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El Ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, informó el miércoles que las autoridades buscarán que el promedio de homicidios termine en 1.3 o 1 por para el cierre del año 2025.

Villlatoro explicó que durante el año 2024, las autoridades reportaron 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes y que esperan tener esa disminución para lo que resta de año.

“1.9 por cada 100,000 habitantes fue el cierre del año pasado (2024), para este año proyectamos cerrarlo entre 1 y 1.3. Ese es como la proyección”, explicó Villatoro en la entrevista de Telecorporación Salvadoreña, Frente a Frente.

Por otro lado, el funcionario atribuyó esta reducción a la implementación de nuevas herramientas de gestión para identificar y proceder con los detenidos.

“Es importante destacar que hay mucha academia, mucha doctrina policial en el continente, y nosotros en un año hemos implementado una herramienta, que le permite a los 60 mandos de las 60 delegaciones a nivel nacional, poder gestionar qué cuadrantes, que sectores es el que se tiene que atender, pero además la ponderación del crimen”, aseguró el titular de Seguridad Pública.

Impunidad sobre homicidios

Por otro lado, Villatoro declaró que la efectividad en los procesos judiciales de homicidios alcanzó un 97% de efectividad al finalizar 2024. También criticó a quienes apoyan la impunidad en estos casos.

“Tenemos que seguir trabajando y seguir reduciendo la impunidad tal como lo estamos haciendo…de haber recibido en el homicidio una impunidad golpeante y galopante de 97% contra un 3% de efectividad de lo que todos esos hipócritas llamaban estado de derecho…a haber cerrado el año pasado a 98.6% pero de efectividad, no de impunidad en el delito de homicidios”, explicó el titular de la institución.

Además, Villatoro recalcó que la efectividad en resolución para el delito de homicidios es de 100% en lo que va de este 2025 y aprovechó para señalar que las autoridades no tolerarán ni permitirán que personas cometan este tipo de crímenes o similares.

“Esto lo puedo decir el año pasado (2024), a este año, la impunidad es cero, la efectividad en resolución de homicidios es del 100%, eso no es por arte de magia, es trabajar, es redefinir…que es lo que el estado no va a tolerar, delitos contra la vida, delitos contra la libertad sexual, delitos violentos contra el patrimonio y los delitos de droga, eso es algo en lo que no hay punto de nada, el que ande en eso va a ser sacado de la sociedad”, explicó Villatoro.

El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador juramentó este miércoles a dos peritos financieros, que tendrán a su cargo el análisis de los movimientos patrimoniales del exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas, acusado de enriquecimiento ilícito por la Fiscalía General de la República (FGR).

La diligencia forma parte del proceso penal en contra del exfuncionario, quien enfrenta cargos por presuntamente haber incrementado su patrimonio de manera injustificada durante su gestión como magistrado del TSE.

Los abogados de la defensa confirmaron a Diario El Mundo que, los expertos serán los responsables de realizar los análisis técnicos de cerca de 40 puntos de pericia ofrecidos por el Ministerio Público y la defensa. Entre ellos figuran ingresos, egresos y bienes adquiridos por Chicas.

«Se va a contabilizar los ingresos de él (Eugenio Chicas) por mes y por año», dijo el abogado.

Los informes periciales serían clave para determinar si existió o no incremento patrimonial no justificado por parte del exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral.

La defensa del exfuncionario aseguró que en los análisis periciales se sumará los $50,000 que el exmagistrado recibió de indemnización por parte del presidente Nayib Bukele, en el caso de calumnias en el año 2019.

El 18 de octubre de 2017, Chicas demandó a Bukele en el Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla, debido a que dos días antes, el entonces alcalde de San Salvador en una entrevista de televisión dijo que el exmagistrado violó a su hija de crianza y luego se casó con ella para no ir a la cárcel.

Proceso penal

Eugenio Chicas fue detenido el pasado 13 de febrero, después de dejar a su hijo en el centro educativo; la Fiscalía afirmó que lo acusaría por enriquecimiento ilícito de más de $200,000, en perjuicio de la administración pública.

“Deberá responder penalmente, ante los tribunales, donde será presentado en los próximos días”, informó la Fiscalía en su cuenta de X, al momento de la captura.

El 28 del mismo mes, el Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó la detención provisional en contra del exmagistrado mientras el caso se remitió a fase de instrucción. El caso tiene reserva total a petición de la Fiscalía.

En noviembre de 2024, la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador encontró responsable a Chicas y su familia por el delito de enriquecimiento ilícito y lo sentenció a reintegrar más de $202 mil.

Según el fallo, el exmagistrado debe reintegrar la suma de $173,705.57; mientras que a su esposa Blanca Ayala Martínez, la suma de $11,282; su hijo Carlos Chicas González, $1,080.44; y su excónyuge Ana Lucía Ramírez Ayala, $16,489.50.

La caída de un árbol de grandes proporciones obstaculizó el paso por la avenida España de San Salvador, frente al excine Majestic.

El incidente fue ocasionado por las fuertes ráfagas de viento y la intensa lluvia que azota al país la tarde de este lunes.

La vía se encuentra cerrada completamente frente a la Confitería Americana, en el carril que da acceso al Centro Histórico capitalino.

Elementos de la Policía Nacional Civil se encuentran en el lugar.

A las 4:51 pm, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que: «Se tiene actividad eléctrica y lluvias, con ráfagas de 70 km/h, en diferentes sectores de los departamentos de Chalatenango, Cuscatlán, San Salvador, La Libertad y La Paz, moviéndose al suroeste».

Según la institución también se esperan «lluvias y tormentas eléctricas, con ráfagas de 70 km/h, en diferentes sectores de Santa Ana y Sonsonate, dentro de la próxima hora».

El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, aseguró este miércoles que las autoridades policiales y otros cuerpos de seguridad pública reportan 89,000 detenciones de presuntos pandilleros desde la implementación del régimen de excepción, a finales de mayo de 2022.

“Casi con 89,000 mil registros de detenciones, esos van. De un planteamiento criminal que se dividían en 360 clicas, que eran las organizaciones de la Mara Salvatrucha y canchas que eran las del Barrio 18 y que estas a su vez estaban conectadas con 32 programas”, explicó Villatoro en el programa de entrevistas matutinas Frente a Frente.

Villatoro detalló que estas detenciones se lograron gracias a la cooperación entre la Fiscalía General de la República (FGR) y otras entidades judiciales junto a sus reformas.

Asimismo, el funcionario aseguró que:“Además hemos logrado capturar la mayor cantidad de miembros, los cual nos tiene en ese sitio donde ahora nos encontramos en materia de seguridad”.

Por otro lado, Villatoro no detalló el número exacto de presuntos pandilleros que aún no han sido capturados, pero afirmó que las autoridades mantienen su enfoque en lograrlo, y tildó la pregunta de “amarillista” al entrevistador. En marzo de 2023, el ministro de la Defensa, René Merino, aseguró que faltaban detener a cerca de 30,000 pandilleros, mientras que en junio reciente, el excomisionado colombiano Andrés Guzmán aseguró que faltan 40,000. 

El régimen de excepción está vigente desde el 27 de marzo de 2022 y a principios de agosto, los diputados aprobaron la prórroga número 41 que vence la próxima semana.

Con esta medida continúan restringidos tres derechos constitucionales: la privacidad en las telecomunicaciones, el plazo máximo de 72 horas de detención administrativa y la garantía de defensa.

Por todo lado, cabe explicar que la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, vigente desde el 15 de agosto, extendió por dos años más la posibilidad de mantener detenidas a personas capturadas en el marco del régimen de excepción sin ser remitidas a un tribunal.

Según la organización Cristosal, esta disposición, publicada en el Diario Oficial el 15 de agosto, abre la puerta a que los arrestados permanezcan hasta cinco años en la cárcel sin haber recibido una sentencia.

El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador decretó este miércoles, en audiencia inicial, detención provisional en contra de un hombre identificado como Pedro David Torres Hernández, de 31 años de edad, tras ser acusado de asesinar a su pareja y posteriormente simular un suicidio.

Torres Hernández fue procesado por el delito de homicidio agravado en perjuicio de la víctima y fraude procesal en perjuicio de la administración de justicia.

Según el requerimiento fiscal, la noche del pasado 9 de agosto de 2025, el imputado llegó a la vivienda de la víctima identificada como Carlos Roberto B., ubicada en la colonia San Luis, en San Salvador, con quien mantenía una relación sentimental.

El homicidio se habría cometido entre las 6:00 y las 7:30 del día siguiente, cuando colocó una cuerda en el cuello de su pareja hasta asfixiarlo.

«Ambos ingirieron bebidas alcohólicas y presuntamente el procesado permaneció en el lugar con la intención de matarlo», indicó la cuenta de Centros Judiciales.

Tras el crimen, el imputado habría simulado un escenario de suicidio, al colocar un lazo en unas gradas y acomodar el cuerpo de la víctima en una posición final y posteriormente avisó a los vecinos que se había quitado la vida.

Según agrega Centros Judiciales, la Policía Nacional Civil, detuvo a Torres Hernández debido a que al llegar a la escena del crimen se identificaron «incongruencias», por lo que se procedió a ser detenido.

En la audiencia inicial, se determinó que existen indicios suficientes para que el caso pase a la etapa de instrucción, por lo que el imputado deberá seguir en detención provisional mientras continúan las investigaciones en su contra.

Este miércoles, El Salvador estará bajo la influencia de una onda tropical que favorecerá el ingreso de lluvias y tormentas de moderada a fuerte intensidad, principalmente en horas de la tarde y la noche, según el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn).

Las lluvias se concentrarán entre mediados y finales de la tarde en la zona nororiental y la cordillera volcánica, con énfasis en el tramo del Bálsamo y la sierra de Tecapa–Chinameca. Durante la noche, las precipitaciones se intensificarán y se desplazarán desde la zona nororiental y el departamento de La Unión hacia el resto del país, afectando con mayor énfasis la zona central y oriental, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), San Miguel centro, San Vicente, Usulután, Zacatecoluca y sus alrededores.

Durante la mañana el cielo se mantuvo poco nublado en la mayor parte del territorio, sin lluvias, aunque la nubosidad aumentó hacia el mediodía en zonas altas.

El ambiente estará muy cálido durante el día y se tornará fresco en horas de la noche y la madrugada. Estas condiciones se deben a la combinación de la onda tropical y el apoyo de sistemas atmosféricos en niveles medios y altos de la troposfera.

El país se mantiene en alerta verde por lluvias, luego que desde el 15 de agosto, fuertes tormentas empezaran a afectar al país. Esa noche, la comunidad Tutunichapa I fue afectada tras el colapso de un muro que contenía el arenal con el mismo nombre de la comunidad, e inundó cerca de 130 viviendas, al menos nueve familias perdieron todo.

Un grupo de salvadoreños en el exterior anunció la creación de la Mesa del Exilio Salvadoreño, una iniciativa que busca coordinar esfuerzos entre personas exiliadas y promover el “diálogo” sobre la situación democrática de El Salvador.

“Hicimos una convocatoria para lanzar la Mesa del Exilio Salvadoreño, recordemos que en los últimos meses decenas de salvadoreños, hombres y mujeres que nos ha tocado abandonar el país por la dictadura, por la persecución, el amedrentamiento, las amenazas de encarcelamiento”, dijo la abogada Ingrid Escobar a través de un video compartido en redes sociales.

La creación de la Mesa se realiza a 100 días desde que la Fiscalía General de la República (FGR) ordenara la captura de la abogada de Cristosal, Ruth Eleonora López Alfaro, acusada de enriquecimiento ilícito.

Según el comunicado emitido el martes, la Mesa surge como respuesta al contexto político actual en El Salvador, marcado por el régimen de excepción, el cual ha permanecido vigente desde marzo de 2022.

“El establecimiento del régimen de excepción durante 3 años de vigencia y 40 prórrogas inconstitucionales, ha convertido en práctica cotidiana la persecución de líderes sociales, políticos, gremiales, religiosos, así como de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y de intelectuales que cuestionan al gobierno”.
Comunicado de Mesa del Exilio Salvadoreño

La organización señaló que entre sus principales objetivos plantea dar voz a la comunidad exiliada, visibilizar casos de persecución política y exigir el respeto a los derechos humanos.

Como primera acción anunció el lanzamiento de una campaña permanente por la liberación de Ruth López, a quien consideran un “emblema” de más de 80 personas privadas de libertad por razones políticas.

“Ruth López ha dedicado su vida a la defensa del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos fundamentales”, se expone en el comunicado.

La organización considera que su arresto representa “una amenaza al libre ejercicio de la abogacía, a la democracia y a los principios universales de justicia”.

Ruth López fue detenida la noche del domingo 18 de mayo de 2025 en su residencia, por presuntamente haber colaborado con el exmagistrado y presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio en la sustracción de fondos del Estado, según argumentó el Ministerio Público.

En junio del presente año, el Juzgado Décimo Segundo de Paz decretó la detención provisional de Ruth López por un periodo de seis meses, mientras sigue su proceso.

La Mesa también denunció que desde la aprobación del régimen de excepción, en marzo de 2022, al menos 435 personas han muerto bajo custodia en centros penitenciarios durante la aplicación, según los registros de organizaciones de derechos humanos.