento, y un 26 % llega a gastar entre $100 y $200.

El Colegio Médico y el Simetrisss han advertido también un incremento en la sobrecarga laboral y la falta de especialistas, particularmente, en áreas como medicina interna y cuidados intensivos, situación que compromete la calidad de la atención.

«La encuesta presentada es sumamente importante porque nos muestra lo que los médicos y el personal de salud día a día vemos, los problemas crónicos de ese sistema, lo hemos dicho siempre la falta de acceso a medicamento y de insumos médicos que estén en el centro de salud, cuando yo lo necesito, estos datos matan relatos. Cuando decimos: ‘tenemos el mejor sistema de salud del mundo’ estos datos son objetivos y contradicen ese discurso».
Iván Solano, presidente del Colegio Médico.

Los datos más recientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) refuerzan la preocupación, pues señalan que el gasto público en salud representa menos del 10 % del PIB, mientras la demanda de servicios sigue en aumento.

Las organizaciones exigen al Gobierno la implementación de un Plan Nacional de Salud que garantice abastecimiento  de medicamentos, infraestructura adecuada y condiciones laborales dignas para el personal de salud.

El presupuesto para Salud en 2026 asciende a $1,325 millones, según el proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda.

La hermana del detenido por robo en un bus de la ruta 29-A aseguró que su familiar no ha cometido delito y que al contrario, es él la víctima del caso.

A través de una publicación en la red social Facebook, la hermana del detenido Junior Osiel Benavides Villanueva aseguró que fue a él quien le robaron el teléfono celular hace un mes desde donde vulneraron sus cuentas bancarias. 

En su publicación dice que el teléfono que le robaron a Benavides Villanueva fue desbloqueado y atentaron contra su información personal. La hermana, que se identifica como Alisson Benavides, dice que su hermano puso la denuncia y reportó sus cuentas bancarias pero que no tuvo respuesta. 

«Mi hermano fue víctima y su cuenta bancaria se utilizó como cuenta mula (recibió dinero y lo sacaron en cajeros automáticos por personas que se desconoce) sin su consentimiento», escribió la joven en la red social.

La noche del martes, la Policía Nacional Civil publicó en sus redes sociales que había capturado a Benavides Villanueva, de 26 años, por hurtar el celular a un pasajero en la ruta 29 A, «durante la madrugada de ayer», en alusión al 27 de octubre.

La corporación indicó que tras el hurto, ingresó a las cuentas bancarias «y gestionó un crédito preaprobado por más de $7,000». La policía dice que hizo dos desembolsos, uno de $2,000 y otro de $1,265. La institución policial añadió que recibieron una denuncia e iniciaron un operativo de búsqueda, encontrándolo en la urbanización Los Conacastes, en Soyapango.

La familiar del detenido indicó que Benavides es licenciado en Mercadotecnia, con trabajo estable y vehículo propio.

El Juzgado Segundo de Instrucción resolvió no dar medidas sustitutivas a la detención al pastor de la iglesia Elim, José Ángel Pérez, y al abogado del Foro del Agua, Alejandro Henríquez, según los abogados de la defensa.

«A pesar de todas las anteriores condiciones es lamentable realmente las condiciones en las que se encuentra nuestro sistema de administración de justicia, nos han negado nuevamente que el pastor Ángel y que Alejandro puedan seguir en libertad, confirmaron la detención provisional, esa fue la decisión», reveló el abogado Oswaldo Feussier. Feussier dijo que es una decisión «nefasta» y que provoca decepción.

La jueza concluyó que los arraigos siguen siendo insuficientes, tanto familiares, laborales y domiciliares a pesar que se le han presentado múltiples arraigos, dijo la abogada Emperatriz Flores. Los abogados aseguraron que apelarán la decisión de no revertir las medidas alternas a la detención.

Este miércoles, el juzgado programó una audiencia especial de revisión de medidas solicitada por la defensa, luego que una cámara decidiera resolver en contra la apelación de la audiencia inicial.

Henríquez y Pérez enfrentaron el pasado 30 de mayo la audiencia inicial del proceso en su contra ante el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, donde se ordenó detención provisional y que el caso pasará a la fase de instrucción. Ambos guardan prisión en el centro penitenciario La Esperanza, conocido como «Mariona», donde deberán permanecer hasta que el caso pase a fase de instrucción.

Los dos son procesados por los delitos de resistencia agresiva y  desórdenes públicos en calidad de coautores en perjuicio de la paz pública.

Previo a la audiencia, periodistas hablaron con el abogado Henríquez quien señaló que se trata de un caso politizado y defendió que ellos lo único que han hecho es defender la tierra y a la gente de la cooperativa El Bosque.

«Es un caso que está politizado, en sí no hay delito, lo que hemos hecho es defender la tierra, defender la vida, defender la gente empobrecida de este país, pero aquí seguimos», dice el abogado del Foro del Agua, Alejandro Henríquez, quien fue detenido en mayo y hoy tendrá… pic.twitter.com/QszVf8sKKH

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) October 29, 2025

En mayo pasado, la comunidad de la cooperativa El Bosque hizo un plantón frente al centro comercial Las Piletas y la Residencial los sueños – misma donde vive el presidente salvadoreño Nayib Bukele- en busca de ayuda del mandatario, a quien pedían que intercediera ante un inminente desalojo programado para el 22 de ese mes.

A ese plantón llegó la Policía Nacional Civil, a través de la Unidad del Matenimiento del Orden, quienes en un forcejeo con la comunidad terminaron deteniendo al pastor Ángel Pérez y el siguiente día, al abogado, que también había participado en la concentración.

El abogado Alejandro Henríquez habló por primera vez luego de cinco meses de haber sido detenido tras la manifestación de la cooperativa El Bosque, ante un inminente desalojo, y señaló que se tata de un caso politizado.

“Es un caso que está politizado, en sí no hay delito, lo que hemos hecho es defender la tierra, defender la vida, defender la gente empobrecida de este país, pero aquí seguimos”, dijo Henríquez este miércoles ante periodistas que pudieron entrar a la sala de audiencias, previo a la diligencia.

Henríquez enfrentará audiencia de revisión de medidas este miércoles junto al pastor de la iglesia Elim, José Ángel Pérez en el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, en La Libertad.

«Es un caso que está politizado, en sí no hay delito, lo que hemos hecho es defender la tierra, defender la vida, defender la gente empobrecida de este país, pero aquí seguimos», dice el abogado del Foro del Agua, Alejandro Henríquez, quien fue detenido en mayo y hoy tendrá… pic.twitter.com/QszVf8sKKH

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) October 29, 2025

En las afueras del Centro Judicial de Santa Tecla se han concentrado miembros de la cooperativa El Bosque y de la Misión Cristiana Elim.

La noche del 12 de mayo, los habitantes de la cooperativa El Bosque hicieron un plantón frente al centro comercial Las Piletas y de la Residencial Los Sueños, para pedir ayuda al presidente Nayib Bukele para cancelar una orden de desalojo dirigida para 300 habitantes de la comunidad.

En dicha concentración fue detenido Ángel Pérez, en medio del forcejeo con agentes de la Policía Nacional Civil y de la Unidad del Mantenimiento del Orden, según se observa en la transmisión realizada por Radio Bálsamo TV.

Un día después, se reportó la captura del abogado Alejandro Henríquez en las afueras de las instalaciones del Foro del Agua, en la colonia Miramonte de San Salvador, según informaron miembros de la misma organización.

El proceso

Henríquez y Pérez enfrentaron el pasado 30 de mayo la audiencia inicial del proceso en su contra ante el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, donde se ordenó detención provisional y que el caso pasará a la fase de instrucción. Ambos guardan prisión en el centro penitenciario La Esperanza, conocido como «Mariona», donde deberán permanecer hasta que el caso pase a fase de instrucción.

En junio de 2025, la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, La Libertad, rechazó el recurso de apelación presentado por los abogados de la defensa.

La Cámara argumentó que la etapa procesal de la audiencia inicial era en ese entonces temprana para hacer valer las solicitudes de diligencias de la defensa, y que para eso se tenía la etapa de instrucción.

En septiembre reciente, el mismo juzgado que desarrollará la audiencia amplió la fase de instrucción tres meses más, la cual terminaría en diciembre próximo.